A 198 años la independencia de Honduras continúa siendo una tarea pendiente. En 2019 el escenario del 15 de septiembre evidencia la profundidad de los retos que esta implica y la urgencia de seguir haciendo la patria que soñamos desde la construcción de soberanía como principal apuesta política.
El saldo de esa tarea urgente en el presente inmediato son, entre muchos otros, siete luchadores(as) sociales de la comunidad de Guapinol encarcelados, nueve indígenas tolupanes criminalizados frente a la posibilidad de ser enviados a prisión, una infinidad de irregularidades en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y de justicia para el pueblo lenca y el incremento desbordado de las concesiones de territorio a la actividad extractiva.
El montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho, y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de sus bienes comunes es sin duda el retrato más exacto y concreto de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos naturales como uno de los problemas torales en el país.
Es claro, en tiempos actuales la real independencia implica no solo la liberación del yugo de otro Estado, sino y sobre todo, de un sistema económico depredador causante de muerte, desigualdad, exclusión, persecución a luchadores y luchadoras sociales y requiere obligatoriamente la autonomía frente al capital mercenario transnacional.
En esa tarea desde el MADJ continuamos insistiendo en la urgencia imperativa de pasar de las resistencias a la soberanía con dignidad y para ello es necesario redoblar trabajo para crear y afianzar alianzas con y entre el movimiento popular/social hondureño a fin de articular, elaborar y echar a andar respuestas radicales a la ofensiva puesta en marcha por la dictadura.
Y esa radicalidad, tal y como lo hemos señalado en momentos anteriores implica obligatoriamente trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Radicalidad en el compromiso. Menos turismo político y social. Implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes.
Esa radicalidad debe llevarnos a pensar y poner en marcha un proceso de real independencia que integre a todas las comunidades que estén haciendo de Honduras un lugar más libre, construyendo desde la terca rebeldía y esperanza otras formas de vivir. Un proceso que obligatoriamente discuta, cuestione y enfrente los modelos económicos que benefician a unos pocos a costa de la vida de esa mayoría que despierta todos los días arando un mundo más justo.
Debe obligatoriamente discutir el extractivismo, el militarismo, la violencia generalizada, la violencia de género, que discuta los métodos de participación social y sobre todo que profundice la democracia.
La tarea es urgente, no hay tiempo. La lucha por la independencia está ocurriendo, sino la libramos nosotros/as la siguen ganando ellos. Tenemos que articular la lucha, el amor a la patria, la solidaridad, el compromiso y la radicalidad con claridad, determinación e inteligencia.
A 198 años desde el MADJ reafirmamos que “…aquí, por todas partes, están los brazos que van a construir ese país nuevo, los pies que van a recorrerlo, los cerebros que van a pensarlo, y los labios del pueblo que lo van a cantar sin descanso[1].”
El 05 de septiembre el Gobierno
del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor
parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano
extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de
despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los
bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos
agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e
irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las
declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria
de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han
realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva
del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene
gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios
en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El
Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez
otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue
otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La
Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en
protesta contra la empresa William &
Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual
la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.
Las y los luchadores políticos
y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares,
enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación
injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una
cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en
defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de
procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes
provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de
Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática,
persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los
que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los
bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario
a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de
las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual
cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación,
agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones,
sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre
que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en
esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación,
asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas,
funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de
acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional
como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar
algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y
sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo
y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo,
violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización
por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre
de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de
Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las
ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida,
Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas
que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar
el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
ANTE LA CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:
Ante las
resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de
¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha
contra la corrupción y acentúa la impunidad
en el país, desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.
1. Nada más
indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser
considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un
hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos
públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de
Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa
afirmación es insana, acrítica e irracional.
2. En el caso de
“Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron
descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y
mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes,
juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones
incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas
de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula,
los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su
aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los
corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La
inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.
3. La reiterada
perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en
el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo
ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre
y ruindad cada vez más visible del actual régimen.
4. Los corruptos
no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no
se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre
quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que
finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean
el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles;
entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y
el eterno saqueo de la riqueza nuestra.
5. Frente a esta
realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las
posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su
sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre
implica violencia.
La radicalidad
implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la
gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los
corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados
derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos
turismo político y social.
La radicalidad
implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la
impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica
colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya
corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.
6. La
radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el
número de posibles años de condena para Rosa),
jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede
existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que
causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y
ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche
jurídico y sobre todo social y humano.
7. El país y la
sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso,
inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias
humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria
necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente,
fundarla nuevamente a cualquier costo.
8. Después de
conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad
promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño
causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad
instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del
crimen organizado hecho gobierno.
9. Además,
exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como
funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad
legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de
corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el
erario público.
10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.
Al
menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en
Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso
legal orientado a evitar detenciones
arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las
personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas
policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los
efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen
instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de
la zona.
El
documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos
fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a
favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que
realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones
sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad
personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales
obstrucciones y amenazas a la libertad e
integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de
San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y
defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el
retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e
inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como
cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la
adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la
confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el
presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la
libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos
de San Juan Pueblo”.
En
la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se
denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III,
apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de
San Juan Pueblo.
En
la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y
desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en
el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son
discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En
una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook,
desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas
responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín
Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más
vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la
última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el
Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas
fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada
contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la
presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes
organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos
nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves
violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del
Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de
movilización social.
Continuaremos
señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o
evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha
desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en
respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales
deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese
sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida
que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos
fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y
control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
En
ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo,
Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes
de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en
lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los
territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la
siguiente manera:
Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que
se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y
políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo
históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante,
apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales,
gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía
nacional.
Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo
económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes
comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y
no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la
educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.
Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el
Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular,
por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las
constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre
derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de
corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado
sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el
narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.
La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno
de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares
del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para
un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar
el papel de las transnacionales y empresas extractivas.
Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para
sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan
alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos;
hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el
régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose
si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que
queremos.
Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país
de avanzar y trabajar por la
unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde
los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental,
la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier
otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y
llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para
consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró
obtener ayer Auto de Formal
Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de
Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de
extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una
denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo
realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona
considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura
de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A,
específicamente de extracción y traslado de antimonio.
Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía
de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro,
lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario
Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño,
quien compareció en su condición de gerente general y representante legal,
solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio,
siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y
pagando una suma de dinero por la misma.
En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el
funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral
antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro,
al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes
pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por
ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y
otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.
Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida
delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe
de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de
abuso de autoridad.
El antimonio es un elemento semimetálico que
principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos
para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes,
vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una
creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de
diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta
el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.
Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la
corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la
tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y
la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa
de su territorio.
Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.
Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores
del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus,
CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son
partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las
tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.
José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.
Reunida
en el Centro de Formación Finca
Torogoses, la militancia del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los
núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa
Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita,
Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes al departamento de Atlántida, las Tribus del
pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda
y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San
Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente,
ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional
declaramos y comunicamos que:
El mundo, y de nuestro interés particular Honduras,
sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus
agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones
internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a
costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras,
ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que
también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes
y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la
precarización acelerada de los derechos en general.
Las consecuencias son palpables, estamos ante un
modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo,
explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos
naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr
un control absoluto de los territorios.
Ante
ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el
encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por
liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia
que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan
esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea
nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado
que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.
Así,
reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de
las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio,
social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro
compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la
resistencia a la soberanía con dignidad.
Para
ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la
participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en
general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus
estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo
ha reafirmado su razón de ser, llegando
a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de
pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las
resistencias y desde el país.
Ante
los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria
sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para
confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido
el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio
nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.
Por
esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos
acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la
soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su
fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de
la dignificación de nuestra patria.
Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra
apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la
soberanía con dignidad!
Ellos y ellas son los nueve indígenas criminalizados por defender su bosque y su territorio ancestral.
Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.
Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.
Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.
Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010.
Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad.
En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos.
Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas de los cargos.
Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.
A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.
Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.
Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.
Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.
En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.
Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.
Organizaciones firmantes:
Alemania Colectivo Cadeho Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar
Bélgica Red Europea de Comités Oscar Romero
Canadá Comité por los Derechos Humanos en América Latina Guatemala Community Network Todos por Guatemala United for Mining Justice
Colombia Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales
Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Estados Unidos Alliance for Global Justice Central American Resource Center (CARECEN) — DC Franciscan Action Network Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Hands Off Honduras – Minnesota Interfaith movement for human integrity Nicaragua Center for Community Action Parlamento Maya USA School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay SOA Watch Witness for Peace Solidarity Collective
El Salvador Asambleas Comunitarias de El Salvador Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
España Anticapitalistas Madrid. Área Internacional Comunidad Centroamérica en España Plataforma por Honduras en Madrid Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)
Guatemala Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA Bufete para Pueblos Indígenas Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos Comité Campesino del Altiplano (CCDA) Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Comité de Unidad Campesina (CUC) Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro Festivales Solidarios H.I.J.O.S. Guatemala Instituto Amaq’ Prensa Comunitaria Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA) Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Honduras APAF-INFOP Asociación LGBT Arcoiris de Honduras ASONOG BAMBÚ Bloque Popular Centro de Derechos de Mujeres (CDM) Centro de Desarrollo Humano (CDH) Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH) Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Conexihon Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) Ecuménicas por el Derecho a Decidir Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras Juventud del Milenio La Insurrecta Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS) Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR) Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan Puras Mujeres Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz Somos Muchas Terco Producciones Unión Estudiantil Morazanista (UEM)
Italia Collettivo Italia Centro America, CICA
México Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Noruega Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)
Venezuela Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)
Regional Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Cruz Morada Hondureña Fads Hablemos de Derechos Humanos Honduras Solidarity Network in North America Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos JOPRODEH La Cadejos, Comunicación Feminista La Voz de los de Abajo, Chicago Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia Protection International Mesoamérica Task Force on the Americas The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil Confederación General del Trabajo Due Process of Law Foundation (DPLF) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza JASS (Just Associates) Migrant Roots Media Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI) Trocaire
Compañeros y compañeras de Guapinol durante la audiencia inicial en Tegucigalpa, Honduras. Foto: Redes sociales.
El
Estado de Honduras criminaliza las legítimas luchas de las comunidades en
defensa del agua para la vida, por lo que desde el Movimiento Amplio condenamos
la injusta y criminal privación de libertad de once defensores y una defensora
de los derechos humanos del sector de Guapinol, Tocoa, por mandato expreso de
los operadores de justicia del Ministerio Público y juzgados involucrados en la
criminalización de los líderes del Aguán. Desenmascaramos la actitud cómplice
de los operadores de justicia por la cual caen de rodillas ante los empresarios
saqueadores de los bienes naturales de los pueblos y sólo se ponen de pie para
denegar justicia al pueblo, torcerla a favor de la oligarquía extractivista y
castigar a los humildes que se atreven a defender la vida.
Como
si no fuera más que suficiente el asesinato de alrededor de dos centenas de
campesinos en la zona del Aguán a los cuales el Estado de Honduras no ha hecho
justicia, la crisis causada por la devastación que está provocando la empresa
minera Los Pinares en los sectores de Guapinol y Ceibita ya ha producido 3
asesinatos, 20 personas desplazadas (algunas con sus familias) y 18 líderes y
lideresas criminalizadas. Se acusa de asociación ilegal a quienes se organizan
para defender junto con sus comunidades el derecho humano de acceso al agua,
decretado por la ONU mediante Resolución 64/292, el 28 de julio de 2010.
Resulta
inadmisible que los operadores de justicia criminalicen de una sola vez a los
líderes y lideresas de las comunidades del sector de Guapinol en vez de
solventar la presente crisis, que ya la Ley General de Aguas asume como
situación normal -a la cual hay que adelantarse-que de suyo se presenta en
torno a la gestión de los recursos hídricos. El segundo considerando de la Ley
General de Aguas reconoce que “la gestión del agua tiene una profunda
influencia en la gobernabilidad y convivencia humana” y, además, “puede estar
asociada a crisis internas”, que los funcionarios deben saber manejar, en todo
caso gestionar la resolución de conflictos hídricos, aplicando el principio de
subsidiariedad.
La
decisión de enjuiciar a las líderes y lideresas de las comunidades de Guapinol
por supuestos delitos de asociación ilícita resulta tan descabellada como
injusta. Organizarse para la gestión hídrica de las comunidades no es ni nunca
será un delito sino un derecho inalienable que se debe defender aun con la vida
misma si es necesario. La ya citada Ley General de Aguas convoca a los
ciudadanos y ciudadanas a organizarse para la gestión de los recursos hídricos,
reconociendo en este recurso natural un bien social cuya prioridad esencial
consiste en la satisfacción del consumo humano y su saneamiento; los demás usos
vendrán por añadidura si los caudales lo permiten. El Artículo 3 considera como
principios fundamentales de la gestión hídrica: 1) la protección y conservación del
agua como acción prioritaria del Estado, pero como el Estado no lo
hace, entonces lo tiene que hacer el pueblo de Tocoa; 2) “El consumo humano tiene relación
preferencial y privilegiada sobre los demás usos, que es justamente lo
que reclaman nuestros compañeros y compañera de Guapinol ahora criminalizados;
3) el
agua es un recursos social y su acceso debe ser equitativo, por lo que
no es posible que el Estado inclusive se haya prestado para reducir la zona
Núcleo del Área Protegida con tal de satisfacer los intereses de las empresa
minera Los Pinares y ahora permite la contaminación de las aguas corrientes de
la zona; 4) la participación ciudadana debe hacerse efectiva en todas las etapas o
momentos de la gestión hídrica, pero mientras la ley llama a la organización
para la participación ciudadana los operadores de justicia más bien califican
de asociación ilícita la organización de las comunidades que defienden sus
bienes hídricos; y 5) ”La gestión integral del recurso agua se hará
con la participación y responsabilidad de todas las instancias”, sin embargo,
las autoridades municipales y gubernamentales quieren decidir el destino de las
aguas de Tocoa al tenor de las demandas de las empresas saqueadoras de bienes
naturales, sin contar con las comunidades y sus organizaciones locales. Le
recordamos al Estado de Honduras que si las autoridades están actuando en
sentido contrario a lo que manifiestan las leyes, entonces nuestros compañeros
y compañera de Guapinol son objeto de denegación de justicia.
¿Basta
ya!
¡Alto
a la impunidad de los operadores de justicia y los cuerpos represivos del
Estado!, que han olvidado que por sobre la obediencia absoluta de quienes
puedan sentirse subalternos por diferentes intereses está el deber de cumplir
las leyes que emanan de la Constitución de la república.
El
Movimiento Amplio exige al Estado hondureño cumplir con la responsabilidad de prevenir las violaciones a los derechos
humanos y le recuerda que el Derecho Internacional afirma que “El acceso a agua
potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros
derechos humanos” (OACNUDH, 2011).
Luchadora social de Guapinol, Honduras, criminalizada por defender el agua de su comunidad. Foto: Redes sociales
Desde el Movimiento
Amplio demandamos al Estado de Honduras el cumplimiento del Principio de No
Discriminación al derecho al Agua. Le corresponde al Estado aplicar este principio
y hacerlo realidad en las comunidades de Guapinol, a quienes se les niega de
forma permanente el derecho a decidir colectivamente sobre la gestión de sus
bienes hídricos por la única razón de ser pobres y carecer del poder económico
que ostenta la empresa Los Pinares, violentando el Artículo 2, párrafo segundo
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El
Estado tiene el deber de proteger a las personas y comunidades sometidas a
vulneraciones provenientes de la empresa Los Pinares y, en vez de estar
criminalizando a quienes defienden la vida, debe establecer las medidas y
políticas pertinentes de prevención y protección para que la empresa minera no
violente los derechos humanos de los particulares.
Le advertimos a los
operadores de justicia que ahora criminalizan los líderes y lideresas de
Guapinol que si el Estado no observa cabalmente sus procederes legales en
materia de derechos humanos, medio ambiente y gestión hídrica, le será
atribuible la responsabilidad internacional por dichas violaciones, para lo
cual remitimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 01 de septiembre
de 2015. Serie C No. 298, Párrafo 170.
Demandamos también la correcta aplicación del
Principio de Precautoriedad Ambiental. Es urgente que el Estado de Honduras corrija
su miopía política que sólo le permite juzgar la realidad desde los intereses
de los accionistas de la empresa Los Pinares y comience a interpretar las
correctas y justas acciones de los líderes criminalizados de Guapinol desde el
universal Principio de Precautoriedad Ambiental, consagrado como principio
de derecho internacional en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el
medio ambiente, de 1992, de la cual Honduras es parte: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución (…). Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Y le recordamos a los operadores de justicia
que han criminalizado injustamente y sin ninguna razón a los compañeros de
Guapinol que el Principio de Precautoriedad Ambiental ya fue incorporado al
derecho positivo de Honduras, estableciendo el Artículo 3 de la Ley del
Reglamento del SINEIA que, ante la existencia de amenaza de un daño al medio
ambiente o a la salud humana, se tomen medidas preventivas antes de continuar
con la actividad sospechosa, aun en ausencia de certeza científica. Es decir,
se debe detener la actividad que produce el potencial daño al medio ambiente o
a las vidas humanas hasta que se recobre la certeza científica de la ausencia
de riesgo y se tomen las medidas preventivas pertinentes.
Las
comunidades del sector de Guapinol han alertado insistentemente sobre los
cuadros de daños ambientales y humanos provocados por la explotación minera y
se han hecho proyecciones muy bien fundadas sobre la magnitud de los peligros
potenciales de continuar con la explotación minera, sobre todo en la devastación
de los bienes hídricos del municipio de Tocoa. Pero el Estado de Honduras ha
permanecido sordo a las denuncias y clamores de los pueblos de Tocoa,
violentando de esta manera la aplicación correcta de las leyes ambientales. No
es justo, pues, que se castigue con prisión a quienes defienden la vida.
Es importante que el
Ministerio Público realice investigaciones diligentes y apegadas a la verdad y
a la justicia antes de ponerse a criminalizar a las personas pobres de las
comunidades que defienden los bienes naturales del sector de Guapinol. No
hacerlo en escenarios como el creado por la concesión minera otorgada a la
empresa Los Pinares, no solamente los responsables del delito no responden por
sus actos, sino que también se envía un mensaje de impunidad al resto de los
empresarios oligarcas y transnacionales extractivas. El Estado de Honduras debe
demostrar que defiende justamente a la población hondureña y limpiar su imagen,
expuesta hasta ahora como un socio más de las empresas violadoras de los derechos
humanos, permitiendo su impunidad.
Desde
el Movimiento Amplio llamamos a todas las comunidades de Honduras y de manera
especial a los más de 25 sectores y comunidades que a nivel nacional estamos en
actitud de resistencia social defendiendo la soberanía ambiental de nuestros
pueblos a declararnos en Alerta Permanente y Solidaria dando
seguimiento a los acontecimientos que se suceden con los compañeros y
compañeras de Guapinol. No podemos permitir que en una actitud descarada y en
flagrante violación a los derechos de las personas y los pueblos emerja desde
el funcionariado cortesano de la narcodictadura la prohibición y el castigo
consecuente a quienes se atrevan a defender la vida con todas sus
implicaciones. En Guapinol se juega la libertad y la vida del pueblo hondureño.
Solidaridad permanente con Guapinol.
¡De
las resistencias comunitarias a la reconstrucción de la soberanía nacional!
Desde
las comunidades en resistencia,
26
de febrero de 2019.
MOVIMIENTO AMPLIO POR
LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
