A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Siembras comunes, alternativa alimentaria pos pandemia

La crisis alimentaria que se avizora como efecto de la pandemia y las malas decisiones del gobierno de Honduras solo pueden ser revertidas por las acciones desde los territorios a donde se busca la verdadera soberanía que va acompañada con la seguridad alimentaria que las y los ciudadanos pueden y deben impulsar como parte de los procesos de bienestar común.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia como parte de su apuesta política decidida en la última asamblea ha iniciado junto a los núcleos comunitarios los procesos por desarrollar un proyecto que no solo nos permita luchar y defender los bienes comunes y naturales, sino que también el cultivar nuestros alimentos de manera colectiva como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios.

Es por eso que comunidades como Pajuiles, Arizona, San Juan Pueblo, Colorado, El Sector Florida, entre algunos de los territorios han empezado la plantación de manera colectiva de productos como yuca, frijoles, maíz y plátano, alimentos básicos en la dieta de la población hondureña.

“Nosotros las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, pues los núcleos, estamos trabajando en la siembra de yuca, plátano y maíz, todo esto para hacerle frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo las comunidades, esta es una forma de pasar de la Resistencia a la soberanía Digna”. Dijo nuestra compañera y una de las coordinadoras generales Albertina López quien además es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles.

Las siembras colectivas se impulsan en las comunidades a donde sus habitantes han logrado conseguir prestadas pequeñas parcelas de tierra pues en Honduras los gobiernos han entregado las mejores tierras en concesión y están en poder de grupos de terratenientes. “El objetivo de esta siembra colectiva es con el propósito de tener alimentación para los próximos meses, debido a que por esta pandemia que esta pasando por el país y por el mundo entero, hay deficiencia, hay escasez de alimentación, y si se consigue está bastante caro en todas partes, por eso hemos tomado la decisión de sembrar, aunque sea pequeñas parcelas porque no contamos con grandes extensiones de tierra para poder tener alimentación próximamente”. Manifestó nuestro compañero Oscar Martínez quien es luchador social y enfrenta un proceso judicial impulsado por la empresa hidroeléctrica hidrocep, Martínez es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la Vida de las comunidades de Pajuiles que luchan por la protección del rio Mezapa y la sierra Nombre de Dios.

El contexto en el que se desarrollan estas siembras comunes tienen que ver mucho con el descuido que el gobierno de Honduras representado por Juan Orlando Hernández ha mantenido en estas comunidades a donde nunca llegaron los militares con el apoyo y soporte técnico para iniciar las siembras a pesar que el Estado les entregó más de 4 mil millones de lempiras en el mes de diciembre del año anterior.

“El gobierno no se ha preocupado verdad por asegurar la alimentación de este pueblo que tanto lo necesita y nosotros las comunidades si estamos preparadas para cultivar, ya que esa parte no se ha parado, aquí el país se ha paralizado todo, menos los agricultores que han seguido trabajando, cultivando, asegurando la alimentación de este pueblo, el gobierno central aprobó muchos millones para el ejército, pero nunca pensó en dárselo al pueblo para que el pueblo lo administrara y no el ejército porque ellos no están preparados para sembrar” remarcó nuestra coordinadora general.

Las siembras comunes se desarrollan actualmente en el departamento de Atlántida, aunque la idea es hacer crecer este proyecto a más comunidades en el país. “El objetivo también incentivar a la gente al compañerismo, a la convivencia, al hecho de mantenernos unidos y dispuestos a defender nuestros bienes comunes y hacer conciencia en la gente para que podamos luchar unidos en estos procesos.

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

Código penal contiene disposiciones permisivas para diversos delitos.

Las organizaciones sociales aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI) han enviado una carta solicitando a la presidencia del Congreso Nacional de la República la ampliación de vacatio Legis al menos un año más la para la entrada en vigencia del nuevo código penal prevista para el 10 de mayo de este año.

En la comunicación girada al doctor Mauricio Oliva las organizaciones exponen algunas de las razonas por las que no es el momento para que el nuevo código entre en vigencia debido a que estamos “en un momento en que todas las acciones estatales tienen o tendrían que estar enfocadas en combatir la pandemia del COVID19”. También han señalado la deficiente socialización que esta normativa ha tenido hacia la ciudadanía y los operadores de justicia.

Este nuevo código penal ha recibido fuertes críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad sobre todo por la reducción de penas en diferentes delitos que involucran a grupos vulnerables y a funcionarios públicos y esto ha sido uno de los puntos que se le ha hecho saber al presidente del poder legislativo en el escrito presentado por la Coalición Contra la Impunidad. “Contiene disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico y la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.

Otro de los puntos señalados por la CCI, es que “limita algunos derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática”. Además, refieren que la entrada en vigencia en este momento pondría en mayor riesgo a la ciudadanía debido a que están suspendidas las garantías constitucionales y esto “revestiría de mayor arbitrariedad” la actuación de las autoridades contra la población.

A las organizaciones de la CCI les preocupa que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal vulnere los derechos de las comunidades o personas que han empezado a reclamar ante la falta de alimentos y medicamentos en sus comunidades y que con la nueva ley se penalicen las acciones de protesta social ante el incumplimiento de las instituciones del Estado.  

La Coalición Contra la Impunidad es un espacio de articulación nacional que aglutina al menos 52 organizaciones de la sociedad civil hondureña y trabaja desde su fundación por el respeto a los derechos humanos.

MADJ invita a quienes defienden derechos humanos en Honduras a sumarse para exigir poder #CircularparaDefender

Integrante de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de distintos territorios del país, el 1 de mayo presentaron una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales nos están siendo violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

Solicitaron que los decretos PCM 021-2020 y todas sus prórrogas no les sean aplicables y las autoridades se abstengan de obstaculizar nuestras labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.


A fin de asegurar que la Sala resuelva de manera favorable y conforme a los estándares internacionales está invitando a las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a las exigencias planteadas de las dos formas siguientes:

  1. A organizaciones y colectivos de personas dedicadas a la labor de defensa de derechos humanos nacionales a suscribir la acción de amparo y presentarlo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
    – El amparo puede ser descargado en formato Word dando click aquí.
    – Una vez completado enviar/remitirlo en formato PDF a la Sala de la Constitucional a través del correo electrónico calmendares@poderjudicial.gob.hn; adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.
  2. A las organizaciones nacionales e internacionales, les invita a suscribir la carta modelo dirigida a la Sala de lo Constitucional respaldando las peticiones del amparo y la necesidad de que quienes defendemos derechos humanos en Honduras no seamos objetos de restricciones indebidas a nuestra labor. La carta puede ser descargada dando clik aquí y también la encontrarán adjunta a esta comunicación. Una vez firmada remitirla a los correos electrónicos calmendares@poderjudicial.gob.hnrhercules@poderjudicial.gob.hn,  adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.  

En este contexto, es urgente y necesario combatir el virus de la corrupción e impunidad y la represión policial y militar en contra de la población que enfrenta la cara más agresiva de la pandemia, que es el hambre y la desidia.

Los impedimentos a la labor de quienes defienden derechos humanos forma parte del pacto y escenario de impunidad que quieren garantizarse quienes continúan saqueando Honduras.

MADJ pide amparo para realizar su labor de defensoría de derechos humanos

(San Pedro Sula, Honduras, 1 de mayo, 2020) Integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de distintos territorios del país, presentaron este día un acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales consideran violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

En el escrito señalan que la fundamental labor de defensa de derechos humanos que desarrollan los defensores y defensoras se ha visto limitada de manera absoluta por las restricciones indebidas impuestas por la Presidencia de la República, ocupada por Juan Orlando Hernández, quien a través del PCM 021-2020 y sus prórrogas ha excluido de las excepciones a quienes defienden derechos humanos, sin embargo, irónicamente ha priorizado incluso a sectores como el ferretero, de construcción y otros.

Para el MADJ esta situación es de mucha mayor gravedad puesto que a la fecha son múltiples las violaciones de derechos humanos que se registran en el país en el marco de la pandemia, entre ellas represiones policiales y militares, e incluso la muerte violenta de una persona en medio de un retén policial en Omoa, Cortés y en ese contexto, el impedimento a los y las defensoras de realizar su labor forma parte del pacto de impunidad en medio del cual están consumando una serie de actos altamente lesivos para la población hondureña.

Señalan que estas restricciones indebidas son completamente contrarias a lo señalado por los organismos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y universal, los cuales mediante disposiciones adoptadas en el marco de la pandemia refieren que los Estados deben “garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia” “que deben preverse exenciones para los y las agentes de la sociedad civil, en particular quienes vigilan los derechos humanos.”

El MADJ señala también en el escrito que organismos internacionales afirman que no pueden obviarse los abusos a que puede dar lugar la suspensión de garantías, y a los que “de hecho ha dado en nuestro hemisferio la aplicación de medidas de excepción”, de esto que la labor de vigilancia, protección, documentación y denuncia de los defensores y defensoras es fundamental, y solo podrán realizarlas sin las restricciones a su derecho a circular.

Por tanto, solicitaron una serie de medidas cautelares entre ellas la declaración de inaplicabilidad de la suspensión del derecho de libertad de circulación en el marco del estado de emergencia declarado ante la crisis sanitaria producida por el Covid-19, enviar oficio al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional Preventiva, Fuerzas Armadas, Secretarías de Estado y municipalidades para que se abstengan de obstaculizar sus labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.

En un Estado democrático, es inadmisible que no pueda defenderse derechos, máxime cuando hay tanta corrupción, discriminación y abusos policiales y militares como sucede en Honduras.

Municipalidad de Yoro incumple ordenanza de Juzgados a favor del pueblo Tolupán.

A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.

La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.

Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.

Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.

Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.

Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.

El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.

Solidaridad en tiempos de coronavirus: Compartiendo alimentos entre los núcleos del MADJ

Desde el pasado 25 de abril de 2020, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han iniciado a compartir alimentos producidos en sus comunidades, en los territorios organizados en el MADJ.

Magda Díaz, del núcleo comunitario de Arizona, Atlántida, compartió parte del trabajo de sus manos y de su familia; una amplia ración de yuca para que fueran entregadas el día de ayer 28 de abril de 2020 en varias tribus del pueblo Tolupán, quienes enfrentan los efectos más extremos de la pandemia del COVID 19, no solo sin atención médica sino también sin alimentos para el sustento diario.

A esta ola de solidaridad se han sumado aportes individuales de personas con la intención de contribuir a atender la emergencia de hambre en los distintos territorios organizados del MADJ, donde la operación “Honduras Solidaria” dejó sin posibilidad de alimentos a un gran número de familias indígenas.

La Coordinación General del MADJ y su área de organización, se movilizaron a la tribu La Candelaria, ubicada en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, una de las 31 tribus que conforman el pueblo indígena Tolupán.  Junto a la Organización del pueblo Tolupán (OPT), estructura de representación indígena, surgida a raíz de la crisis de legitimidad de la FETRIXY reconocida aliada del saqueo de sus territorios y de la narcodictadura, entregan los alimentos enviados por las demás comunidades y personas solidarias.

“La idea es entregar estos aportes a las tribus del pueblo Tolupán en Yoro, iniciamos con la tribu La Candelaria pero estamos viendo la forma de llegar a las otras tribus, por los momentos estamos compartiendo raciones de alimentos y semillas para la siembra que está próxima a iniciar, de ahí veremos la forma de colaborar con la instalación de sistemas de riego en las tribus a donde la situación nos permita acceder”, manifestó Martín Fernández, una de las integrantes de la tripartita Coordinación General del MADJ

Esta misma actividad también se hizo en algunas comunidades del Sector Florida en el departamento de Atlántida donde se compartieron granos básicos, los cuales son parte importante en la dieta alimenticia de las y los hondureños. En Atlántida, en los días recientes se registró una brutal represión que dejó 2 personas heridas, 6 detenidos y 1 persona con proceso judicial abierto, debido a su denuncia de la entrega politizada de los alimentos por parte de personeros de la municipalidad.

Con el compartimiento de alimentos desde los núcleos del MADJ reafirmamos el compromiso político de lucha sostenida y permanente, entendiendo que hoy más que nunca, solo el pueblo, salva al pueblo y que la verdadera soberanía se conseguirá trabajando juntos y juntas, creyendo y confiando en el que está a nuestro lado.

La apuesta política del MADJ es pasar de la resistencia a la soberanía con Dignidad, haciendo gobierno desde las comunidades y asegurando condiciones dignas en la vida de las personas con una postura frontal de combate a la corrupción e impunidad.