Este día en los juzgados de El Progreso, en el departamento de Yoro se
ha leído la resolución que declara la ABSOLUCIÓN de Gustavo Cáceres, preso
político de la narcodictadura en Honduras, acusado de delitos que nunca cometió
y por los cuales guardó prisión durante 19 meses después de ser detenido
durante las manifestaciones contra el fraude electoral en Honduras en noviembre
de 2017.
Gustavo Cáceres es un joven con una discapacidad mental, fue acusado por
la policía de portación ilegal de explosivos y/o material de guerra, aunque su
abogado en reiteradas ocasiones ha manifestado que “la ley regula el uso de
fabricación, venta, exportación e importación de explosivos, no regula la portación
de dos botellas de cerveza con gasolina en su interior”.
Al ser consultado sobre el significado de lograr desvanecer los
argumentos que había planteado la fiscalía y los elementos policiales que
actuaron como testigos en el juicio oral y público, el abogado respondió, “esto
representa parte de la arbitrariedad con la que actúa el ministerio público y
el uso abusivo que hacen del derecho penal”, esto en alusión a las pruebas
presentadas durante el proceso.
Cáceres fue detenido cuando trabajaba el 21 de diciembre de 2017. Es
parte de los 22 presos políticos que mantuvo la narcodictadura de Juan Orlando
Hernández. El único que fue sometido a juicio oral y público, puesto que el
resto están en libertad condicional y cumpliendo medidas sustitutivas a la
prisión.
Denunciamos el actuar de las instituciones impartidoras de justicia
quienes fabrican pruebas para inculpar a gente inocente, para que nunca más un
inocente sea enviado a prisión y mucho menos una persona que lucha por los
derechos de los demás.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos esta
importante victoria ciudadana y nos unimos a la felicidad de la familia de
Gustavo Cáceres.
Después de seis años de haberse iniciado un proceso legal en contra de seis campesinos en el norte de Honduras, los juzgados de El Progreso, ciudad perteneciente al departamento de Yoro resolvieron decretar sobreseimiento provisional a favor de estos quienes eran acusados del delito de usurpación. El equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ejerció la defensa de estos en el proceso. “La audiencia que tuvimos fue una audiencia inicial de seis compañeros que fueron detenidos desde diciembre del año pasado y la audiencia se venía posponiendo por diferentes causas, pero ya se logró evacuar, esto es una ganancia tomando en cuenta que en este mismo expediente se le ha seguido proceso a otros compañeros y compañeras campesinas que están en proceso de juicio”, dijo el abogado Adonay Reyes, integrante del equipo legal del MADJ.
En Honduras existe una estrategia para criminalizar y encarcelar a quienes luchan por la defensa de sus derechos. “Desgraciadamente la criminalización a los campesinos así como a los defensores de derechos humanos y otras personas que andan peleando su derechos a veces no solo es a través del delito de usurpación, sino que los acusan de daños, tentativa de homicidio, lesiones y cualquier hecho que se pueda dar aun cuando no existan ni siquiera indicios racionales el Ministerio Público de quienes hayan sido los partícipes de tales hechos, presentan esos requerimientos porque el dueño de la tierra dice que fue fulano, fue sutano sin tener más indicios que ese¨.
Este patrón de persecución e intimidación es el mismo que se utiliza a nivel nacional. “Ese es una forma que desagraciadamente están utilizando los terratenientes y lo malo es que les sigue el juego el Ministerio Público para estar criminalizando a la gente y de esa manera intimidarlos para que no sigan peleando su derecho¨.
Los integrantes de la CNTC, campesinos, gozaban desde el mes de diciembre de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. “El problema es que mientras exista la orden de captura y no se de una contraorden siempre siguen siendo hostigados por la policía a pesar de que ellos andan el documento que les acredita que tienen medidas sustitutivas”. Los delitos por los cuales los acusan es por el delito de usurpación y la acusación data desde 2013 por lo que algunos de ellos ya tienen programado un juicio oral y público. La fiscalía tiene 72 horas para apelar la resolución.
Esto es parte del trabajo de articulación con las organizaciones de base que ha impulsado el MADJ durante este año con el objetivo de buscar justicia y dignidad en medio de tanta injusticia en el país, además, es el tercer caso donde campesinos y campesinas representados por el área legal de MADJ logran obtener un sobreseimiento a su favor, los otros casos fueron evacuados en San Pedro Sula, Cortés y El Progreso, Yoro.
“Las viejas horas vuelven, encienden los caminos de la sangre,
y me enseñan tus huesos inundados de espanto. “
Rebeca Becerra/Las viejas horas
Los asesinatos de cuatro
estudiantes, dos militantes activos del Partido Libre y el secuestro y tortura
de un dirigente magisterial en una misma semana, evidencian de manera
contundente que en Honduras las tarántulas nunca se han ido y continúan
atacando.
Cifras del Observatorio de
Violencia de la UNAH afirman que al menos 1,522 estudiantes de todos los grados
educativos han sido asesinados en Honduras entre enero de 2010 y marzo de 2018.
Del total 226 eran universitarios, 121 de la UNAH, quienes han sido clave en la
movilización social en el país. Un alto porcentaje de las víctimas han
aparecido en sacos o bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltas en
sábanas y señales de violencia sexual.
Estos crímenes observan el mismo patrón y el 96 por ciento continúa en
impunidad.
Este mismo mecanismo es el
utilizado en contra de liderazgos sociales de pueblos y comunidades en el país
que defienden sus territorios de la amenaza del extractivismo y que al mismo
tiempo rechazan rotundamente a la narcodictadura. Durante el 2019 tres líderes
tolupanes y 16 garífunas, 6 de estas mujeres, han sido asesinados en Honduras.
Sumado a esto, los
asesinatos realizados en las cárceles de máxima seguridad, La Tolva y El Pozo,
demostraron que en el centro penitenciario no existe tal inversión en máxima
seguridad y que la integridad de las/os internos está en manos de la
criminalidad organizada de la cual forman parte las autoridades penitenciarias.
La filtración de vídeo
cumple la conocida función de la actividad de las tarántulas; generar miedo y
terror al mejor estilo de las narco producciones y de películas de las épocas
oscuras para los países del continente. Es claro, se trata de la puesta en
marcha de una maquinaria de la muerte y de terror cuyo objetivo, al igual que
en tiempos pasados sigue siendo “limpiar” a la sociedad hondureña de los
enemigos internos que pongan en precario los intereses de la narcodictadura
descubierta y acorralada.
Su respuesta violenta está
siendo proporcional a lo amenazados que se encuentran y a la urgencia de
profundizar y justificar la militarización que les asegure brindar continuidad
a su narcoactividad y eliminar toda evidencia que les involucre. Pero su
estrategia no sirve más con la población hondureña que sabe sobradamente por su
memoria histórica que estos crímenes no son aislados, sino que forman parte de
la actividad de escuadrones de la muerte que hace años dejaron de ser
clandestinos.
Frente a esto, desde el MADJ
llamamos nuevamente a la resistencia organizada como única manera de reducir
riesgos latentes. Una organización que nos permita también la auto defensa,
solidaridad y el cuidado entre compañeras, compañeros y compañeres. Cuidado y
solidaridad de organización a organización que nos permita romper con el
acostumbrado sálvese quien pueda y con los reiterados y extemporáneos lamentos,
desde el MADJ insistimos que organización es humanidad, prevención y deber de
pensar la seguridad desde lo comunitario y apostando la caída de las redes
criminales que gobiernan al país y nos asesina, a eso nos comprometemos
permanente con quiénes reivindicamos la dignidad y la justicia popular.
Por segunda ocasión
consecutiva en los juzgados de Tela, en Atlántida, Honduras, se ha reprogramado
la audiencia preliminar que debe desarrollarse contra 12 luchadores sociales de
las comunidades de Pajuiles organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia.
La primera vez que
se pospuso la audiencia se debió a la no asistencia de los representantes de la
empresa Hidrocep y los representantes de las instituciones del Estado y ayer se
reprogramó debido al fallecimiento de un pariente de la jueza que conoce la
causa.
Este proceso de
criminalización data del año 2017 cuando nuestros compañeros fueron engañados
por la policía nacional al solicitarles su tarjeta de identidad con la excusa
que debían llenar un reporte para sus superiores donde indicaban que le
brindaban seguridad al campamento digno por la defensa del agua y la vida, pero posteriormente ese listado fue utilizado
para criminalizarlos y mantenerlos bajo medidas sustitutivas a la prisión hasta
el día de hoy, esto ha causado perjuicio económico y en la salud de nuestros
compañeros debido a que la mayoría son personas de la tercera y cuarta edad.
Por este caso el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia inició junto a varias
organizaciones nacionales e internacionales una campaña mediática que llamamos
«La criminalización del sombrero» en honor a nuestros compañeros
campesinos que hoy siguen siendo afectados por las instituciones del Estado
para favorecer a una empresa del modelo extractivo.
Las y los pobladores de
Pajuiles suman casi mil días continuos en la lucha por cuidar el rio y la
Sierra Nombre de Dios que es fuente de vida para más de 20 comunidades en esta
zona del país, mientras tanto el empresario sigue gozando de la impunidad que
le da como beneficio el servil actuar de la justicia hondureña.
El viernes 18 de octubre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), presentó al pueblo hondureño su posición oficial ante la crisis en la cual nos ha sumido la narcodictadura. Lo planteado evidencia lo lejos que está el COHEP de asumir con valor y dignidad el verdadero papel que le corresponde en este momento de desenmascarar a aquellos empresarios y empresas que habiéndose coludido con la narcodictadura gobernante se dedicaron a “blanquear” miles de miles de millones de Lempiras durante las dos décadas transcurridas del presente siglo.
Demuestra también su intención de continuar protegiendo el sector narcoempresarial de banqueros, industriales, y cualquier otro tipo de empresarios vinculados a la estructura criminal que gobierna Honduras.
¿Qué propone el COHEP y cómo
podría esto realizarse en la práctica del país? El COHEP propone alternancia y
legalidad, pero, ¿de qué alternancia hablan los empresarios si ellos mismos
fueron parte legitimadora de la narcodictadura cuando en las últimas elecciones
se impuso el fraude electoral para favorecer el continuismo del dictador? Propone
Independencia de poderes, pretendiendo ignorar el control absoluto del
ejecutivo sobre los otros dos restantes y lo hace porque seguramente la
eliminación de la independencia de poderes le ha traído muchos beneficios a
costa de impactar negativamente a la clase trabajadora en el país.
Propone profesionalismo de las
Fuerzas Armadas y Policía, pero ¿a qué profesionalismo de estos entes
criminales se refiere el COHEP? No puede llamarse profesionales a un ente
militar señalado por la ONU en asesinatos en contra de la ciudadanía. No puede
ser un acto profesional apagar los radares para que las narco avionetas no
pudieran ser identificadas, no pueden serlo aquellos que se benefician del
impuesto de guerra que las maras cobran a los pequeños y medianos empresarios. No
pueden llamarse profesionales sino asesinos los policías y militares coludidos
desde las altas esferas con narcotraficantes y empresarios corruptos.
El COHEP propone la adopción
de medidas económicas, ignorando que lo que población hondureña exige no es más
que políticas económicas claras con justicia social. No queremos que se
continúe asaltando los bienes naturales de los pueblos. No nos parece dinámica
aquella economía en la que el obrero y obrera recibe salarios de hambre y se ve
forzado a trabajar hasta 18 horas diarias para sobrevivir.
Lo mismo sucede con su
propuesta de medidas sociales desaparecidas por los continuos asaltos de
funcionarios corruptos pertenecientes a la corte narcodictatorial desde
instituciones como el PANI, cuyos fondos debieron destinarse a la niñez
desprotegida de Honduras; desde la SAG, con el robo de más de 280 millones de
Lempiras destinados inicialmente a fortalecer iniciativas productivas de la
mujer y juventud rurales y desde BANADESA, donde fueron asaltados los fondos
con que se iba a producir el pan de las familias campesinas agricultoras.
Más irrisorio aún es la
propuesta de establecimiento de leyes y seguridad ya que la población hondureña
sabe sobradamente que las leyes de la narcodictadura no han servido nada más
que para favorecer el despojo de las comunidades de sus bienes naturales y
encubrir a los empresarios ladrones y funcionarios corruptos que se han
enriquecido ilícitamente.
Con la formulación de estas
ilusas recomendaciones probablemente el COHEP pretendió ahorrarse neuronas como
si de dinero se tratase. Con este documento la organización nacional de los
empresarios se ha lucido como una institución más del establishment
narcodictatorial; servil al narcodictador como lo son las Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Legislativo, Poder Judicial y todo
cuanto poder corrupto existe en nuestra Honduras.
Frente al COHEP y todas las
fuerzas criminales de la narcodictadura el pueblo continúa exigiendo el fin del
cartel gobernante, el castigo de su séquito de asesinos y la convocatoria
inmediata a una nueva constituyente.
DE COALICIONES DE OPOSICIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Frente a la condena de Juan Antonio Hernández, la confirmación de los vínculos de Juan Orlando con el narcotráfico, de la condición de Honduras como narco Estado y la claridad adquirida por la población hondureña en relación al Partido Nacional como estructura criminal culpable de la grave crisis política, económica y social que mantiene en convulsión al país aparece como una de las alternativas inmediatas la recién anunciada Coalición de Unidad de Oposición.
Al respecto, coincidimos que la coyuntura requiere de la unidad honesta de las fuerzas políticas y sociales del país, que tenga como una de las principales finalidades articuladoras la remoción de JOH del poder ejecutivo. Sin embargo, esa Coalición obligatoriamente debe asumir como finalidad la consolidación de un programa popular de transformación radical del Estado que vaya más allá del planteo en la esfera meramente electoral.
Debe regirse bajo los principios de unidad de acción, pluralidad de pensamiento y coherencia política, renunciando a la concepción exclusivamente político partidaria del espacio para dar paso a una plataforma de carácter nacional que reivindique nuestra responsabilidad histórica no solo de lograr la salida del usurpador sino también de construir la propuesta alternativa del país que deseamos.
Para transformar el país se necesita mucho más que propuestas declarativas, se necesitan contenidos concretos y en ese sentido, es momento de saldar la deuda histórica entre movimientos sociales y partidos políticos entendiendo que la definición de una ruta estratégica en la actual coyuntura debe ser construida con el pueblo y desde el pueblo, escenario en el que las organizaciones de base y el movimiento social y popular jugamos un papel fundamental. Los partidos políticos no pueden seguir viéndonos como una masa de votantes carentes de criterio respecto de la esfera electoral ya que estaríamos repitiendo los errores del pasado.
La Coalición de Unidad debe tener la suficiente apertura en lo concreto y garantía de romper con las prácticas de la política partidaria tradicional en pro de la unidad que nos demanda el momento histórico. La inclusión de los movimientos sociales y populares en la Coalición de Unidad de Oposición que pasa porque más allá de la apertura aparente, estos asumamos nuestro lugar y responsabilidad, debe partir por asegurar la participación equitativa y plural en la toma de decisiones al interior de este espacio. que trascienda lo coyuntural.
El llamado a la unidad debe ser un llamado a la erradicación del Narco-Estado y la construcción de uno nuevo y no ser un proceso político partidario de un cambio de gobierno por otro, en ese sentido, reiteramos que ante la insostenibilidad política y económica del país, la infuncionalidad del sistema de justicia y una red criminal en el poder, la coyuntura nos demanda responsabilidad y coherencia para que la articulación no sea solo para instrumentalizar la protesta y movilización sino para organizarnos e integrarnos en torno a una agenda política común.
El encuentro de los partidos políticos y movimientos sociales no solo debe ser en la calles sino paralelamente también en un espacio de trabajo permanente de la agenda de lucha y el programa de acción que le de contenido y dirección política al espacio, sólo así la la articulación se vuelve transformadora y constructora de procesos.
Por nuestra parte, coherentes con el compromiso mostrado y sostenido por pueblos, comunidades y otros actores sociales que hemos permanecido en resistencia en contra de la narcodictadura como instancias autónomas de los partidos políticos, llamamos a que la Coalición y la unidad sea completada respecto a los actores y del fondo de la ruta que se trace en pro de la dignidad y la justicia de Honduras y en eso disponemos nuestra fuerza, compromiso y trabajo.
Marco Tulio Cruz Cruz es el nombre del líder campesino que fue encontrado asesinado este día en el crematorio municipal de Sonaguera en el departamento de Colón, zona del bajo Aguán en Honduras, territorio en permanente lucha social ante el despojo al que históricamente han sido sometidos sus habitantes.
De acuerdo a la denuncia realizada por defensoras de Derechos Humanos en el bajo Aguán “Hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, sacaron de su vivienda a Marco Tulio Cruz, ante la presencia de su madre, y hermano, el defensor de #DDHH Rigoberto Cruz (a quien golpearon)”, anoche en Sonaguera, Colón.
Durante su vida Marco Tulio luchó junto a sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación de tierras, situación que le llevó a enfrentar violentos desalojos por parte de las autoridades hondureñas cuando él era parte de la empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos. Hace pocos días había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en proceso de recuperación.
El patrón del crimen en contra de Marco Tulio Cruz Cruz se asemeja mucho al que utilizaron los asesinos del indígena y luchador social Milgen Idan Soto Ávila, quien fue raptado y posteriormente asesinado en las montañas de Yoro, su cuerpo fue encontrado enterrado el viernes 27 de septiembre de 2019.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenamos el asesinato de los líderes y luchadores sociales de nuestro país, pero además condenamos los patrones de ejecución a los que están siendo sometidas las personas que luchan por los bienes comunes y la defensa del territorio en Honduras.
Editorial: Narcodictadura al descubierto y la urgencia de movilización
El 2 de octubre inició el juicio en contra de Juan
Antonio Hernández, conocido como “Tony Hernández”, diputado por el Partido
Nacional y hermano del presidente de Honduras ilegalmente reelecto, Juan
Orlando Hernández. Tony es juzgado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York
en los Estados Unidos de América acusado por cuatro delitos: narcotráfico,
tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y
falso testimonio.
Un documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur reveló que 15
personas del Partido Nacional tienen relación con el juicio y con las
actividades que son objeto de juzgamiento, entre estos Juan Orlando
Hernández, confirmando lo que la población hondureña sabía con certeza desde
hace varios años: el Partido Nacional es una estructura criminal
indiscutiblemente vinculada con el narcotráfico.
Queda completamente claro que es una institución de delincuentes,
putrefacta y corroída, a la que no le ha bastado su propia
autodestrucción, sino que ha salpicado
todas las estructuras del Estado. Se han asociado para saquear y
malversar los bienes públicos asegurando un ambiente que les garantizara
impunidad. Han asesinado directa e indirectamente a miles de personas con sus
robos millonarios, saqueos y desfalcos.
Si a todos los señalados les quedara un poco de ética y vergüenza
depondrían de sus cargos inmediatamente, pero no ha sucedido, ni sucederá y
frente a esto hay responsabilidades compartidas. El acostumbrado servilismo
perverso de los medios corporativos de comunicación que han pretendido
ingenuamente ocultar, tergiversar y negar las declaraciones de las más grandes
cadenas internacionales y la actitud cobarde de los “grandes líderes” del país
y los partidos políticos que a cambio de negociaciones de cuotas de poder en
instancias y de complacer al imperio guardan silencio y terminan siendo piezas
claves para que la narco dictadura se sostenga.
Es urgente la ineludible obligación
de sacudirnos de una vez por todas este régimen. Desde el MADJ reafirmamos que
la única forma y la más urgente es la organización y movilización popular, en
todos los departamentos y municipios del país. Organización zonal, barrial y
comunitaria, a través de una articulación nacional genuina y comprometida
con la refundación del país, que exija la salida inmediata de Juan Orlando
Hernández, la renuncia del Fiscal General y Adjunto a la cabeza del
Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de los diputados y diputadas
involucrados. Que exija una depuración, enjuiciamiento y castigo a todos los
corruptos, criminales y cómplices del narco partido nacional, merecedores de
todo el desprecio y repudio de la población hondureña.
Debemos iniciar la búsqueda de nuevos liderazgos salidos de nuestras
entrañas, probados en la lucha y fieles al pueblo que trasciendan a comentarios
cómodos desde redes sociales y al postergamiento de las acciones urgentes. No
debemos ni podemos esperar justicia de parte de Estados Unidos. Esta no llegará
a no ser que le reditúe dividendos a sus empresas o a cambio de hipotecar la
sangre de nuestros jóvenes en guerras asesinas contra países hermanos del
continente.
Insistimos en encontrarnos, en unificar todos los sectores, en vernos de
manera inmediata con las organizaciones populares de base e inmediatamente
después con otros y todos los espacios que tengan como prioridad y compromiso
político rescatar al país de la dirección de un gobierno y partido de
narcotraficantes criminales y en esa tarea, seguimos poniendo nuestro
compromiso, empeño y disposición. ¡Encontrémonos en las calles, en la
propuesta, en la discusión y en el trabajo por la Honduras que soñamos!
3 de octubre de 2019. Parque Central de La Ceiba, Atlántida. Honduras.
¡ATLÁNTIDA CON VIDA Y DIGNIDAD!: Nace estructura departamental
Este 3 de octubre de
2019, la Ceiba fue el escenario del nacimiento y lanzamiento oficial de la
estructura departamental “Atlántida con vida y dignidad”, después de casi dos
meses de gestiones, conformaciones de alianzas y acercamientos entre diversos
actores y sectores en torno a un objetivo común: trabajar en función de
asegurar calidad de vida a la población del departamento y fortalecer la
capacidad de participación y decisión de esta en el rumbo de sus bienes
naturales y demás aspectos de su vida social y política en general.
“Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún no se han incorporado y tienen interés de hacerlo”.
Martín Fernández, MADJ.
Atlántida con vida y
dignidad es producto de tres reuniones previas en las que se procuró el
encuentro de distintos espacios y también de la ciudadanía común. Dentro de
estas se discutieron las principales problemáticas comunes que enfrentan los
distintos municipios, destacando la falta de agua, la quema y deforestación de
la montaña, las iniciativas en torno a mineras e hidroeléctricas, entre otros,
en los cuales la sociedad en general del departamento no ha estado teniendo
participación.
Después de escucharse y
escuchar a las poblaciones, se pensó en la necesidad de articular trabajo en
todo el departamento con representaciones genuinas de cada municipio, en crear
y lanzar un espacio que pudiera aglutinar todas las fuerzas e impulsar un
proceso en torno a temas fundamentales para la vida departamental.
Fue así que, el día de
ayer el Parque Las Banderas fue el punto donde se convocaron distintas
organizaciones impulsadoras de esta iniciativa como ser el Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia, la Pastoral de la Iglesia Católica de Jutiapa de
La Ceiba, Nuestra Señora del Pilar de Arizona, FUPNAPIB, Madre Tierra de La
Ceiba, Asociación de Juntas de Agua de Jutiapa (AJAJUTIA) y otras que se
sumaron en el curso de las diversas reuniones previas como ser diversas juntas de agua, patronatos sectoriales, entre
estos los del Florida, Pajuiles y Jilamito, la Junta de Agua de San Juan Pueblo
y ciudadanía interesada e involucrada en la vida del departamento. Del Parque
Las Banderas la movilización se dirigió hasta el parque central donde se llevó
a cabo el lanzamiento oficial del espacio.
El lanzamiento llevado a cabo el día de ayer fue un acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas y problemáticas principales.
Martín Fernández, MADJ.
A criterio de Martín
Fernández, integrante de la Coordinación General del MADJ el lanzamiento
llevado a cabo el día de ayer “fue un
acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y
población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta
dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas
y problemáticas principales.”
Atlántida con vida y
dignidad va más allá al referir que dentro de sus objetivos principales está proponer
acciones concretas que aseguren un rumbo adecuado del departamento, esto
implica increpar a autoridades locales y nacionales e instituciones como el
Instituto de Conservación Forestal (ICF), MiAmbiente, entre otras, a fin de que
estas respondan a las demandas de la población y de notificarles el proyecto de
vida que desean para el departamento.
“Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún nose han incorporado y tienen interés de hacerlo”, explicó Martín Fernández.
Es claro, Atlántida
camina con paso firme hacia su dignificación.
Lugar donde descansan los restos de José Salomón Matute y Juan Samael Matute asesinados el reciente 25 de febrero de 2019.
¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS DEL PUEBLO TOLUPAN?
Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y
febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del
histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña
en el pueblo indígena tolupán.
Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina,
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo
Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón
Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y
oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una
nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.
Milgen Idán Soto Ávila de 29 años, sostiene una fotografía de su primo Samael Matute asesinado en febrero de 2019 por su lucha en defensa del territorio y bosque ancestral.
Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su
cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE
realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la
dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del
Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez
criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos
integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario
Domínguez.
Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua
en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás
integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los
crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.
A apenas siete meses de ese doble asesinato de los
familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero,
la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la
tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en
defensa de sus bosques ancestrales.
Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas
tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el
Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en
San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y
empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad
en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la
responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos
sistemáticos.
¿Cuándo el Ministerio
Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de
desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa
de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser
castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar
doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las
tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de
provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre
y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la
indiferencia sistemática del Estado.
Es momento de señalar
la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante
situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el
Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la
FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan
otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los
intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio
mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros
crímenes.
La población
hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la
práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y
nacional para el saqueo y la sociedad hondureña. Son instituciones
ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la
impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del
poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen
a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo
puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en
el ejercicio de las empresas privadas?
Invitamos a la
población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores
intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del
empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica
pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién
o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos?
Las empresas, pero
también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben
rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar
corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos
indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la
impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.
30 de septiembre de 2019
¡Desde la dignidad siempre!
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
