Este día en los juzgados de El Progreso, en el departamento de Yoro se
ha leído la resolución que declara la ABSOLUCIÓN de Gustavo Cáceres, preso
político de la narcodictadura en Honduras, acusado de delitos que nunca cometió
y por los cuales guardó prisión durante 19 meses después de ser detenido
durante las manifestaciones contra el fraude electoral en Honduras en noviembre
de 2017.
Gustavo Cáceres es un joven con una discapacidad mental, fue acusado por
la policía de portación ilegal de explosivos y/o material de guerra, aunque su
abogado en reiteradas ocasiones ha manifestado que “la ley regula el uso de
fabricación, venta, exportación e importación de explosivos, no regula la portación
de dos botellas de cerveza con gasolina en su interior”.
Al ser consultado sobre el significado de lograr desvanecer los
argumentos que había planteado la fiscalía y los elementos policiales que
actuaron como testigos en el juicio oral y público, el abogado respondió, “esto
representa parte de la arbitrariedad con la que actúa el ministerio público y
el uso abusivo que hacen del derecho penal”, esto en alusión a las pruebas
presentadas durante el proceso.
Cáceres fue detenido cuando trabajaba el 21 de diciembre de 2017. Es
parte de los 22 presos políticos que mantuvo la narcodictadura de Juan Orlando
Hernández. El único que fue sometido a juicio oral y público, puesto que el
resto están en libertad condicional y cumpliendo medidas sustitutivas a la
prisión.
Denunciamos el actuar de las instituciones impartidoras de justicia
quienes fabrican pruebas para inculpar a gente inocente, para que nunca más un
inocente sea enviado a prisión y mucho menos una persona que lucha por los
derechos de los demás.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos esta
importante victoria ciudadana y nos unimos a la felicidad de la familia de
Gustavo Cáceres.
Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos
y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés
al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC),
fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.
Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los
campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la
prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de
San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.
La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro
Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución
de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una
individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado
defensor, Pedro Mejía, manifestó “Los
medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o
permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el
señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a
nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer
ninguno de los imputados”.
En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que
no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados
los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres
personas y además, “existen
informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su
propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento
en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en
virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.
Y
en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas
a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la
alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y
compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado
para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos
acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de
causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud
de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de
un derecho”.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran
victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del
Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que
pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.
Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha
cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y
el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un
juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y
naturales.
Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que
valientemente están enfrentando.
A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y
compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos
que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las
generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.
Que condenamos estas acciones de criminalización y
penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares en complicidad con las autoridades hondureñas
del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía
Nacional.
Repudiamos la actitud servil de las instituciones de
nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.
El 05 de septiembre el Gobierno
del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor
parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano
extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de
despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los
bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos
agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e
irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las
declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria
de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han
realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva
del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene
gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios
en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El
Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez
otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue
otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La
Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en
protesta contra la empresa William &
Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual
la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.
Las y los luchadores políticos
y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares,
enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación
injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una
cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en
defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de
procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes
provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de
Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática,
persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los
que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los
bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario
a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de
las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual
cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación,
agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones,
sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre
que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en
esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación,
asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas,
funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de
acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional
como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar
algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y
sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo
y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo,
violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización
por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre
de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de
Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las
ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida,
Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas
que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar
el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
Mientras mantiene encarcelados,
criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales
en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por
la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.
El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha
generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya
establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales
Honduras es suscriptor.
Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del
juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida
por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona
del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir
que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y
la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto
habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de
agua.
Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los
lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital
empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San
Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y
el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán
la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas
asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de
impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes
comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas
sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite
en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos
originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la
institucionalidad hondureña.
La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de
instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad
Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos
proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el
mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la
venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte
en sequía para los pueblos.
La doble moral y el doble discurso de
Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su
preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua
siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con
más efectos negativos para el pueblo.
Desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las
comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes
de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes
represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los
pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón.
Seis años transcurridos desde el
triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto
Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes,
asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su
institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso,
nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan,
habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos
dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros
derechos.
Es de su conocimiento que dichos
asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros
bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año
1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales
el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.
La falta
de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores
intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de
febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente
asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos
advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes
piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar
de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia
e indiferencia del Estado y de su institución.
Ustedes
conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra
de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto.
Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones
irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro
pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la
destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de
agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.
Durante 6
años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las
investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese
mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros
denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de
nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de
los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del
delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el
próximo 13 de septiembre de 2019 a las 09:00
am en el juzgado de Yoro.
Este
comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el
Estado a través de su institución en
confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia
territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con
certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol,
Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del
país. Ante todo esto, hemos comparecido
ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los
abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas,
teniendo únicamente el silencio del Estado.
Respondan
ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público
responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se
trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes
naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se
han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro
bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San
Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la
empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?
¿Cinco
asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la
urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan
actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus
instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?
A 6 años
del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de
nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con
nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;
Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.
No queremos llorar más muertes, no
queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que
enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de
Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.
Tribu San Francisco de Locomapa,
Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.
Iniciamos el mes de
Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras;
injusta, corrupta y violenta.
No podemos seguir
viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al
narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en
contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti
capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político
de liberación y transformación del país.
En Honduras, la
intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe
de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la
apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez
más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en
manos transnacionales, la corrupción y la muerte.
El Estado Hondureño,
que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es
ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de
derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los
pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda,
así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los
proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con
la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.
El anterior 01 de
septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de
Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo
agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto
de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la
libertad.
Las siete personas
son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold
Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez.
Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre
de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de
presentarse el requerimiento fiscal.
Desde el MADJ nos
solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y
sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de
justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando
el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes
despojan permanentemente al país.
Hacemos el llamamos
al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo
de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que
debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la
altura de la transformación que requiere el país.
Desde nuestra base
comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y
los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra
contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un
nuevo país.
Ante lo anterior
establecemos que;
Que
no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y
violencia.
Que
intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la
presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.
Que
la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no
conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.
Que ante el mal
llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse,
a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y
transformación de Honduras.
Al
menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en
Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso
legal orientado a evitar detenciones
arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las
personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas
policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los
efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen
instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de
la zona.
El
documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos
fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a
favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que
realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones
sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad
personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales
obstrucciones y amenazas a la libertad e
integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de
San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y
defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el
retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e
inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como
cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la
adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la
confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el
presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la
libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos
de San Juan Pueblo”.
En
la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se
denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III,
apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de
San Juan Pueblo.
En
la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y
desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en
el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son
discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En
una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook,
desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas
responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín
Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más
vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la
última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el
Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas
fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada
contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la
presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes
organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos
nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves
violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del
Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de
movilización social.
Continuaremos
señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o
evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha
desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en
respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales
deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese
sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida
que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos
fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y
control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
En
ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo,
Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes
de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró
obtener ayer Auto de Formal
Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de
Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de
extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una
denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo
realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona
considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura
de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A,
específicamente de extracción y traslado de antimonio.
Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía
de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro,
lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario
Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño,
quien compareció en su condición de gerente general y representante legal,
solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio,
siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y
pagando una suma de dinero por la misma.
En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el
funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral
antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro,
al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes
pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por
ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y
otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.
Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida
delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe
de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de
abuso de autoridad.
El antimonio es un elemento semimetálico que
principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos
para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes,
vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una
creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de
diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta
el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.
Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la
corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la
tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y
la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa
de su territorio.
Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.
Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores
del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus,
CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son
partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las
tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.
Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.
Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.
Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.
El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.
Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.
Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA
Desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos
con el pueblo Lenca.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
