¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!
Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:
El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras.
José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.
El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.
Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.
Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.
Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.
Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas.
Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo.
Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia.
¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!
A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.
La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.
Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.
Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.
Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.
Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.
El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.
El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.
Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.
Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.
También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.
El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.
(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.
En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.
Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.
En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.
En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes. Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.
En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.
Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.
Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.
En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.
Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.
En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”
La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.
Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.
El 3 de marzo de 2020,
el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, en el departamento de Yoro,
dictó fallo absolutorio en favor de Selin Eleazar Fúnez, señalado como autor
material del triple asesinato en contra de los indígenas tolupanes María
Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina. Hechos ocurridos
el 25 de agosto de 2013 en San Francisco Campo, perteneciente a San Francisco
Locomapa, Yoro.
El Tribunal absolvió de
toda responsabilidad penal al imputado también conocido como Selvin Matute por
los habitantes de San Francisco Campo. Manifestó tener duda razonable de la
participación del señor Selin Eleazar Fúnez, a pesar de que los testigos
protegidos lo reconocieron completamente como partícipe y coautor del hecho
junto a Carlos Luque Varela, quien fue condenado en un proceso abreviado en el
12 de febrero de 2018 luego de aceptar su responsabilidad en los tres crímenes
y de haber mencionado en reiteradas ocasiones en sus declaraciones que realizó
los hechos junto a Selin Fúnez.
En el desarrollo del
proceso distintos documentos aportados como prueba fueron contundentes en
señalar la participación del imputado y de establecer la relación que existe entre
su nombre y el seudónimo “Selvin Matute” asegurando que se trataba de la misma
persona. A pesar de todo lo dilucidado
en el juicio el tribunal decidió absolverlo y dejar en impunidad los crímenes
sufridos por los 3 tolupanes integrantes del MADJ y sus familiares.
De acuerdo a Ariel Madrid, quien junto a la abogada Heidy Alachán fungieron como equipo de acusación privada en el juicio, y quienes forman parte del equipo legal del MADJ, el proceso continúa abierto debido a que interpondrán recurso de casación ya que en el juicio se logró comprobar mediante pruebas testificales y científicas que el acusado participó junto a otra persona en el crimen.
“Nosotros consideramos
que ha habido un mal criterio, una mala aplicación del juzgado al valorar los
medios de prueba y al arribar a esta conclusión, porque no corresponde con lo
evacuado y con lo probado en el proceso judicial, con lo cual se estableció
plenamente con prueba testifical, con prueba científica pericial que ocurrieron
las muertes de los ciudadanos indígenas y que indiscutiblemente quienes
participaron en la ejecución del asesinato de estos tres líderes tolupanes fue
Selin Eleazar Fúnez Bonilla y una segunda persona de nombre Carlos Luque
Varela”. Manifestó el abogado Madrid.
Por su parte, la
abogada Alachán manifiesta que “es indispensable evaluar este fallo en el marco
del papel que el sistema de justicia tiene en el contexto de violencia
sistemática en contra de los pueblos indígenas y del modelo de saqueo en
general en el país en el cual se inscriben estos crímenes. Ya que como se
estableció en el juicio, estos crímenes responden a un problema estructural
provocado por el modelo extractivo y su avance significativo como parte del
modelo económico mismo del país y la violencia extrema que impacta el tejido
comunitario de los pueblos y comunidades derivado de la intromisión de empresas
y empresarios en sus formas de vida pacífica. Por supuesto, es imposible dejar
de ver el papel que el racismo juega en la concepción de justicia occidental y
discriminatoria desde la cual está configurado el poder judicial hondureño.”
La abogada Alachán
también afirmó que este fallo es alarmante ya que se trata del primer juicio
por 3 de los 10 asesinatos de indígenas tolupanes, integrantes del MADJ,
líderes sociales de sus tribus que han ocurrido en el pueblo tolupán a partir
del 2013 y por estos asesinatos, la CIDH otorgó medidas cautelares integrantes
del MADJ del pueblo tolupán.
Esta cifra altamente preocupante
que inició con el triple asesinato del cual participó Selin Eleazar quien ahora
ha sido absuelto por la justicia hondureña. Alachán afirma que es grave el
mensaje de impunidad garantizada que este precedente establece para el
juzgamiento de los otros 7 crímenes y de los ataques y crímenes en contra de
liderazgos sociales en el país en el general.
En Honduras es difícil encontrar
justicia para los pueblos originarios desde la óptica de quienes luchan en
favor de los pueblos indígenas. “Entendemos que ejercer el litigio en procesos
de este tipo implican poner en la discusión obligada a tribunal y las demás
partes de los derechos de pueblos indígenas, insistir en que implican derecho a
la verdad. Que implica incluso defenderlo ante tribunales, juzgados y
operadores de justicia, que tienen una tendencia a la discriminación, al
racismo, que todavía tiene vestigios de los que fue en la norma un proceso
penal inquisitivo y que materialmente se manifiesta en este tipo de casos, en
la negación de justicia y verdad para todo un pueblo Tolupán, para toda una
etnia, y finalmente para la sociedad hondureña en general, que lamenta una
resolución de este tipo, que es en sí mismo la denegación de justicia y que se
da incluso en el marco de los cuatro años del vil asesinato de la compañera
Berta Cáceres”.
La lectura de sentencia
está programada para el próximo 10 de marzo a las 3:00PM en los juzgados de
Yoro. Desde el MADJ hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e
internacionales, a la población hondureña en general a estar expectante,
solidaria y vigilante del acontecer en el pueblo tolupán, para recordarle a la
justicia hondureña, a las empresas madereras, mineras y demás formas de saqueo
que sufre la población tolupana que sin importar el comportamiento cómplice e
injusto de la institucionalidad, somos muchos y muchas los que seguiremos
exigiendo y trabajando por justicia y dignidad para el pueblo tolupán.
Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.
Las víctimas de este
crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina,
integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron
ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al
saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título
ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el
mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del
Territorio y el Bosque Tolupán.
Los asesinos Carlos
Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se
encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de
reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de
preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un
par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se
encontraba en la cocina.
Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.
Después de este crimen ha
habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del
Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a
raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que
provocó en la tribu.
Este lunes y martes, el
Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los
hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso
emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el
pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el
Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos
registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del
país en general.
Luego de cruzar el río Locomapa, esta vez a la altura de la
comunidad San Francisco Campo nos dimos cuenta que estábamos en el sitio donde
sería la brigada. Un espacio más o menos grande, con piso de tierra y una galera
dividida en tres partes decoradas con mantas de tela y una bandera de Honduras.
En la parte frontal escrita en el suelo la leyenda “Bienvenidos hermanos”. No había
dudas, estábamos en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el
territorio Tolupán, en San Francisco Locomapa, Yoro.
Era la tarde del diecisiete de diciembre del recién finalizado
dos mil diecinueve. Todo estaba en marcha, una cadena humana trasladaba los
medicamentos, ropa, carpas, zapatos, etc., al mismo tiempo que iban y venían colgando
mantas, instalando sillas, mesas, escritorios, improvisando camillas y
adecuando los espacios donde se atendería a las distintas tribus durante día y
medio del 18 y 19 de diciembre. Mientras avanzaba la tarde el trabajo colectivo
continuaba junto al cafecito que por turnos se tomaba en la casita del compa
Amado Cabrera.
Finalmente todo estaba
listo, niños y niñas jugaban contentas en el Campamento y las últimas luces del
día impactaban sobre la manta colgada al frente con la leyenda “convocamos a nuestro
pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad…”. Palabras quede inmediato nos trasladaban a los días
de huelga de fiscales, al inicio de todo. Varias cosas habían cambiado, pero
otras seguían intactas. Seguíamos en resistencia permanente, en lucha colectiva
desde la claridad y la ternura, en la determinación de convertir en herramienta
y acción política cada uno de nuestros pasos por la dignidad y la justicia.
Durante las horas de la noche el Campamento se
convirtió en el punto de encuentro de la comunidad, de la conversación y la
risa, del baile y la competencia jugando a la rayuela. Hace más de 6 años atrás, el 25 de agosto de 2013, exactamente en ese mismo lugar sicarios
pagados por empresarios saqueadores de minerales del pueblo tolupán asesinaron
a sangre fría a Armando Fúnez Medina,
Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute, madre de Celso y Amado
Cabrera cuyas casas siguen ubicadas dentro del predio que comprende el sitio.
Después
del frío de la noche, a las 6 en punto de la mañana siguiente todo estaba
listo. La fila de espera empezó a hacerse cada vez más larga. Un equipo de
médicos, 4 mujeres y un hombre, 2 paramédicos y al menos 20 personas de los
núcleos organizados en el MADJ estaban ya en funciones. La Brigada
Preventiva por la Dignidad del Pueblo Tolupán, organizada y ejecutada por el MADJ
y el Consejo Preventivo de Tribu estaba en marcha.
Las filas estaban
mayoritariamente compuestas por mujeres de todas las edades. Había una cosa común
entre todas, estaban acompañadas de niños y niñas, por regla general, casi
siempre más de 3. Se trataba de sus hijos e hijas. En la realidad cotidiana de
las tribus tolupanas la maternidad es una tarea que inicia a una edad muy
temprana.
En las filas, esperaban
alegres, mientras conversaban entre ellas en medio de la pena que las
caracteriza. Hablando bajito, más de alguna comentó que habían solo mujeres
porque los hombres estaban en el campo trabajando y podrían llegar pasadas las
4 de la tarde.
Las precarias condiciones
de vida y la carencia de acceso a servicios básicos como energía eléctrica y
teléfonos celulares no fueron obstáculo para que la noticia de la brigada se
propagara por todas las tribus aledañas. Llegaron desde El Palmar, Piedra
Gorda, Agua Fría, El Firay, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, San Blas,
Mezcales, Las Brisas, Cabeza de Vaca No. 2, para la mayoría de estas implicó
llegar caminando por más de dos horas. “No importa la caminada” decían entre
risas. “Nunca se había visto una cosa así aquí en la tribu. Es la primera vez
que los medicamentos que traen no están vencidos y no nos cobran.”
A más de una hora de distancia
del Campamento, en la última comunidad habitada por ladinos se encuentra ubicado
el Centro de Salud que permanece cerrado aún en días de semana y desabastecido
de medicamentos. A pesar de ser un servicio público implica cobros arbitrarios
por parte del personal asignado. La salud es también un privilegio al que las
tribus tolupanas no pueden acceder.
Contrario a eso, en el
Campamento al menos 900 personas fueron atendidas. Tras su llegada, cada
persona se identificaba, sus signos vitales eran tomados por los paramédicos
para luego en grupos de 10 pasar a la primera estación. Bajo la carpa en la que
en sus costados se leía “Milgen Soto Ávila, presente” y “Fuera Narcodictadura”
los grupos se involucraban en una conversación colectiva.
Al mencionar y
rememorar el saqueo histórico, la lucha sostenida desde hace muchos años, el
conflicto permanente por sus tierras ancestrales, los estragos de la presencia
de empresarios y ladinos, el papel del Consejo Directivo de Tribu y de la
FETRIXI, como piezas útiles para el empobrecimiento de las tribus, el gesto en
los rostros era común.
Volvía la rabia y el
rechazo, el dolor colectivo por los asesinatos de quienes defendieron de los
abusos a sus tribus incluso con sus vidas. El dolor de un año que se llevaba consigo
la vida de tres integrantes de la tribu, militantes del MADJ, asesinados por
defender sus bosques y creer como verdad que la dignificación de su pueblo es
posible.
Al finalizar, con
espíritu de lucha renovado pasaban al espacio de consulta. El equipo médico
estaba listo para atenderles. Con diagnóstico y receta en mano pasaban a “farmacia”.
Una zona aledaña con medicamentos clasificados, en buenas condiciones y adecuados
para cada padecimiento. Ya con sus medicamentos, la siguiente estación les
aseguraba una provisión de comida mínima, pero sustancial, para finalmente
compartir la ropa y zapatos que mucha gente, de las universidades, de iglesias,
organizaciones amigas como CARITAS y particulares con mucha dedicación
prepararon para enviarles.
La brigada permitió que dos niños con cuadros graves
pudieran continuar con vida al ser atendidos de inmediato y remitidos al
hospital más cercano. Permitió que el acceso a la salud fuera al menos por un
día una realidad para las tribus tolupanas, que la memoria histórica les
salvara del olvido y la indiferencia a la que la avaricia y el capitalismo devorador
les ha condenado.
Pero sobre todo, sirvió para entender y recordar que no se
trataba de una jornada asistencialista, sino de una brigada
política, humana. Del encuentro de los distintos actores del proceso por la
dignidad del pueblo tolupán. Del encuentro entre el pueblo, tribus, y profesionales,
que finalmente siempre hemos sido y somos pueblo. Del aprendizaje recíproco.
De reafirmar el rechazo
al asistencialismo humillante y útil para perpetuar la desigualdad. De recordar
que el empobrecimiento y el padecimiento de las tribus tolupanas tiene
responsables con rostro, nombres y apellidos. Y que para acabar con eso toca
seguir luchando desde la organización popular, la formación política y la
claridad de que otra forma de vida, más humana y más digna es posible para el
pueblo tolupán y para Honduras.
Que parte de hacerlo
realidad es como bien lo expresa Ángela Murillo, líder indígena tolupán, no
solo soñar sino trabajar “porque todas las tribus sean Movimiento Amplio, porque
que el Consejo Preventivo tome el control, porque que no haya desigualdad para
nadie y que no sigan dañando el bosque.”
Y que debe andarse ese
camino con la esperanza de lo que entre sonrisas y el asomo del llanto por lo
que conmueve ella afirma, “tal vez uno piensa que ya no hay cambio, pero sí hay
una solución, la solución somos nosotros. Nos hemos dado cuenta que somos
capaces de darle esa transformación a nuestra tribu y también al país entero.”
Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y
febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del
histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña
en el pueblo indígena tolupán.
Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina,
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo
Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón
Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y
oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una
nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.
Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su
cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE
realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la
dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del
Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez
criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos
integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario
Domínguez.
Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua
en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás
integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los
crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.
A apenas siete meses de ese doble asesinato de los
familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero,
la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la
tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en
defensa de sus bosques ancestrales.
Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas
tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el
Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en
San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y
empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad
en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la
responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos
sistemáticos.
¿Cuándo el Ministerio
Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de
desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa
de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser
castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar
doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las
tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de
provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre
y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la
indiferencia sistemática del Estado.
Es momento de señalar
la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante
situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el
Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la
FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan
otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los
intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio
mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros
crímenes.
La población
hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la
práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y
nacional para el saqueo y la sociedad hondureña. Son instituciones
ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la
impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del
poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen
a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo
puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en
el ejercicio de las empresas privadas?
Invitamos a la
población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores
intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del
empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica
pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién
o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos?
Las empresas, pero
también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben
rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar
corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos
indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la
impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.
Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.
Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.
También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.
Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.