MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario
San Pedro Sula, 10 de abril de 2020. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó acción de amparo para que se garanticen los derechos a la salud, integridad personal y vida del personal sanitario y de la población hondureña en general. La acción procura proteger a la ciudadanía que acude a los centros médicos y que entra en contacto con el personal y las instalaciones hospitalarias.
El amparo está dirigido en contra de la Presidencia de la República detentada por Juan Orlando Hernández y la titular de la Secretaría de Salud, quienes en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 no han cumplido con su obligación de brindar de manera oportuna y suficiente el material de bioseguridad a todo el personal sanitario y tampoco han garantizado procesos de desinfección en los centros hospitalarios.
Este incumplimiento pone en grave riesgo la vida no solo de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, sino también de todas las personas que son atendidas y por ende de la población hondureña en general, debido a la rápida y peligrosa propagación y contagio del virus.
El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares.
Es preocupante que respecto de estos fondos no se han establecido mecanismos de control y transparencia para la rendición de cuentas más allá del reporte de la cifra ejecutada en el portal electrónico del gobierno de la República y que. a pesar de que entre las finalidad de su aprobación y ejecución esté la compra de equipo médico, de protección e insumos de bioseguridad, entre otras, las condiciones concretas en los centros hospitalarios no son las requeridas según los estándares internacionales dictados.
Es aún más preocupante que a pesar de todos los recursos disponibles, Honduras tiene una de las tasas de mortalidad más alta en la región latinoamericana de 6.70 %, solo superado por Bolivia con 6.81% de tasa.
Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud.
El amparo fue presentado en formato electrónico a través de la cuenta de correo electrónico facilitado por la Sala, por lo que es urgente que esta proceda a hacer la sesión respectiva haciendo uso de los medios virtuales disponibles para dar resolución pronta y asegurar que se reduzca el riesgo de contagio del personal sanitario y por extensión para sus círculos familiares, así como de las personas que reciben atención médica en los centros hospitalarios y de la población hondureña en general.
Al
menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en
Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso
legal orientado a evitar detenciones
arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las
personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas
policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los
efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen
instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de
la zona.
El
documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos
fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a
favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que
realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones
sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad
personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales
obstrucciones y amenazas a la libertad e
integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de
San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y
defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el
retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e
inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como
cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la
adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la
confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el
presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la
libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos
de San Juan Pueblo”.
En
la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se
denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III,
apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de
San Juan Pueblo.
En
la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y
desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en
el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son
discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En
una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook,
desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas
responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín
Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más
vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la
última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el
Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas
fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada
contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la
presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes
organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos
nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves
violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del
Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de
movilización social.
Continuaremos
señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o
evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha
desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en
respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales
deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese
sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida
que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos
fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y
control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
En
ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo,
Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes
de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en
lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los
territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la
siguiente manera:
Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que
se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y
políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo
históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante,
apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales,
gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía
nacional.
Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo
económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes
comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y
no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la
educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.
Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el
Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular,
por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las
constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre
derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de
corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado
sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el
narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.
La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno
de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares
del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para
un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar
el papel de las transnacionales y empresas extractivas.
Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para
sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan
alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos;
hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el
régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose
si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que
queremos.
Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país
de avanzar y trabajar por la
unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde
los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental,
la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier
otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y
llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para
consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.
José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.
Reunida
en el Centro de Formación Finca
Torogoses, la militancia del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los
núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa
Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita,
Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes al departamento de Atlántida, las Tribus del
pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda
y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San
Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente,
ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional
declaramos y comunicamos que:
El mundo, y de nuestro interés particular Honduras,
sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus
agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones
internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a
costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras,
ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que
también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes
y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la
precarización acelerada de los derechos en general.
Las consecuencias son palpables, estamos ante un
modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo,
explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos
naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr
un control absoluto de los territorios.
Ante
ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el
encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por
liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia
que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan
esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea
nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado
que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.
Así,
reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de
las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio,
social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro
compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la
resistencia a la soberanía con dignidad.
Para
ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la
participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en
general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus
estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo
ha reafirmado su razón de ser, llegando
a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de
pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las
resistencias y desde el país.
Ante
los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria
sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para
confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido
el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio
nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.
Por
esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos
acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la
soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su
fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de
la dignificación de nuestra patria.
Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra
apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la
soberanía con dignidad!
Compañeros y compañeras de Guapinol durante la audiencia inicial en Tegucigalpa, Honduras. Foto: Redes sociales.
El
Estado de Honduras criminaliza las legítimas luchas de las comunidades en
defensa del agua para la vida, por lo que desde el Movimiento Amplio condenamos
la injusta y criminal privación de libertad de once defensores y una defensora
de los derechos humanos del sector de Guapinol, Tocoa, por mandato expreso de
los operadores de justicia del Ministerio Público y juzgados involucrados en la
criminalización de los líderes del Aguán. Desenmascaramos la actitud cómplice
de los operadores de justicia por la cual caen de rodillas ante los empresarios
saqueadores de los bienes naturales de los pueblos y sólo se ponen de pie para
denegar justicia al pueblo, torcerla a favor de la oligarquía extractivista y
castigar a los humildes que se atreven a defender la vida.
Como
si no fuera más que suficiente el asesinato de alrededor de dos centenas de
campesinos en la zona del Aguán a los cuales el Estado de Honduras no ha hecho
justicia, la crisis causada por la devastación que está provocando la empresa
minera Los Pinares en los sectores de Guapinol y Ceibita ya ha producido 3
asesinatos, 20 personas desplazadas (algunas con sus familias) y 18 líderes y
lideresas criminalizadas. Se acusa de asociación ilegal a quienes se organizan
para defender junto con sus comunidades el derecho humano de acceso al agua,
decretado por la ONU mediante Resolución 64/292, el 28 de julio de 2010.
Resulta
inadmisible que los operadores de justicia criminalicen de una sola vez a los
líderes y lideresas de las comunidades del sector de Guapinol en vez de
solventar la presente crisis, que ya la Ley General de Aguas asume como
situación normal -a la cual hay que adelantarse-que de suyo se presenta en
torno a la gestión de los recursos hídricos. El segundo considerando de la Ley
General de Aguas reconoce que “la gestión del agua tiene una profunda
influencia en la gobernabilidad y convivencia humana” y, además, “puede estar
asociada a crisis internas”, que los funcionarios deben saber manejar, en todo
caso gestionar la resolución de conflictos hídricos, aplicando el principio de
subsidiariedad.
La
decisión de enjuiciar a las líderes y lideresas de las comunidades de Guapinol
por supuestos delitos de asociación ilícita resulta tan descabellada como
injusta. Organizarse para la gestión hídrica de las comunidades no es ni nunca
será un delito sino un derecho inalienable que se debe defender aun con la vida
misma si es necesario. La ya citada Ley General de Aguas convoca a los
ciudadanos y ciudadanas a organizarse para la gestión de los recursos hídricos,
reconociendo en este recurso natural un bien social cuya prioridad esencial
consiste en la satisfacción del consumo humano y su saneamiento; los demás usos
vendrán por añadidura si los caudales lo permiten. El Artículo 3 considera como
principios fundamentales de la gestión hídrica: 1) la protección y conservación del
agua como acción prioritaria del Estado, pero como el Estado no lo
hace, entonces lo tiene que hacer el pueblo de Tocoa; 2) “El consumo humano tiene relación
preferencial y privilegiada sobre los demás usos, que es justamente lo
que reclaman nuestros compañeros y compañera de Guapinol ahora criminalizados;
3) el
agua es un recursos social y su acceso debe ser equitativo, por lo que
no es posible que el Estado inclusive se haya prestado para reducir la zona
Núcleo del Área Protegida con tal de satisfacer los intereses de las empresa
minera Los Pinares y ahora permite la contaminación de las aguas corrientes de
la zona; 4) la participación ciudadana debe hacerse efectiva en todas las etapas o
momentos de la gestión hídrica, pero mientras la ley llama a la organización
para la participación ciudadana los operadores de justicia más bien califican
de asociación ilícita la organización de las comunidades que defienden sus
bienes hídricos; y 5) ”La gestión integral del recurso agua se hará
con la participación y responsabilidad de todas las instancias”, sin embargo,
las autoridades municipales y gubernamentales quieren decidir el destino de las
aguas de Tocoa al tenor de las demandas de las empresas saqueadoras de bienes
naturales, sin contar con las comunidades y sus organizaciones locales. Le
recordamos al Estado de Honduras que si las autoridades están actuando en
sentido contrario a lo que manifiestan las leyes, entonces nuestros compañeros
y compañera de Guapinol son objeto de denegación de justicia.
¿Basta
ya!
¡Alto
a la impunidad de los operadores de justicia y los cuerpos represivos del
Estado!, que han olvidado que por sobre la obediencia absoluta de quienes
puedan sentirse subalternos por diferentes intereses está el deber de cumplir
las leyes que emanan de la Constitución de la república.
El
Movimiento Amplio exige al Estado hondureño cumplir con la responsabilidad de prevenir las violaciones a los derechos
humanos y le recuerda que el Derecho Internacional afirma que “El acceso a agua
potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros
derechos humanos” (OACNUDH, 2011).
Luchadora social de Guapinol, Honduras, criminalizada por defender el agua de su comunidad. Foto: Redes sociales
Desde el Movimiento
Amplio demandamos al Estado de Honduras el cumplimiento del Principio de No
Discriminación al derecho al Agua. Le corresponde al Estado aplicar este principio
y hacerlo realidad en las comunidades de Guapinol, a quienes se les niega de
forma permanente el derecho a decidir colectivamente sobre la gestión de sus
bienes hídricos por la única razón de ser pobres y carecer del poder económico
que ostenta la empresa Los Pinares, violentando el Artículo 2, párrafo segundo
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El
Estado tiene el deber de proteger a las personas y comunidades sometidas a
vulneraciones provenientes de la empresa Los Pinares y, en vez de estar
criminalizando a quienes defienden la vida, debe establecer las medidas y
políticas pertinentes de prevención y protección para que la empresa minera no
violente los derechos humanos de los particulares.
Le advertimos a los
operadores de justicia que ahora criminalizan los líderes y lideresas de
Guapinol que si el Estado no observa cabalmente sus procederes legales en
materia de derechos humanos, medio ambiente y gestión hídrica, le será
atribuible la responsabilidad internacional por dichas violaciones, para lo
cual remitimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 01 de septiembre
de 2015. Serie C No. 298, Párrafo 170.
Demandamos también la correcta aplicación del
Principio de Precautoriedad Ambiental. Es urgente que el Estado de Honduras corrija
su miopía política que sólo le permite juzgar la realidad desde los intereses
de los accionistas de la empresa Los Pinares y comience a interpretar las
correctas y justas acciones de los líderes criminalizados de Guapinol desde el
universal Principio de Precautoriedad Ambiental, consagrado como principio
de derecho internacional en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el
medio ambiente, de 1992, de la cual Honduras es parte: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución (…). Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Y le recordamos a los operadores de justicia
que han criminalizado injustamente y sin ninguna razón a los compañeros de
Guapinol que el Principio de Precautoriedad Ambiental ya fue incorporado al
derecho positivo de Honduras, estableciendo el Artículo 3 de la Ley del
Reglamento del SINEIA que, ante la existencia de amenaza de un daño al medio
ambiente o a la salud humana, se tomen medidas preventivas antes de continuar
con la actividad sospechosa, aun en ausencia de certeza científica. Es decir,
se debe detener la actividad que produce el potencial daño al medio ambiente o
a las vidas humanas hasta que se recobre la certeza científica de la ausencia
de riesgo y se tomen las medidas preventivas pertinentes.
Las
comunidades del sector de Guapinol han alertado insistentemente sobre los
cuadros de daños ambientales y humanos provocados por la explotación minera y
se han hecho proyecciones muy bien fundadas sobre la magnitud de los peligros
potenciales de continuar con la explotación minera, sobre todo en la devastación
de los bienes hídricos del municipio de Tocoa. Pero el Estado de Honduras ha
permanecido sordo a las denuncias y clamores de los pueblos de Tocoa,
violentando de esta manera la aplicación correcta de las leyes ambientales. No
es justo, pues, que se castigue con prisión a quienes defienden la vida.
Es importante que el
Ministerio Público realice investigaciones diligentes y apegadas a la verdad y
a la justicia antes de ponerse a criminalizar a las personas pobres de las
comunidades que defienden los bienes naturales del sector de Guapinol. No
hacerlo en escenarios como el creado por la concesión minera otorgada a la
empresa Los Pinares, no solamente los responsables del delito no responden por
sus actos, sino que también se envía un mensaje de impunidad al resto de los
empresarios oligarcas y transnacionales extractivas. El Estado de Honduras debe
demostrar que defiende justamente a la población hondureña y limpiar su imagen,
expuesta hasta ahora como un socio más de las empresas violadoras de los derechos
humanos, permitiendo su impunidad.
Desde
el Movimiento Amplio llamamos a todas las comunidades de Honduras y de manera
especial a los más de 25 sectores y comunidades que a nivel nacional estamos en
actitud de resistencia social defendiendo la soberanía ambiental de nuestros
pueblos a declararnos en Alerta Permanente y Solidaria dando
seguimiento a los acontecimientos que se suceden con los compañeros y
compañeras de Guapinol. No podemos permitir que en una actitud descarada y en
flagrante violación a los derechos de las personas y los pueblos emerja desde
el funcionariado cortesano de la narcodictadura la prohibición y el castigo
consecuente a quienes se atrevan a defender la vida con todas sus
implicaciones. En Guapinol se juega la libertad y la vida del pueblo hondureño.
Solidaridad permanente con Guapinol.
¡De
las resistencias comunitarias a la reconstrucción de la soberanía nacional!
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota
de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por
el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad,
están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por
más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos
directos y 26,250 empleos indirectos”.
De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se
organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el
objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho
constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y
derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar
donde el gobierno ha aprobado
concesiones mineras y de energía.
Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la
que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional
que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios
que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal
de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.
El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente
suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el
hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es
incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La
necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil
Mw. ¿No lo sabe el COHEP?
La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los
períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos
permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones
hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades
concretas del parque energético nacional técnicamente establecido,
sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de
un clientelismo político que premia a las y los financiadores de
determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?
El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos
de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la
energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada
kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la
cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que
los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los
empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía
nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que
hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?
Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?
Y esta generación de ¨energía limpia¨
basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor
postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la
realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase
empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía
en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune
corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el
COHEP?
Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus
entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con
un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las
tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo
criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?
En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de
San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que
terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal
fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de
Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan
estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las
mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca
esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo
sabe el COHEP?
En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa
minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los
últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte
de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias
contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe
el COHEP?
En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez,
en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer
Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las
comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los
troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe
algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía
organizada y defendida por el COHEP?
Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las
comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses
lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de
las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de
migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus
territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias
de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las
concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en
una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos
en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales
empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada
por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros
indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de
Antimonio en el pueblo Tolupán.
Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y
está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a
costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP
que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino
constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente
movimiento social popular hondureño.
¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por
el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar!
El COHEP debe saberlo.
A las
comunidades organizadas y en lucha permanente, a la familia Matute y al pueblo Tolupán
en general:
Compañeros y compañeras:
Desde el resto de comunidades organizadas, la Conducción Política Nacional, Coordinación Nacional y equipo de trabajo operativo, ante la triste noticia del asesinato de nuestros compañeros y hermanos indígenas José Salomón Matute y Juan Samael Matute Ávila, militantes históricos y activos de nuestra organización, referentes de la digna resistencia en territorio tolupán, específicamente en la tribu San Francisco Locomapa del pueblo Tolupán en Yoro, Honduras, queremos expresarles:
Que escribimos con dolor
estas líneas y repudiamos el vil asesinato de nuestros compañeros quienes en
vida desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes
naturales y derechos de su tribu.
Reconocemos el valor y la
dignidad que nuestros compañeros mantuvieron en vida, quienes a pesar de las
amenazas, hostigamiento y el riesgo que
corrían sus vidas, siempre estuvieron en primera fila cuando se trató de luchar
por la liberación y respeto a su pueblo.
Nuestros queridos compañeros
han partido y tras ellos, dejan una estela de trabajo, dignidad y entrega a las
luchas sociales que deben ser nuestra bandera para continuar en lucha
permanente.
Reafirmamos que reencarnamos
la lucha que en vida, nuestros compañeros asumieron y declaramos públicamente
nuestro compromiso incansable por buscar castigo y justicia para los criminales
que perpetraron este repudiable crimen.
Ante este dolor actual y de
forma permanente, somos también tolupanes todas las que integramos esta
organización, porque nuestra decisión política más importante es la unidad y la
solidaridad. Extendemos nuestro más sentido
pésame a los familiares de nuestros compañeros, especialmente a Ramón Matute,
pilar fundamental del MADJ y de la lucha tolupana, sentimos el dolor por la
pérdida irreparable, por las vidas valientes y entregadas a sus ideas que han
sido arrebatadas por la violencia y el odio. Así mismo, exhortamos a convertir el dolor en fuerza, la
rabia en dignidad y la resignación en motivación para seguir luchando, con el
compromiso y la seguridad de que los ideales de nuestros compañeros nunca
morirán. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y su
legado permanecerá vivo a través de cada una de nosotras.
San Pedro Sula 25 de Febrero de 2019.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
