Distintas organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes al movimiento social y popular del país que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena denunciamos y continuamos sufriendo las consecuencias de la política de intervención en el agro por parte del gobierno, que a un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos pronunciamos en los términos siguientes:
1. Fracaso de la Comisión: Ha pasado un año desde la creación de esta comisión, y el resultado ha sido un fracaso total. No se han visto avances significativos en la garantía de los derechos de los y las campesinas e indígenas. Por el contrario, la comisión ha servido únicamente para reforzar el control del sector agroindustrial y terrateniente, dejando de lado las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas. El gobierno avanza a nivel de discurso, pero no en la práctica y prueba de ello es la ineficacia de instituciones como el INA cuyas autoridades, hablan y hablan, pero no hacen nada en el marco de sus funciones
2. Desalojos Violentos y Criminalización: En lugar de garantizar los derechos de las familias campesinas e indígenas, el gobierno ha intensificado los desalojos violentos y desmedidos, y continúa criminalizando a nuestros liderazgos. Son más de 50 desalojos desarrollados en este año de la comisión y eso ha significado miles de familias que han sido brutalmente expulsadas de sus tierras, sin respetar sus derechos humanos ni ofrecer alternativas de reubicación.
Esta política represiva solo demuestra el desprecio del gobierno hacia el campesinado y los pueblos indígenas, priorizando los intereses de los grandes terratenientes y empresarios agroindustriales. No hay ningún proceso de investigación hacia las formas corruptas en que estas empresas se han adueñado de las mejores tierras, que eran y son de reforma agraria. Los desalojos han sido una herramienta de terror para despojar a las comunidades de sus tierras, han destruido centenares de manzanas de tierra trabajadas perpetuando la injusticia, la inseguridad alimentaria de estas familias y la desigualdad en el campo.
Nos solidarizamos con el Movimiento de campesinos y campesinas Sin Tierra de Yoro, quienes el día de ayer, sufrieron un desalojo violento por un contingente policial y militar de más de 500 efectivos, los cuales destruyeron sus cultivos y pertenencias.
Señora Presidenta, cuándo ordenará el desalojo de las empresas agroindustriales corruptas y violentas de las tierras de reforma agraria?, cuándo ordenará a los funcionarios demagógicos del INA para que inicien las investigaciones sobre la verdadera propiedad de las tierras?
Señora Presidenta, no le estamos pidiendo que nos regale tierras, estamos pidiendo justicia y transparencia en torno a la adjudicación de tierras.
3. Sin Resultados Concretos: Las acciones del gobierno, mediante la creación de comisiones, no han sido más que una estrategia de contención y mediatización para aplacar las demandas legítimas de nuestras organizaciones, sin ofrecer soluciones reales, concretas y duraderas. El gobierno sigue actuando como cómplice de la élite corrupta que perpetúa la injusticia en el campo. Esta Comisión no han producido los resultados esperados y han demostrado ser completamente ineficaces en resolver los conflictos agrarios.
No se ha avanzado en la entrega de tierras al movimiento campesino, ni en el reconocimiento de los territorios ancestrales a pueblos indígenas. Además, una de las promesas clave, la investigación sobre la legitimidad de las tierras en manos de empresas agroindustriales, ha quedado en el olvido. Esto muestra claramente la falta de voluntad política para enfrentar a los intereses económicos y corruptos que controlan el sector agrario.
4. Desatención del Gobierno: A un año de la creación de la Comisión y 2 años y medio de gobierno, el tema de la tierra sigue sin ser una prioridad. Este desprecio hacia el movimiento social, campesino e indígena evidencia la profunda desconexión y desinterés del gobierno en resolver las verdaderas necesidades del movimiento social y popular.
5. Enfoque de Seguridad: Como cuestionamos hace un año, la forma en que nació esta comisión, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, profundizó el enfoque militarista y de seguridad en nuestras comunidades. Este origen revela claramente una perspectiva de control y represión, en lugar de una verdadera intención de resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y las reivindicaciones históricas. Esos efectivos militares y policiales deberían estar sirviendo para desarticular las bandas de crimen organizado que operan en nuestros territorios y que son parte de los “negocios” de estas empresas o investigando los asesinatos de, al menos 13 líderes campesinos, que han caído en la lucha durante el presente gobierno.
6. Exigimos una Respuesta Clara y Decisiva: Rechazamos la política de desalojos impulsada bajo la justificación de “salvaguardar la gobernabilidad del país”, que es exactamente la misma lógica del narco gobierno anterior. Esta medida ha intensificado la crisis en el campo, despojando a miles de familias campesinas e indígenas de sus tierras legítimas. Exigimos un cese inmediato de estos desalojos abusivos y una investigación exhaustiva sobre las prácticas fraudulentas y violentas con las que las empresas agroindustriales han acaparado tierras que, por mandato constitucional, pertenecen a las familias campesinas.
7. Dignidad Campesina e Indígena: Deploramos el uso para fines político-partidarios por parte del gobierno de muchos temas o necesidades sociales; incluyendo el derecho a la tierra y a la reforma agraria. Los y las Campesinas e indígenas tenemos una dignidad que, bajo ninguna excusa o práctica política utilitarista, debe ser mancillada. La tierra es un derecho de los pueblos, más allá de vulgares y ordinarias pretensiones político-partidarias.
Todavía tiene tiempo para rectificar el rumbo de su gobierno Señora Presidente, todavía es posible que usted se decida a estar con los verdaderos intereses de la población. Entendemos que este es un proceso, pero de muestras claras y concretas de que esta es su decisión.
Desde las organizaciones que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena, reafirmamos nuestro compromiso de animar y fortalecer la organización y articulación de otras organizaciones campesinas e indígenas que han sufrido las consecuencias de las políticas de desalojos ejecutadas por el gobierno. Reafirmamos que la tierra pertenece al movimiento campesino y a los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Honduras que rectifique y desarrolle una política agraria que garantice la tenencia pacífica de la tierra, respetando los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas e indígenas.
Honduras, 07 de junio de 2024
