analisis y opinion

Agua para la vida y no para el capital nacional y extranjero

Publicada el 23/03/2023 | por comunicaciones | Dejar un comentario

¿Qué queremos hacer con nuestras fuentes de agua en Atlántida?

Este mes de marzo, en el marco del Día Mundial de Acción por los ríos y el Día Mundial del Agua desde nuestra memoria viva y el compromiso presente de nuestros pueblos, comunidades y territorios, actualizamos la decisión impostergable de resistir de manera colectiva, soberana y propositiva ante el modelo económico y político ,basado en la acumulación por desposesión, ecocida y empobrecedor; movidos por la justicia del libre acceso al agua para beneficio de todos y todas como derecho humano y principio del bien común.

Avanzaremos en nuestro trabajo organizativo, formativo y político para declarar los bienes hídricos 1del departamento de Atlántida para consumo humano y bien común y no para el voraz capital. Nos enfocaremos en declarar zonas productoras de agua para consumo humano a perpetuidad. Nuestros territorios serán los administradores para garantizar su democratización y acceso equitativo para todos y todas. Involucraremos en nuestra propuesta departamental de agua a organizaciones, patronatos, juntas de agua, iglesias, alcaldías, la institucionalidad estatal y colectivos para que de manera articulada ejerzamos la soberanía y la autoderminación sobre los bienes comunes naturales, en especial el agua.

A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos, constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

El agua es elemento vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares 1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el grupo financiero CME.

Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y ausente en las periferias y zonas rurales. Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias, mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio.

En casi todo el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.

En el departamento de Atlántida existen municipios como Esparta donde, a pesar de tener varias fuentes de agua, más de un tercio de sus comunidades sufren sequía, mientras el Grupo Terra se lucra del rio san Juancito para generación de energía eléctrica. El inadmisible que en sectores como el Porvenir la contaminación del agua por venenos agroindustriales utilizados en las piñeras y la palma africana, este acabando con la vida acuática y de la reserva de vida silvestre. Además, Pico Bonito y la Sierra nombre de Dios están siendo devastadas por la deforestación, el avance de la palma africana y la ganadería sin que las autoridades competentes implementen políticas y protocolos de protección. En el Municipio de Tela las plantas extractoras de aceite de palma contaminan ríos, riachuelos, lagunas y playas con desechos tóxicos, hasta el momento estas acciones permanecen en la impunidad.

En Arizona y la Másica donde operan centrales hidroeléctricas en las principales fuentes de agua que por años protegieron las comunidades, mientras sus dueños generan ganancias millonarias anuales, a los municipios y las comunidades les dejan migajas, ruina, saqueo y pobreza.

El rechazo por la privatización del agua, desde la organizaciones populares y comunitarias como el MADJ son acciones que se unen a la demanda global de colectivizar este bien natural común, para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.

Nosotros como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, desde los territorios organizados en el departamento de Atlántida hemos enfrentado la oleada y avance del capital transnacional que a través del extractivismo, la minería, las hidroeléctricas, las térmicas y los monocultivos han pretendido la privatización del agua, su mercantilización y explotación para la generación de capital y no como bien común.

El modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua. La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, ha generado dentro de nuestras comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa. Nuestro territorio organizado en defensa de los bienes comunes se suma a las exigencias y propuestas colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital. Somos parte de los miles de personas comprometidas, que dedican su vida y esfuerzo en defender el agua, la vida, el territorio para el sostenimiento de la vida, desde una posición política radicalmente asentada en el bien común, enfocada en garantizar el agua como derecho humano para los pueblos y no para el capital.

¡Los bienes hídricos de Atlántida y de Honduras serán para consumo humano y no para el capital!

CARTA PÚBLICA A LUIS REDONDO Y JEFES DE BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA ELECCIÓN DE LA CSJ

Publicada el 30/01/2023 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!

San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023

Señor Luis Redondo

Presidente del Congreso Nacional – Honduras

cc.

Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional

Presidente Redondo,

Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,

La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.

Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.

A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.

Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.

En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:

1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y

2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.

Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:

Jury Fernando Melara
Any Belinda Ochoa
Daniel Sibrián
José María Díaz
Luis Alonso Discua
Danelia Ferrera
Roy Pineda Castro

Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.

Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.

De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.

De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.

En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:

Maribel Espinoza
Rasel Tomé
Mauricio Rivera
Gladys Aurora
Alberto Chedrani
Edgardo Casaña

Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más, la perversión del sistema de justicia.

Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura^[1]:

Garantía contra presiones externas;
Adecuado proceso de nombramiento; y,
Inamovilidad en el cargo.

Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:

Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”

Señores diputados,

Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Carta pública a la presidenta Xiomara Castro a un año de su gobierno: Hay que pasar del discurso, a la acción

Publicada el 28/01/2023 | por comunicaciones | Dejar un comentario

San Pedro Sula, Cortés 27 de enero, 2023

Señora Presidenta,
Compañera Xiomara,

Hace un año la mayor parte de la sociedad hondureña vivió un momento feliz y esperanzador. Miles de hombres y mujeres, de todas las edades, lo festejaron. Por fin concluía la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y de todas las fuerzas oscurantistas que la habían sostenido desde el trágico golpe de Estado de junio de 2009.

Su recorrido triunfal hacia el Estadio Nacional para que le impusieran la banda presidencial confirmaba la amplia base social con que iniciaría su mandato, no toda perteneciente al Partido LIBRE, pero si toda necesitada de confiar en que un futuro más digno y justo podía construirse con usted al frente del Poder Ejecutivo.

Rápido transcurrió el primer año y hoy el aniversario se cumple con un país que no da muestras claras de ir procurando cambios de fondo, un país que dice estar en un proceso de “transición”, pero sin saber hacia qué o hacia dónde se transita.

El mejor ejemplo de esto es precisamente el vilo en el que nos encontramos por el desenlace en la elección de los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que al final fue manchado al concretarse un listado de 45 personas en la cual, la influencia política-partidaria logró colarse hasta que nombres de abogados despedidos por la misma institucionalidad pública por corrupción fueron incorporados, o de abogadas que son ampliamente conocidas por ser, a lo interno del Poder Judicial, las “tramitadoras” de los fallos. Es así que hoy ya no se necesita buscar nombres fuera del listado, la votación de los diputados será pública y la negociación se limita a cuotas por partido político. En resumen, hay un discurso que cambia, pero las acciones concretas son las de siempre.

El tema de la justicia en Honduras no es poca cosa y el cambio que deseábamos ver tampoco lo es si tomamos en cuenta que el sistema judicial es la estructura sobre la que se ha cimentado desde la expoliación de nuestros recursos naturales y territoriales, la violación permanente e impune de nuestros derechos humanos, la corrupción legalizada y hasta el narcotráfico. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad sabemos muy bien lo que decimos, porque nuestro trabajo y compromiso diario es por romper este estado de injusticia global que nos envuelve como país y como sociedad.

En estos momentos nuestro rol como parte del movimiento social nos permite vincularnos y tener un trabajo certero en más de 15 territorios a nivel nacional que van desde una comunidad llamada Azacualpa en La Unión Copán que lucha contra un monstruo minero, en Locomapa, Yoro, en donde el pueblo Tolupán lucha por sus bosques, Pajuiles o Jilamito en Atlántida, Palagua en La Paz, que defienden su derecho al agua frente a empresarios energéticos, hasta por el derecho a una vivienda digna, como en Castaños de Choloma en Cortés, o por el derecho a la tierra, como en El Aguán, Tacamiche, para citar solo algunos.

Todos son ejemplos crudos de cómo la población más empobrecida, marginada o desposeída se enfrenta, todavía en desigualdad de condiciones, a grupos de poder, desde élites financieras y bandas del crimen organizado hasta empresas transnacionales u organismos financieros internacionales.

Todas estas comunidades, Señora Presidenta, a un año de su gobierno siguen poniendo el pecho y la sangre, y estos grupos siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector de energía.

También es evidente en temas como el acceso a tierra. Justo en vísperas de este aniversario tan importante del triunfo popular ante la narco dictadura, fue asesinado José Omar Cruz Tomé, dirigente destacado de la Plataforma Agraria del Aguán, presidente de la cooperativa Los Laureles y un compañero de lucha del MADJ y el BED.

Le volvemos a recordar que el asesinato de Omar se produjo por sicarios contratados por las empresas agroindustriales de la zona, entre ellas DINANT. El asesinato de Omar, como de muchos otros, pudo evitarse si su gobierno y usted misma hubiera atendido con la importancia y seriedad la decena de denuncias y llamados hechos por la Plataforma y nosotros mismos y presentados ante las autoridades denunciando la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán.

La muerte de Omar también pudo haberse evitado si hubiera existido el interés y establecido la importancia por parte del gobierno de darle seguimiento al Convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y a partir del cual se le presentó a usted la propuesta para dar una solución de fondo al tema de propiedad de las tierras en El Aguán.

El asesinato de Omar nos duele, como nos duelen los más de 150 campesinos y campesinas asesinados en esa disputa de tierras que se remonta al despojo de sus derechos por la política neoliberal implantada por el corrupto gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Igual nos duelen los más de 13 compañeros y compañeras Tolupanes asesinados por defender el bosque, o por defender los ríos, o los recursos de la tierra como nuestros compañeros de Guapinol.

No hay una nueva realidad para este tipo de violencia y tantos otros que tienen lugar en nuestro país. Poco o nada ha cambiado en este año. Un ejemplo es la SERNA que un día anuncia el fin de los permisos para la industria minera y a la velocidad de la presión ejercida por este grupo económico tuvo que dar marcha atrás. No podemos negar que existe un discurso solidario, pero no hechos que lo legitimen.

Sus funcionarios subalternos nos reciben, pero no nos atienden. Hacen llamamientos públicos, pero no ejercen su función o lo que es peor, no entienden o no quieren entender el rol que deben desarrollar. Puntualmente sentimos que cada vez más las puertas de Casa Presidencial se están cerrando al reclamo social y popular, especialmente para aquellos sectores y organizaciones como las nuestras, que mantenemos nuestra independencia y la libertad de pensamiento.

Si la destrucción de la institucionalidad del Estado fue visible en la última década, entonces ¿Cuál es la función que el nuevo gobierno y sus funcionarios están llamados a realizar para fortalecer o refundar el Estado?, ¿Comprenden sus funcionarios y funcionarias la dimensión del reto que tienen por delante?, ¿Están interesados en cumplirlo o solo andan buscando perpetuarse en el poder por varios años más?

Compañera Xiomara,
Quisiéramos seguir llamándola así y queremos creer que este año se trató de enderezar el barco. Pero ya es tiempo de superar el discurso del daño heredado por JOH y su pandilla de ladrones y empezar a concretar los cambios prometidos. Ya no se vale decir que no se hace esto o lo otro porque la titularidad de ciertas instituciones no está bajo el dominio de LIBRE. Usted es la presidenta de Honduras y los cambios se harán si usted los impulsa y si son del beneficio colectivo, tendrá un movimiento social que los respalde.

Tampoco se podrá enderezar el país, si el sistema educativo público y muchas otras instituciones
siguen sumidas en el caos y la ingobernabilidad producto de disputas viscerales entre funcionarios
y empleados de su administración que rápidamente se olvidaron que la tarea fundamental del país es la refundación y no el reparto de chambas y privilegios entre familiares y amigos.

Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento; pero, con toda y esa maraña de oscuros intereses que se mantiene, algo -no sólo el discurso- tenemos que sentir que está cambiando. Para este año el Congreso Nacional le aprobó un presupuesto de más de 300 mil millones de lempiras y el año pasado dispuso de más de 200 mil millones… algo ya debería estar cambiando, otras deberían ser las prioridades de uso de estos recursos.

Sin embargo, tampoco aquí miramos avances concretos. La proyección general que refleja este presupuesto es que el gobierno de la República tendrá recursos para hacer proselitismo social-político y muy poco para invertirlo e iniciar un proceso de reactivación productiva. Presupuestos como el de salud y educación tienen aumentos vegetativos, pese al desastre que nos ha revelado y profundizado la pandemia del COVID-19.

La deuda pública desbordada, una inflación descontrolada y que se convierte en el principal impuesto para la población, el drenaje a los institutos de previsión, partidas enormes para el uso discrecional, la falta de acuerdo para resolver el déficit provocado por el sector energético, el uso desenfadado de las reservas internacionales…van a mejorar o a profundizarse estos problemas, ¿Cuánto más debemos esperar a que las promesas en estos temas se vuelvan realidad?

Como organizaciones responsables y justas no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs” o la “Ley de secretos”, pero igual nos siguen criminalizando y asesinando en los territorios. De igual forma, usted volvió a darles a la Policía y al Ejército poderes especiales para que “hagan y deshagan” y solo es cuestión de tiempo para que un nuevo patrón de violaciones a derechos humanos se instale en el país. Eso es, de nuevo, lo que nos preocupa. Es peligroso que el descontento aumente porque pueden volver a retomar el poder los de siempre; los saqueadores, los vendedores de patria, los sin conciencia.

Presidenta Xiomara, si de verdad se quiere transformar Honduras, construir ese “socialismo” del que se habla, hay que priorizar el cumplimiento de los compromisos y promesas por los que la gente la eligió: seguridad, justicia, protección de los derechos humanos de la manera más integral, reactivar la economía digna y en consonancia con los derechos de la naturaleza y la tierra, generar empleos que brinden oportunidades de desarrollo aquí en Honduras, parar la corrupción, instalar la CICIH sin tanto cálculo político o sentando desde ya la impunidad para las actuaciones incorrectas en su gobierno…. En fin, crear un acuerdo nacional que aborde todos estos desafíos, pero desde la perspectiva popular, no para pasar
el poder y sus recursos de un puñado de manos a otro puñado de manos. No podemos aceptar situaciones que siempre hemos rechazado, como el reparto del país, sólo porque Libre está en el poder o porque Usted o el Señor Manuel Zelaya así lo indican.

Si su gobierno se decide hacerle frente a estos problemas que son de fondo y que requieren de respuestas y acciones de fondo, por supuesto que contará con nosotros que entendemos que una parte de la responsabilidad de cambiar las cosas radica en la sociedad, en la ciudadanía.

Señora Presidenta…aún quedan tres años de su mandato. Reconocemos sus buenas intenciones, pero advertimos, honesta y responsablemente, que eso no basta. Este primer año ha sido de desahogo social, pero el tiempo vuela y tenemos un país en donde el 80% de su población ha sido empobrecida y esa es una tragedia que se vive a diario. El desplome de las ilusiones y expectativas de la población ante una realidad que la agobia no augura un futuro prometedor para el país. Escuche el reclamo genuino de la población, vuelva a establecer las prioridades, comprometa su palabra y cúmplala…

Presidenta Xiomara, usted recurrentemente nos reitera que la refundación del Estado y la sociedad es su tarea fundamental. En concordancia con ese desafío, es crucial recordarle que la refundación solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

En ese sentido, al inaugurarse el segundo año de su gobierno, por coherencia, esperamos que se abra al diálogo franco, directo y fraterno con el movimiento social y popular autónomo que tiene igual o mayor compromiso por la refundación del país; que las cartas enviadas a su despacho por nuestras articulaciones sociales y las masivas movilizaciones de campesinos y otros sectores populares a la capital también tengan respuesta y acogida pública en su despacho; como la han tenido hasta ahora las representaciones de la élite financiera, económica-agroindustrial corrupta y violenta de nuestro país.

El MADJ y el BED estamos totalmente convencidos que su gobierno debe estar abocado a sentar las bases de transformaciones estructurales, empezando por la justicia, y a considerar que la continuidad democrática de sus políticas radica en convertir la defensa y concreción de los derechos humanos en su quehacer fundamental.

Encuentro territorial por la búsqueda de Justicia

Publicada el 11/11/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Análisis del sistema de administración de justicia y elección de la nueva corte suprema de Justicia

En el marco de la elección de la “Nueva” Corte Suprema de Justicia mas de 15 organizaciones con luchas territoriales en 12 departamentos de Honduras nos hemos autoconvocado desde el poder popular para debatir, dialogar y proponer sobre uno de los temas urgentes de país: La Justicia. En este espacio confluimos la Plataforma del Aguan/COPA con sus bases campesinas, Saba, la Central Nacional de trabajadores del campo (CNTC), seccional El Progreso con sus más de 30 bases, Ceguaca Santa Barbara, Tacamiche en san Manuel Cortes, Radio Dignidad, Jilamito, Pajuiles, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Los pueblos originarios: Tolupán (Locomapa, Luquigue y Vegas de Tepemechín), Lenca ( Guajiquiro La Paz) y Maya Chortí (Azacualpa) con sus más de 500 años de resistencia, las fuerzas vivas de Choloma, los Castaños de Choloma y Radio san Viator de Jutiapa.

Desde nuestra experiencia y reflexión cotidiana de resistencia, de ejercicio soberano y de gobierno local, asumimos de manera apremiante y con responsabilidad histórica la discusión sobre el proceso de la elección de los nuevos magistrados que conformaran la Corte Suprema de Justicia; que junto a los otros dos poderes del estado (ejecutivo y legislativo) guiaran el destino del país los próximos siete (7) años. Emprendemos esta articulación permanente para demandar y construir el acceso a la Justicia como Derecho inalienable, reflexionamos y cuestionamos el sistema de administración de justicia (Elección de la CSJ y fiscal general) y nos proponemos una disputa política real que trascienda coyunturas para convertirse en práctica común del ejercicio popular.

Como organizaciones populares sabemos de justicia, no como expertos sino como destinatarios de esa justicia que tiene rostro de impunidad. ¿Quién nos representa como movimiento social en esta elección de la Corte suprema de Justicia? ¿Cómo organizaciones sociales que tipo de acceso a la justicia tenemos? ¿Cómo se responde a nuestras demandas de justicia? ¿a qué intereses responden los notario y notarias que se postulan a magistrados? ¿Qué tipo de Corte Suprema de Justicia vamos a tener en los próximos siete años? ¿Qué esperar de estas quince (15) personas que van a conformar la Corte? Siendo la Justicia un tema de país, no solo nuestro, somos nosotros quienes más sufrimos la persistencia de la crisis de justicia, que una vez más avanza hacia la consolidación de una corte sistémicamente viciada con la herencia de la narco-dictadura. Nuestros territorios son escenario de la reivindicación de asuntos de importancia del país, reivindicación de la reforma agraria y el derecho a la tierra, protección de los bienes comunes naturales frente al modelo extractivista, ahora neoextractivista, reivindicación

Organizaciones de derechos humanos presentan “recomendaciones de acciones temáticas” al Gobierno de Honduras

Publicada el 25/10/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El Consorcio de organizaciones defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, aglutinadas en el programa “Defender derechos humanos en tiempos de covid19” respaldado por la Unión Europea en Honduras, presentó al gobierno una serie de recomendaciones de acciones temáticas en el marco de la defensa y promoción al respeto a los derechos humanos en el país.

Aquí el comunicado:

Honduras atraviesa una profunda crisis de derechos humanos, visible en todos los ámbitos, particularmente en la situación de mujeres y niñas, pueblos originarios y personas defensoras de la tierra y el territorio. Esta crisis históricamente ha estado determinada por la herencia de la ausencia del Estado, la generalizada corrupción y en el último período, por factores como la pandemia del COVID-19 y los fenómenos climáticos Eta e Iota, que impactaron directamente en las poblaciones más vulnerabilizadas en un contexto de continuos fracasos de las políticas neoliberales excluyentes, patriarcales y racistas.

En el contexto de instalación del nuevo gobierno, la Presidenta Xiomara Castro anunció en el “Plan de Gobierno para Refundar Honduras” una serie de medidas prioritarias a implementar para atender las demandas de las mujeres, los pueblos originarios y de las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra y el territorio; que durante décadas de implementación de políticas neoliberales han emprendido procesos de resistencia y construcción de propuestas de transformación, en la lucha por la garantía y el acceso a derechos humanos y derechos territoriales.

Desde una perspectiva general, se puede sostener que las acciones gubernamentales apuntan a atender las demandas históricas de las organizaciones y movimientos sociales y populares. No obstante, los retos del Gobierno siguen siendo grandes, ante los bloqueos de las élites extractivistas y el poder que ejercen los sectores conservadores y religiosos en el Estado. Asimismo, las acciones realizadas deberán reforzar el enfoque de Derechos Humanos en los esfuerzos de impulsar políticas públicas, programas y proyectos que garanticen la inclusión y la democratización de la sociedad hondureña.

Por lo antes mencionado, el consorcio DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE COVID-19 EN HONDURAS, con base en el informe “Balance general sobre la gestión inicial del gobierno de Xiomara Castro en materia de derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios y derechos de las personas defensoras de la tierra y el territorio” insiste en las siguientes recomendaciones:

Adoptar e implementar las recomendaciones de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). En el marco del examen periódico universal (EPU), se establecen una serie de recomendaciones para que el Estado de Honduras avance en la solución a problemas sustanciales de las comunidades rurales, indígenas y campesinas, con énfasis en el acceso a un sistema de protección social que garantice la salud integral como un derecho humano fundamental para todas las personas.

Aprobar leyes, protocolos y presupuestos para la protección de las mujeres y niñas en situaciones de violencia, a través de:

a) Crear protocolos de recepción y atención de denuncias para evitar la revictimización y garantizar el trato digno hacia las víctimas,

b) Aumentar el presupuesto al Ministerio Público (MP) y Poder Judicial,

c) Fortalecer la institucionalidad de la mujer como la Secretaria de Asuntos de la Mujer,

d) Aprobar el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que ha sido presentado por las organizaciones de mujeres con el Secretario de Salud,

e) Revisar e incrementar las penas por los delitos de violencia contra la mujer como femicidio y violencia sexual y esclarecer aquellos artículos del Código Penal que crean confusión en la aplicación como el delito de parricidio y maltrato familiar,

f) Armonizar e implementar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género,

g) Debatir, discutir y aprobar la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres,

h) Aprobar leyes en materia de educación sexual integral para incluir dentro de la malla curricular de las distintas instituciones educativas públicas y privadas del país y que esto sea consultado con expertas garantizando un enfoque de laicidad e información científica.

i) Ratificación del protocolo facultativo de la Convención Contra Toda las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW)

Modernizar la institucionalidad de derechos humanos. La institucionalidad heredada de 12 años de narcodictadura se distingue por su carácter centralizador y burocrático, lo cual impide una gestión democrática de los diferentes servicios. Modernizar la institucionalidad de Derechos Humanos permitirá avanzar en la revisión e implementación de la Política Pública en Derechos Humanos, así como en la desconcentración del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, y el establecimiento de observatorios regionales de derechos humanos y derechos territoriales, permitiendo monitorear el estado de las conflictividades y brindar respuestas efectivas e información de primera mano para la toma de decisiones estratégicas a nivel local y nacional.

Reformar o desmontar la normativa extractivista. En Honduras coexisten diversas modalidades extractivistas: minería (metálica y no metálica), forestal, turismo de masas, agroindustria, generación de energía y las Zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE). Las diversas modalidades extractivistas han generado una serie de ecocidios territoriales (destrucción de la naturaleza), mediante acciones que provienen exclusivamente de la extrahección (extraer con violencia) minera, bosque y agroindustria. A través de los relatos de las comunidades, se puede sostener que estos ecocidios han elevado la pobreza, exclusiones, desigualdades y desplazamientos, en un contexto de despojo acelerado y privatización de los bienes comunes naturales, que por siglos y décadas han estado en las manos de las comunidades. Lo anterior confirma la importancia de avanzar en la revisión del marco regulatorio extractivista y los contratos vigentes, y con base en análisis técnicos, decidir si se establece su derogación o su reforma, colocando el enfoque de los derechos humanos y de la tierra y territorio como punto central de una nueva normativa.

Derogar o reformar artículos del nuevo Código Penal. Con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, libertad de organización y protesta de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio, que en el marco de dicho Código ven limitados sus derechos a través de los Artículo 28, Artículo 378, Artículo 592, Artículo 574 del actual Código Penal.

Aprobar una nueva ley de transformación agraria con enfoque de género. Con el objetivo de avanzar estratégicamente en el acceso a la tierra para las comunidades y poblaciones históricamente excluidas de este derecho, además de promover el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, el financiamiento agrícola, la asistencia técnica y el mercado interno.

Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad

Publicada el 11/10/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El grupo venezolano “Los Guaraguao” visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico

Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.

Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.

La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.

Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.

Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.

Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.

Milgen Soto y tres años de impunidad

Publicada el 23/09/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Milgen Idan Soto Ávila es el último de los indígenas asesinado por defender el bosque y el territorio Tolupán como integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hoy se cumplen tres años de su desaparición forzada que culminó con el asesinato y entierro en una fosa clandestina justamente en el lugar a donde el empresario Wilder Domínguez desarrollaba el corte ilegal del bosque en la tribu San Francisco Locomapa.

Milgen fue asesinado por oponerse al saqueo del bosque en su tribu ubicada en el departamento de Yoro, Honduras. Unos días antes había asistido a la audiencia contra nueve de sus compañeros y compañeras indígenas al juzgado de su comunidad, donde con pancarta en mano, denunció el crimen ambiental que se estaba cometiendo en una de las comunidades de la tribu.

Su clamor por Justicia hacia sus hermanos y hermanas indígenas no fue escuchado por la parcializada justicia yoreña y mucho menos a su denuncia les prestaron importancia.

Tras cinco días de desaparición Milgen fue encontrado enterrado en una fosa común el 28 de septiembre de 2019, su cuerpo presentaba un disparo que le causó daños en su corazón y pulmones, de sus homicidas no hay paradero, se han presentado diferentes acciones legales solicitando avances en las investigaciones, pero el Ministerio Público y las demás instituciones parece que no tienen el más mínimo interés en resolver el caso.

En memoria de Milgen la lucha continua en la tribu San Francisco Locomapa donde a pesar de la parcialización de los funcionarios públicos, la resistencia indígena no se rinde, ni se detiene, confiando en que la construcción de la verdadera soberanía nacerá del pueblo y para el pueblo.

En este tercer año de impunidad, desde el MADJ exigimos a los funcionarios, respuestas por este y otros crímenes contra luchadores y luchadoras sociales, pero en especial para los luchadores y luchadoras indígenas.

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Publicada el 13/09/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos: El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

La justicia viene, nadie la detiene.

Publicada el 31/08/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para la salvaguarda del Ambiente nos sumamos a la conmemoración del noveno aniversario del asesinato de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto, ocurrida el 25 de agosto de 2013.

Tras nueve años de esperar una justicia que no acaba por llegar a nuestros hermanos y hermanas tolupanes, nos pronunciamos enardecidamente, con la dignidad muy en alto, con la sed más grande de justicia, pero con la determinación inclaudicable de luchar hasta siempre por la dignificación soberana de cada ser humano del pueblo Tolupán.

Nos arrebataron nuestros hermanos y nuestra hermana tolupana. Les asesinaron por oponerse a una minería clandestina e ilegal que despoja a la tribu del usufructo de sus bienes naturales, envenena sus fuentes de agua y contamina su ambiente.

Sus vidas les fueron cortadas con violencia, de la misma manera que los empresarios madereros arrancan los bosques de la tribu y condenan a muerte a la población indígena y toda la comunidad viviente de sus territorios.

Nos avergüenza la pusilanimidad con que actúa el Estado de Honduras cuando la población exige justicia. La lentitud con que operan el Ministerio Público, la ATIC y los juzgados cuando se trata de hacer justicia a los sectores sociales más desfavorecidos provoca espanto e indignación.

Llamamos al pueblo Tolupán de la tribu San Francisco de Locomapa a construir la unidad justa y solidaria de las 27 aldeas y caseríos y no hacer caso a las empresas madereras y mineros clandestinos que tratan de dividirles para quedarse con las riquezas de los territorios tribales.

Ha llegado el momento que los corruptos, ladrones y asesinos tienen que rendir cuentas. Una nueva unidad se viene construyendo en las 31 tribus del pueblo Tolupán que va creciendo a la vez que exigiendo rendición de cuentas y castigo para los traidores y traidoras del pueblo Tolupán.

Esta ola de dignidad que recorre el pueblo Tolupán ha sido abonada con la sangre martirial de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto y el resto de compañeros nuestros asesinados cobardemente. Continuaremos nuestras luchas abonadas con sus sangres derramadas siguiendo como ejemplo el recuerdo de cómo enfrentaban a los cobardes y asesinos con valor, dignidad y determinación.

Los corruptos, los judas de la tribu San Francisco de Locomapa, serán alcanzados por la justicia y deberán dar cuenta, con la debida transparencia que emana de las leyes, de cada uno de los Lempiras percibidos en los años anteriores.

Para la tribu San Francisco de Locomapa, organizada en el Consejo Preventivo de Tribu, llamamos a honrar la lucha de los mártires construyendo la unidad, trabajando organizadamente para engrandecernos como pueblo Tolupán.

Juntos construimos la paz con justicia y dignidad.

San Francisco Campo, 25 de agosto de 2022

Sentencia de la corte: Una victoria del pueblo Tolupán, de beneficio para todos los pueblos originarios de Honduras

Publicada el 13/07/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

13 de julio,2022 – San Pedro Sula. La comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa (SFL), Yoro, logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo emitido en febrero 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS en donde se reconoce la violación a sus derechos por parte de las autoridades municipales de Yoro al negarles, por motivos de discriminación y sectarismo político, acceso a recursos de alimentación y salud.

El 28 de abril de 2020, el Consejo Preventivo de la Tribu SFL, el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE interpusieron una Acción de Amparo para que las autoridades de la Municipalidad de Yoro restituyeran el derecho a la alimentación y a la salud de toda la población de SFL sin ningún tipo de discriminación, luego de comprobarse que la municipalidad llegó a la Tribu, en los primeros meses de la pandemia del COVID, a distribuir alimentos y servicios de salud en el marco del programa Honduras Solidaria, pero lo hicieron únicamente a personas y familias afines políticamente a la Corporación Municipal, discriminando a todos los liderazgos que tienen una historia de lucha por sus derechos humanos y por sus bienes naturales y territoriales.

El 5 de febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula falló a favor del amparo presentado por el pueblo Tolupán y ordenó, entre otras cosas, que la municipalidad debía elaborar un Plan de Acción Permanente para garantizar el derecho a la alimentación y facilitar de manera inmediata asistencia médica a todos los miembros de la Tribu para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. Además, obliga a reconocer al Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa como un actor válido en la comunidad.

En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa revocó dicha sentencia indicando que no había indicios suficientes para la presunción de que las entregas de ayuda alimentaria y servicios médicos integrales se hubieran realizado de manera selectiva y discriminatoria. El 4 de junio de 2021, a petición del pueblo Tolupán, se solicitó consulta sobre este fallo a la Sala de lo Constitucional.

Un año después, el 10 de mayo de 2022, la Sala de lo Constitucional falla e indica que es procedente otorgar la garantía de Amparo al pueblo Tolupán y ordena nuevamente a la Corporación Municipal de Yoro a “respetar, proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa y particularmente, la garantía al derecho a la alimentación y a la salud de manera igualitaria”.

La importancia de la sentencia

La Acción de Amparo y la confirmación del fallo por parte de la Sala de lo Constitucional es importante porque genera un precedente en la exigencia pública para que termine la historia de hambre, discriminación y de abandono generalizado que vive la Tribu San Francisco de Locomapa, el pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios en Honduras.

Es un fallo trascendental porque no permite seguir viendo como “normal” la historia de exclusión que, por décadas, sino son siglos, viven los pueblos originarios en Honduras y genera un precedente para que otros pueblos puedan también exigir el cumplimiento de sus derechos por parte de sus autoridades locales y nacionales.

En el marco del trabajo planteado desde el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS, los tolupanes de SFL, junto a las organizaciones que respaldaron el Amparo: Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, realizaron un pequeño censo socio económico en Locomapa que comprueban la realidad del marginamiento histórico y entre otras cifras nos indica lo siguiente:

Que el 95% de la tribu SFL se encuentra en condiciones de pobreza
El 43% de las familias en SFL, que son hogares en promedio con 5 personas, tienen ingresos mensuales menores a mil lempiras. En contraste el 93% de estos indica que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de los programas de seguridad social del gobierno.
El 68% de su población no sabe leer ni, escribir, y solamente 6 personas de toda la tribu registran estudios universitarios, y solo 26 personas (adultos mayores) hablan su lengua originaria el Tol.

El 62% de los menores en edad de estudiar no lo hacen y el 73% de ellos refiere que no lo hace por falta de recursos y la necesidad de contribuir, a partir del trabajo, con ingresos para sus familias.
SFL no cuenta con energía eléctrica, manejan su propio sistema de agua y el 51% de las viviendas tiene piso de tierra.

Es un fallo importante porque obliga a las autoridades a no discriminar, a no utilizar los recursos y los servicios públicos para hacer propaganda y satisfacer las necesidades únicamente de sus activistas políticos o con organizaciones afines a sus intereses.

Finalmente, la sentencia es importante porque, aunque el problema de hambre no se resuelve a partir de un fallo judicial y tampoco a partir de los proyectos asistencialistas del gobierno, si es un paso importante para valorar la dignidad y la tenacidad que existe en la lucha diaria de los pueblos originarios por defender sus derechos humanos, naturales y territoriales y en general por mantener la identidad cultural de todo un país.

Dado en San Pedro Sula a los 13 días del mes de julio de 2022.