Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega IV

Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca.

Los peces  en el río Petacón han dismuido a raíz de la construcción de la cortina del proyecto hidroeléctrico 

Empresa Progelsa explotará por 50 años el río pagando cantidades irrisorias a las municipalidades de Lepaterique y Reitoca

Las afectaciones de la hidroeléctrica se suman al impacto negativo del corredor seco y cambio climático 

Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -Un sofocante calor que se combina entre polvo, ramas secas y faldas rocosas. No hay ruido de pájaros, pero si se escucha el estridente sonido de un motor de una bomba de diez caballos de fuerza que chupa una corriente del río Grande Reitoca, conocido también como río Petacón.

Wilmer Alonzo Herrera extrae varios litros de agua para hacer adobes y venderlos en una ferretería que ha instalado en el casco de Reitoca. Nos comenta que ha sido judicializado por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Ha sido acusado por los delitos de usurpación y daños agravados.

Para Wilmer, quien ronda los 40 años, el río es su vida y sustento. Recuerda que cuando era niño las aguas se llevaban todo a su paso, sin importar si era época seca o lluviosa. Ahora, dice, lo que queda en el cauce cercano al pueblo son dos mangas con pequeñas corrientes, las que aprovecha para producir una de las materias primas básicas para la construcción de viviendas.

Junto a su esposa Gissela y a su hija Andrea llega todos los días al río a realizar su faena la que viene culminando alrededor del mediodía, después de al menos seis horas ininterrumpidas. 

Mientras nos relata sus vivencias y el impacto negativo generado por el cambio climático y ahora, según él, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, se escucha entre las ligosas rocas el croar de las ranas.

Wilmer Alonzo juega con su hija Andrea a quien baña con las frescas aguas del río Petacón para apaciguar el enérgico calor, una mañana de verano de este 2020 cuando la temperatura rondaba los 35 grados centígrados.

El proyecto hidroeléctrico se ubica en la frontera entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, hoy confrontados porque las autoridades hondureñas no han sabido manejar los procesos para el concesionamiento de los proyectos de explotación de los recursos naturales.

La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta,  en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca. De hecho, el licenciamiento se encuentra en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.

En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.

Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído de manera definitiva, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2018 por la presión de los pobladores de Reitoca, agrupados en el Comité de Protección Reitoca y en el Consejo Indígena Lenca, esta última instancia mediante la cual luchan para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que exige un proceso de consulta libre, previa e informada para las decisiones adoptadas en sus territorios.

El proyecto hidroeléctrico ha confrontado a los pueblos de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán. La resistencia al proyecto se centra en Reitoca por encontrarse aguas abajo. La gente de Lepaterique no muestra mucho interés en el tema a excepción de la Corporación Municipal y de un grupo de personas que ha sido contratado para los trabajos previos y durante la construcción de las primeras obras de ingeniería y que hoy se encuentran paralizadas.

Mientras Wilmer Alonzo Herrera exterioriza su rechazo a la explotación del río, por considerar que es su vida, la de su familia y la de sus vecinos, existe un posicionamiento firme por parte de los trabajadores de Progelsa que viven en la comunidad de Mulhuaca, Lepaterique para que se les permita regresar a trabajar al proyecto.

Empresa SERMACO, encargada de las obras civiles, obtuvo permiso de la secretaría de Defensa para usar dinamitas en los cerros del cauce

Efectos en el medio ambiente

En agosto de 2017 los pobladores de Reitoca denunciaron en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente que la empresa Progelsa había causado daños al agua porque los peces se estaban muriendo y el color del agua se había tornado oscura y con sedimento. A casi tres años de la denuncia, la Fiscalía no ha respondido a la queja.

La versión de los pobladores, que se evidenció con fotografías de la mortandad de peces, podría tener lógica con la explosión de dinamitas que realizó la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO), ejecutora de las obras civiles del proyecto.  El 26 de mayo de 2017 el secretario de Defensa Fredy Santiago Díaz Zelaya autorizó a SERMACO para la compra local y directa en la Armería y el traslado, almacenaje, manipuleo y uso de material explosivo comercial.

Producto de las explosiones, que se extendieron por al menos dos kilómetros y en un radio de menos de cien metros, las aguas fueron soterradas, provocando sedimento, la razón que explica la muerte masiva de los peces.

El color del agua oscureció, los peces se murieron, y el nivel de las aguas disminuyó sustancialmente. “Fue alarmante, sentimos que el río de un solo bajó”, dijo Orlando Rodas, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, quien se dedica a la ejecución de proyectos de riego agrícola.

Al iniciar la obra la constructora dinamitó los cerros que están en el cauce del río y la tierra cayó en las aguas, lo que provocó una disminución en el caudal. “Por esa razón es que ahora corre menos agua”, relata Magdaleno Flores, coordinador del Consejo Indígena Lenca.

Para la construcción de la cortina el río fue desviado por un túnel lo que ha provocado disminución del cauce natural. La imagen muestra además parte de las zonas donde la empresa SERMACO utilizó dinamitas.

Las explosiones sirvieron para adecuar las paredes del río y construir la cortina y la sala de máquinas para dos turbinas. Para efectuar estos trabajos SERMACO construyó un túnel para desviar el agua lo que, a juicio del biólogo e investigador, Héctor Portillo, provocó sin duda alguna un impacto negativo en el cauce y en la vida acuática del río.

El túnel, que ha servido para desviar el agua, ha provocado la disminución del caudal del río y con ello la pérdida de las especies acuáticas, especialmente la de los peces.

Históricamente la pesca ha sido una de las actividades de sobrevivencia de la población de Reitoca al igual que la siembra de granos básicos, maíz y frijoles. Sin, embargo, después del incidente de 2017 ya casi no se encuentran peces. “Antes había chacalín, mano carrizo, cacarica, ilama, pega (…) el guapote ya días no lo veo, camarón grande, también había”, manifestó con nostalgia, Andony Ruiz.

Andony, un joven activista social y miembro del Comité de Protección Reitoca y del Consejo Indígena Lenca, echa de menos las manadas de aves que antes se miraban a las orillas del río, entre ellas, golondrinas y zorzales, las que, a su juicio, están desapareciendo.

La percepción de Andony no se aleja de la realidad, pues según el biólogo e investigador, Héctor Portillo, el embalse disminuirá el caudal del río y con ello se afectará el agua para consumo humano y la utilizada para la irrigación. “Va teniendo un efecto negativo en las comunidades cercanas y en la vida acuática, especialmente en los peces”, enfatizó el profesional de la biología al explicar sobre los efectos causados por la represa construida en el río. 

Previó a la etapa de construcción del proyecto, en febrero de 2016, Progelsa contrató a especialistas en zoología y botánica para que realizarán un estudio de caracterización de flora y fauna. En la investigación de campo de la flora se encontró 66 especies diseminadas en bosque de galería, matorral y bosque latifoliado. Entre las variedades se encontró siguapate, macuelizo, cortés, piñuela, indio desnudo, guarumo, berberilla, chaparro, barba de jolote, zarza, guama, chaperno, quebracho, toble, chichicastón, laurel, nance, pochote, sirín, caoba, higo, capulín, uva, cera, guayabillo, manzanita, cagalera, cordoncillo, pimientillo, cafecillo, limoncillo, aceituno, pene de chacho, guácimo, capulín, cinco negritos, escoba, chivo, brujo, mango, flor de mayo, suyate, siguapate y zarza.

La flora en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón está dividida, según los especialistas en botánica contratados por Progelsa, de la siguiente manera: 38 % de árboles, 38 % de arbustos, 22 % de hierbas y 2 % de gramíneas.

Como parte de la fauna se encontró varias especies de acuáticos, mamíferos, reptiles, aves, entre estas: lagartija espinosa, lagartija, ranita de charco, garrobo y no se descartó la existencia de serpientes venenosas como cascabel, tamagás y coral.

Se encontró además 19 especies de aves, entre ellas: garza tigre, coa, martín pescador, viudita de río, paloma alas blancas, lechucita, guardabarranco, pájaro carpintero, urraca, cerenqueque, sacude colchón, cucarachero, zorzal, saltador grisáceo, saltador cabeza negra, chorcha, chipe rufo, vireo cabeza azul.

En los mamíferos se encontró: ratón orejón alpinista, mapache, nutria o perrito de agua, murciélago frugívoro, murciélago vampiro y ardilla común y la variedad de peces: guapote, bagre de río, bubucha, congo, mojarra, machaca y podrido.

El estudio estableció que en el área del embalse y en los desfiladeros de la orilla del río, se encontraron esporádicamente sitios utilizados para anidar, así como determinadas rocas para percheo, que al hacer el llenado del embalse quedarán inundados.

El informe hizo alusión a la necesidad de aplicar planes de salvamento para la flora que sería afectada con la construcción del proyecto y advirtió que existía la probabilidad que, durante la construcción de la cortina del embalse, se emitieran residuos que afectarían de forma directa e indirecta el desarrollo de las especies herpetofauna, específicamente anfibios, lo que causaría un impacto negativo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de mitigación.

Rafael Zelaya, un veterano poblador de Reitoca y protector del medio ambiente, lamenta que el proyecto hidroeléctrico haya causado daños a la flora y fauna, especialmente en las comunidades de Agua Caliente, Reitoca Centro, Paso de Lejas, El Rebalse, Agua Blanca y Santa Cruz.

El área del proyecto se caracteriza por tener bosque húmedo subtropical,  y según la clasificación de Holdrige, este bioclima se caracteriza porque se extiende desde los 700 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Su cobertura vegetal está constituida principalmente por especies de coníferas y hoja ancha en diferentes etapas de sucesión, siendo el pino la especie que mejor identifica este ecosistema.

Al emitir la resolución sobre la licencia ambiental, la SERNA hizo hincapié en el informe y dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) número 642-2011 del 12 de octubre de 2011, mediante el cual se certificó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra fuera de cualquier área protegida, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).

Aunque no se encuentre en de área de influencia de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena, el Río Reitoca o Petacón se encuentra en la parte baja y drena al embalse “José Cecilio del Valle” en la región sur del país (Moramulca), con una capacidad de embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua. Esta represa de uso múltiple abastece de agua a 100 mil familias de los cuatro municipios que se encuentran en la cuenca baja del Río Nacaome: San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle.

La microcuenca del Río Petacón limita al norte con la microcuenca del Río El Limón y el Cerro de Hule y Cerro Verde; al oeste con la Montaña El Cimarrón y la Montaña Cimartagua, y al este con las microcuencas de los ríos Saracarán y El Común el Cerro El Cimarrón.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/hidroelectrica-en-rio-petacon-socava-ecosistema-de-reitoca/

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega II

Río Petacón

Hidroeléctrica Petacón y la cacería de los ambientalistas lencas

Gobierno otorgó licencia sin consultar proyecto con comunidades 

Funcionarios del gobierno se han confabulado con inversionistas para criminalizar a defensores del río

Estructura militar y policial al servicio de ejecutores del proyecto 

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

TEGUCIGALPA. –UN PROYECTO QUE PROMETIÓ PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y GENERAR DESARROLLO EN LA POBLACIÓN, HA CONFRONTADO A DOS EMPOBRECIDAS COMUNIDADES, UBICADAS EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS DONDE LA IMPOSICIÓN HA SIDO EL PRINCIPAL INGREDIENTE

La instalación del proyecto hidroeléctrico del Río Petacón en los municipios de Reitoca y Lepaterique, Franciso Morazán, por parte de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha ocasionado una serie de violaciones de derechos humanos las que han tenido la participación directa de funcionarios del Estado y de las fuerzas militares y policiales.

El comportamiento estatal ha dejado al descubierto la protección para con los grupos de poder, en este caso representados por el empresario Jack Arévalo Fuentes, ideólogo de la hidroeléctrica y la criminalización de la defensa de los recursos naturales a manos de las indígenas lencas.

El conflicto ha provocado ataques violentos por parte de la Fuerza Militar, que el 30 de enero de 2018 hirió de bala a dos pobladores de Reitoca. Asimismo, la Policía Nacional y Cobras hirieron de bala a otro poblador el 24 de abril de 2019, y por otro lado la justicia judicializó en octubre de 2019 a dos defensores del medio ambiente.

El principal agravante se registró desde el momento en que el exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, otorgó el 24 de mayo de 2011, la licencia ambiental sin una previa socialización y por ende consulta con las comunidades donde se ubica el proyecto diseñado para la generación de 14.8 MW de energía.

Laínez Ordóñez fue acusado en diciembre de 2018, pero en marzo de 2019 el Juzgado Penal de Francisco Morazán dictó sobreseimiento definitivo a su favor, pese a que el dilema por la violación al proceso ambiental sigue sin resolverse, pues el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.

El río Petacón fue concesionado por 50 años a la empresa Progelsa para la instalación de un proyecto hidroeléctrico con una capacidad instalada de 14.8 MW

De acuerdo con la legislación nacional, antes de emitir la licencia, las autoridades ambientales debieron cerciorarse de que el proponente del proyecto había realizado un cabildo abierto con las alcaldías y la población de Lepaterique y Reitoca y esto se reafirma en el dictamen número 007-2013 emitido por la Comisión Nacional de Energía que refiere que la empresa Progelsa no presentó las certificaciones que avalen la socialización con el municipio de Reitoca e incluso menciona al municipio de Curarán. La única certificación presentada fue la socialización con Lepaterique.

Asimismo, una constancia extendida el 1 de septiembre de 2017 por el alcalde por ley de Reitoca, Modesto Funez Santos, establece que la empresa no socializó ni tampoco realizó la consulta ni efectuó cabildos abiertos para tratar temas relacionados a la construcción del proyecto hidroeléctrico y señala además que la corporación municipal no autorizó el permiso de construcción y operación, ni aperturas de carretera en el municipio.

En virtud de que el proyecto se encuentra en territorio lenca, también se registró la violación al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que establece la consulta libre, previa e informada para las decisiones relacionadas a las prioridades de los pueblos originarios y que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

José Manuel Rodas, un hombre de 80 años, quien es tesorero del grupo lenca “Nueva Esperanza”, asegura ser un auténtico lenca por haber nacido en un territorio de influencia ancestral lenca, descendientes del indio Lempira.

El Consejo Indígena Lenca asegura que Reitoca es territorio Lenca y por lo tanto denuncia violación a su derecho de autodeterminación porque no se les consultó previo a la instalación del proyecto. De su lado la empresa Progelsa asegura que la zona no tiene influencia indígena, porque así lo determinó un grupo de pobladores para lo cual extendieron una nota, misma que ha servido de argumento para alegar que no existe la obligatoriedad para realizar la consulta.

Leer investigación completa aquí https://criterio.hn/hidroelectrica-petacon-y-la-caceria-de-los-ambientalistas-lencas/

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

MADJ invita a quienes defienden derechos humanos en Honduras a sumarse para exigir poder #CircularparaDefender

Integrante de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de distintos territorios del país, el 1 de mayo presentaron una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales nos están siendo violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

Solicitaron que los decretos PCM 021-2020 y todas sus prórrogas no les sean aplicables y las autoridades se abstengan de obstaculizar nuestras labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.


A fin de asegurar que la Sala resuelva de manera favorable y conforme a los estándares internacionales está invitando a las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a las exigencias planteadas de las dos formas siguientes:

  1. A organizaciones y colectivos de personas dedicadas a la labor de defensa de derechos humanos nacionales a suscribir la acción de amparo y presentarlo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
    – El amparo puede ser descargado en formato Word dando click aquí.
    – Una vez completado enviar/remitirlo en formato PDF a la Sala de la Constitucional a través del correo electrónico calmendares@poderjudicial.gob.hn; adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.
  2. A las organizaciones nacionales e internacionales, les invita a suscribir la carta modelo dirigida a la Sala de lo Constitucional respaldando las peticiones del amparo y la necesidad de que quienes defendemos derechos humanos en Honduras no seamos objetos de restricciones indebidas a nuestra labor. La carta puede ser descargada dando clik aquí y también la encontrarán adjunta a esta comunicación. Una vez firmada remitirla a los correos electrónicos calmendares@poderjudicial.gob.hnrhercules@poderjudicial.gob.hn,  adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.  

En este contexto, es urgente y necesario combatir el virus de la corrupción e impunidad y la represión policial y militar en contra de la población que enfrenta la cara más agresiva de la pandemia, que es el hambre y la desidia.

Los impedimentos a la labor de quienes defienden derechos humanos forma parte del pacto y escenario de impunidad que quieren garantizarse quienes continúan saqueando Honduras.

MADJ pide amparo para realizar su labor de defensoría de derechos humanos

(San Pedro Sula, Honduras, 1 de mayo, 2020) Integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de distintos territorios del país, presentaron este día un acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales consideran violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

En el escrito señalan que la fundamental labor de defensa de derechos humanos que desarrollan los defensores y defensoras se ha visto limitada de manera absoluta por las restricciones indebidas impuestas por la Presidencia de la República, ocupada por Juan Orlando Hernández, quien a través del PCM 021-2020 y sus prórrogas ha excluido de las excepciones a quienes defienden derechos humanos, sin embargo, irónicamente ha priorizado incluso a sectores como el ferretero, de construcción y otros.

Para el MADJ esta situación es de mucha mayor gravedad puesto que a la fecha son múltiples las violaciones de derechos humanos que se registran en el país en el marco de la pandemia, entre ellas represiones policiales y militares, e incluso la muerte violenta de una persona en medio de un retén policial en Omoa, Cortés y en ese contexto, el impedimento a los y las defensoras de realizar su labor forma parte del pacto de impunidad en medio del cual están consumando una serie de actos altamente lesivos para la población hondureña.

Señalan que estas restricciones indebidas son completamente contrarias a lo señalado por los organismos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y universal, los cuales mediante disposiciones adoptadas en el marco de la pandemia refieren que los Estados deben “garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia” “que deben preverse exenciones para los y las agentes de la sociedad civil, en particular quienes vigilan los derechos humanos.”

El MADJ señala también en el escrito que organismos internacionales afirman que no pueden obviarse los abusos a que puede dar lugar la suspensión de garantías, y a los que “de hecho ha dado en nuestro hemisferio la aplicación de medidas de excepción”, de esto que la labor de vigilancia, protección, documentación y denuncia de los defensores y defensoras es fundamental, y solo podrán realizarlas sin las restricciones a su derecho a circular.

Por tanto, solicitaron una serie de medidas cautelares entre ellas la declaración de inaplicabilidad de la suspensión del derecho de libertad de circulación en el marco del estado de emergencia declarado ante la crisis sanitaria producida por el Covid-19, enviar oficio al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional Preventiva, Fuerzas Armadas, Secretarías de Estado y municipalidades para que se abstengan de obstaculizar sus labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.

En un Estado democrático, es inadmisible que no pueda defenderse derechos, máxime cuando hay tanta corrupción, discriminación y abusos policiales y militares como sucede en Honduras.

Asesinado en un basurero encuentran a líder campesino que había sido raptado en Colón, Honduras.

Marco Tulio Cruz Cruz es el nombre del líder campesino que fue encontrado asesinado este día en el crematorio municipal de Sonaguera en el departamento de Colón, zona del bajo Aguán en Honduras, territorio en permanente lucha social ante el despojo al que históricamente han sido sometidos sus habitantes.


De acuerdo a la denuncia realizada por defensoras de Derechos Humanos en el bajo Aguán “Hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, sacaron de su vivienda a Marco Tulio Cruz, ante la presencia de su madre, y hermano, el defensor de #DDHH Rigoberto Cruz (a quien golpearon)”, anoche en Sonaguera, Colón.


Durante su vida Marco Tulio luchó junto a sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación de tierras, situación que le llevó a enfrentar violentos desalojos por parte de las autoridades hondureñas cuando él era parte de la empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos. Hace pocos días había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en proceso de recuperación.


El patrón del crimen en contra de Marco Tulio Cruz Cruz se asemeja mucho al que utilizaron los asesinos del indígena y luchador social Milgen Idan Soto Ávila, quien fue raptado y posteriormente asesinado en las montañas de Yoro, su cuerpo fue encontrado enterrado el viernes 27 de septiembre de 2019.


Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenamos el asesinato de los líderes y luchadores sociales de nuestro país, pero además condenamos los patrones de ejecución a los que están siendo sometidas las personas que luchan por los bienes comunes y la defensa del territorio en Honduras.

Reportan desaparición de indígena Tolupán integrante del movimiento amplio en San Francisco Locomapa, Yoro. Honduras

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.

Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.

También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.

Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.

Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.

Absueltos 13 campesinos y campesinas acusados de usurpación en el norte de Honduras.

Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.

Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.

La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado defensor, Pedro Mejía, manifestó Los medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer ninguno de los imputados”.   


En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres personas y además, existen informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.

Y en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de un derecho”.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.

Carta de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de Guapinol

Nosotros y nosotras:

Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y naturales.

Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que valientemente están enfrentando.

A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.

Que condenamos estas acciones de criminalización y penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares  en complicidad con las autoridades hondureñas del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía Nacional.

Repudiamos la actitud servil de las instituciones de nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.

Por el derechos humano al agua

PAJUILES Y GUAPINOL RESISTEN.

¡Hasta la dignidad siempre!

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.