Agua para la vida y no para el capital nacional y extranjero

¿Qué queremos hacer con nuestras fuentes de agua en Atlántida?

Este mes de marzo, en el marco del Día Mundial de Acción por los ríos y el Día Mundial del Agua desde nuestra memoria viva y el compromiso presente de nuestros pueblos, comunidades y territorios, actualizamos la decisión impostergable de resistir de manera colectiva, soberana y propositiva ante el modelo económico y político ,basado en la acumulación por desposesión, ecocida y empobrecedor; movidos por la justicia del libre acceso al agua para beneficio de todos y todas como derecho humano y principio del bien común.

Avanzaremos en nuestro trabajo organizativo, formativo y político para declarar los bienes hídricos 1del departamento de Atlántida para consumo humano y bien común y no para el voraz capital. Nos enfocaremos en declarar zonas productoras de agua para consumo humano a perpetuidad. Nuestros territorios serán los administradores para garantizar su democratización y acceso equitativo para todos y todas. Involucraremos en nuestra propuesta departamental de agua a organizaciones, patronatos, juntas de agua, iglesias, alcaldías, la institucionalidad estatal y colectivos para que de manera articulada ejerzamos la soberanía y la autoderminación sobre los bienes comunes naturales, en especial el agua.

A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos, constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

El agua es elemento vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares 1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el grupo financiero CME.

Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y ausente en las periferias y zonas rurales. Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias, mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio.

En casi todo el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.

En el departamento de Atlántida existen municipios como Esparta donde, a pesar de tener varias fuentes de agua, más de un tercio de sus comunidades sufren sequía, mientras el Grupo Terra se lucra del rio san Juancito para generación de energía eléctrica. El inadmisible que en sectores como el Porvenir la contaminación del agua por venenos agroindustriales utilizados en las piñeras y la palma africana, este acabando con la vida acuática y de la reserva de vida silvestre. Además, Pico Bonito y la Sierra nombre de Dios están siendo devastadas por la deforestación, el avance de la palma africana y la ganadería sin que las autoridades competentes implementen políticas y protocolos de protección. En el Municipio de Tela las plantas extractoras de aceite de palma contaminan ríos, riachuelos, lagunas y playas con desechos tóxicos, hasta el momento estas acciones permanecen en la impunidad.

En Arizona y la Másica donde operan centrales hidroeléctricas en las principales fuentes de agua que por años protegieron las comunidades, mientras sus dueños generan ganancias millonarias anuales, a los municipios y las comunidades les dejan migajas, ruina, saqueo y pobreza.

El rechazo por la privatización del agua, desde la organizaciones populares y comunitarias como el MADJ son acciones que se unen a la demanda global de colectivizar este bien natural común, para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.

Nosotros como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, desde los territorios organizados en el departamento de Atlántida hemos enfrentado la oleada y avance del capital transnacional que a través del extractivismo, la minería, las hidroeléctricas, las térmicas y los monocultivos han pretendido la privatización del agua, su mercantilización y explotación para la generación de capital y no como bien común.

El modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua. La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, ha generado dentro de nuestras comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa. Nuestro territorio organizado en defensa de los bienes comunes se suma a las exigencias y propuestas colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital. Somos parte de los miles de personas comprometidas, que dedican su vida y esfuerzo en defender el agua, la vida, el territorio para el sostenimiento de la vida, desde una posición política radicalmente asentada en el bien común, enfocada en garantizar el agua como derecho humano para los pueblos y no para el capital.

¡Los bienes hídricos de Atlántida y de Honduras serán para consumo humano y no para el capital!

GOBIERNO DE HONDURAS EMITE EMERGENCIA POR SEQUÍA EN EL PAÍS

Mientras mantiene encarcelados, criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.


El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales Honduras es suscriptor.


Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de agua.


Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la institucionalidad hondureña.


La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte en sequía para los pueblos.

La doble moral y el doble discurso de Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con más efectos negativos para el pueblo.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón. 

El COHEP oculta la verdadera realidad sobre las minas y la energía en Honduras

¿No lo sabe el COHEP?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad, están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos directos y 26,250 empleos indirectos”.

De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar donde el gobierno ha aprobado concesiones mineras y de energía.

Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.

El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil Mw. ¿No lo sabe el COHEP?

La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades concretas del parque energético nacional técnicamente establecido, sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de un clientelismo político que premia a las y los financiadores de determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?

El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?

Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?

Y esta generación de ¨energía limpia¨ basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el COHEP?

Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?

En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez, en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía organizada y defendida por el COHEP?

Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de Antimonio en el pueblo Tolupán.

Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente movimiento social popular hondureño.

¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar! El COHEP debe saberlo.

San Pedro Sula, Honduras. 5 de febrero de 2019.