Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio
9 índígenas tolupanes e integrantes del MADJ criminalizados por defender su territorio ancestral
Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.
Con
este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el
pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia
hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus
acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los
pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en
contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en
favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es
el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de
Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente
víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la
institucionalidad hondureña encargada de protegerles.
¿Cuál es el origen del conflicto?
La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa,
se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma
parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de
las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán
tiene 5,000 años de existencia, tiempo
en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de
organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma,
cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.
Desde
1864, el
territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de
Locomapa cuenta con un título ancestral que
reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de
territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento
forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta
con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas
plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas
para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas
a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de
sus montañas.
Diversas circunstancias de
conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento
de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de
madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en
territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu
de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de
autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y
asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes
naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el
saldo del conflicto ha sido fatal.
La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de
algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos
asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino.
A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral
y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles
para la generación de energía eléctrica.
El 16
de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su
condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan
Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba
el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295
metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio
de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad
del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de
aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta
previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco
Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa
que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo
interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la
comunidad.
Desde
el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades
indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y
pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a
las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.
La
criminalización como herramienta en favor de los
intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores
Primera
proceso en 2010
En vista de las acciones de
la tribu, el 15 de marzo de 2010, el
empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en
territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los
ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes
Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo
Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de
Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo
Anual Aprobado por el ICF.
Al día siguiente, 16 de
marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la
Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados,
en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron
medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir
concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias
psicotrópicas.
El procedimiento judicial se
vio cargado de vicios de ilegalidad por
lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del
Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se
llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente
ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8
indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión. Dicha
resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente
la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento
definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes
del Movimiento Amplio.
Segundo
proceso en 2012
El antecedente que
constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el
incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo
así que, el 03 de enero de 2012, el empresario
Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de
los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera
Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la
ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF,
en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo
día.
La
acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu
realizó en
el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación
ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el
cual autorizó el corte 5,666 árboles de
pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal
indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el
ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo
Forestal ICF.
Nuevamente, el abogado
Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó
como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la
resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal
procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas
cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del
proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El
desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por
parte de la Corte quien determinó dictar
sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.
Finalmente, el Estado hondureño admitió, a
través de ambos fallos de La Corte, que “la
protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que
los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les
ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o
autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras”.
Baño de sangre indígena: El
saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes
operativos Anuales
Además
de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo
tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del
MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir
del año 2013.
2013: Triple asesinato
El 25 de agosto de 2013,
mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina,
Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de
los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez
Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San
Francisco como quienes cuidan los
intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando
Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales y María Enriqueta
Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los
autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y
ubicados, pero aún no han sido capturados y
sometidos a un proceso penal.
2015: Asesinato de Luis Reyes
Marcia
El 5
de abril de 2015 fue
asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo
de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a
raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas,
debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de
ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de
2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de
permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad
física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos
mineros.
2015: Asesinato de Erasio Vieda
Ponce
El 18
de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio
Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme
militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.
2019: Doble asesinato de
Salomón y Samael Matute
El 25
de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y
verbales en horas de la mañana Juan Samael
y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general
del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente
en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana,
particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la
población tolupana[3].
José Salomón Matute y Juan Samael Matute se
constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y
en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes
que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la
instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la
impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus
provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].
Más
de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al
conflicto en total abandono institucional
El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.
Existe un acumulado de más
de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el
saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en
contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas
que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos
investigativos sin ningún avance.
La
resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del
Territorio Ancestral
A pesar del alarmante y adverso
escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo
Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de
2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control
territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del
Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier
ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de
madera.
El 16 de febrero de 2018 se reinstaló
el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de
madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones
propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno
ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida
empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de
la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin
Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple
asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de
explotación de madera en la comunidad de San Blas.
Una larguísima lista de ataques corresponde
a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar
de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.
[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida
Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros
del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias.
Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.
[2] “Por
defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto
de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/lasultimas24/381509-97/por-defender-sus-tierras-mataron-a-tres-tolupanes.
Último acceso 24 de junio de 2019.
[3]
“General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en
Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019.
Disponible en: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro
Último acceso: 27 de febrero de 2019.
[4]
“Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn,
Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/30/etnia-tolupan-se-suman-a-huelga-de-hambre-en-honduras/
Último acceso: 27 de febrero de 2019.
