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No más concesiones extractivistas y no a las zedes en los pueblos indígenas: Nuevo contrato social.

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Este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Estudios para la Dignidad saludan a los pueblos indígenas de Honduras, de manera especial a los líderes y lideresas que día a día organizan y promueven luchas de resistencia en sus territorios con la dignidad y justicia como valores inalienables.

Saludamos al pueblo misquito luchando por defender sus territorios y biodiversidad en contra de la voracidad de empresarios vinculados a carteles de narcotraficantes que operan con total impunidad. Saludamos al pueblo Tawahka sobreviviendo en medio del arrebato de su sagrado y glorioso río Patuca, única vía que unía a todos sus pueblos; río ahora convertido en mercancía hidroeléctrica generando riquezas para unos pocos empresarios y miseria para el pueblo tawahka. Nuestro saludo al pueblo Nahoa, urgido de mayor atención en materia de salud, educación e infraestructura básica. Saludamos al pueblo Lenca sediento de justicia para nuestra compañera Bertha, convertida en Nuestra Madre Tierra, ahora brotando desde  los más diversos manantiales llevando vida y exigiendo justicia para los pueblos. Saludamos con honor al pueblo Chortí eternamente despojado de sus tierras, condenado a ser peón en sus propios territorios convertidos en haciendas, esperando eternamente promesas agrarias que nunca les han sido cumplidas. Hacemos causa fraterna con los pueblos afrodescendientes de Honduras y junto a ellos luchamos contra el despojo de sus bienes naturales y sus territorios.

Y nuestro permanente saludo solidario al valiente pueblo Tolupán, que, ahora asumido como un pueblo en Movimiento Amplio, se encuentra en lucha frontal contra las empresas madereras que siempre les han despojado de sus bienes naturales, y que a pesar de los múltiples ataques continúan defendiendo la vida y sus territorios.

A pesar de los intentos del Estado y los empresarios de detener las luchas organizadas,   estos pueblos siguen siendo referentes de dignidad y justicia para nuestra Honduras, hoy urgida de estos valores. No se puede ignorar que quienes todavía están resistiendo y levantando la voz son mujeres y hombres indígenas que desde sus limitaciones poseen extraordinarios dones  espirituales que se materializan en la construcción de nuevos apoyos comunitarios o  tribales importantes a la hora de respaldarse, cuidarse, producir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos difíciles como suelen hacerlo cuando son fieles a sus cosmovisiones.

De manera muy especial, expresamos nuestra admiración y solidaridad militante y popular al pueblo Tolupán y su Consejo Preventivo, milenariamente caracterizado por ser un pueblo de gente amiga, servicial, pero también inteligentemente huidizo, tenaz e inclaudicable cuando lucha por lo suyo. Este día rememoramos con especial admiración a Enriqueta Matute y sus compañeros mártires, a Samael Matute y su padre, a Milgen Soto y los más de 117 tolupanes asesinados por defender sus tierras y sus bosques sin que el Estado y sus órganos de justicia hayan castigado a sus asesinos.

El Movimiento Amplio y el Bufete Dignidad renueva este día la alianza de nuestras organizaciones con el pueblo indígena Tolupán que nos da lecciones heroicas e inteligentes de esa dignidad y justicia que proclamamos cada día.

Ante la sociedad hondureña y haciendo causa común con las dirigencias honestas de los pueblos indígenas, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad se manifiestan de la siguiente manera:

  1. Exigimos poner fin al manoseo descarado y sucio con que el Estado ha pretendido neutralizar los objetivos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, exigimos se inicie el tan cobardemente postergado saneamiento agrario de los pueblos indígenas.
  2. Demandamos la apertura de procesos de educación indígena con inclusividad.
  3. Urgimos la necesidad de centros de salud y atención especial en los hospitales regionales para las personas indígenas que acuden en busca de salud.
  4. Denunciamos la ausencia de castigos a quienes abusan de las mujeres indígenas y nos unimos en busca de propuestas económicas y profesionales para las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas en sí mismos y por tanto tan hondureños como cualquiera del resto de la población.

La ONU ha pedido que este año la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas avance hacia un nuevo contrato social que no deje atrás a ningún pueblo Indígena. Por nuestra parte, consideramos que las exigencias planteadas deben asumirse desde la más grande determinación:

¡No más concesiones extractivistas y no ZEDEs en territorios indígenas!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

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MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

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SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

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¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

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Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

TerritoriosMADJ.-Entrega-No.1-PajuilesDescarga

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”

NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

MADJ invita a quienes defienden derechos humanos en Honduras a sumarse para exigir poder #CircularparaDefender

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Integrante de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de distintos territorios del país, el 1 de mayo presentaron una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales nos están siendo violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

Solicitaron que los decretos PCM 021-2020 y todas sus prórrogas no les sean aplicables y las autoridades se abstengan de obstaculizar nuestras labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.


A fin de asegurar que la Sala resuelva de manera favorable y conforme a los estándares internacionales está invitando a las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a las exigencias planteadas de las dos formas siguientes:

  1. A organizaciones y colectivos de personas dedicadas a la labor de defensa de derechos humanos nacionales a suscribir la acción de amparo y presentarlo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
    – El amparo puede ser descargado en formato Word dando click aquí.
    – Una vez completado enviar/remitirlo en formato PDF a la Sala de la Constitucional a través del correo electrónico calmendares@poderjudicial.gob.hn; adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.
  2. A las organizaciones nacionales e internacionales, les invita a suscribir la carta modelo dirigida a la Sala de lo Constitucional respaldando las peticiones del amparo y la necesidad de que quienes defendemos derechos humanos en Honduras no seamos objetos de restricciones indebidas a nuestra labor. La carta puede ser descargada dando clik aquí y también la encontrarán adjunta a esta comunicación. Una vez firmada remitirla a los correos electrónicos calmendares@poderjudicial.gob.hn, rhercules@poderjudicial.gob.hn,  adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.  

En este contexto, es urgente y necesario combatir el virus de la corrupción e impunidad y la represión policial y militar en contra de la población que enfrenta la cara más agresiva de la pandemia, que es el hambre y la desidia.

Los impedimentos a la labor de quienes defienden derechos humanos forma parte del pacto y escenario de impunidad que quieren garantizarse quienes continúan saqueando Honduras.

MADJ pide amparo para realizar su labor de defensoría de derechos humanos

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(San Pedro Sula, Honduras, 1 de mayo, 2020) Integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de distintos territorios del país, presentaron este día un acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales consideran violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

En el escrito señalan que la fundamental labor de defensa de derechos humanos que desarrollan los defensores y defensoras se ha visto limitada de manera absoluta por las restricciones indebidas impuestas por la Presidencia de la República, ocupada por Juan Orlando Hernández, quien a través del PCM 021-2020 y sus prórrogas ha excluido de las excepciones a quienes defienden derechos humanos, sin embargo, irónicamente ha priorizado incluso a sectores como el ferretero, de construcción y otros.

Para el MADJ esta situación es de mucha mayor gravedad puesto que a la fecha son múltiples las violaciones de derechos humanos que se registran en el país en el marco de la pandemia, entre ellas represiones policiales y militares, e incluso la muerte violenta de una persona en medio de un retén policial en Omoa, Cortés y en ese contexto, el impedimento a los y las defensoras de realizar su labor forma parte del pacto de impunidad en medio del cual están consumando una serie de actos altamente lesivos para la población hondureña.

Señalan que estas restricciones indebidas son completamente contrarias a lo señalado por los organismos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y universal, los cuales mediante disposiciones adoptadas en el marco de la pandemia refieren que los Estados deben “garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia” y “que deben preverse exenciones para los y las agentes de la sociedad civil, en particular quienes vigilan los derechos humanos.”

El MADJ señala también en el escrito que organismos internacionales afirman que no pueden obviarse los abusos a que puede dar lugar la suspensión de garantías, y a los que “de hecho ha dado en nuestro hemisferio la aplicación de medidas de excepción”, de esto que la labor de vigilancia, protección, documentación y denuncia de los defensores y defensoras es fundamental, y solo podrán realizarlas sin las restricciones a su derecho a circular.

Por tanto, solicitaron una serie de medidas cautelares entre ellas la declaración de inaplicabilidad de la suspensión del derecho de libertad de circulación en el marco del estado de emergencia declarado ante la crisis sanitaria producida por el Covid-19, enviar oficio al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional Preventiva, Fuerzas Armadas, Secretarías de Estado y municipalidades para que se abstengan de obstaculizar sus labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.

En un Estado democrático, es inadmisible que no pueda defenderse derechos, máxime cuando hay tanta corrupción, discriminación y abusos policiales y militares como sucede en Honduras.

Abastecer de alimentos en 24 horas a tribu tolupana ordena juzgado por amparo

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El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.

El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.

Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.

Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.

También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.

El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.

MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario

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MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario

San Pedro Sula, 10 de abril de 2020. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó acción de amparo para que se garanticen los derechos a la salud, integridad personal y vida del personal sanitario y de la población hondureña en general. La acción procura proteger a la ciudadanía que acude a los centros médicos y que entra en contacto con el personal y las instalaciones hospitalarias. 

El amparo está dirigido en contra de la Presidencia de la República detentada por Juan Orlando Hernández y la titular de la Secretaría de Salud, quienes en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 no han cumplido con su obligación de brindar de manera oportuna y suficiente el material de bioseguridad a todo el personal sanitario y tampoco han garantizado procesos de desinfección en los centros hospitalarios.

Este incumplimiento pone en grave riesgo la vida no solo de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, sino también de todas las personas que son atendidas y por ende de la población hondureña en general, debido a la rápida y peligrosa propagación y contagio del virus.  

El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares. 

Es preocupante que respecto de estos fondos no se han establecido mecanismos de control y transparencia para la rendición de cuentas más allá del reporte de la cifra ejecutada en el portal electrónico del gobierno de la República y que. a pesar de que entre las finalidad de su aprobación y ejecución esté la compra de equipo médico, de protección e insumos de bioseguridad, entre otras, las condiciones concretas en los centros hospitalarios no son las requeridas según los estándares internacionales dictados.

Es aún más preocupante que a pesar de todos los recursos disponibles, Honduras tiene una de las tasas de mortalidad más alta en la región latinoamericana de 6.70 %, solo superado por Bolivia con 6.81% de tasa. 

Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud. 

El amparo fue presentado en formato electrónico a través de la cuenta de correo electrónico facilitado por la Sala, por lo que es urgente que esta proceda a hacer la sesión respectiva haciendo uso de los medios virtuales disponibles para dar resolución pronta y asegurar que se reduzca el riesgo de contagio del personal sanitario y por extensión para sus círculos familiares, así como de las personas que reciben atención médica en los centros hospitalarios y de la población hondureña en general. 

¿Retorno a la normalidad o el inicio de la refundación?

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¿RETORNO A LA NORMALIDAD O EL INICIO DE LA REFUNDACIÓN?

Las fuerzas hegemónicas de la sociedad y gobierno en todos sus niveles coinciden en el esfuerzo y añoran un retorno inmediato a la normalidad. Se adaptan, mutan y afianzan para conservar su hegemonía a pesar que el CORONAVIRUS nos recordó que refundar la sociedad y la vida no es una apuesta de gente ilusa o poco ilustrada en política.

La domesticación de la humanidad está  normalizada en extremo, lo refleja la poca reflexión seria, colectiva y sostenida para hacer de la crisis actual un momento de ruptura real y contundente con las estructuras que han ejercido tan perversamente el poder y han llenado de orfandad el país y el mundo.

Desde siempre, frente a cada crisis o emergencia, el régimen hondureño a través de sus máximas dirigencias incluyendo al grupo económico y religioso que le respalda, como toda mafia, con la fuerza militar y policial exhibe su poderío y desde las corporaciones mediáticas infunde terror y presenta como virtuosos sus crímenes y su negligencia. Al régimen lo acompaña su estructura de segundo nivel que opera en los distintos departamentos y municipios, exhibiendo privilegios y poder, repartiendo la bolsa de la miseria a la gente que ellos han empobrecido.

Finalmente, JOH conserva su hegemonía a través de los miles de empleados públicos de los tres poderes del Estado quienes acríticos-cómodos o fieles, atienden y ayudan a diluir el reclamo, la indignación y la muerte lenta de miles de personas por múltiples razones y en este contexto también por CORONAVIRUS.

El sector partidario no cachureco, tras la crisis del covid19 entró en desigual competencia en la entrega de las “bolsas de la miseria”, en inocultable afán proselitista; porque todo el sector partidario entiende que para hacer política y captar respaldo popular en esta sociedad de la  no tan “moderna servidumbre”, es inevitable el tráfico con la dignidad de la gente.  El sector partidario, incluso el más comprometido con el “cambio”, también le apuesta a conservar su hegemonía desde la llanura, esperando captar respaldo popular y en su momento, si llegan a asumir el control del gobierno intentar cambios, pero sin certezas de plantearse el cambio radical que el país necesita iniciar.

Los sectores sociales, más allá de las ya conocidas e innombrables organizaciones corruptas y de reconocida afinidad con el régimen de turno,  tienen un conglomerado interesante de organizaciones de distinto perfil, con liderazgos y planteamientos esperanzadores y dignos. Sin embargo, este último sector, hace varias décadas acumula recurrentes, cómodas y notoriamente ineficaces prácticas de organización y lucha social.

En este contexto, no es ofensiva la hipótesis que considera que el movimiento social, también está sometido a la hegemonía de una corriente de organizaciones con extraordinarios planteamientos, pero sin la fuerza y sin la determinación de correr mayores riesgos para pensar en serio la refundación de la sociedad y el Estado hondureño.  Los sectores sociales hegemónicos, aunque nunca dejan de convocar, también mutan para conservar el mismo estado y forma de luchar y con ello contribuyen a una normalidad que solo favorecen a las más perversas e históricas élites de poder del país.

Este enfoque crítico hacía todos los actores políticos y sociales sobre la trágica situación humana en que viven  millones de hondureñas/os, no pretende quitar ni equiparar la infinita y superior responsabilidad que tiene la actual narcodictadura y sus antecesores. Pretende ser un llamado a los actores que somos conscientes de esta realidad pero nos resistimos a la idea del cambio radical que el país y el mundo necesita, simplemente porque también estamos conservando miserables privilegios personales y de nuestras organizaciones.

En el MADJ, desde siempre y ahora en tiempos de terror impuesto por el régimen y el covid19, nos sentimos directa e inocultablemente confrontadas. A 32 años de la histórica quema de la embajada gringa en Tegucigalpa y a 12 años del inicio de la huelga de hambre contra la corrupción y por la dignidad en los bajos del Congreso Nacional, evento que dio vida a nuestra organización; renovamos nuestra más honda reflexión en la más genuina perspectiva de contribuir al inicio de un proceso que nos refunde a nosotras,  a las personas, la sociedad y el Estado hondureño.

Renovamos nuestro fraterno y franco llamado a la articulación y a la unidad no para la sobrevivencia, ni para la contemplación o falsos halagos, entendiendo que el escenario actual y el que nos herede este nos obliga a replantearnos con alta creatividad nuestro repertorio de acciones para la dignificación. Convocamos siempre al encuentro para la más honesta y radical reflexión que nos permita pasar a la propuesta real, organizada y concertada entre todos los actores comprometidos con el proceso de transformación y construcción de un mundo más justo para todas.

7 de abril de 2020

¡Desde la dignidad Siempre!