Iniciamos el mes de
Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras;
injusta, corrupta y violenta.
No podemos seguir
viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al
narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en
contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti
capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político
de liberación y transformación del país.
En Honduras, la
intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe
de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la
apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez
más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en
manos transnacionales, la corrupción y la muerte.
El Estado Hondureño,
que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es
ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de
derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los
pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda,
así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los
proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con
la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.
El anterior 01 de
septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de
Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo
agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto
de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la
libertad.
Las siete personas
son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold
Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez.
Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre
de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de
presentarse el requerimiento fiscal.
Desde el MADJ nos
solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y
sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de
justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando
el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes
despojan permanentemente al país.
Hacemos el llamamos
al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo
de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que
debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la
altura de la transformación que requiere el país.
Desde nuestra base
comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y
los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra
contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un
nuevo país.
Ante lo anterior
establecemos que;
Que
no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y
violencia.
Que
intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la
presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.
Que
la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no
conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.
Que ante el mal
llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse,
a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y
transformación de Honduras.
Al
menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en
Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso
legal orientado a evitar detenciones
arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las
personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas
policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los
efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen
instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de
la zona.
El
documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos
fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a
favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que
realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones
sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad
personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales
obstrucciones y amenazas a la libertad e
integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de
San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y
defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el
retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e
inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como
cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la
adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la
confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el
presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la
libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos
de San Juan Pueblo”.
En
la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se
denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III,
apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de
San Juan Pueblo.
En
la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y
desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en
el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son
discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En
una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook,
desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas
responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín
Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más
vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la
última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el
Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas
fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada
contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la
presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes
organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos
nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves
violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del
Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de
movilización social.
Continuaremos
señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o
evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha
desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en
respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales
deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese
sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida
que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos
fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y
control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
En
ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo,
Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes
de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró
obtener ayer Auto de Formal
Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de
Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de
extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una
denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo
realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona
considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura
de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A,
específicamente de extracción y traslado de antimonio.
Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía
de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro,
lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario
Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño,
quien compareció en su condición de gerente general y representante legal,
solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio,
siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y
pagando una suma de dinero por la misma.
En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el
funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral
antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro,
al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes
pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por
ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y
otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.
Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida
delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe
de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de
abuso de autoridad.
El antimonio es un elemento semimetálico que
principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos
para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes,
vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una
creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de
diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta
el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.
Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la
corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la
tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y
la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa
de su territorio.
Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.
Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores
del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus,
CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son
partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las
tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.
Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.
Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.
Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.
El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.
Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.
Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA
Desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos
con el pueblo Lenca.
MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:
El
Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas
tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento
de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que
inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La
fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia,
bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal
Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligencias propias
de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los
días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”
Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus
vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al
territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento
de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa
maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron
la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su
personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables
de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo
directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo
vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más
estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.
Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado
24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó
deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa,
organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las
fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría
facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo
de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación
de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura
confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por
siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los
departamentos de Yoro y Francisco Morazán.
Las nueve personas indígenas acusadas, a través
de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos
debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para
acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado
para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido
desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de
su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un
delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los
28 mil de árboles de su territorio.
El
proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el
empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas
realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la
salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que
no pertenece a la tribu.
La
beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios
es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y
los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar
las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la
muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su
territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones
y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del
bosque desde octubre de 2017 a la fecha .
Compañeros y compañeras de Guapinol durante la audiencia inicial en Tegucigalpa, Honduras. Foto: Redes sociales.
El
Estado de Honduras criminaliza las legítimas luchas de las comunidades en
defensa del agua para la vida, por lo que desde el Movimiento Amplio condenamos
la injusta y criminal privación de libertad de once defensores y una defensora
de los derechos humanos del sector de Guapinol, Tocoa, por mandato expreso de
los operadores de justicia del Ministerio Público y juzgados involucrados en la
criminalización de los líderes del Aguán. Desenmascaramos la actitud cómplice
de los operadores de justicia por la cual caen de rodillas ante los empresarios
saqueadores de los bienes naturales de los pueblos y sólo se ponen de pie para
denegar justicia al pueblo, torcerla a favor de la oligarquía extractivista y
castigar a los humildes que se atreven a defender la vida.
Como
si no fuera más que suficiente el asesinato de alrededor de dos centenas de
campesinos en la zona del Aguán a los cuales el Estado de Honduras no ha hecho
justicia, la crisis causada por la devastación que está provocando la empresa
minera Los Pinares en los sectores de Guapinol y Ceibita ya ha producido 3
asesinatos, 20 personas desplazadas (algunas con sus familias) y 18 líderes y
lideresas criminalizadas. Se acusa de asociación ilegal a quienes se organizan
para defender junto con sus comunidades el derecho humano de acceso al agua,
decretado por la ONU mediante Resolución 64/292, el 28 de julio de 2010.
Resulta
inadmisible que los operadores de justicia criminalicen de una sola vez a los
líderes y lideresas de las comunidades del sector de Guapinol en vez de
solventar la presente crisis, que ya la Ley General de Aguas asume como
situación normal -a la cual hay que adelantarse-que de suyo se presenta en
torno a la gestión de los recursos hídricos. El segundo considerando de la Ley
General de Aguas reconoce que “la gestión del agua tiene una profunda
influencia en la gobernabilidad y convivencia humana” y, además, “puede estar
asociada a crisis internas”, que los funcionarios deben saber manejar, en todo
caso gestionar la resolución de conflictos hídricos, aplicando el principio de
subsidiariedad.
La
decisión de enjuiciar a las líderes y lideresas de las comunidades de Guapinol
por supuestos delitos de asociación ilícita resulta tan descabellada como
injusta. Organizarse para la gestión hídrica de las comunidades no es ni nunca
será un delito sino un derecho inalienable que se debe defender aun con la vida
misma si es necesario. La ya citada Ley General de Aguas convoca a los
ciudadanos y ciudadanas a organizarse para la gestión de los recursos hídricos,
reconociendo en este recurso natural un bien social cuya prioridad esencial
consiste en la satisfacción del consumo humano y su saneamiento; los demás usos
vendrán por añadidura si los caudales lo permiten. El Artículo 3 considera como
principios fundamentales de la gestión hídrica: 1) la protección y conservación del
agua como acción prioritaria del Estado, pero como el Estado no lo
hace, entonces lo tiene que hacer el pueblo de Tocoa; 2) “El consumo humano tiene relación
preferencial y privilegiada sobre los demás usos, que es justamente lo
que reclaman nuestros compañeros y compañera de Guapinol ahora criminalizados;
3) el
agua es un recursos social y su acceso debe ser equitativo, por lo que
no es posible que el Estado inclusive se haya prestado para reducir la zona
Núcleo del Área Protegida con tal de satisfacer los intereses de las empresa
minera Los Pinares y ahora permite la contaminación de las aguas corrientes de
la zona; 4) la participación ciudadana debe hacerse efectiva en todas las etapas o
momentos de la gestión hídrica, pero mientras la ley llama a la organización
para la participación ciudadana los operadores de justicia más bien califican
de asociación ilícita la organización de las comunidades que defienden sus
bienes hídricos; y 5) ”La gestión integral del recurso agua se hará
con la participación y responsabilidad de todas las instancias”, sin embargo,
las autoridades municipales y gubernamentales quieren decidir el destino de las
aguas de Tocoa al tenor de las demandas de las empresas saqueadoras de bienes
naturales, sin contar con las comunidades y sus organizaciones locales. Le
recordamos al Estado de Honduras que si las autoridades están actuando en
sentido contrario a lo que manifiestan las leyes, entonces nuestros compañeros
y compañera de Guapinol son objeto de denegación de justicia.
¿Basta
ya!
¡Alto
a la impunidad de los operadores de justicia y los cuerpos represivos del
Estado!, que han olvidado que por sobre la obediencia absoluta de quienes
puedan sentirse subalternos por diferentes intereses está el deber de cumplir
las leyes que emanan de la Constitución de la república.
El
Movimiento Amplio exige al Estado hondureño cumplir con la responsabilidad de prevenir las violaciones a los derechos
humanos y le recuerda que el Derecho Internacional afirma que “El acceso a agua
potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros
derechos humanos” (OACNUDH, 2011).
Luchadora social de Guapinol, Honduras, criminalizada por defender el agua de su comunidad. Foto: Redes sociales
Desde el Movimiento
Amplio demandamos al Estado de Honduras el cumplimiento del Principio de No
Discriminación al derecho al Agua. Le corresponde al Estado aplicar este principio
y hacerlo realidad en las comunidades de Guapinol, a quienes se les niega de
forma permanente el derecho a decidir colectivamente sobre la gestión de sus
bienes hídricos por la única razón de ser pobres y carecer del poder económico
que ostenta la empresa Los Pinares, violentando el Artículo 2, párrafo segundo
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El
Estado tiene el deber de proteger a las personas y comunidades sometidas a
vulneraciones provenientes de la empresa Los Pinares y, en vez de estar
criminalizando a quienes defienden la vida, debe establecer las medidas y
políticas pertinentes de prevención y protección para que la empresa minera no
violente los derechos humanos de los particulares.
Le advertimos a los
operadores de justicia que ahora criminalizan los líderes y lideresas de
Guapinol que si el Estado no observa cabalmente sus procederes legales en
materia de derechos humanos, medio ambiente y gestión hídrica, le será
atribuible la responsabilidad internacional por dichas violaciones, para lo
cual remitimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 01 de septiembre
de 2015. Serie C No. 298, Párrafo 170.
Demandamos también la correcta aplicación del
Principio de Precautoriedad Ambiental. Es urgente que el Estado de Honduras corrija
su miopía política que sólo le permite juzgar la realidad desde los intereses
de los accionistas de la empresa Los Pinares y comience a interpretar las
correctas y justas acciones de los líderes criminalizados de Guapinol desde el
universal Principio de Precautoriedad Ambiental, consagrado como principio
de derecho internacional en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el
medio ambiente, de 1992, de la cual Honduras es parte: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución (…). Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Y le recordamos a los operadores de justicia
que han criminalizado injustamente y sin ninguna razón a los compañeros de
Guapinol que el Principio de Precautoriedad Ambiental ya fue incorporado al
derecho positivo de Honduras, estableciendo el Artículo 3 de la Ley del
Reglamento del SINEIA que, ante la existencia de amenaza de un daño al medio
ambiente o a la salud humana, se tomen medidas preventivas antes de continuar
con la actividad sospechosa, aun en ausencia de certeza científica. Es decir,
se debe detener la actividad que produce el potencial daño al medio ambiente o
a las vidas humanas hasta que se recobre la certeza científica de la ausencia
de riesgo y se tomen las medidas preventivas pertinentes.
Las
comunidades del sector de Guapinol han alertado insistentemente sobre los
cuadros de daños ambientales y humanos provocados por la explotación minera y
se han hecho proyecciones muy bien fundadas sobre la magnitud de los peligros
potenciales de continuar con la explotación minera, sobre todo en la devastación
de los bienes hídricos del municipio de Tocoa. Pero el Estado de Honduras ha
permanecido sordo a las denuncias y clamores de los pueblos de Tocoa,
violentando de esta manera la aplicación correcta de las leyes ambientales. No
es justo, pues, que se castigue con prisión a quienes defienden la vida.
Es importante que el
Ministerio Público realice investigaciones diligentes y apegadas a la verdad y
a la justicia antes de ponerse a criminalizar a las personas pobres de las
comunidades que defienden los bienes naturales del sector de Guapinol. No
hacerlo en escenarios como el creado por la concesión minera otorgada a la
empresa Los Pinares, no solamente los responsables del delito no responden por
sus actos, sino que también se envía un mensaje de impunidad al resto de los
empresarios oligarcas y transnacionales extractivas. El Estado de Honduras debe
demostrar que defiende justamente a la población hondureña y limpiar su imagen,
expuesta hasta ahora como un socio más de las empresas violadoras de los derechos
humanos, permitiendo su impunidad.
Desde
el Movimiento Amplio llamamos a todas las comunidades de Honduras y de manera
especial a los más de 25 sectores y comunidades que a nivel nacional estamos en
actitud de resistencia social defendiendo la soberanía ambiental de nuestros
pueblos a declararnos en Alerta Permanente y Solidaria dando
seguimiento a los acontecimientos que se suceden con los compañeros y
compañeras de Guapinol. No podemos permitir que en una actitud descarada y en
flagrante violación a los derechos de las personas y los pueblos emerja desde
el funcionariado cortesano de la narcodictadura la prohibición y el castigo
consecuente a quienes se atrevan a defender la vida con todas sus
implicaciones. En Guapinol se juega la libertad y la vida del pueblo hondureño.
Solidaridad permanente con Guapinol.
¡De
las resistencias comunitarias a la reconstrucción de la soberanía nacional!
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota
de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por
el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad,
están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por
más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos
directos y 26,250 empleos indirectos”.
De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se
organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el
objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho
constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y
derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar
donde el gobierno ha aprobado
concesiones mineras y de energía.
Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la
que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional
que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios
que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal
de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.
El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente
suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el
hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es
incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La
necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil
Mw. ¿No lo sabe el COHEP?
La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los
períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos
permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones
hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades
concretas del parque energético nacional técnicamente establecido,
sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de
un clientelismo político que premia a las y los financiadores de
determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?
El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos
de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la
energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada
kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la
cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que
los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los
empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía
nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que
hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?
Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?
Y esta generación de ¨energía limpia¨
basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor
postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la
realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase
empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía
en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune
corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el
COHEP?
Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus
entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con
un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las
tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo
criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?
En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de
San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que
terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal
fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de
Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan
estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las
mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca
esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo
sabe el COHEP?
En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa
minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los
últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte
de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias
contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe
el COHEP?
En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez,
en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer
Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las
comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los
troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe
algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía
organizada y defendida por el COHEP?
Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las
comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses
lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de
las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de
migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus
territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias
de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las
concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en
una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos
en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales
empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada
por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros
indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de
Antimonio en el pueblo Tolupán.
Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y
está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a
costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP
que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino
constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente
movimiento social popular hondureño.
¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por
el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar!
El COHEP debe saberlo.
Desde el
Movimiento Amplio de Honduras expresamos nuestra consternación, repudio e
indignación ante la irresponsable y criminal tragedia que ha acabado con la vida de 84 personas y cerca
de 300 personas en el municipio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais,
República de Brasil. Expresamos nuestra solidaridad al hermano pueblo del
Brasil y de manera muy especial a la comunidad doliente de Brumadinho, donde
una presa de desperdicios mineros reventó provocando un desastre catastrófico
humano y ambiental.
No es la
naturaleza que condena a Brumadinho a someterse a esta situación difícil, sino
la falta de sentido humano muy propio de los proyectistas de concesiones
extractivas que despojan a los pueblos de sus bienes naturales y los condenan a
la muerte y a la miseria.
Nos
abruma saber que varios centenares de gentes humildes han zozobrado a causa de
la avaricia desmedida de empresarios mineros miopes y funcionarios corruptos
que aprueban este tipo de proyectos sin antes asegurar la vida de las personas
de los pueblos adyacentes potencialmente impactados por estas concesiones.
Repudiamos
las acciones de aquellos Estados y corporaciones empresariales incapaces de ver
en este tipo de calamidades el profundo dolor humano que provocan y el daño
ambiental terrible que finalmente se vuelca contra el ser humano y la comunidad
viviente. Si tan solo escucharan las voces, los reclamos y las argumentaciones
de las comunidades y sus organizaciones estas tragedias pudieran evitarse.
Indigna
saber que ésta no es la primera tragedia minera que ocurre en el Estado de
Minas Gerais; similares deslaves han tenido lugar en Itabirito (1986),
Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007),
Herculano (septiembre 10 de 2014) y en Mariana (noviembre 5 de 2015). Y las
autoridades se empecinan en continuar otorgando concesiones con estudios de
impacto ambiental superficiales, que se realizan únicamente para cumplir con
las leyes, mas no para medir los impactos potenciales que comprometen la vida y
el bienestar de las personas. El Principio de Precautoriedad como principio de
derecho internacional ambiental refrendado en la Cumbre de Río de Janeiro es
opacado cuando hay intereses económicos desmedidos de por medio. Ahora le ha
correspondido a Brumadinho aportar los muertos y desaparecidos. ¿Cuántas más de
estas tragedias tendrán que vivir las poblaciones de América Latina para que
los Estados y las oligarquías empresariales extractivistas se tomen en serio la
seguridad de las personas y los pueblos?
Recordamos
también la tragedia del proyecto hidroeléctrico HIDROITUANGO ocurrida en
Colombia en mayo del año pasado. ¿Nadie desde las esferas de poder político y
económico de los Estados latinoamericanos es capaz de entender estos eventos y
hacer una lectura lógica, científica y jurídica de los mismos en clave de
preservación de la vida y respeto a los derechos humanos de las personas y los
pueblos?
Brumadinho
no es una tragedia extractivista aislada. Desastres por fallas en represas
hidroeléctricas y mineras se están convirtiendo en eventos frecuentes, lo que
nos permite inferir que seguirán ocurriendo muchos más mientras la lógica de
muerte del capitalismo extractivista domine nuestros pueblos. El capitalismo
extractivista es la punta de lanza de la colonización postmoderna a que se
destina a América Latina. Frente a esta lógica extractivista devastadora y
deshumanizante no podemos dejarnos avasallar por dinámicas extractivistas
ajenas al ser propio de nuestro continente.
El
Movimiento Amplio de Honduras, además de solidarizarse con el pueblo del
Brasil, invita a convertir en resistencia social la rabia que provoca la ocurrencia
de estos acontecimientos. Cada comunidad, región, país y toda América Latina
debemos cerrar filas contra la minería a cielo abierto y en general contra todo
proyecto o concesión extractivista que amenace la existencia y el bienestar
humano de todo ciudadano y ciudadana. Chico Méndez en Brasil, Bertha Cáceres en
Honduras, Máxima Acuña en Perú marcan el camino a seguir en la Patria Grande
defendiendo la dignidad de nuestros pueblos y el respeto a la autodeterminación
y usufructo de nuestros territorios y bienes naturales.
A las
comunidades organizadas y en lucha permanente, a la familia Matute y al pueblo Tolupán
en general:
Compañeros y compañeras:
Desde el resto de comunidades organizadas, la Conducción Política Nacional, Coordinación Nacional y equipo de trabajo operativo, ante la triste noticia del asesinato de nuestros compañeros y hermanos indígenas José Salomón Matute y Juan Samael Matute Ávila, militantes históricos y activos de nuestra organización, referentes de la digna resistencia en territorio tolupán, específicamente en la tribu San Francisco Locomapa del pueblo Tolupán en Yoro, Honduras, queremos expresarles:
Que escribimos con dolor
estas líneas y repudiamos el vil asesinato de nuestros compañeros quienes en
vida desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes
naturales y derechos de su tribu.
Reconocemos el valor y la
dignidad que nuestros compañeros mantuvieron en vida, quienes a pesar de las
amenazas, hostigamiento y el riesgo que
corrían sus vidas, siempre estuvieron en primera fila cuando se trató de luchar
por la liberación y respeto a su pueblo.
Nuestros queridos compañeros
han partido y tras ellos, dejan una estela de trabajo, dignidad y entrega a las
luchas sociales que deben ser nuestra bandera para continuar en lucha
permanente.
Reafirmamos que reencarnamos
la lucha que en vida, nuestros compañeros asumieron y declaramos públicamente
nuestro compromiso incansable por buscar castigo y justicia para los criminales
que perpetraron este repudiable crimen.
Ante este dolor actual y de
forma permanente, somos también tolupanes todas las que integramos esta
organización, porque nuestra decisión política más importante es la unidad y la
solidaridad. Extendemos nuestro más sentido
pésame a los familiares de nuestros compañeros, especialmente a Ramón Matute,
pilar fundamental del MADJ y de la lucha tolupana, sentimos el dolor por la
pérdida irreparable, por las vidas valientes y entregadas a sus ideas que han
sido arrebatadas por la violencia y el odio. Así mismo, exhortamos a convertir el dolor en fuerza, la
rabia en dignidad y la resignación en motivación para seguir luchando, con el
compromiso y la seguridad de que los ideales de nuestros compañeros nunca
morirán. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y su
legado permanecerá vivo a través de cada una de nosotras.
Este día 24 de septiembre de 2018, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hicieron pública la noticia del reintegro de la magistrada Tirza Flores Lanza y el juez Guillermo López Lone, destituidos arbitrariamente durante el golpe de Estado en Honduras como represalias por sus actuaciones en pro del Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco del momento de conflictividad y derrumbe institucional que el país enfrentaba.
Desde el momento de la destitución, los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza iniciaron una intensa búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional lo que provocó que en el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictara sentencia condenando al Estado de Honduras, reconociendo las violaciones a derechos humanos de las cuales las funcionarias habían sido víctimas y ordenando medidas de reparación, así como el reintegro a sus puestos con todas las garantías laborales, gremiales y sociales que esto implicaba.
A pesar de la sentencia, en los años sub siguientes, el poder judicial de Honduras se resistió a ejecutar la sentencia, sin importarle el seguimiento que la Corte IDH mediante audiencias de revisión de cumplimiento de sentencia estaba corroborando la falta de voluntad estatal para garantizar justicia para los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza.
Este día que finalmente ha trascendido la noticia de su reintegro, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, saludamos la victoria obtenida por Guilermo López y Tirza Flores, quienes desde mucho antes del proceso de destitución han sido profesionales comprometidos con la justicia, con la construcción de un Estado democrático y de derecho y que luego de la arbitrariedad de las autoridades hondureñas, continuaron realizando una importante labor desde la Asociación de Jueces por la Democracia para la defensa de la independencia judicial en Honduras.
Reafirmamos que, en un país con la altísima fragilidad institucional que Honduras posee, profesionales como Tirza Flores y Guillermo López, que desde la labor jurisdiccional o desde la lucha gremial han aportado esfuerzos valiosos por sostener las justas y necesarias defensas de derechos humanos, el reintegro ordenado representa un importante precedente que sirve para alimentar la esperanza de que frente a la barbarie, a la ilegalidad y al abuso de poder, la persistencia, la digna resistencia son herramientas valiosas para menguar los abusos.
24 de septiembre de 2018
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
