Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado
Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.
Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para:
Enfrentar y rechazar una abusiva acusaciónpresentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas.
Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.
En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.
“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.
Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.
Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.
Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:
El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.
Junta Proponente para la Selección de Nómina de Candidatos y Candidatas a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto Tegucigalpa, 21 de julio
El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), la Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH) y Abogados sin Fronteras Canadá, como organizaciones sociales legalmente registradas en Honduras y con mandatos relativos a la plena realización de los derechos humanos en el país, nos dirigimos a ustedes en seguimiento a la comunicación pública de la lista de candidatos que han superado la fase de tachas, y, en particular a la situación del Fiscal Luis Javier Santos.
Las observaciones formuladas respecto a la situación del fiscal Luis Javier Santos, vienen ligadas a la existencia de una denuncia contra él por parte de la Procuraduría General de la República en relación con el caso Jeannete Kawas, donde el Fiscal Santos fue el único fiscal que logró orden de captura contra uno de los perpetradores del asesinato de la ambientalista. . Habiendo transcurrido más de 10 años desde el inicio de tal proceso, a la fecha el mismo no sólo carece de resolución, sino que se encuentra en sus primeras etapas de tramitación no habiendo sido siquiera emplazado para contestar la demanda el Fiscal Luis Javier Santos hasta el momento, lo que limita sus posibilidades de conocer de la acción y ejercer su derecho de defensa. En dicho expediente, más allá del cambio de representantes legales, la procuraduría no ha realizado ninguna acción de impulso procesal desde 2016 para emplazar a ningún otro demandado.
Dicha inusual duración del proceso no puede justificarse razonablemente en la complejidad de la causa o en la conducta procesal del investigado, constituyendo una demora principalmente atribuible a la actuación estatal.
Siendo el factor temporal un elemento clave de la garantía del debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el proceso iniciado contra el abogado. Luis Javier Santos podría representar una conculcación al derecho a una justicia pronta y eficaz reconocido por normas como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Honduras hace propias y ha incorporado a su derecho interno.
Consideramos igualmente relevante para la valoración de la prolongada tramitación de la causa y, en último término, de su propia existencia, tomar en consideración las funciones de lucha contra la corrupción que viene desempeñando el fiscal Luis Javier Santos, como director de la UFERCO.
Los defensores de derechos humanos y operadores de justicia que luchan contra la corrupción son frecuentemente objeto de procesos legales, incluyendo procesos penales, como lo han advertido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. Tales situaciones persiguen intimidarles y disuadirles del desarrollo de sus funciones y son frecuentemente realizadas por actores estatales o sus propios pares con el objeto de controlar su actuación, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
«Estos actos de violencia frente a los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción de estos operadores y operadoras de justicia, son utilizados como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos«.
Como lo demuestra la experiencia de Guatemala, operadores de justicia que han asumido responsabilidades similares a las asumidas por el señor Luis Javier Santos en Honduras , han sido objeto de diferentes amenazas y represalias. Como parte de las mismas, se incluyen el uso indebido de recursos y herramientas legales como requerimientos, procedimientos disciplinarios y solicitudes de habeas corpus… , tal y como lo constató el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos.
La ausencia de cualquier resolución de fondo en la denuncia, la demora excepcional de su tramitación y la imposibilidad de poder testimoniar y ejercer su derecho de defensa en la misma por más de diez años, podrían llegar a constituir irregularidades relevantes que afecten la legitimidad de la misma y sugerir su naturaleza instrumental y política como herramienta de presión contra el abogado Luis Javier Santos por su actuación como fiscal responsable de la principal unidad de combate a la corrupción organizada en el país.
Ante tales circunstancias, y dado el riesgo que de que la exclusión del proceso del fiscal Luis Javier Santos represente una afectación grave irreparable no sólo a sus derechos a la presunción de inocencia y ocupar posiciones públicas sino, además, al derecho de la sociedad a contar con funcionarios públicos elegidos en función de mérito y por procesos transparentes.
Como organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos la reconsideración de la decisión relativa a la continuidad del fiscal Luis Javier Santos en el proceso de selección para la Fiscalía General de la República.
Fdo: Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH): Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD); Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Bufete Justicia para los Pueblos (BJP); Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH); Abogados sin Fronteras Canadá
CC: Isabel Albadalejo, Representante en Honduras de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos; y Comisión interamericana de derechos humanos
A cada sector social que intervendrá en el proceso de selección del nuevo Fiscal General
A las comunidades, mujeres y colectividades que luchan por sus derechos
A la ciudadanía en general
A los medios de comunicación
¿Por qué presentamos esta propuesta? Un 14 de mayo de 2008, después de 38 días de una histórica huelga de hambre, un pequeño grupo de fiscales, acompañados por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, levantamos nuestras carpas de resistencia pacífica en los bajos del Congreso Nacional con el compromiso público de “convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política y sus compromisos con la corrupción, el sometimiento de la institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y arbitrariedades (Proclama Fundacional del MADJ)”. Aquella fecha suspendimos nuestra huelga con dos compromisos arrancados a esa clase política: el decreto orientado a la investigación y suspensión del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista y del Fiscal General Adjunto Omar Cerna (ambos de nefasto paso por esa institución), y el decreto orientado a conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del Ministerio Público y la revisión de los expedientes que vinculaban a altos personajes de nuestro país con casos precisos de corrupción pública.
Ninguno de esos acuerdos se cumplió. A Rosa Bautista no se le investigó, sino que se le premió con un cargo diplomático en el exterior, las comisiones nunca se integraron, pese a que la revisión de los expedientes ratificó la impunidad de la élite corrupta y sus intermediarios. Bien sabíamos cuando finalizamos nuestra huelga que la mayoría de los instrumentos jurídicos a los que la clase política se compromete los manipula y termina desconociendo para continuar traficando con las necesidades de nuestro pueblo. Lo que, si se cumplió, porque era nuestra voluntad y convicción, fue que finalizado el ayuno de la dignidad se iniciaría otra fase de resistencia ciudadana organizada contra los enemigos de la patria, contra los que la entregan al capital extractivista, contra los saqueadores de la empresa pública, los que endeudan al país para robar y manipular el presupuesto nacional, los que destruyen nuestra riqueza ambiental y los que impiden este sueño de contar con un verdadero Estado de Derecho. Con el entusiasmo del sacrificio cívico y aupados con la solidaridad de nuestro pueblo, que hizo suya la huelga y el despertar de la lucha colectiva contra la corrupción, el 24 de mayo de ese mismo año fundamos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y aprobamos la estrategia a seguir en contra de la corrupción y por la transformación del Ministerio Público. Ahora, 15 años después, las y los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y del Bufete Estudios para la Dignidad, nos dirigimos al gobierno que encabeza la Presidenta Xiomara Castro para que, respetando el Estado constitucional de derecho, aproveche la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía para iniciar una transformación completa del Ministerio Público (MP), como piedra angular contra la corrupción y la impunidad. Lo que tiene en sus manos la mandataria es una de las principales instituciones – herramienta para refundar el país, sin embargo, seguramente se encuentra ante una paradoja histórica: ¿avanzaremos o retrocederemos como país? Caer en la tentación política de siempre volviendo partidario un tema de interés nacional sería dar la espalda a las esperanzas de justicia de la población. La tarea de reforma o refundación profunda y gradual debe comenzar ahora porque el desafío de reconstruir el MP es colosal. En los últimos 15 años la situación del país empeoró y el Ministerio Público no fue la excepción. Todo lo contrario, el MP se convirtió en una especie de “respaldo legal del retroceso y del abuso en contra del país. Rosa Bautista terminó su período en marzo de 2009, poco antes de que se perpetrará el golpe de Estado, y fue reemplazado por Luis Alberto Rubí quien tuvo que renunciar en 2013 tras señalamientos de incompetencia y otras irregularidades graves que no fueron reveladas. El descalabro interno que anticipamos en 2008 llegó a tal extremo que hasta los propios diputados/as ordenaron la intervención del Ministerio Público preparando condiciones para el posterior nombramiento en 2014 de Oscar Fernando Chinchilla; reelecto arbitrariamente en 2018 sin haber participado en el proceso de nominación de candidatos. Hoy día el MP es una institución totalmente divorciada de la sociedad a la que por mandato legal le corresponde representar. ¿Qué pasó con el MP estos años? ¿Cómo y en base a qué se eligen los fiscales?
Pese a que legalmente corresponde al Congreso Nacionalelegir al Fiscal General y su Adjunto con el voto de las dos terceras partes del pleno y en base a una lista de cinco candidaturas definidas por una Junta Proponente, lo cierto es que la verdadera selección de los favorecidos se da en una “misa negra” de los principales partidos políticos que negocian el reparto de cargos como si de un botín se tratara y en el caso del MP, la negociación es a partir de la dimensión de la impunidad que necesitan los partidos y sus financiadores. Con esa práctica tradicional, el daño causado al país por las élites de poder a través de sus instrumentos políticos, jurídicos, represivos y mediáticos es incalculable e inimaginable. Nos costará varias generaciones de hondureños y hondureñas reponernos si logramos ponerle un alto. La situación empeoró a partir del golpe de Estado de 2009 cuando se hizo descarado el desinterés oficial para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia. El Ministerio Público en lugar de fortalecido fue deliberadamente debilitado y coptado. Los fiscales generales, salvo en los primeros años de la institución, siempre cumplieron creativamente su papel de “normalizar el abuso y la corrupción”, que las cosas sigan como siempre han sido o debilitar los mecanismos de lucha contra la corrupción cuando no han podido evitarlo por la presión popular e internacional. Los gobiernos, incluso en las pocas ocasiones que cedieron ante la presión popular fue por breve tiempo, su consigna ha sido siempre la de sabotear cualquier avance. En enero del 2020, para el caso, el gobierno de Juan Orlando Hernández cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) establecida en 2016 luego de las intensas jornadas de movilización de la ciudadanía indignada. La MACCIH, con todas sus limitaciones, era demasiado peligrosa para la clase política. La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios que integraban redes de corrupción, pero no tuvo aliento de más y su corta existencia no dio lugar a reformas estructurales y duraderas, ni a sentencias firmes contra los inculpados. La MACCIH fue liquidada de común acuerdo entre los políticos hondureños y de la región para desmontar el sistema de lucha contra la corrupción que no habían podido evitar. Propuestas complementarias de reforma del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la reforma para incorporar la Ley de colaboración eficaz cayeron al vacío. En contraste, se sustrajeron facultades de iniciativa acusatoria al Ministerio Público para traspasarlas al TSC y blindar de impunidad a los corruptos. Así se explica el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los implicados en el Caso Pandora (y prácticamente a todos los acusados por la UFECIC) que habían sido investigados por la MACCIH por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. ¿De cuánto fue el fraude que quedó impune? Lo que trascendió fueron 282 millones 116 mil 175 lempiras. A nivel de recursos, la cifra no es tan atractiva, pero sentir que es posible seguir los rastros de corrupción de presidentes, primeras damas, hermanos de presidentes, diputados(as), alcaldes, empresarios y políticos que se creían intocables, esa fue la verdadera ganancia. Concretamente, la lección que dejó ese caso, como tantos otros, entre ellos el de la ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla de Lobo o el de Marco Bográn ((Invest-H), responsable directo de la compra fraudulenta de hospitales móviles en plena pandemia del Covid-19, es que a los corruptos les resulta barato delinquir en Honduras. Pueden entrar y salir de la cárcel cuándo se les antoja, si es que llegan a ser condenados. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son constantes, sigue siendo en gran medida ineficaz. No extrañe que aún bajo el actual gobierno el crimen organizado continúe afectando a la sociedad hondureña y obligue a miles de personas a abandonar el país víctimas de desplazamientos forzados. Tanto se ha “institucionalizado” el abuso de poder que los mismos jueces cuando son honrados se vuelven blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo o por particulares que tienen vínculos con el gobierno y el crimen organizado. En suma: La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Pasan los años y el acceso a la justicia es un bien público que se le niega a la mayoría de nuestro pueblo, como lo confirmamos una y otra vez en el MADJ en territorios, comunidades y colectivos que desde la defensa de sus propios derechos humanos, naturales y territoriales se sacrifican para que sus tierras, modos y formas de vida cotidiana no desaparezcan. Cada año desde la fundación del MADJ hemos confirmado el grave deterioro de la institucionalidad pública, particularmente el de un Ministerio Público que representa cualquier interés, menos el de la población. La experiencia de trabajo con el MP nos ha revelado la existencia de fiscales racistas y clasistas, que en lugar de representar los intereses de la población defienden los intereses de empresas, empresarios y hasta del crimen organizado; tenemos fiscales que se niegan a recibir denuncias para evitarles conflictos a los sectores económicos y políticos del país, que utilizan los medios y recursos de estos sectores corruptos para realizar las “diligencias” que se ocupan en el caso… tenemos fiscales en los territorios que terminan siendo “potentados” por ser los “tramitadores de la impunidad para estos sectores. Todo esto ha reforzado este Estado autoritario que ha hecho uso de toda una serie de mecanismos jurídicos y punitivos para intentar doblegar la resistencia popular y que a través de instituciones claves como el Ministerio Público renueva y fortalece la ilegalidad en Honduras. La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones Es manipulando la institucionalidad que un reducido grupo de personas toma decisiones de manera cerrada, imponiendo, por ejemplo, actividades extractivas y megaproyectos, como la minería, la agricultura industrial o la explotación de reservas naturales que nos conducen de manera acelerada a una crisis ambiental, hídrica y social nacional. Haber corrompido a la Institucionalidad del Ministerio Público deja un saldo en nuestro país de grave impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. En el aparato estatal y, particularmente, en el sistema de justicia del país, el Ministerio Público es un pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho, combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Para cumplir con su papel dentro del armazón estatal es fundamental que la institución goce de independencia política y es precisamente la ausencia de ella la que ha promovido que esta institucionalidad defienda intereses radicalmente contrarios a sus propósitos de creación. El artículo 1 de la ley del Ministerio Público establece que: “es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 1. Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; 2. Colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública; 3. Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes; 4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5. Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público. así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; y, 6. Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos”. Ojalá el artículo 1 se cumpliera al menos en 50% de su contenido, pero lamentablemente no es así. En el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto en la sociedad, y eso es lo que precisamente ocurre con la ley orgánica del Ministerio Público. La norma que aprobaron los diputados es válida, pero quedó pendiente que se cumpliera. El MP surgió en una coyuntura particular y contradictoria. Por una parte, cuando se aprobó en 1993 en la gran mayoría de los países latinoamericanos hubo un gran movimiento de reforma de la justicia penal, sea a través de disposiciones constitucionales o de leyes orgánicas. La llamada “modernización del Estado” pretendía dejar atrás la década de los 80, caracterizada por gobiernos que ejercieron su autoridad sobre la base de la ilegalidad y la garantía de la impunidad. Sin embargo, esa tendencia que parecía democrática se enmarcó en un contexto de imposición de políticas neoliberales y pronto se advirtió que los mismos políticos que crearon el Ministerio Público se encargaron de promover su mal funcionamiento, ineficiencia y corrupción. La reconstrucción del MP, 30 años después de su fundación Es decir que todo el entusiasmo de la sociedad hondureña, incluso de la comunidad internacional, manifestados en el fuerte apoyo al proceso de creación y desarrollo del Ministerio Público se ha convertido en un espejismo más que se suma la triste trayectoria nacional. Prueba de ello es que más del 90% de los delitos que se cometen quedan impunes, pese a que se han destinado entre 1995 y el 2023, según los informes de SEFIN, cerca de 27 mil millones de lempiras para que cumpla con su función. Del prometedor inicio del MP bajo la conducción del abogado Edmundo Orellana Mercado, acompañado de jóvenes y entusiastas fiscales, ya queda poco. Por supuesto siempre hay fiscales e investigadores honestos y valientes que se esfuerzan por cumplir su trabajo, pero no tienen ni el debido respaldo ni la sostenibilidad que necesitan para hacer lo que se proponen. Hoy, en una nueva coyuntura política, cuando gobierna una Presidenta que promete la refundación del país, surge la necesidad de reformar el Ministerio Público para revertir su deterioro y canalizar ese reclamo social de cambio. Siempre se han conocido cuáles deben ser los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas y debilidades, pero, reiteramos, no ha existido nunca la voluntad política necesaria para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato, como la UFERCO y otras fiscalías aisladas. El manoseo y asedio político partidario de los grupos de interés por controlar la institución ha sido permanente y, lamentablemente, en la actualidad se repite con la próxima elección del Fiscal General y de su Fiscal Adjunto. La base de las negociaciones entre cúpulas políticas no sólo deslegitima el proceso de nominación y elección, sino que ignora totalmente el abordaje permanente de la crisis que mina la credibilidad del sector justicia. ¿Qué dejará como herencia institucional Chinchilla? los últimos estudios realizados acerca de la percepción que tiene la población sobre las instituciones del Estado, lo ubican en niveles de descrédito iguales a viejas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros, sobre todo por ser entidades que se han prestado a la corrupción institucionalizada, especialmente en el caso de JOH y su estructura criminal institucionalizada.
Nuestra propuesta de reforma Lo que nos preguntamos es si el gobierno cree en la necesidad detransformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, como una garantía de impunidad …. Lo que nos preguntamos es si el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro cree en la necesidad de transformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, igual que administraciones anteriores que lo tenían como una garantía de impunidad y un instrumento de persecución política por la vía judicial. En el MADJ tenemos claro que como ciudadanía organizada no podemos sentarnos a esperar que hará la Presidenta Castro, el Congreso Nacional y el resto de la institucionalidad del Estado, así que asumimos nuestra responsabilidad de proponer elementos básicos a tomar en cuenta para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Para el MADJ los componentes más importantes de la propuesta ciudadana giran en torno a nueve ejes fundamentales:
La autonomía política o independencia del Fiscal General y su Adjunto para que no estén sometidos a los dictados de quienes los eligen y no arrastren en su docilidad a toda la institución. Por supuesto, la autonomía política del fiscal debe acompañarse de contrapesos que lo fiscalicen. Quien controla el aparato de persecución criminal debe rendir cuentas. Esta debe ser la cualidad más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. De hecho, la confianza que la ciudadanía le acreditó en sus primeros años de existencia tenía su fundamento precisamente en que se apreciaba la libertad y determinación institucional de perseguir al criminal, indistintamente de su poder político y/o económico; sin embargo, poco a poco ese ímpetu se fue diluyendo y las dudas sobre la independencia del Ministerio Publico han sido evidentes cuando por la vía del desistimiento y desde la dirección superior de la institución se ha facilitado la impunidad de decenas de causas penales por delitos de orden público. Para el MADJ, la autonomía e independencia de la Fiscalía es condición indispensable para que haya un sistema procesal justo. La independencia política debe ser garantizada en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia. No se puede concebir el Estado de Derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad. De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos.
Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se requieren modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. La transformación del modelo de investigación será posible sólo si el Ministerio Público recobra absoluta independencia de los entes investigativos y no bajo el actual modelo en el que la Dirección Policial de Investigación está fundamentalmente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, quien determina sus prioridades, sus funcionarios e históricamente invierte menos dinero en esta dirección en relación con los otros entes policiales que poco suman a una investigación criminal competente para fundamentar los requerimientos fiscales. Garantizar la Independencia… el reto principal del Ministerio Público
Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos competentes y comprometidos con la justicia, así como dotarles de los mecanismos legales, capacitación técnica desde la perspectiva de los derechos humanos y recursos financieros para cumplir su labor. En atención al principio de independencia política, en su dimensión individual, Ddemandamos respeto absoluto por la independencia de criterio profesional técnico jurídico de cada fiscal en todo el país, según manda la ley orgánica de la institución. No puede proseguir, por ejemplo, que sea el Director General de Fiscales quien decida qué caso seguir o cuál no. Como lo ha reiterado la Asociación de Fiscales en diferentes ocasiones, lo único que debe determinar una investigación es si el comportamiento de los señalados entraña una transgresión a la ley y con ello una afectación a los intereses generales de la sociedad a la cual representa y defiende el Ministerio Público. En definitiva, el único compromiso y la única relación de dependencia que inexorablemente debe asumir la institución, es con la Constitución y las Leyes de la República. Mención especial merece la necesidad de reforzar a corto plazo las fiscalías “especiales”, que incluyen, entre otras, la del Medioambiente, de Derechos Humanos, de Protección a la Niñez y Adolescencia, de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor, de Protección a la Mujer, de Protección a la Etnias y al Patrimonio Cultural, de Periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, de Transparencia y combate a la corrupción, de Defensa de la Constitución, de Enjuiciamiento de los servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial de Impugnaciones. De la mayoría de ellas sólo se sabe que existen, ero no actúan.
La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. Siendo la lucha contra la corrupción uno de los mandatos más importantes que otorga la ley al Ministerio Público, debe ser asumir liderazgo en la persecución de la corrupción en todas sus manifestaciones y la validez de esta aspiración se adquiere en la medida que se empieza a combatir la corrupción a lo interno del Ministerio Público, espacio donde dicho fenómeno criminal, pareciera haber entrado por la puerta más ancha. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP.
Una de las demandas de los fiscales en 2008 y 2009 fue la realización de una auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos de las diversas colectividades, entre ellos los de la diversidad sexual, y los que defienden su derecho a la tierra y al agua. Cada víctima de la represión y del sicariato por defender sus derechos y los de la comunidad son “emblemáticos”, sin importar que su nombre haya figurado o no en los habituales titulares de los medios de prensa. En el MADJ, infortunadamente, tenemos una lista inacabada de mártires populares. Entre los más recientes, para sólo citar un caso: Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en el Aguán. Rivas era el séptimo dirigente agrario ligado a la Plataforma de Lucha asesinado en menos de un año. Por no ser considerados “emblemáticos” e investigados a fondo hasta mandar a los responsables (materiales e intelectuales) a la cárcel es que se sigue derramando sangre inocente. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP
Un sexto eje es disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad, a la cual se le asegura una institución verdaderamente profesional y especializada para la protección y defensa de sus intereses. Para cumplir con este objetivo consideramos necesario que la Ley propuesta contemple la Creación de un órgano autónomo de gobierno y administración encargado de dirigir la selección, los nombramientos, los ascensos y traslados del personal que integra el Ministerio Público y, además, asuma la dirección y aplicación del régimen disciplinario en la institución. Es necesario fortalecer los sistemas de selección de los fiscales, para evitar que la iniciativa siga en manos de grupos corporativos e intereses siniestros. Y, además, garantizar la estabilidad debida a quienes se oponen a los “incentivos” externos que promueven investigaciones ineficaces y sesgadas. Con frecuencia en el MADJ nos topamos con fiscalías que parecen más defensoras de oficio de los violadores de la ley, que de las víctimas. Fortalecer una Carrera Fiscal para la ciudadanía sólo tiene sentido si contribuye a garantizar los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.
Y un séptimo eje es el respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. El respeto y fomento al derecho de los Fiscales a organizarse, a reunirse y a generar opiniones sobre la institución y los grandes problemas del país, debe ser promovido en lugar de reprimido por las autoridades superiores del Ministerio Publico. La cláusula de conciencia no es un derecho privativo a los profesionales de la información, sino que una herramienta que contribuye a garantizar la independencia de criterio en el desempeño de una función profesional. Nos consta, en las conversaciones que tenemos en los juzgados, que muchos fiscales u operadores públicos de justicia actúan penalmente en contra de su propio convencimiento. Eso no puede seguir ocurriendo.
El Ministerio Público debe despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional, como la de ordenar desalojos preventivos, que usurpa funciones del Poder Judicial y que carecen de cualquier control que garantice el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. En la práctica y en muchos casos, estas atribuciones jurisdiccionales de naturaleza totalitaria se traducen en órdenes fiscales de desalojo en perjuicio de cientos de familias campesinas que no han tenido la oportunidad de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia.
Las víctimas deben ser protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Honduras se configura como un Estado de Derecho para garantizar el goce de la justicia a todos sus habitantes y, por ello, los ausentes de justicia, las víctimas, deben ser tratadas con comprensión y respeto a su dignidad, se debe salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y alentar su cooperación; para ello, es preciso diseñar los mecanismos necesarios para suministrarles información suficiente y segura acerca del proceso penal que los vincula, del desarrollo del mismo, del contenido y alcance de las decisiones judiciales, además de garantizar que sus opiniones y solicitudes serán tenidas en cuenta y decididas, sin dilaciones, sobre todo cuando han decidido ser actores del proceso en calidad de acusación privada. No será admisible para el Movimiento Amplio que en la nueva administración política del Ministerio Púbico se continúen con prácticas negatorias del carácter de víctimas como la negación para recibir denuncias o denegar el acceso a expedientes incluso cuando la víctima se ha configurado como acusación privada y, en definitiva, rechazaríamos que se continue menospreciando e ignorando las víctimas al no promover una justicia pronta y efectiva por investigaciones que nunca se ejecutan y transcurren perpetuamente en la impunidad.
¿A dónde queremos llegar con el MP?
Tal como se anticipan los acontecimientos, los políticos tradicionales, cualquiera sea su signo ideológico, están a punto de salirse con la suya en la próxima elección de la cúpula del Ministerio Pública y el país de perder la oportunidad de impulsar la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su reparto político de cargos se consolida, cualquier intento de reconstrucción (no hablemos ya de “refundación”, que es un concepto más profundo) en materia de justicia se debilitaría. En tal sentido como ciudadanía, reclamamos una elección acorde con las necesidades e intereses del país, no de un grupo de intereses privados y corporativos. El que nada debe como político, nada debe temer. De la lucidez con la cual desarrollemos el rol que debe cumplir el Ministerio Público dependerá en gran medida la justicia penal que tendremos.
Señora Presidenta, señores diputados (as) del Congreso Nacional: En este momento clave de país, ustedes sólo tienen dos opciones: convertirse en reformadores del sistema de justicia o legitimadores de la injusticia prevaleciente. No hay más espacio divergente entre el discurso oficial y los hechos. Es hora de pruebas.
Tegucigalpa, Julio de 2023. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Bufete Estudios para la Dignidad
CARTA
Tegucigalpa, Honduras – 12 de julio, 2023 Abogado Félix Coca
Candidato a Fiscal General del Estado Asunto: Remisión de propuestas de cambio a la institucionalidad del Ministerio Público
Abogado Coca, Quienes nos dirigimos a usted somos organizaciones que pertenecemos al movimiento popular y social de Honduras, con articulaciones en, al menos, 12 departamentos del país, y que por la importancia de la selección y elección del próximo Fiscal General del Estado y su adjunto, nos hemos dado a la tarea de puntualizar los cambios que deben realizarse en el Ministerio Público para rescatarlo de la pobredumbre y la corrupción en la que se encuentra y avanzar hacia una institución independiente y representativa de los intereses de la sociedad. La propuesta, que adjuntamos a la presente, tiene en esencia dos elementos de cambio: primero, asegurar la independencia del Ministerio Público a nivel institucional y de todos/as sus colaboradores, especialmente del Fiscal General y Adjunto y; segundo, que como lo dice su propia ley se convierta en un legítimo representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad. Puntualmente indicamos que Honduras y su sociedad requieren de un Ministerio Público y de unos fiscales generales que puedan impulsar dos niveles de independencia y autonomía: a. Independencia de los grupos económicos y políticos: Se requiere de un Fiscal General y su adjunto que no se sientan obligados a corresponder con impunidad a quienes, desde un partido político, gobierno o desde el alto empresariado los proponen o negocian su nombramiento en la búsqueda de generar impunidad a sus actuaciones corruptas y abusivas. b. Independencia como decisión personal: Quisiéramos saber si existe, de manera personal, un compromiso, una decisión de actuar de manera independiente del pacto político que seguramente existe para la elección de este cargo y si usted es consciente y acepta el riesgo que conlleva un funcionamiento correcto en este puesto… ¿está usted dispuesto/a a afrontar de manera ética y profesional estos desafíos, pero a la vez asumirlo con la decisión y la bravura que este cargo exige? Sabemos que cualquiera con un mínimo de decisión y trabajo puede mejorar la calidad de las actuaciones de las presentes autoridades del MP, sin embargo, la pregunta clave sigue siendo si usted está a la altura de los retos de una institución tan debilitada como el Ministerio Público y si está dispuesto a asumirlos. Unido al gran reto que es garantizar la independencia y la autonomía, el MP luego de 30 años de existencia y de cara al 90% de impunidad que en promedio registran sus casos , tiene como segundo desafío el de convertirse en una genuina representación de los intereses de la población, labor que se vuelve compleja ante la práctica diaria que tienen muchos ficales a nivel territorial que se han convertido en los tramitadores de los grupo de poder económico y político, en comparsa con jueces, policías y militares igualmente corruptos. Este hecho ha provocado que, en lugar de defensores de los derechos de la población, el MP hoy en día sea un verdugo de los sectores populares y sociales, contra quienes se ensaña y tiene comportamientos racistas y discriminatorios. En el MADJ, el BED y en los 12 territorios que suscribimos esta propuesta tenemos decenas de experiencias que prueban este accionar, por lo cual, en base a estos aprendizajes, como ciudadanía organizada y responsable proponemos algunos elementos básicos para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Estos son: a. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. b. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos y mecanismos legales. De especial interés la fiscalía de Protección a la mujer, la del Medioambiente, Derechos Humanos, Etnias, Protección a la Niñez y Adolescencia, es decir a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados en el país. c. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. d. Auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos. e. Disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad. f. Respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. g. Despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional porque usurpa funciones del Poder Judicial y porque lesiona el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. h. Asegurar que las víctimas sean protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Abogado Coca, Esta es en esencia nuestra propuesta de los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas, la corrupción y la negligencia con la que ha venido actuando, y que, reiteramos, nunca ha existido la voluntad política externa e interna para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato. Sabemos que en el contexto actual tampoco hay condiciones para una elección independiente, especialmente por la variedad de intereses presentes en el Congreso Nacional, pero eso no impide la posibilidad, de que usted comprenda la dimensión de la responsabilidad a la que está aspirando y se decida a impulsar una institución cuyo único compromiso sea con la población y su derecho a la justicia. Insistimos en que la característica fundamental que debería fomentar el próximo Fiscal General es su alianza con el pueblo, no con quien lo elija. El MP que la sociedad espera es la de una institución más cercana a la gente, que tenga un verdadero liderazgo en la política criminal… queremos un Fiscal General que corra riesgos por la defensa de los derechos de la población, un Fiscal General que lidere al resto de los buenos fiscales, que moralice a una institución como el MP que se encuentra de rodillas… que entienda que el centro de su accionar es la defensa de los derechos de todos /as los hondureños/as. Esperamos de resultar usted electo, asuma estos retos, mismos que serán monitoreados de manera permanente por nuestras organizaciones,
Atentamente, Víctor Fernández Martín Fernández Director del BED Coordinación General MADJ Ileana Morales Presidenta JD FUNDAMBIENTE
Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena paradefender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:
Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.
Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.
Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.
Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.
A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.
Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.
El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.
La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.
3. Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas
La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.
4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:
a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.
b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.
c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.
d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.
Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023
Suscriben:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Plataforma Agraria del Aguan.
Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).
Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.
Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.
Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).
Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.
¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.
El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.
Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.
Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.
A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.
Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.
¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.
El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.
Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.
Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.
A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.
Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.
El 24 mayo de 2008, en el marco de la histórica Huelga de Fiscales, varios miles de personas, en estos mismos bajos del Congreso Nacional, decidimos darle vida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para que tomara raíz organizativa, propositiva y libertaria en cada parte del territorio nacional donde hubiera dolor y amor por la patria y existiera la necesidad de seguir luchando contra la corrupción, los corruptos con rostro y nombre, contra sus estructuras y sus formas de operar y saquear el país.
La sólida militancia del MADJ, durante estos 15 años, en medio de múltiples tareas impuestas por la realidad del país, no ha dejado de asumir este hermoso imperativo popular y hoy anunciamos nuestra presencia orgánica y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras.
En paralelo, en estos 15 años de existencia del MADJ, las nefastas dirigencias económicas y políticas de Honduras ejecutaron un golpe de Estado, burlaron la voluntad popular en reiterados fraudes electorales, asesinaron, criminalizaron y desterraron a centenares de liderazgos sociales; afianzaron la entrega del territorio, la riqueza y la institucionalidad al gran capital que también es expresión del crimen organizado nacional y transnacional.
La lucha por la Dignidad y la Justicia que ha encarnado el MADJ en este período, le permitió ser parte activa de la resistencia popular contra el golpe de Estado, de la lucha contra el indignante asalto al Seguro Social, contribuyó a la fundación de otros espacios organizativos para librarnos de la narcodictadura y sus burlas electorales, aportó certeramente a la demanda y conquista de justicia contra la estructura empresarial criminal que asesinó a Bertita Cáceres, sumó activamente a la defensa popular de los derechos a la educación y a la salud, volvió cotidiana su agenda de intensa lucha contra centenares de concesiones del territorio nacional y de la digna y patriótica resistencia en contra de las ZEDEs. Y en pleno azote de la pandemia del coronavirus y de los corruptos, nuevamente volvimos a convocar y a sumarnos a la movilización, a la acción política, técnica y humana para evitar los atropellos a la dignidad de la gente.
En este 15 aniversario del MADJ, tras cerca de dos años de la derrota popular electoral del golpismo narcotraficante y corrupto que cruzó toda la existencia de nuestra organización, reconociendo el notorio contraste que nos implica vivir en lucha permanente por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente, mientras actualmente la élite económica y política nos ha heredado un país en el que 7 de cada 10 compatriotas vivimos en el umbral de la pobreza, junto a nuestra militancia ante nuestro pueblo y ante la humanidad entera reafirmamos que:
1. Celebramos la existencia del MADJ como espacio autónomo del movimiento popular hondureño, con presencia y agenda de lucha real en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. En articulación fraterna y respetuosa con otras organizaciones a lo largo y ancho del país y del mundo.
2. Reconocemos que la victoria más grande del MADJ en estos tiempos del imperio del mercado, de los cálculos miserables, de las confusiones del ascenso al poder y de tantas otras bajezas, es jamás haber entregado la bandera de la dignidad y más bien, habernos aferrado a ella como la más hermosa e inalienable utopía popular.
3. Confiamos haber aprendido y asumido, en coherente militancia, la práctica de la solidaridad con todos los espacios que nos ha sido posible, como lo hicimos con los estudiantes reiteradamente criminalizados y vejados en sus derechos, las familias campesinas expulsadas y violentadas de su derecho a la tierra, con los obreros y obreras en sus justas demandas por mejores condiciones de trabajo, con las mujeres y las diversidades y divergencias sexuales, con las comunidades rurales y urbanas y con los pueblos originarios en defensa de su propia visión de la vida y el mundo, como nos mandó la desafiante proclama del 14 de mayo de 2008.
4. Somos una organización que incomoda a las élites del poder y para todos aquellos espacios sociales que no se comprometen de manera honesta con la defensa de derechos. Los ejercicios de lucha popular también definieron al MADJ como un espacio incómodo para propios y extraños, por la intensidad del proceso y porque todas las causas madjtianas no admiten abandono, ni autoabandono, autocompasión, pesares y otras formas de derrota moral. La militancia del MADJ sigue cargando con la responsabilidad de entender la lucha como unprivilegio al servicio de la dignidad.
5. Tras la derrota electoral del pueblo contra el golpismo corrupto narcotraficante, el MADJ se reafirmó como un espacio antigolpista, anti bipartidista, intolerante con las prácticas de los capos de la política, la economía y el crimen organizado. Hoy, ante la administración de Xiomara Castro, el MADJ conserva intacta su lucha y su palabra libre y crítica con una administración de gobierno que, aunque la elegimos y promovimos como parte del pueblo, en muchos aspectos todavía mantiene los privilegios y hace negociaciones con los grupos empresariales que han atacado la base de nuestra organización como terratenientes, banqueros, agroindustriales, empresarios de la energía y encumbró a militares y policías golpistas que son los eternos agresores de la hondureñidad.
6. Reconocemos con sustancial frustración que nuestra organización nació hace 15 años para luchar porque instituciones como el Ministerio Público (MP) no se convirtieran en un instrumento del poder corrupto de la nación, como lo es hoy. Esa institución, junto al Poder Judicial y otras, han profundizado su condición de tapaderas de múltiples formas de crimen y perseguidores del pueblo hondureño digno. Es una vergüenza patria que varias decenas de criminales del narcotráfico, incluyendo el expresidente Juan Hernández, hayan sido extraditados a USA y ni el MP, ni la justicia hondureña nunca, ni siquiera, les abrió investigación alguna. Es indignante que casi todas las causas impulsadas desde la MACCIH-UFECIC-UFERCO, que demostraron la presencia de la corrupción en los altos círculos del poder económico y político, hayan terminado en simples escándalos y burlas para el pueblo hondureño víctima del saqueo oficial.
15 años después, entre luchas y victorias dignas, autónomas, soberanas, y entre frustraciones que nos imponen el deber de convertirlas en motores de esperanza para seguir andando el sendero de la dignidad indicamos que:
A. Celebramos con profunda alegría y compromiso que el MADJ nos enseñó, para siempre, a asumir lo público, lo comunitario, lo nacional y lo planetario como una tarea permanente y prioritaria. Andamos convencidos y convencidas que cada una de nuestras cotidianas acciones de lucha por la dignidad impactan y configuran una organización, un país y un mundo con menores injusticias y asimetrías.
B. Abrazamos la novedad que traen los nuevos tiempos, nos abrimos a todas las luchas emergentes y divergentes, conservando la identidad y coherencia ética como patrimonio heredado y defendido por la militancia del MADJ.
C. Reivindicamos nuestro ser como movimiento popular, construido por comunidades de vida, en resistencias y en victorias.
D. Renovamos nuestro compromiso de seguir profundizando el proceso organizativo de base que ha promovido, sostenido y seguirá sosteniendo el proyecto político del campo popular en Honduras.
E. Avanzamos y nos comprometemos a seguir mejorando en sólida articulación con todos los espacios, territorios, organizaciones y comunidades como ya lo hacemos con nuestra hermandad territorial que ya cubre gran parte del territorio nacional.
F. Proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando por desbaratar los planes de la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, que pretende seguir entregando y saqueando la riqueza y la dignidad nacional.
G. Reafirmamos nuestro compromiso por la refundación propia, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y por la refundación real de la sociedad y el Estado hondureño
H. Asumimos el internacionalismo, la solidaridad y el encuentro con otros pueblos del mundo, para hacer causa común en la defensa del planeta ante la depredación imperialista, neoliberal, capitalista y patriarcal.
I. Proclamamos para siempre nuestra opción y determinación de asumir, respaldar y hacer nuestras las causas justas por la Dignidad y la Justicia de cualquier territorio, comunidad u organización en el país y el mundo.
J. Conmemoramos este 15 aniversario en movilización, articulación y en asamblea popular, en reflexión y debate sobre el país digno que estamos construyendo, en los mismos bajos del Congreso Nacional.
Compañeros y compañeras,
El MADJ inicia un nuevo ciclo por la dignidad y la justicia, a favor de nuestro pueblo; el más hermoso y honesto, que se unió hace 15 años para elevar la voz de la justicia y en contra corrupción, con él nos comprometemos a que cada una de las acciones organizativas sea una certera reafirmación que en el MADJ somos y seguiremos siendo más sustancia que forma y más hechos que declaraciones.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) condenamos el vil asesinato del compañero Santos Hipólito Rivas, líder y defensor campesino, fundador de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez y de su hijo Javier Riva; acto consumado el pasado domingo 12 de febrero de 2023, en Ilanga, Trujillo, Colon.
Tan vergonzoso acto criminal nos indigna y llena de luto, nuestra solidaridad, nuestro reclamo de Justicia lo elevamos junto a ustedes compañeros y compañeras de lucha de La Plataforma Agraria y COPA, familiares, amigos y cooperativistas. Ante lo ocurrido nos pronunciamos en los términos siguientes:
Santos Hipólito Rivas era miembro activo en la reivindicación de los derechos de los campesinos por la recuperación de la tierra de la reforma agraria. Debido a su compromiso sufrió agresiones y amenazas a su vida e integridad personal, producto de ello, desde el 28 de marzo de 2019 contaba con medidas de protección interna del Mecanismo de Protección. El estado de Honduras tenía la obligación de proteger su vida. ¿Quién lo asesino? O ¿Este caso pasará a engrosar la enorme lista de personas asesinadas sin que sus victimarios sean castigados por la justicia de la nación?
A la institucionalidad impartidora de justicia le exigimos investigación inmediata de los móviles y aplicación de justicia. Basta ya de su papel servil y cómplice ante los poderes agroempresariales que usurpan las tierras campesinas del valle del Aguán, quienes desde la década de los ochentas hasta la fecha son los responsables del derramamiento de sangre campesina. Ante el crimen del compañero Santos Hipólito Rivas y todos los crímenes cometidos contra los campesinos en El Agua actúen de oficio, cumplan con su obligada responsabilidad.
Recordamos al Estado de Honduras y al gobierno de Xiomara Castro que este es el Séptimo asesinato de líderes campesinos en el transcurso de dos meses, bajo un acuerdo firmado en febrero de 2022 y bajo la responsabilidad de un gobierno que se supone del pueblo y que enarbola la bandera de la refundación de la patria. NO existe gobierno, ni patria ni refundación sin justicia ¿Quién decide el destino del Aguan, el Estado o un grupo criminal? Garantice con hechos concretos la vida y la integridad de las familias campesinas.
Denunciamos a los empresarios responsables directos de la crítica situación criminal del Bajo Aguán. Si la narco-dictadura tuvo capacidad para movilizar tantos efectivos militares y policiales para proteger las fincas privadas ¿Porqué el gobierno de la refundación no puede frenar la persecución, los asesinatos y la violación de derechos humanos que perpetúan los agroindustriales y sus bandas de matones que operan en la zona con total impunidad?
Hacer Justicia a Santos Hipólito Rivas y demás compañeros campesinos asesinados debe ser la muestra más palpable de su voluntad por devolverle al país su rostro de dignidad.
¡Justicia para Santos Hipólito Rivas!
San Pedro Sula, a los 13 días del mes de febrero de 2023
No cabe duda que en la recta final del proceso de elección de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia se volvió a imponer la dupla criminal de la corrupción y la impunidad.
Volvemos a presenciar, en el marco de un gobierno cargado de esperanzas, un espectáculo vergonzoso, que, a un día de vencerse el plazo para la instalación de la nueva CSJ, de lo único que habla es de la distribución de cuotas de poder, entre los partidos políticos y al interior de las facciones de cada uno de estos.
A escasas horas de instalarse el pleno, podemos constatar que es una elección en clave política y de poder, no de derecho ni de sociedad. De hecho, como lo analizamos internamente en nuestras organizaciones, la Corte Suprema de Justicia es la batalla política que decidirá en buena medida el rumbo del gobierno de Manuel Zelaya, ni siquiera de Xiomara Castro, y menos de la justicia en Honduras.
La negociación de esta Corte pondrá “en orden” la relación de poder con el Partido Nacional, Liberal y del Salvador de Hondurasy sus liderazgos corruptos, y por supuesto, con los dueños económicos del país. Eso es lo que se juega en esta elección.
De cara a la población, el Congreso lo que nos ofrece son temas distractores, como la reciente propuesta de nombramiento de seis magistrados/as suplentes, una acción que simplemente es imposible legal y constitucionalmente y que si se hiciera sería una prueba más de los contundentes niveles de impunidad que se están negociando.
¿Señores y señoras de la Junta Nominadora ustedes qué dicen sobre estos puntos … ya no tienen, o no quieren decir nada?
Es difícil encontrar posturas contrapuestas a esta “lógica de negociación” en el Congreso. Todos, hasta los que dicen tener posiciones más independientes apelan a tener uno o tres magistrados/as que “representen y defiendan sus intereses”, que “sean abogados de nuestra confianza” o “que sean fieles militantes de nuestro partido” … entonces, ¿cuáles son esos intereses, a quién o a quiénes representarán estos nuevos funcionarios judiciales? Con seguridad a los intereses de la población y de la patria no.
Por eso hoy – señores y señoras diputados -, los 15 espacios territoriales, junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad, que hemos venido dando un seguimiento activo y propositivo a este proceso, quisiéramos no unirnos a los ya varios sectores sociales que han declarado como fracasado este nuevo proceso de elección, y exigirles, una vez más, que no dilaten más este proceso, convoquen al pleno y elijan, pero háganlo sin ese cálculo político de comprar impunidad, lean las hojas de vida de los notarios y notarias y fundamenten su voto en las capacidades profesionales de cada uno, pensando en los temas de fondo que les tocará enfrentar a estos funcionarios y en los que se decidirá el futuro del país.
Demuestren que estamos equivocados/as y que sus votos jamás contribuirán a que personajes nefastos y ligados a la corrupción y a la impunidad, por acción u omisión, como Yury Fernando Melara, Any Belinda Ochoa, Daniel Sibrián, José María Díaz, Luis Alonso Discua, Danelia Ferrera o Roy Pineda Castro, lleguen a ocupar una magistratura.
Queremos que los magistrados y magistradas nuevos arriben a una Corte sin entender que se deben a un partido político, a un conglomerado de empresarios, que llegaron para limpiar expedientes o para favorecer o condenar a “amistades” a través de sus fallos. Queremos magistrados de pensamiento independiente, con cualidades profesionales que sirvan para adecentar la justicia, para que la población, frente a las violaciones a sus derechos, tenga justicia.
Sabemos que eliminar la corrupción y los corruptos es una tarea casi imposible porque estos tienen una capacidad evolutiva de regenerar a sus miembros perdidos, pero la impunidad si podemos eliminarla y ese, es el objetivo político que nuestras organizaciones perseguimos. Nuestra lucha es por adecentar la justicia, distinta a la que estamos viendo en el Congreso, porque la de ellos es conservar o alcanzar la impunidad de sus actos.
Honduras necesita encontrar un camino justo y civilizado para dirimir los conflictos y la violencia que actualmente nos mantiene capturados. Diputados y diputadas no sigan traicionando al país, porque el precio de la traición tarde o temprano lo pagamos todos/as y el nombre de cada uno/una de ustedes en esta elección clave, quedará siempre fresco en nuestra memoria. Están avisados.
Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!
San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023
Señor Luis Redondo
Presidente del Congreso Nacional – Honduras
cc.
Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional
Presidente Redondo,
Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,
La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.
Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.
A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.
Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.
En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:
1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y
2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.
Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:
Jury Fernando Melara
Any Belinda Ochoa
Daniel Sibrián
José María Díaz
Luis Alonso Discua
Danelia Ferrera
Roy Pineda Castro
Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.
Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.
De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.
De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.
En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:
Maribel Espinoza
Rasel Tomé
Mauricio Rivera
Gladys Aurora
Alberto Chedrani
Edgardo Casaña
Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más, la perversión del sistema de justicia.
Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura[1]:
Garantía contra presiones externas;
Adecuado proceso de nombramiento; y,
Inamovilidad en el cargo.
Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:
Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”
Señores diputados,
Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.
Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.
Hasta la dignidad, siempre.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Bufete Estudios para la Dignidad
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
