El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.
El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.
Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.
Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.
También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.
El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.
(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.
En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.
Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.
En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.
En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes. Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.
(Tegucigalpa, Honduras, 13 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor de alrededor de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en condición de calle fue presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, COIPRODEN, Casa Alianza, FUNDAMBIENTE y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras ha normalizado la violación de todos los derechos de las NNA que sobreviven en calle, ha desobedecido las directrices y recomendaciones que en los últimos 30 años le han hecho organismos como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entre otros y, en consecuencia, hoy de manera adicional, se enfrentan a un altísimo riesgo de contagio y muerte por el covid-19.
Las organizaciones señalan que la Presidencia de la República, el SINAGER y la DINAF, han reincidido en su comportamiento omisivo, escapista y evasivo de sus obligaciones, violando el derecho a la salud, la integridad personal, la dignidad y poniendo en riesgo la vida de los miles de NNA que siguen sobreviviendo en las calles, sin que hasta el momento existan acciones concretas y efectivas que los protejan de manera sostenible.
De manera concreta, los amparistas piden que la SCCSJ ordene 10 medidas cautelares urgentes, orientadas a superar las históricas violaciones de derechos y las que hoy sufren los NNA en condición de calle debido a la amenaza del covid-19, los toques de queda extendidos y el abordaje policiaco, militarista, criminalizador que el Estado asume frente a la inhumana situación de los beneficiarios de la Acción de Amparo.
Algunas de estas medidas son: que se establezcan y pongan a disposición de manera inmediata, en distintas ciudades del país, albergues dignos para los niños y niñas que sobreviven en las calles del territorio nacional y eviten el contagio del virus, aplicación inmediata de pruebas rápidas para descartar o confirmar contagios por COVID-19, constituir un equipo multi y transdisciplinario, entre instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que consensuen y pongan en marcha, en el menor tiempo posible, una política pública integral para la atención de los NNA que sobreviven en la calle; que se destine un presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle.
Los amparistas requieren a la SCCSJ que notifique al Ministerio Público de la violación a los derechos fundamentales que han sido objeto los miles de niños y niñas que sobreviven en las calles, a efecto de investigar y deducir la responsabilidad a los funcionarios y funcionarias que por acción u omisión fueron autores o partícipes de esas violaciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), afirmó en 2017 que en nuestro país existen causas estructurales que conllevan a que un 77% de la niñez viva en condiciones de pobreza.
MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario
San Pedro Sula, 10 de abril de 2020. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó acción de amparo para que se garanticen los derechos a la salud, integridad personal y vida del personal sanitario y de la población hondureña en general. La acción procura proteger a la ciudadanía que acude a los centros médicos y que entra en contacto con el personal y las instalaciones hospitalarias.
El amparo está dirigido en contra de la Presidencia de la República detentada por Juan Orlando Hernández y la titular de la Secretaría de Salud, quienes en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 no han cumplido con su obligación de brindar de manera oportuna y suficiente el material de bioseguridad a todo el personal sanitario y tampoco han garantizado procesos de desinfección en los centros hospitalarios.
Este incumplimiento pone en grave riesgo la vida no solo de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, sino también de todas las personas que son atendidas y por ende de la población hondureña en general, debido a la rápida y peligrosa propagación y contagio del virus.
El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares.
Es preocupante que respecto de estos fondos no se han establecido mecanismos de control y transparencia para la rendición de cuentas más allá del reporte de la cifra ejecutada en el portal electrónico del gobierno de la República y que. a pesar de que entre las finalidad de su aprobación y ejecución esté la compra de equipo médico, de protección e insumos de bioseguridad, entre otras, las condiciones concretas en los centros hospitalarios no son las requeridas según los estándares internacionales dictados.
Es aún más preocupante que a pesar de todos los recursos disponibles, Honduras tiene una de las tasas de mortalidad más alta en la región latinoamericana de 6.70 %, solo superado por Bolivia con 6.81% de tasa.
Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud.
El amparo fue presentado en formato electrónico a través de la cuenta de correo electrónico facilitado por la Sala, por lo que es urgente que esta proceda a hacer la sesión respectiva haciendo uso de los medios virtuales disponibles para dar resolución pronta y asegurar que se reduzca el riesgo de contagio del personal sanitario y por extensión para sus círculos familiares, así como de las personas que reciben atención médica en los centros hospitalarios y de la población hondureña en general.
¿RETORNO A LA NORMALIDAD O EL INICIO DE LA REFUNDACIÓN?
Las fuerzas hegemónicas de la sociedad y gobierno en todos sus niveles coinciden en el esfuerzo y añoran un retorno inmediato a la normalidad. Se adaptan, mutan y afianzan para conservar su hegemonía a pesar que el CORONAVIRUS nos recordó que refundar la sociedad y la vida no es una apuesta de gente ilusa o poco ilustrada en política.
La domesticación de la humanidad está normalizada en extremo, lo refleja la poca reflexión seria, colectiva y sostenida para hacer de la crisis actual un momento de ruptura real y contundente con las estructuras que han ejercido tan perversamente el poder y han llenado de orfandad el país y el mundo.
Desde siempre, frente a cada crisis o emergencia, el régimen hondureño a través de sus máximas dirigencias incluyendo al grupo económico y religioso que le respalda, como toda mafia, con la fuerza militar y policial exhibe su poderío y desde las corporaciones mediáticas infunde terror y presenta como virtuosos sus crímenes y su negligencia. Al régimen lo acompaña su estructura de segundo nivel que opera en los distintos departamentos y municipios, exhibiendo privilegios y poder, repartiendo la bolsa de la miseria a la gente que ellos han empobrecido.
Finalmente, JOH conserva su hegemonía a través de los miles de empleados públicos de los tres poderes del Estado quienes acríticos-cómodos o fieles, atienden y ayudan a diluir el reclamo, la indignación y la muerte lenta de miles de personas por múltiples razones y en este contexto también por CORONAVIRUS.
El sector partidario no cachureco, tras la crisis del covid19 entró en desigual competencia en la entrega de las “bolsas de la miseria”, en inocultable afán proselitista; porque todo el sector partidario entiende que para hacer política y captar respaldo popular en esta sociedad de la no tan “moderna servidumbre”, es inevitable el tráfico con la dignidad de la gente. El sector partidario, incluso el más comprometido con el “cambio”, también le apuesta a conservar su hegemonía desde la llanura, esperando captar respaldo popular y en su momento, si llegan a asumir el control del gobierno intentar cambios, pero sin certezas de plantearse el cambio radical que el país necesita iniciar.
Los sectores sociales, más allá de las ya conocidas e innombrables organizaciones corruptas y de reconocida afinidad con el régimen de turno, tienen un conglomerado interesante de organizaciones de distinto perfil, con liderazgos y planteamientos esperanzadores y dignos. Sin embargo, este último sector, hace varias décadas acumula recurrentes, cómodas y notoriamente ineficaces prácticas de organización y lucha social.
En este contexto, no es ofensiva la hipótesis que considera que el movimiento social, también está sometido a la hegemonía de una corriente de organizaciones con extraordinarios planteamientos, pero sin la fuerza y sin la determinación de correr mayores riesgos para pensar en serio la refundación de la sociedad y el Estado hondureño. Los sectores sociales hegemónicos, aunque nunca dejan de convocar, también mutan para conservar el mismo estado y forma de luchar y con ello contribuyen a una normalidad que solo favorecen a las más perversas e históricas élites de poder del país.
Este enfoque crítico hacía todos los actores políticos y sociales sobre la trágica situación humana en que viven millones de hondureñas/os, no pretende quitar ni equiparar la infinita y superior responsabilidad que tiene la actual narcodictadura y sus antecesores. Pretende ser un llamado a los actores que somos conscientes de esta realidad pero nos resistimos a la idea del cambio radical que el país y el mundo necesita, simplemente porque también estamos conservando miserables privilegios personales y de nuestras organizaciones.
En el MADJ, desde siempre y ahora en tiempos de terror impuesto por el régimen y el covid19, nos sentimos directa e inocultablemente confrontadas. A 32 años de la histórica quema de la embajada gringa en Tegucigalpa y a 12 años del inicio de la huelga de hambre contra la corrupción y por la dignidad en los bajos del Congreso Nacional, evento que dio vida a nuestra organización; renovamos nuestra más honda reflexión en la más genuina perspectiva de contribuir al inicio de un proceso que nos refunde a nosotras, a las personas, la sociedad y el Estado hondureño.
Renovamos nuestro fraterno y franco llamado a la articulación y a la unidad no para la sobrevivencia, ni para la contemplación o falsos halagos, entendiendo que el escenario actual y el que nos herede este nos obliga a replantearnos con alta creatividad nuestro repertorio de acciones para la dignificación. Convocamos siempre al encuentro para la más honesta y radical reflexión que nos permita pasar a la propuesta real, organizada y concertada entre todos los actores comprometidos con el proceso de transformación y construcción de un mundo más justo para todas.
En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.
Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.
Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.
En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.
Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.
En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”
La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.
Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.
En tiempos de cuarentena, el saqueo y entrega del territorio hondureño no se detendrá, pues el Gobierno de Juan Orlando Hernández está garantizando que la emisión de permisos no se suspenda. Contrario a eso, ha puesto a disposición de “los desarrolladores de proyectos” una plataforma virtual para iniciar los trámites de licenciamiento ambientales y operación y así evitar que este rubro se detenga. En el comunicado dado a conocer por el Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Secretaria de Recursos Naturales, MI AMBIENTE, en colaboración con los esfuerzos realizados por el Gobierno Digital de Honduras exponen que, “En aras de promover la inversión en el país y continuar con el proceso de regularización ambiental, los desarrolladores de proyectos podrán presentar sus solicitudes de licencia ambiental en línea, adjuntando la documentación técnica legal correspondiente a través de la página web: miambiente.prohonduras.hn. También, el Gobierno, para facilitar la entrega del territorio comunica a los desarrolladores de proyectos que tendrán 60 días posteriores a la fecha de declaratoria oficial de finalización de cuarentena para presentar la documentación en físico teniendo ya avanzado el proceso en línea. Para cumplir con el sometimiento de los empresarios extractivos el gobierno hondureño les permitirá seguir operando con la licencia ambiental vencida y podrán solicitar la renovación de la misma durante los 60 días después de haberse declarado oficialmente el fin de la cuarentena. En el comunicado también afirman que “los Titulares de Proyectos, Obras o Actividades que a la fecha cuenten con Licencia Ambiental Operativa y en trámite de obtener su licencia ambiental definitiva: podrán continuar con el desarrollo de proyectos con dicha licencia durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional”. El gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente solicitará a “Los Titulares de Proyectos, Obras o Actividades que estén obligados durante el Estado de Emergencia Nacional a presentar Informes de Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental (ICMA´S), pagos por licenciamiento, multas e inspecciones, podrán realizarlos en un periodo de 60 días posteriores a la fecha de declaratoria oficial de finalización de la actual Emergencia. Con estas medidas el gobierno de Juan Orlando Hernández asegura el sostenimiento de su política de concesionamiento del territorio hondureño, mientras el más del 65% de la población vive en pobreza y busca las formas de enfrentar el virus COVID 19 y al mismo tiempo al peor virus que ha atacado a Honduras, la narcodictadura.
El pánico y distracción que ha
provocado la pandemia mundial denominada Covid19 no nos quita el ánimo ni la
motivación para saludar a compañeros y compañeras de lucha, de tesón y de
valentía comprobada en la defensa de la dignidad de los pueblos, de la justicia
y de los bienes comunes.
Hoy 27 de marzo arriba a un
aniversario más nuestra organización hermana, el COPINH, y desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia les saludamos con toda la solidaridad y
los afectos que producen todas las luchas por la dignidad.
Es por eso que hoy, desde cada
una de nuestras trincheras, desde cada territorio, desde cada persona
organizada en nuestro espacio les enviamos un revolucionario y fraterno abrazo,
para decir nuevamente que nos alegramos y celebramos su existencia, su vida y
su coherencia. Que desde su fundación ha sido y será un estandarte y motivación
para nuestras luchas.
Les agradecemos por ser la
inspiración de siempre en el desarrollo de las más justas y necesarias
rebeldías contra el racismo, capitalismo, patriarcado, colonialismo y otras
estructuras oprobiosas que afectan a nuestros pueblos y por mantener vivo el
legado de nuestra querida Bertita.
Les alentamos a seguir
construyendo y viviendo la refundación «por adelantado»; en
colectividad, en hermandad «juntándonos» todos y todas para llegar a
encontrar el bienestar común y reiteramos que su profunda, humana y alegre
lucha; seguirá siendo faro para muchos y muchas que aspiramos a que todos y
todas vivamos en DIGNIDAD y JUSTICIA.
Desde el MADJ les deseamos que la tarea de buscar dignidad y justicia siga hermanando nuestros pueblos, nuestras organizaciones, nuestros quehaceres y nuestros corazones.
En tiempos de crisis
cada sector muestra su verdadero espíritu e interés. Queda claro que el COVID
19 está siendo el escenario perfecto
para una nueva fase de saqueos por parte de la narcodictadura, la cual en menos
de 20 días se ha garantizado casi 500 millones de dólares bajo la excusa de
atender la emergencia, los cuales no podrán ser auditados.
No quedan dudas, el
virus es una amenaza real que está impactando en niveles severos a países del
mundo con sistemas de salud fortalecidos y capacidades estatales reales. Sin
embargo, en Honduras, la fórmula
corrupción – militarización sigue siendo la única respuesta del narco gobierno,
evidenciada en las distintas medidas adoptadas e implementadas a partir del 11
de marzo hasta este momento.
La narrativa de
prevención con la cual han trasladado a la población medidas como la aprobación
de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, la suspensión de
labores tanto en el sector público como en el privado, el cierre de fronteras,
terminales aéreas y marítimas para tránsito de personas, el toque de queda
absoluto, entre otras, se ha desvanecido por completo con hechos como la compra
inadecuada de ventiladores mecánicos, las masacres en la colonia San Francisco
en Tegucigalpa, los tres femicidios en Choloma, Cortés y el hallazgo de la
narcoavioneta “ambulancia” colombiana que transportaba cocaína la cual fue
robada antes de la llegada de las autoridades al lugar, y el reiterado
desprecio de las grandes empresas por sus trabajadores al suspender contratos y
condenarles al hambre, entre otras.
Todo esto sumado a la
adopción de las campañas internacionales de quedarse en casa como medida
principal para prevenir el contagio y el llamado a aplaudir al personal médico
para agradecer su labor, son una muestra clara del clasismo y la grave
incapacidad que la narcodictadura tiene para responder a la crisis en un país
donde más del 60% de los más de ocho millones de habitantes vive en condiciones
de pobreza según las cifras del Banco Mundial y donde el sistema de salud
pública enfrenta el segundo desfalco y saqueo millonario en la historia del
país.
Las medidas
autoritarias adoptadas son una bomba de tiempo que estallará a la brevedad con
la llegada del desabastecimiento de alimentos y la profundización de la pobreza
que ya vivimos. Ese es el escenario
posterior en el que la narcodictadura empleará los fondos saqueados mediante el
clientelismo político y el populismo como herramientas de su campaña electoral.
La población hondureña
tiene claro qué puede esperar y no esperar del gobierno en general y
particularmente en este contexto, pues ha sido evidente a lo largo de sus
mandatos que su compromiso real es con el narcotráfico, las empresas y
asociaciones privadas y el capital transnacional extractivo. Por eso lo más
urgente y necesario es preguntarnos cómo respondemos a esto desde la
solidaridad, la ternura y el cuidado colectivo.
Es urgente preguntarnos
y respondernos, ¿qué papel nos toca y debemos asumir las organizaciones de
derechos humanos y los movimientos sociales y populares para dejar de ser
simples observadores? ¿Es posible que la oposición política y social promueva e
instale colectivos populares integrados por médicas y profesionales de la salud
para enfrentar al coronavirus y a la peste mayor que es el régimen de la
narcodictadura?,
¿Podemos conformarnos como colectivos o redes
solidarias en cada una de nuestros barrios y colonias para amortiguar el golpe
del desabastecimiento de alimentos? ¿Aportar lo que podamos para que sintamos menos la orfandad y asumir la
condición de sujetos colectivos del proceso?
Es horroroso ver al
régimen, a otros actores políticos y económicos traficando con la dignidad de
nuestro pueblo, haciendo proselitismo con la inseguridad y el miedo de nuestra
gente, por eso desde el MADJ nos asumimos con la responsabilidad de pensar y
proponer y no conformarnos con el encierro individualista.
Hacemos un llamado a la
oposición parlamentaria y funcionarias/os al margen de la dictadura, a que sus
cargos irrumpan camino en la implementación de propuestas para enfrentar la
crisis de esta emergencia. No podemos ser espectadores. Deben usar sus cargos
públicos en su mayor o menor medida, para dar las respuestas que la dictadura
se niega a brindar. Son quienes en este momento histórico deben asumir el
debate sobre la ruta diaria de la crisis, visualizando los alcances y medidas económicas
a futuro.
Llamamos a romper el distanciamiento social, a hablar, actuar y responder a ello en conjunto con cuidado colectivo, con la solidaridad y la ternura que son la verdadera y real esperanza de nuestra sociedad ahora y en todo momento.
–
“En 2019 tomé la decisión de sacar mi bachillerato
trabajando de lunes a viernes en la municipalidad de Arizona, haciendo trabajo
de ama de casa y estudiando los sábados y domingos, viajando hacia el puerto de
Tela y lo logré. Ahora mi sueño es seguir en la universidad y poder sacar una
licenciatura.”
Lucy
tiene 38 años. Es una mujer de piel canela o trigueña, como acostumbramos decir
en estas honduras. Usa el cabello a los hombros, siempre de color negro. Sus
ojos son café oscuro y un poco achinados, sobre todo cuando sonríe. De pocas
palabras, en general, pero con la palabra precisa y la claridad política cuando
decide romper el silencio.
Lucy
es la encargada política de formación del Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia y la responsable de comunicaciones del núcleo de Arizona, en
Atlántida, zona donde habita.
Por
estos días recientes, nos ha dado una lección grande y hermosa sobre cumplir
sueños. Se graduó del bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Lo
que inició como un sueño, luego se convirtió en una decisión de lograrlo. Lucy
cuenta que fue en el año 2014 que tomó la decisión de seguir con sus
estudios. “…a mis 33 años comencé de nuevo”, cuenta.
Lucila
Yamileth Lemus Cruz o “Lucy” como cariñosamente la llamamos quienes tenemos el
privilegio de compartir con ella la militancia y los sueños colectivos, nació en
el puerto de Tela, Atlántida, el 26 de febrero de 1982. Hija de doña María
Juventina Cruz Gómez y de Don Francisco Lemus Marques, conocido popularmente como
“Don Chico” quien trabaja en la ebanistería, proviene de una familia conformada
por 6 hermanos en total, 5 mujeres y 1 varón. Lucy cuenta que a dos de sus
hermanas les ha tocado emigrar del país por la falta de posibilidad de un
trabajo.
Recuerda
que su niñez la vivió muy feliz en el municipio de Arizona, Atlántida y que estudió en la escuela Carlota Márquez de
Paz García. Para 1994 Lucy ya tenía su título de sexto grado, pero la realidad
la golpeó desde entonces, ya que a pesar de ser una buena estudiante, por
cuestiones económicas y la situación de su familia no pudo seguir estudiando y
tuvo que empezar a trabajar.
-“Lo que más recuerdo
de mi infancia”, me dice, “es la seguridad con la que jugábamos con
nuestros vecinos en la calle hasta altas horas de la noche y no pasaba nada. Las
veces que mi madre nos llevaba en aquel entonces al río Arizona.” En la
actualidad el río Arizona se ha convertido en un riachuelo del cual, como dice
Lucy “solo los buenos recuerdos quedan de lo
caudaloso que era.”
Lucy
se casó a temprana edad, a los 14. A los 15 tuvo a su primera hija que ahora
tiene 23 años. A esa edad también le tocó posponer sus sueños de estudio, esta vez ya no por la precariedad económica de
su familia, sino por su hija, su trabajo, su esposo, su casa.
Pero
la vida es sabia y nos cruza siempre en el camino con otros seres, con otras
mujeres que nos sostienen pero que también nos empujan a comernos el mundo que
también es para nosotras. En 2008 Lucy inició a trabajar con Doña Elena Gaitán,
compartió con ella hasta el 2018.
Doña
Elena obtuvo su título de Bachiller a los 45 años, por eso fue clave para que
Lucy despertara en sí misma sus sueños, aspiraciones y metas que parecían
dormidas entre la normalidad de maternar y trabajar para la sobrevivencia. Le
insistía en que no hay edad para superarse.
Fue
así que en el año 2014, Lucy tomó la decisión de seguir estudiando, se
matriculó en el Instituto de Educación por Radio IER. En 2017, producto de su
esfuerzo y dedicación, en medio del cuidado de sus 4 hijos, dos mujeres y dos
varones, de su trabajo y el trabajo de la vida en pareja, culminó su ciclo
común.
En
2015 Lucy ya había escalado un peldaño más, se había demostrado a sí misma que
su fuerza, entrega y dedicación tenía recompensas y que sus sueños estaban tan
cerca como ella lo deseara. Pero ese año llegó no solo con un título, sino
también con la inquietud y la necesidad de pensarse de manera más activa su
entorno, su municipio, el departamento y el país. En esto también fue clave
doña Elena. Ambas fueron coincidiendo en el reconocimiento de la necesidad de
organizarse, de plantearse la lucha por la dignidad.
Esa
misma Lucy que le plantó cara al sistema patriarcal que nos quiere de madres
jóvenes, en las casas y en lo privado, no solo se atrevió a hacer realidad su
derecho a ser mujer profesional, sino también a ser mujer que decide sobre lo
público. Empezó siendo miembra del patronato de su barrio, luego del patronato
central de su zona y así sucesivamente. Conoció del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia por Wilmer Ramos, un joven militante activo del MADJ en
el sector, a quien Lucy recuerda con cariño.
Todo
eso fueron los inicios de un camino para Lucy que se sigue confeccionando con
su día a día. Una Lucy con claridad política, afianzada en un proyecto político
por la dignidad y la justicia para su departamento y para Honduras.
Actualmente
sigue siendo miembra del patronato, miembra de la Junta de Agua y como ella
misma lo manifiesta: “orgullosamente
militante del MADJ.”
Ha
desempeñado y sigue desempeñando un papel muy importante en la organización y
en la formación dentro del MADJ. Es uno de los pilares fundamentales de la
lucha que se sostiene desde el Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito,
plantándole cara y ejerciendo soberanía frente a una empresa extractiva
depredadora que pretende aprovecharse de su río, la única fuente de agua que
les queda para su consumo a 26 comunidades.
Trabaja
en la Oficina Municipal de la Mujer de Arizona. Con compromiso militante en
vela por sus derechos y por los de las demás mujeres de su zona, por la
igualdad de género e interviene también en el área de Niñez, Juventud y Adulto
Mayor.
Lucy
la tiene clara desde su propia experiencia, ella afirma que se trata de “luchar contra el capitalismo y el
patriarcado al mismo tiempo. Luchar contra las múltiples opresiones que nos
afectan a nosotras, las mujeres”.
Reflexionando
en los retos que le ha tocado enfrentar, Lucy enfatiza en que el mayor de todos
es ser mujer y vivir en un país como el nuestro. Ser ama de casa, luchadora
social, estudiante, trabajadora, madre, esposa. Todo al mismo tiempo. Ese es un
verdadero reto.
Ella
sabe que sus sueños de seguirse educando ha sido un reto que le ha tocado
afrontar desde sus 33 años, desde el mismo momento en el que decidió empezar de
nuevo. Pero Lucy es optimista y afirma que “con
la ayuda de Dios seguiré adelante, pues sabemos que leyendo y estudiando
hacemos la diferencia.”
Sus
aspiraciones, cuenta, es demostrarle a sus hijos e hijas con hechos que no se
dejen vencer por los tropiezos, por los obstáculos que cruzamos en la vida. Que
siempre hay un camino que seguir, siempre hay una meta que alcanzar.
Lucy
sueña, sueña y trabaja día a día por hacer de esos sueños realidad, por eso, para
alcanzar su aspiración más próxima que continuar estudiando en la universidad y
cursar una licenciatura, ya es aspirante
a hacer el examen de admisión universitario. En unos años, veremos a una Lucy
convertida en Técnica en Desarrollo Local para poder “trabajar por las mujeres y los
jóvenes de nuestro municipio de Arizona”, como ella misma afirma.
Lucy
y sus logros son una luz que iluminan estos días oscuros para el país y para el
mundo. Son esperanza en medio de un mundo y una sociedad altamente machista y
empecinada con nosotras, con nuestras vidas y nuestros cuerpos, con nuestra
capacidad de decidir y de hacer nuestros propios caminos. Ella y su esfuerzo,
su poder plantar cara a los obstáculos nos recuerdan la fuerza que solo
nosotras sabemos guardar y mostrar.
Y
no se trata de romantizar el sacrificio, de esconder la responsabilidad de los
valores patriarcales que dirigen nuestras sociedades, de esconder el dolor y
las marcas que nos deja el luchar día a día porque nuestra existencia se note e
importe. Se trata de decir en voz alta, al patriarcado, a la sociedad misma que
aún medio de esas cenizas nosotras resurgimos, que no hay fuerza mayor que la nuestra,
que la voluntad de abrir caminos y de sobre ponernos a los destinos que
nosotras no elegimos. Que aún con todo lo que no está bien nosotras seguimos
andando, convencidas de que queremos y vamos a cambiarlo todo.
Que como bien ha escrito nuestra poeta Clementina Suárez “No he venido al mundo para llora (…) no importa que pretendan negar la luz de mi destino… Más lo que así pretendan que por mí no teman que haría falta para ello desconocer que yo aprendí a cantar con las palabras justas. Ignoran acaso que en el recinto de mi pecho he dejado entrar el universo y que tengo como cumplido deber gozoso amar la justicia, la lucha, la esperanza y afianzare a ellas con mi corazón, mi canto y la vida misma.”
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.