Asesinado en un basurero encuentran a líder campesino que había sido raptado en Colón, Honduras.

Marco Tulio Cruz Cruz es el nombre del líder campesino que fue encontrado asesinado este día en el crematorio municipal de Sonaguera en el departamento de Colón, zona del bajo Aguán en Honduras, territorio en permanente lucha social ante el despojo al que históricamente han sido sometidos sus habitantes.


De acuerdo a la denuncia realizada por defensoras de Derechos Humanos en el bajo Aguán “Hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, sacaron de su vivienda a Marco Tulio Cruz, ante la presencia de su madre, y hermano, el defensor de #DDHH Rigoberto Cruz (a quien golpearon)”, anoche en Sonaguera, Colón.


Durante su vida Marco Tulio luchó junto a sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación de tierras, situación que le llevó a enfrentar violentos desalojos por parte de las autoridades hondureñas cuando él era parte de la empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos. Hace pocos días había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en proceso de recuperación.


El patrón del crimen en contra de Marco Tulio Cruz Cruz se asemeja mucho al que utilizaron los asesinos del indígena y luchador social Milgen Idan Soto Ávila, quien fue raptado y posteriormente asesinado en las montañas de Yoro, su cuerpo fue encontrado enterrado el viernes 27 de septiembre de 2019.


Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenamos el asesinato de los líderes y luchadores sociales de nuestro país, pero además condenamos los patrones de ejecución a los que están siendo sometidas las personas que luchan por los bienes comunes y la defensa del territorio en Honduras.

Reportan desaparición de indígena Tolupán integrante del movimiento amplio en San Francisco Locomapa, Yoro. Honduras

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.

Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.

También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.

Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.

Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.

Absueltos 13 campesinos y campesinas acusados de usurpación en el norte de Honduras.

Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.

Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.

La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado defensor, Pedro Mejía, manifestó Los medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer ninguno de los imputados”.   


En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres personas y además, existen informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.

Y en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de un derecho”.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.

Carta de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de Guapinol

Nosotros y nosotras:

Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y naturales.

Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que valientemente están enfrentando.

A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.

Que condenamos estas acciones de criminalización y penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares  en complicidad con las autoridades hondureñas del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía Nacional.

Repudiamos la actitud servil de las instituciones de nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.

Por el derechos humano al agua

PAJUILES Y GUAPINOL RESISTEN.

¡Hasta la dignidad siempre!

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.

Alborotada y desbordada impunidad de los corruptos en Honduras

ANTE LA  CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN  Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:

Ante las resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de ¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha contra la corrupción y acentúa la impunidad  en el país,  desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.

1. Nada más indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa afirmación es insana, acrítica e irracional.

2. En el caso de “Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes, juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula, los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.

3. La reiterada perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre y ruindad cada vez más visible del actual régimen.

4. Los corruptos no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles; entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y el eterno saqueo de la riqueza nuestra.

5. Frente a esta realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre implica violencia.

La radicalidad implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos turismo político y social.

La radicalidad implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.

6. La radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el número de posibles años de condena para Rosa),  jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche jurídico y sobre todo social y humano.

7. El país y la sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso, inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente, fundarla nuevamente a cualquier costo.

8. Después de conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del crimen organizado hecho gobierno.

9. Además, exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el erario público.

10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.

22 de Agosto de 2019.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!