Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

El pasado 06 de marzo de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por unanimidad de votos falló otorgando amparo a favor de cerca de 300 maestros y maestras quienes podrán jubilarse de acuerdo a lo establecido en la ley de INPREMA de 1980 y no bajo la nueva ley aprobada en 2011 que recortó de manera significativa los derechos de previsión social del gremio magisterial.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril de 2018 por cerca de 300 docentes, representados por el bufete legal del abogado Víctor Fernández. Este pretendía, como lo ha logrado con la sentencia obtenida, dejar sin valor y efecto la resolución emitida por el Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y asegurar el proceso de jubilación según lo regulado en la ley de INPREMA de 1980.

El conflicto entre la aplicación de la ley de INPREMA de 1980 y la nueva Ley de 2011

El fondo del conflicto que motivó la presentación del amparo radica en que el 15 de julio de 1980 entró en vigencia la Ley de INPREMA que reguló la prestación de los beneficios para todos los y las docentes que ingresaron al sistema hasta el 19 de enero de 2012, fecha en la que entró en vigencia la nueva Ley que derogó la ley anterior, sus reformas y sus reglamentos.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de INPREMA, el Gobierno de la República pretendió que esta regulara las jubilaciones y demás beneficios sin importar que se tratara de docentes que iniciaron su servicio bajo la ley de 1980, sometiéndolos a las nuevas disposiciones que disminuyen, restringen y tergiversan los derechos adquiridos por estos y que son producto de décadas de luchas gremiales.

Es decir que, el Estado de Honduras pretendió que, la nueva ley de 2011 fuera aplicada a todos los trámites de todos los docentes sin excepción alguna y sin observar las condiciones particulares, pretendiendo desconocer que la ley de 1980 debía continuar rigiendo los procesos vinculados a docentes que entraron a cotizar bajo esta y que, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley poseían los requisitos que durante más de treinta años implicaron expectativa para la obtención de su jubilación y otros beneficios.

Los derechos violentados con la pretensión de aplicar la nueva ley a los docentes que se rigen bajo la ley de 1980

Con la negativa del INPREMA a la solicitud de jubilación el Estado violentó el derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la ley y el derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, contenidos en los artículos constitucionales 96 y 64, respectivamente y fueron estos los que justificaron la acción de amparo presentada.

La pretensión de aplicar la nueva ley de INPREMA es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en las posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de las maestras y maestros jubilados.

Abog. Víctor Fernández

El principio de no retroactividad, consiste fundamentalmente en que no se puede aplicar a un caso concreto una ley que se adoptó o emitió con posterioridad al mismo, en vista de que dicha situación jurídica fue creada por una normativa legal previa. Y, respecto de la obligación de progresividad de los DESC, dentro de los cuales se encuentran los derechos de previsión social, según el Comité DESC se clasifica en dos tipos que son la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas, es decir que disminuyan el alcance de los derechos.

Ambos derechos fueron violentados con la arbitraria imposición de la ley vigente del INPREMA (2011) al caso concreto de los docentes amparistas. Y la violación de estos derechos es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de personas que además pasaron a formar parte de la población vulnerable del adulto mayor.

El fallo de la sentencia de amparo y su alcance

En su parte resolutiva o fallo, la sentencia además de otorgar el amparo a favor de los y las docentes, manda al INPREMA:

  1. Otorgar el beneficio de jubilación a los docentes que ya habían cumplido los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley;
  2. Proporcionar financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que aun cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su jubilación y esta les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior y le sea reconocido el porcentaje faltante de manera retroactiva hasta cinco años atrás contados a partir de la fecha de vigencia de la sentencia.
  3. Devolver el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo a 30 años en adelante a efecto de que se le tramite su jubilación con los beneficios establecidos en la Ley de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley hasta llegar hasta la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia de la nueva ley.
  4. Que el INPREMA disponga presupuestariamente lo necesario para la aplicación de la sentencia

Las afirmaciones de la sentencia y su importancia como precedente en el derecho a  la previsión social en Honduras

Sin duda alguna el fallo y lo que manda significan un logro para las docentes, pero, la sentencia contiene importantes considerandos que implican afirmaciones sustanciales para entender y reconocer la responsabilidad del Estado en el caso concreto y en casos similares.

La Sala de manera expresa afirma, entre muchas otras cosas que, la ley aplicable al caso es la contenida en el decreto No. 1026 del 15 julio de 1980, sus reformas y sus reglamentos y que se trata de un caso de derechos condicionados que pueden ejercerse en cualquier tiempo siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley por ser verdaderos derechos con existencia propia.

En cuanto al INPREMA afirma que en su resolución esta aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron trámites administrativos después del 2011 ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980 por haber cumplido ya todos los requisitos exigidos y que incluso, respecto a la adopción de la nueva ley, el Estado no planteó una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.

Además, el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas la expectativa de una pensión o proceso de jubilación de acuerdo a la ley de 1980, el cual pretendió ser modificado de manera negativa al aplicar una nueva ley y que, el derecho no lo determina el tiempo en el que se interpuso la solicitud, si antes o después de la vigencia de la nueva ley, lo determina el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, afirma como precedente de importancia en relación a la adopción de nuevas leyes como la del INPREMA que, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a un grupo que pasarán a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

La importancia de la sentencia obtenida como victoria por parte de los docentes que interpusieron el amparo y su representación legal tiene que ver no solo con lo que la Sala manda a ejecutar, ni solo con las afirmaciones y señalamiento de responsabilidad del Estado en relación a los derechos de previsión social, sino que también abre la posibilidad de una jubilación digna al resto de docentes que aunque no formaron parte de la acción se encuentran en alguna de las condiciones que el fallo reconoce, pero que en general, su relación de servicio y de cotización se rigió por la ley de 1980.

En el contexto de país que vive Honduras, la adopción de leyes regresivas y que recortan derechos se ha instalado como una práctica que cada día va en escalada, sin embargo, la sentencia obtenida implica un límite a esa pretensión y sienta las bases para continuar luchando por condiciones de vida digna y justa para los docentes pero también para la población hondureña en general.

Deplorables los abusos de ONU en el lanzamiento de Spotlight

Deplorables los abusos de las Naciones Unidas en el lanzamiento de Spotlight

El movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia demanda a la oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras poner fin a la política de humillación y confrontación pasiva de las mujeres víctimas de violencia estructural en todos los escenarios donde esta juega a favor de quienes han usurpado el poder al amparo de la embajada de los Estados Unidos de América y no hacen justicia a la mujer y a la población hondureña en general.

A pesar de que comprendemos los protocolos diplomáticos y el marco de relacionamiento entre las Naciones Unidas y los Estados, es evidentemente, deshonesta y pretensiosa la actitud de las Naciones Unidas de sentar en un mismo espacio a víctimas y victimarios pasivos o activos y exigir que las víctimas permanezcan calladas y sumisas ante los responsables de los asesinatos y de evitarlos presentan supuestos avances de vanguardia, pero que en la práctica concreta con sus políticas públicas y ausencias de las mismas facilitan el terreno para la continuidad de los femicidios en el país y garantizan impunidad.

La Iniciativa Spotlight lanzada el pasado 13 de febrero por la ONU adquirió desde su génesis un carácter falaz desde el momento que permitió a Juan Orlando Hernández presentara el mismo como un resultado de las supuestas bondades del gobierno hacia las mujeres cuando el mismo titular del CONADEH ha manifestado que el 92% de los femicidios recientes no se han judicializado y, mientras tanto, en lo que va del 2019, se ha asesinado en promedio una mujer cada 24 horas. Esta infamia produce dolor profundo en quienes padecemos la violencia contra la mujer desde el pueblo y, muy en particular, en aquellas personas que la sufren desde el seno de su propia familia.

Por esta razón, no sólo nos solidarizamos con Olivia Zúniga sino que aplaudimos su acto de resistencia feroz desenmascarando a quienes con la falta de diligencia y secretividad en las investigaciones, impiden que los asesinos de mujeres y, concretamente, los asesinos intelectuales de Berta Cáceres sean llevados a la justicia.

¿Por qué la ONU no aprovechó el espacio Spotlight para interpelar públicamente a Juan Orlando Hernández sobre el continuo asesinato de mujeres? Su opiáceo discurso presidencial más bien dio vía libre a los depredadores de la mujer hondureña y, en la práctica, justifica que mientras el Estado construya la Ciudad Mujer, se puede seguir violando mujeres; mientras el Estado mantenga una línea de crédito para mujeres, se las puede seguir matando; mientras el Estado financie y participe en foros y talleres para mujeres se puede continuar violentando mujeres.

 ¿Por qué no se preguntó por los casos emblemáticos de Berta Cáceres y sus asesinos intelectuales, por Soad Nicolle y sus reclamos tan urgentes en materia de educación de la juventud hondureña, por Enriqueta Matute y su lucha contra los madereros y mineros que roban los bienes naturales de los pueblos, por Margarita Murillo y la urgencia de que las mujeres sean sujetos de reforma agraria? ¿Por qué el Estado de Honduras no ha castigado sus asesinos materiales, empresas financiadoras del crimen e intelectuales igualmente asesinos que los que aprietan gatillos o desenfundan machetes y cuchillos?

En estas circunstancias, “resaltar que Honduras es pionera en el lanzamiento de Spotlight en América Latina”, como lo señala la ONU en su comunicado del 14 de febrero, hace ver a Spotlight [foco en español] como la nueva máscara protectora de asesinos de mujeres desde las más altas esferas del Estado de Honduras y, ¿por qué no?, desde instancias como la oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. Convirtiendo este programa en un “foco” que solo ilumina la violencia contra las mujeres que quieren se vea, invisibilizando aquellas violencias incómodas para el gobierno, como lo son los asesinatos en el marco de la oposición al extractivismo u otras violencias, que por ser anti sistémicas se confinan al olvido.

Nos solidarizamos con nuestra compañera de lucha Olivia Marcela Zúniga Cáceres por los atropellos recibidos de parte de la guardia de la ONU y condenamos el papel servil de las instancias internacionales cómplices de la dictadura hondureña que ha forjado su estancia en el poder a punta de asesinatos y violaciones a los derechos humanos.

Exigimos junto a Olivia Marcela, justicia, justicia para quienes han planificado, ordenado y han sido cómplices de asesinatos hacia la mujer hondureña a lo largo de la historia y, ratificamos que seguiremos desde nuestras trincheras apostándole a una política de igualdad y equidad de género.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


¿Por qué no se preguntó por los casos emblemáticos de Berta Cáceres y sus asesinos intelectuales, por Soad Nicolle y sus reclamos tan urgentes en materia de educación de la juventud hondureña, por Enriqueta Matute y su lucha contra los madereros y mineros que roban los bienes naturales de los pueblos, por Margarita Murillo y la urgencia de que las mujeres sean sujetos de reforma agraria?

El COHEP oculta la verdadera realidad sobre las minas y la energía en Honduras

¿No lo sabe el COHEP?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad, están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos directos y 26,250 empleos indirectos”.

De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar donde el gobierno ha aprobado concesiones mineras y de energía.

Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.

El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil Mw. ¿No lo sabe el COHEP?

La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades concretas del parque energético nacional técnicamente establecido, sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de un clientelismo político que premia a las y los financiadores de determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?

El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?

Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?

Y esta generación de ¨energía limpia¨ basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el COHEP?

Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?

En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez, en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía organizada y defendida por el COHEP?

Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de Antimonio en el pueblo Tolupán.

Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente movimiento social popular hondureño.

¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar! El COHEP debe saberlo.

San Pedro Sula, Honduras. 5 de febrero de 2019.

Brumadinho: Tragedia anunciada que enluta América Latina

Desde el Movimiento Amplio de Honduras expresamos nuestra consternación, repudio e indignación ante la irresponsable y criminal tragedia  que ha acabado con la vida de 84 personas y cerca de 300 personas en el municipio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, República de Brasil. Expresamos nuestra solidaridad al hermano pueblo del Brasil y de manera muy especial a la comunidad doliente de Brumadinho, donde una presa de desperdicios mineros reventó provocando un desastre catastrófico humano y ambiental.

No es la naturaleza que condena a Brumadinho a someterse a esta situación difícil, sino la falta de sentido humano muy propio de los proyectistas de concesiones extractivas que despojan a los pueblos de sus bienes naturales y los condenan a la muerte y a la miseria.

Nos abruma saber que varios centenares de gentes humildes han zozobrado a causa de la avaricia desmedida de empresarios mineros miopes y funcionarios corruptos que aprueban este tipo de proyectos sin antes asegurar la vida de las personas de los pueblos adyacentes potencialmente impactados por estas concesiones.

Repudiamos las acciones de aquellos Estados y corporaciones empresariales incapaces de ver en este tipo de calamidades el profundo dolor humano que provocan y el daño ambiental terrible que finalmente se vuelca contra el ser humano y la comunidad viviente. Si tan solo escucharan las voces, los reclamos y las argumentaciones de las comunidades y sus organizaciones estas tragedias pudieran evitarse.

Indigna saber que ésta no es la primera tragedia minera que ocurre en el Estado de Minas Gerais; similares deslaves han tenido lugar en Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014) y en Mariana (noviembre 5 de 2015). Y las autoridades se empecinan en continuar otorgando concesiones con estudios de impacto ambiental superficiales, que se realizan únicamente para cumplir con las leyes, mas no para medir los impactos potenciales que comprometen la vida y el bienestar de las personas. El Principio de Precautoriedad como principio de derecho internacional ambiental refrendado en la Cumbre de Río de Janeiro es opacado cuando hay intereses económicos desmedidos de por medio. Ahora le ha correspondido a Brumadinho aportar los muertos y desaparecidos. ¿Cuántas más de estas tragedias tendrán que vivir las poblaciones de América Latina para que los Estados y las oligarquías empresariales extractivistas se tomen en serio la seguridad de las personas y los pueblos?

Recordamos también la tragedia del proyecto hidroeléctrico HIDROITUANGO ocurrida en Colombia en mayo del año pasado. ¿Nadie desde las esferas de poder político y económico de los Estados latinoamericanos es capaz de entender estos eventos y hacer una lectura lógica, científica y jurídica de los mismos en clave de preservación de la vida y respeto a los derechos humanos de las personas y los pueblos?

Brumadinho no es una tragedia extractivista aislada. Desastres por fallas en represas hidroeléctricas y mineras se están convirtiendo en eventos frecuentes, lo que nos permite inferir que seguirán ocurriendo muchos más mientras la lógica de muerte del capitalismo extractivista domine nuestros pueblos. El capitalismo extractivista es la punta de lanza de la colonización postmoderna a que se destina a América Latina. Frente a esta lógica extractivista devastadora y deshumanizante no podemos dejarnos avasallar por dinámicas extractivistas ajenas al ser propio de nuestro continente.

El Movimiento Amplio de Honduras, además de solidarizarse con el pueblo del Brasil, invita a convertir en resistencia social la rabia que provoca la ocurrencia de estos acontecimientos. Cada comunidad, región, país y toda América Latina debemos cerrar filas contra la minería a cielo abierto y en general contra todo proyecto o concesión extractivista que amenace la existencia y el bienestar humano de todo ciudadano y ciudadana. Chico Méndez en Brasil, Bertha Cáceres en Honduras, Máxima Acuña en Perú marcan el camino a seguir en la Patria Grande defendiendo la dignidad de nuestros pueblos y el respeto a la autodeterminación y usufructo de nuestros territorios y bienes naturales.

San Pedro Sula, Honduras. 30 de enero de 2019.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

ACUERDO DE DUELO

A las comunidades organizadas y en lucha permanente, a la familia Matute y al pueblo Tolupán en general:

Compañeros y compañeras:

Desde el resto de comunidades organizadas, la Conducción Política Nacional, Coordinación Nacional y equipo de trabajo operativo, ante la triste noticia del asesinato de nuestros compañeros y hermanos indígenas José Salomón Matute y Juan Samael Matute Ávila, militantes históricos y activos de nuestra organización, referentes de la digna resistencia en territorio tolupán, específicamente en la tribu San Francisco Locomapa del pueblo Tolupán en Yoro, Honduras, queremos expresarles:

  1. Que escribimos con dolor estas líneas y repudiamos el vil asesinato de nuestros compañeros quienes en vida desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes naturales  y derechos de su tribu.
  2. Reconocemos el valor y la dignidad que nuestros compañeros mantuvieron en vida, quienes a pesar de las amenazas,  hostigamiento y el riesgo que corrían sus vidas, siempre estuvieron en primera fila cuando se trató de luchar por la liberación y respeto a su pueblo.
  3. Nuestros queridos compañeros han partido y tras ellos, dejan una estela de trabajo, dignidad y entrega a las luchas sociales que deben ser nuestra bandera para continuar en lucha permanente.
  4. Reafirmamos que reencarnamos la lucha que en vida, nuestros compañeros asumieron y declaramos públicamente nuestro compromiso incansable por buscar castigo y justicia para los criminales que perpetraron este repudiable crimen.

Ante este dolor actual y de forma permanente, somos también tolupanes todas las que integramos esta organización, porque nuestra decisión política más importante es la unidad y la solidaridad. Extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares de nuestros compañeros, especialmente a Ramón Matute, pilar fundamental del MADJ y de la lucha tolupana, sentimos el dolor por la pérdida irreparable, por las vidas valientes y entregadas a sus ideas que han sido arrebatadas por la violencia y el odio. Así mismo,  exhortamos a convertir el dolor en fuerza, la rabia en dignidad y la resignación en motivación para seguir luchando, con el compromiso y la seguridad de que los ideales de nuestros compañeros nunca morirán. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y su legado permanecerá vivo a través de cada una de nosotras.

San Pedro Sula 25 de Febrero de 2019.

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


4 masacres en 10 días: El fracaso de la política de seguridad en Honduras

La política de seguridad implementada en el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue dejando más desaciertos que aciertos a pesar del enorme gasto del presupuesto nacional que se ejecuta en temas de seguridad nacional.

Cifras trascendidas en las últimas horas, precisan 14 Personas asesinadas en al menos 4 masacres ejecutadas en los primeros once días del año, que reflejan el fracaso de la política de seguridad basado en la militarización de la sociedad donde las estadísticas maquilladas son la justificación perfecta para la creación de más cuerpos policiales y militares.

El 1 de enero, tres personas fueron asesinadas en Puerto Cortes, seguidamente otras tres personas fueron ultimadas en Yoro el 2 de enero, posteriormente tres personas fueron atacadas a balazos en la carretera que comunica San Pedro Sula con La Ceiba a la altura de la aldea la Mulera en Tela y para terminar de contabilizar las masacres suscitadas en el país, el 10 de enero cinco personas fueron ultimadas en la capital de la república. A todos estos crímenes les amenaza como único destino posible la impunidad al igual que al 95% de los hechos violentos que ocurren en Honduras.

La Secretaria de Seguridad en su afán de maquillar el fracaso de su gestión ha querido llamar “homicidios múltiples” a las masacres o hechos violentos donde son asesinadas más de dos personas. Estos hechos, son en concreto, el reflejo del fracaso de la política de seguridad adoptada por el gobierno donde se ataca la consecuencia y no los orígenes del problema. Reafirmando la urgencia de la configuración de una verdadera política criminal en Honduras que busque soluciones reales a los conflictos sociales que están en permanente escalada en el país y que se aleje de la instrumentalización actual del derecho penal por los grupos de poder en el escenario nacional y de la utilización de la fuerza pública con finalidad de control social.

Desde el 2014, año en que inició el primer mandato Juan Orlando Hernández,  el presupuesto para defensa y seguridad nacional ha tenido una tendencia a la alza, su incremento anual ronda el cuatro por ciento del presupuesto nacional sin que los resultados sean proporcionales a la inversión, dejando en un luto permanente a la sociedad hondureña.

¿Cadenas perpetuas a autores materiales? Faltan los Atala

El Ministerio Publico de Honduras ha solicitado se condene a cadena perpetua a los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, quien fue asesinada  el 2 de marzo del año 2016 en medio de la lucha que las comunidades Lencas organizadas en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH realizaban por la defensa de su territorio ancestral y como parte de este, del río Gualcarque, el cual fue concesionado a la empresa hidroeléctrica DESA, estructura criminal que decidió, planificó y pagó el asesinato.

El gobierno de Honduras en el afán de proteger a los autores intelectuales, integrantes de la poderosa familia Átala Zablah, quienes forman parte de la estructura directiva de DESA y tiene relación con la banca hondureña,  busca condenar a los autores materiales quienes son algunos ejecutivos de la empresa y militares activos e inactivos.

La lista de personas juzgadas por este crimen la componen, Sergio Ramón Rodríguez, alto ejecutivo de DESA y con quien Berta Cáceres tuvo fuertes altercados en vida, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA, Edilson Duarte Meza, Oscar Torres Velásquez, Elvis Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, ex militar y sicario, además de, Mariano Díaz Chávez quien era un mayor activo en el ejército de Honduras.

Siete de los ocho acusados en el primer proceso fueron condenados, con excepción de Edilson Meza.

Los delitos por los cuales fueron condenados son asesinato en contra de Berta Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en contra de Gustavo Castro, activista mexicano. En la audiencia de determinación de la pena concreta o audiencia de individualización de la pena, el Ministerio Público, único ente acusador, ya que las acusaciones privadas representantes de la familia Cáceres Flores, el COPINH y de Gustavo Castro fueron expulsadas arbitrariamente del juicio, solicitó por el delito de asesinato una pena de privación de la libertad de por vida y por el asesinato en su grado de ejecución de tentativa, solicitó una pena de 25 años de reclusión.

El equipo legal del MADJ, equipo legal de la causa, el COPINH y la familia Cáceres Flores hemos sido enfáticas en lo toral dentro del proceso de búsqueda de verdad y justicia por el asesinato de nuestra Berta y demandamos castigo no solo para los autores materiales que ahora han sido condenados, sino también para la estructura criminal que ordenó el crimen y sobre cuya participación el Ministerio Público tiene basta y contundente información.

El legado de Wilmer Paredes: La digna resistencia

Fotografía: Martín Cálix

El legado de Wilmer Paredes: Digna resistencia

Por Heidy Alachán

Era el primer día de enero, como hoy. Hacía calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos, llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho dolor.

El fraude electoral nos heredó un fin de año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.

Para quienes recibimos la noticia casi inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí, era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre habíamos hecho miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López,  a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de militares.

Era el mismo Wilmer que ese 16 de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes, entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.

Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama, piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados con fusiles.

Como si no fuera suficiente, mientras sucedía todo eso, les intimidaban con choques eléctricos  (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos, cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto al resto lo que había pasado.

Luego vinieron también el resto de recuerdos. El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección del mecanismo.

No fue suficiente para ella escuchar relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y protección. No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.

Luego de su asesinato, su velorio y su entierro, los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido regresar hasta la fecha.

La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca, que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que, tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.

Familia de Wimer Paredes sostiene su fotografía. Captura: Martín Cálix.

Pero hoy, que ha pasado un año desde que Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida, desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de dolor y muerte que dejó.

Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.

Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas. Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y oportunas.

Hoy queremos que su nombre y se ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2019 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.

La Patria sigue viva y con memoria.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional