Comunidades denuncian presiones del BID en Arizona para el desarrollo de hidroeléctrica

¡FUERA INGELSA, FUERA BID! ¡ARIZONA ES TERRITORIO LIBRE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS!

Nosotras, las comunidades organizadas del municipio de Arizona, Atlántida, Honduras, condenamos la visita de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a nuestro territorio, quien por segunda vez está sirviendo de intermediario de los intereses de empresas extractivas y sus proyectos nocivos para nuestras vidas y nuestros entornos irrespetando nuestra decisión soberana de declararnos libres de extractivismo.

El 20 de noviembre de 2015, a pesar de la pretensión de manipular el cabildo abierto por parte de las autoridades locales en ese momento, decidimos por mayoría declarar nuestro territorio libre de minería e hidroeléctricas frente a la amenaza que constituía el proyecto hidroeléctrico Jilamito propiedad de la empresa INGELSA. Esa decisión la ratificamos el pasado 24 de marzo de 2019. Estamos inamoviblemente claros: ¡Arizona es territorio libre de proyectos extractivos!

Es condenable que a pesar de esa decisión y al mejor estilo de las instituciones nacionales e internacionales coludidas con el capital extractivo y dedicadas a blanquear el rostro de estas empresas criminales, el BID pretenda venir a nuestro territorio a generar influencias y presiones para que el proyecto pueda ser construido sobre nuestra única fuente de agua, nuestro río Jilamito.

Conocemos perfectamente este patrón de comportamiento y dinámica de funcionamiento del gran engranaje trasnacional del extractivismo, en donde desarrollan un papel instancias como el BID. Está clara su intención de pretender legitimar los intereses de INGELSA haciendo uso de maniobras corruptas como solicitar reuniones a nombre de SEMSA y posteriormente a nombre de INGELSA, así como su interés en reunirse siempre con sectores comunitarios coludidos con la empresa, que han traicionado la voluntad soberana producto de la descomposición del tejido social que provocan estas empresas como herramienta para entrar en los territorios que les interesa saquear.

Denunciamos que este día, domingo 15 de marzo de 2020, la consultora Rebecca Reibers de Monkey Forest Consulting sostiene reunión con habitantes de Mezapita a espaldas del conocimiento de toda la comunidad, seleccionando para dicha reunión a personas abierta y reconocidamente afines a la empresa.

Para nosotros SEMSA e INGELSA son lo mismo, sinónimos y prácticas de corrupción, impunidad, ilegalidades, violencia y muerte. No nos interesa su capital, sus supuestos beneficios, su supuesto desarrollo. El desarrollo de nuestras comunidades lo estamos haciendo nosotros mismos mediante el proyecto comunitario que ya está en marcha y con el cual haremos del derecho humano al agua una realidad, con la alegría de no estar engordándole los bolsillos a empresas criminales.

¿De qué “desarrollo sostenible y respetuoso con el clima” habla el BID cuando además de desconocer nuestra voluntad popular expresada en la declaratoria y en la ratificación, pretende seguir impulsando empresas y proyectos con los cuales se pondría en riesgo nuestro esfuerzo de trabajo en el proyecto comunitario de agua que ya está en curso? 

Responsabilizamos al BID y la presencia de sus consultores de cualquier brote de conflictividad en nuestra zona, como parte de la polarización que provocan estas empresas como herramienta para llevarse nuestra riqueza. Reafirmamos que no estamos solas, que somos parte de procesos a lo largo del territorio nacional, de nuestros hermanos y hermanas de Pajuiles, Sector Florida, Guapinol, de las comunidades de la zona Sur, de COPINH, Reitoca, Azacualpa, entre otras. Que los pueblos sabemos hacer justicia y hemos decidido soberanamente vivir libres de extractivismo y así nos mantendremos, luchando por dignidad y justicia para nuestras comunidades y para Honduras.

15 de marzo, 2020. Atlántida, Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Justicia hondureña absuelve a autor material de triple crimen tolupán

El 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, en el departamento de Yoro, dictó fallo absolutorio en favor de Selin Eleazar Fúnez, señalado como autor material del triple asesinato en contra de los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina. Hechos ocurridos el 25 de agosto de 2013 en San Francisco Campo, perteneciente a San Francisco Locomapa, Yoro.

El Tribunal absolvió de toda responsabilidad penal al imputado también conocido como Selvin Matute por los habitantes de San Francisco Campo. Manifestó tener duda razonable de la participación del señor Selin Eleazar Fúnez, a pesar de que los testigos protegidos lo reconocieron completamente como partícipe y coautor del hecho junto a Carlos Luque Varela, quien fue condenado en un proceso abreviado en el 12 de febrero de 2018 luego de aceptar su responsabilidad en los tres crímenes y de haber mencionado en reiteradas ocasiones en sus declaraciones que realizó los hechos junto a Selin Fúnez.

En el desarrollo del proceso distintos documentos aportados como prueba fueron contundentes en señalar la participación del imputado y de establecer la relación que existe entre su nombre y el seudónimo “Selvin Matute” asegurando que se trataba de la misma persona.  A pesar de todo lo dilucidado en el juicio el tribunal decidió absolverlo y dejar en impunidad los crímenes sufridos por los 3 tolupanes integrantes del MADJ y sus familiares.

De acuerdo a Ariel Madrid, quien junto a la abogada Heidy Alachán fungieron como equipo de acusación privada en el juicio, y quienes forman parte del equipo legal del MADJ, el proceso continúa abierto debido a que interpondrán recurso de casación ya que en el juicio se logró comprobar mediante pruebas testificales y científicas que el acusado participó junto a otra persona en el crimen.

“Nosotros consideramos que ha habido un mal criterio, una mala aplicación del juzgado al valorar los medios de prueba y al arribar a esta conclusión, porque no corresponde con lo evacuado y con lo probado en el proceso judicial, con lo cual se estableció plenamente con prueba testifical, con prueba científica pericial que ocurrieron las muertes de los ciudadanos indígenas y que indiscutiblemente quienes participaron en la ejecución del asesinato de estos tres líderes tolupanes fue Selin Eleazar Fúnez Bonilla y una segunda persona de nombre Carlos Luque Varela”. Manifestó el abogado Madrid.

Por su parte, la abogada Alachán manifiesta que “es indispensable evaluar este fallo en el marco del papel que el sistema de justicia tiene en el contexto de violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas y del modelo de saqueo en general en el país en el cual se inscriben estos crímenes. Ya que como se estableció en el juicio, estos crímenes responden a un problema estructural provocado por el modelo extractivo y su avance significativo como parte del modelo económico mismo del país y la violencia extrema que impacta el tejido comunitario de los pueblos y comunidades derivado de la intromisión de empresas y empresarios en sus formas de vida pacífica. Por supuesto, es imposible dejar de ver el papel que el racismo juega en la concepción de justicia occidental y discriminatoria desde la cual está configurado el poder judicial hondureño.”

La abogada Alachán también afirmó que este fallo es alarmante ya que se trata del primer juicio por 3 de los 10 asesinatos de indígenas tolupanes, integrantes del MADJ, líderes sociales de sus tribus que han ocurrido en el pueblo tolupán a partir del 2013 y por estos asesinatos, la CIDH otorgó medidas cautelares integrantes del MADJ del pueblo tolupán.

Esta cifra altamente preocupante que inició con el triple asesinato del cual participó Selin Eleazar quien ahora ha sido absuelto por la justicia hondureña. Alachán afirma que es grave el mensaje de impunidad garantizada que este precedente establece para el juzgamiento de los otros 7 crímenes y de los ataques y crímenes en contra de liderazgos sociales en el país en el general.

En Honduras es difícil encontrar justicia para los pueblos originarios desde la óptica de quienes luchan en favor de los pueblos indígenas. “Entendemos que ejercer el litigio en procesos de este tipo implican poner en la discusión obligada a tribunal y las demás partes de los derechos de pueblos indígenas, insistir en que implican derecho a la verdad. Que implica incluso defenderlo ante tribunales, juzgados y operadores de justicia, que tienen una tendencia a la discriminación, al racismo, que todavía tiene vestigios de los que fue en la norma un proceso penal inquisitivo y que materialmente se manifiesta en este tipo de casos, en la negación de justicia y verdad para todo un pueblo Tolupán, para toda una etnia, y finalmente para la sociedad hondureña en general, que lamenta una resolución de este tipo, que es en sí mismo la denegación de justicia y que se da incluso en el marco de los cuatro años del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres”.

La lectura de sentencia está programada para el próximo 10 de marzo a las 3:00PM en los juzgados de Yoro. Desde el MADJ hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, a la población hondureña en general a estar expectante, solidaria y vigilante del acontecer en el pueblo tolupán, para recordarle a la justicia hondureña, a las empresas madereras, mineras y demás formas de saqueo que sufre la población tolupana que sin importar el comportamiento cómplice e injusto de la institucionalidad, somos muchos y muchas los que seguiremos exigiendo y trabajando por justicia y dignidad para el pueblo tolupán.

Berta Cáceres

A 4 años de su siembra: Berta sigue siendo infinita

Por: Heidy Alachán

De entre los 8.6 millones de voces que habitan este paisito corazón de Centroamérica llamado Honduras, hace 45 años, surgió la voz de una guerrera, de una mujer fuerte que supo encarnar todas las alegres, justas y necesarias rebeldías, que no logró quedar en ningún molde y justamente por eso que los rompió todos y creó uno propio, ajustado a sus principios firmes e inquebrantables, como su voz al denunciar las injusticias y defender con bravura los bienes sagrados de su pueblo. Esa mujer alojada en miles y miles de corazones es: Berta Isabel Cáceres Flores.

Nació el 4 de marzo de 1973 en la Esperanza, Intibucá. Indígena lenca, de madre partera y enfermera quien se convirtió en la primera mujer alcaldesa en Honduras, Berta Cáceres supo encarnar y ensanchar a límites inimaginables ese legado materno de poder y fuerza desde la condición de mujer. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y lideró desde ese momento luchas constantes en defensa de los bienes naturales del pueblo lenca. Amenazada, perseguida y también encarcelada por su lucha, Berta asumió todos los riesgos por amor y supo ser siempre una mujer valiente que decía su palabra firme y sin miedo.

Conversaba con el río Gualcarque, y reconocía en él las voces de todas sus ancestras. Comprendió como pocos el palpitar de la pachamama y supo sentir en su sangre todas las formas de vida latiendo. Abrigó en su pecho un amor que trasciende la idea del amor mismo, y aprendió a encontrarlo en los rostros de sus hermanos y hermanas luchadoras, supo, en la lucha, codo a codo ser mucho más que dos.

Berta no cabe en ningún molde. Los rompió todos. No cupo en el molde patriarcal. No cupo en el molde de mujer tradicional, lo mandó al carajo. No cupo en el molde de una organización popular, en el molde de un partido político. Dijo las cosas sin tapujos enfrente de quien fuera. Berta era mucho más que una ambientalista. Berta encarnaba principios anticapitalistas, antirracistas, anti patriarcales, antimilitaristas y antiimperialistas. Berta era antisistema.

El 2 de marzo de 2016 creyeron poner fin a su fuerza, pero quienes le hicieron eso nunca se imaginaron que sería el inicio del nacimiento de miles y miles de Berta´s pujando desde lo más hondo de la indignación y el coraje. Entendiendo lo escrito por Ana Frank en su diario sobre la maravilla de que cada uno en el momento siguiente puede empezar a mejorar el mundo.

El 2 de marzo el legado de Berta Cáceres conmocionó al mundo, porque no supieron entender que sus raíces traspasaban cualquier frontera, que su lucha la hizo la hermana de todas las lenguas e idiomas, que su fuerza calaba en lo más hondo de quienes conocían incluso únicamente su nombre. Berta volvió a la tierra, al corazón de la pachamama, a las fuentes de agua que siempre fluyeron en su sonrisa fresca y serena, en su gesto amable y su espíritu lleno de la sencillez que solo otorga la sabiduría.

Y así, en medio de miles y miles de hermanos y hermanas, la semilla de Berta germinó aún antes de ser sembrada. Hoy su espíritu libre y rebelde retoza en la cascada, se abraza a cada árbol, a cada gota de ese río y sopla suavemente los rostros de sus hijos e hijas, hermanos y hermanas; de sangre y de la vida.

Su semilla germina, porque trascendió los límites de lo humano. Quienes intentaron callarla nunca imaginaron que multiplicarían su voz y su grito por el mundo entero. Quienes intentaron callarla nunca imaginaron que la ubicarían donde ahora está, en lo infinito, en lo eterno, en lo que empuja sus justas y necesarias rebeldías, en la memoria colectiva de los pueblos, ahí justamente de donde nunca podrán borrarla.

A juicio autor material del triple asesinato tolupán

Ramón Matute, indígena tolupán, integrante de la Conducción Política del MADJ exigiendo justicia por los asesinatos contra su pueblo, entre ellos el de su padre y su hermano.

Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.

Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.

Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.

Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.

Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.

Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.

Opinión| De República Bananera a Narcoestado

Por Diego Aguilar:

  1. Una de las acciones prioritarias de la reforma liberal de 1876 fue la inversión de capital extranjero, al igual que la dictadura de Carías, los gobiernos militares, la modernización agraria y el reajuste estructural neoliberal de 1982 hasta el golpe de Estado en 2009 y los gobiernos golpistas posteriores, todos se han caracterizados bajo criterios nacionalistas y fundamentalistas religiosos como única salida a la crisis política y socio económica (migración, combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de la pobreza, entre otros), sin resultados hasta la fecha y con una profundización paulatina.

Si bien es cierto que las y los hondureños comparten una diversidad cultural, también es compartida la desintegración territorial, la supresión de libertad de ejercicio de derechos, la ausencia de un mercado interno consolidado y planificado, así como clases sin sentido plural, intercultural, democrático y popular.

Desde 1824 hasta 1876 se desarrollan en el país alrededor de 150 rebeliones armadas y hasta 1933 gobernaron más de 100 administraciones, después de los gobierno de Marco Aurelio Soto y Luis Bográn entre 1877 y 1886, la facción liberal se dividirá en ortodoxos y disidentes siendo una pugna entre la nueva pequeña burguesía y los herederos coloniales. En este sentido, ¿Quiénes son los herederos de los gobiernos militares entre 1963 y 1980, del reajuste neoliberal de 1990 – 2009 y del Narco Estado 2010 – actualidad?

La narcodictadura militar y del capitalismo, al igual que los gobiernos producto de la ruptura del orden constitucional predecesores,  son una necesidad histórica de las clases dominantes, y en el actual periodo histórico, de las vinculadas al crimen organizado y lavado de activo, para pagar los créditos otorgados producto del colapso económico de la crisis financiera de la bolsa de EEUU en 2008, el saqueo al Estado luego del golpe en 2009 y el detente del avance del MERCOSUR, ALBAPETROLEO y del Socialismo del Siglo XXI mediante gobiernos progresistas en Suramérica.

Carías y Hernández ¿Continuismo al servicio de quién?

En 1932 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras, Tiburcio Carías en su tercer intento llegara a la presidencia, siendo este el actor escogido desde inicios de su carrera política por la United Fruit Company donde Hillyer V. Rolston era su vicepresidente.[1]  

En su mandato, más de 900 millas de ferrocarril se construyeron en el Cariato, pero ninguna para función del Estado y de la sociedad, al contrario, se encontraban en manos de los gigantes transnacionales; Standart Fruit Co., United Fruit Co., y Cuyamel Fruit Co y de la Embajada de Estados Unidos[2]. Este hecho histórico se repite y recrudece desde el golpe de Estado en 2009 y en la narcodictadura de Hernández, con concesiones para la producción de energía, de extracción de minerales, de monocultivo de palma africana, complejos turísticos, instalación de Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo, corredores carreteros, peajes, puertos y aeropuertos, armamento de guerra y tasas de seguridad, todo al servicio del narcotráfico, lavado de activos, bancos financieros, cárceles de máxima seguridad, medios de comunicación e iglesias.

El principio básico de Carias en 1933 en su primera administración al igual que en el periodo post golpe de estado en 2009, era la necesidad de atraer capital extranjero. Posterior a la comisión de la verdad en 2010, para 2011 se lleva a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, el Honduras Open for Bussisnes bajo la cancillería de Mario Canahuati Larach, participe del golpe de Estado y empresario de maquilas.

Para el 28 de febrero de 1942 Carías autoriza junto al Congreso Nacional que las empresas desmantelaran toda su infraestructura con el decreto 61[3], el gobierno de Carías profundizo el empobrecimiento y marginación de las/os trabajadoras/es, las/os campesinas/os, indígenas y afrohondureñas/os, principalmente en aquellos departamentos donde se concentraban las empresas bananeras, siendo este hecho, además de vergonzoso, un escalón más a la impunidad de las empresas transnacionales. La administración Hernández por su cuenta y bajo la militarización de las instituciones y la sociedad, ha incrementado los impuestos para la clase trabajadora, campesina e indígena, beneficiando a los grandes consorcios públicos privados entre la banca nacional e internacional y El Estado a través del lavado de activos, despojando de toda responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del Golpe de Estado, el desfalco al IHSS, SAG, BANADESA, concentrando el poder económico y político en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Es con Carías que nace la frase “encierro, destierro o entierro” en su período dictatorial de 1933 a 1949, esta premisa que tomara fuerza durante el periodo Cariísta para que en sus primeros 3 años de administración “acuda al llamado de los representantes del pueblo” en el Congreso Nacional, aprobando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente aprobada por 52 votos a favor y 2 dos en contra, haciendo el llamado a la misma el 7 de enero de 1936 bajo decreto no. 26.

¿Acaso este hecho histórico no se remonta a nuestros días? la migración, los procesos judiciales y las masacres y/o asesinatos selectivos a trabajadoras/es, campesinas/os, indígenas, afrohondureñas/os, mujeres, estudiantes y luchadoras/es sociales son las políticas de terror de Estado adoptadas por la administración de Hernández Alvarado.

Otro de los componentes de la narco dictadura es la imposición y la fuerza. Los elementos legales, legislativos y constitucionales no son más que un montaje ante la ausencia de democracia y poder para la sociedad hondureña,  con vallas militares en el Congreso Nacional, Poder Judicial y Casa Presidencial, así como en la institucionalidad pública (escuelas, hospitales, ministerios, entre otros), fortaleciendo la impunidad, la narco actividad y el lavado de activos.  

Carias bajo la política de estado de la Reconstrucción Nacional, al igual que en 1936, en 1939 surge nuevamente “la necesidad popular” del capital transnacional de hacer el llamado a través de las comandancias de armas, comités de defensa civil y militantes del partido nacional para el periodo continuista reformando el artículo 202 de la constitución de 1936, y prolongar el mandato del dictador hasta el 1 de enero de 1949. Hernández, que implementa el programa Vida Mejor en 2013 hasta la fecha, reformo el artículo 239 de la constitución de 1982, de la mano del fiscal general Oscar Chinchilla, el presidente de la Corte Rolando Argueta entre otros actores intelectuales del narcoestado, en un proceso inusualmente acelerado fallando a favor el 24 de abril de 2015 a través de la Sala de lo Constitucional, dando luz verdad al proceso de reelección presidencial.

Hernández y la narco dictadura, han reducido que ante la crisis capitalista global en 2008 y post golpe de Estado 2009 – actualidad, son responsabilidad de las administraciones anteriores, sobre todo de la administración Zelaya Rosales, separando las deudas históricas de impunidad, terror de estado y corrupción, producto del bipartidismo, el capital transnacional, las intervenciones militares y económicas de EEUU.

  • Aproximaciones.

Hoy quienes sostienen a las dictaduras pretenden, una vez más, procurar sostener el establishment del lavado de activos, haciendo llamados prematuros a contiendas electorales internas y acelerando el proceso de impunidad con la no renovación de la MACCIH-UFECIC, creando unidades de investigación fiscalizadas por el Ministerio Público a través de la UFERCO y con manifestaciones propias del narcotráfico.

Ejemplo de ello, el 13 de febrero del 2020 en la ciudad de El Progreso, donde dos unidades de las fuerzas armadas, la policía militar y la fuerza nacional anti maras y pandillas; ambas financiadas por la tasa de seguridad, se enfrentaron con armas de grueso calibre en el palacio de justicia, asesinando a 5 miembros de las fuerzas armadas debido a una operación militar para el rescate de Alexander Mendoza alias “El Porky”, quedando en evidencia la disputa entre carteles y la eliminación sistemática de sus actores, como fue el asesinado de Magdaleno Meza el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, luego de declarar culpable a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente, en la corte del distrito sur de Nueva York.

Luego de 11 años de dictadura, dos fraudes electorales 2013 y 2017 y miles de desplazados, encarcelados y asesinado; la esperanza de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de la conformación del Partido Libertad y Refundación y del Espacio Refundacional, es de carácter obligatorio para aquellos que aún sienten vergüenza por que las y los hondureños padecen hambre, salud, seguridad, vivienda, dignidad y justicia.

El unificar criterios en un programa político amplio, coherente, plural y principalmente que trastoque las estructuras criminales del poder, sin medias tintas y afrontando la historia como los pueblos de Honduras lo han hecho hasta ahora, con resistencia, dignidad, poder y soberanía popular.  


[1] Diego Aguilar es historiador, encargado político de las Áreas de Formación y Educación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[1] Zuniga Huete, Angel. Un cacicazgo centroamericano. México 1938. Pp 73.

[2] Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, enclave y dictadura 1933-1949. Tegucigalpa, 1985. Pp. 27

[3] Este incluía “remover, levantar desmantelar, disponer y sacar libremente como ella quisiera, los rieles de las vías principales, ramales, subramales, espuelas, espolones y desvíos, así como todo material rodante y todos los puentes de hierro , a vender instalaciones a otras empresas, y que finalmente el gobierno decretara que la compañía quedaba eximida, relevada y descargada por siempre de cualesquier reclamo, demanda, acciones o derechos que el gobierno tuviera contra ella, y declarara además que la compañía había dado hasta la fecha, debido cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las contrata, Ibidem.

Bibliografía consultada

Díaz Arrivillaga, Efraín.  Robleda Castro, Roberto. Salomón, Leticia. Honduras, Hacia una Política Económica Alternativa. CEDOH, Tegucigalpa 1995.

Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, Enclave y Dictadura 1933-1949. Tegucigalpa 1985.

Zuniga Huete, Angel. Un Cacicazgo Centroamericano. México 1938.

Brignoli Pérez, Héctor. Historia General de Centro América. De la posguerra a la crisis. Tomo V. Madrid, 1993.

Dignidad Mixta Limitada: Una apuesta política desde el cooperativismo comunitario

El departamento de Atlántida fue el escenario del nacimiento de una importante apuesta de organización política económica comunitaria, creada formalmente el 15 de febrero con el nombre de Cooperativa Dignidad Limitada en San Juan Pueblo, territorio perteneciente al municipio de La Másica.

La creación de una cooperativa formó parte por muchos años de las aspiraciones y sueños del MADJ, ahora es una realidad impulsada por diversos actores vinculados a la organización de distintas formas, pero con la claridad de la finalidad política del proyecto.

 Para su impulso ha sido fundamental el papel de Radio Dignidad, la radio comunitaria del Movimiento Amplio con influencia en ascenso cada vez mayor sobre la población de Atlántida desde donde se asume y desarrolla la tarea de crear consciencia respecto de la realidad local y nacional, así como trasladar contenidos políticos.

Ahora que es una realidad, se trata de una cooperativa mixta conformada por dos estructuras, una Junta Directiva encargada de su existencia y vida política y administrativa, la cual se debe por supuesto al máximo órgano de decisión que es la asamblea de cooperativa y una Junta de Vigilancia que juega el papel de ente fiscal de la Junta Directiva y de la cooperativa misma en su totalidad. 

Un aspecto relevante de la creación y consolidación de la cooperativa es que si bien la Ley señala como obligatoria una cuota de participación de 30% de mujeres en las distintas instancias que conforman la cooperativa, su asamblea en su momento fundante determinó un 50/50 de representación.

Para el MADJ y el equipo de trabajo de la cooperativa, esta es parte de una propuesta de vida de las comunidades, en términos económicos y políticos, encaminada a humanizar el sistema financiero, quien hasta el momento promueve la desigualdad y por su estrecha vinculación con el modelo político que hoy por hoy tiene en agonía el planeta, la cooperativa está encaminada a ser una propuesta de vida de quienes nos pensamos en rescatar los principios de igualdad, equidad, solidaridad.

Para su consolidación está siendo trascendental el apoyo de la Central de Cooperativas Cafetaleras quien desde su experiencia acumulada está siendo guía de los aspectos formales y legales de la conformación y funcionamiento de la estructura.

Más allá de la utilidad meramente económica, de ahorro y crédito de la cooperativa, desde su creación esta apuesta se concibe con una esfera política más amplia e integradora, por ello hasta el momento sus afiliados y afiliadas son habitantes del municipio que tienen claridad de la necesidad de construir proyectos alternativos para el país, que tienen empatía con las lucha y apuestas de transformación de la realidad local y nacional y que comprenden que la integración de la asamblea de la cooperativa le traslada la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad de pensar en colectivo cómo impulsar otras formas de hacer vida en comunidad.

Por ello, su vida orgánica implica también procesos de formación y discusión permanente, esto se marca desde los requisitos básicos para la afiliación entre los cuales se encuentra cursar un módulo sobre cooperativismo desde una visión crítica de su lógica más tradicional, para posteriormente continuar con el análisis de otros temas relacionados con la actividad de la cooperativa y su papel en el escenario inmediato, así como en el municipal y departamental, como ser el tema crediticio y de producción.

Dentro de las proyecciones a futuro de la Cooperativa Dignidad Limitada está sumar a la mayor cantidad de las personas, que se comprenda el sentido mismo del nacimiento de la cooperativa y ser que esta pase a formar parte de estructuras, de otros espacios que forman la plataforma del sistema cooperativo nacional para incidir políticamente en la transformación de un sistema económico más justo y más digno.

Editorial: MACCIH, una pieza menos en el ajedrez de la narcodictadura

El tiro de gracia dado a la MACCIH el pasado viernes 17 de enero confirmó el mensaje instaurado por sus ideólogos desde su fundación; “que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto y vinculado al narcotráfico y al crimen organizado”[1].

LA MACCIH generó desconfianzas con su llegada ya que suplantó la demanda popular de una instancia similar a la CICIG en Guatemala y a que su dependencia de la cuestionada OEA, tolerante y cómplice de golpes de Estado, fraudes electorales y violaciones masivas de derechos humanos en Honduras, era un indicador claro de los alcances reales que esa concesión podía tener.

Sin embargo, la aparición y puesta en marcha de la UFECIC y las instancias del circuito anti corrupción constituyeron una pequeña esperanza para la población hondureña en que la lucha contra la desbordada corrupción e impunidad podría avanzar. Y así sucedió. La gestión de la UFECIC a cargo del fiscal ex huelguista Luis Javier Santos demostró que es posible señalar nombres y apellidos, que es posible retratar cómo funcionan las redes y estructuras criminales que operan desde el Estado mismo y sus instituciones y sobre todo que, estas redes existen con la complacencia y participación directa del ejecutivo.

Así, prontamente la inofensiva Misión aceptada por las cúpulas empezó a convertirse en una amenaza real para su acostumbrada y garantizada impunidad por lo que iniciaron los ataques. La no renovación de su mandato en el país es la culminación de una serie de ataques estratégicos y consecutivos cuya finalidad mucho más allá de conseguir la salida de la misión, es asegurar la destrucción total de los avances y pasos dados en la lucha contra la corrupción.

Previo a ello, no fue casual el traspaso de funciones del Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas, el invento de una autoevaluación, La Ley de Inmunidad, la Ley de Fondo Departamental, el informe del Congreso y el informe de la PGR. Posteriormente, el invento de una Comisión de Negociación y el fracaso de esa negociación, que culminó con el cierre de la MACCIH. Se trató de un plan que de la mano con acabar con la misión y su salida, aseguró minuciosamente las condiciones para que en Honduras la corrupción continúe como dinámica de los grupos de poder y esta vez con libertades más absolutas.

Este comportamiento no es exclusivo del escenario hondureño, es similar a lo ocurrido en Guatemala, se trata de las derechas conservadoras y fundamentalistas defendiendo de manera contundente su control hegemónico de los Estados en la región latinoamericana. Una derecha que es justamente eso, corrupta, criminal, vinculada al crimen organizado y al narcotráfico y que funciona desde el Estado mismo y sus instituciones como parte de sus estructuras criminales o como bien lo señaló la CICIG en 2015, como redes político-económicas ilícitas (RPEI).

Una derecha que ha confeccionado un discurso bajo la idea de defensa de la soberanía y no injerencia, pero que es servil y sumisa frente a la descarada y determinante injerencia del imperio en toda la región. Una derecha hipócrita y descarada a niveles cada vez más sorprendentes. Es justamente de ese patrón que pueden advertirse ataques futuros y no tan futuros que empleará la narcodictadura para consumar sus objetivos hasta asegurar la revisión y abolición de las actuaciones de la Misión y sus instancias, tal y como sucede con lo actuado por la CICIG en Guatemala.

En el MADJ hemos sido claras desde el inicio con nuestra posición frente a la Misión, la hemos visto siempre como un medio, y no como un fin en la lucha contra la corrupción, tenemos claro que no es el remedio al mal mayor que representa la impunidad y la corrupción institucionalizada en Honduras, pero entendemos claramente también que el mensaje detrás de este ajedrez que ahora  está en juego es el blindaje absoluto del gobierno narco de JOH, las cúpulas políticas, empresariales, religiosas, etc., y las negociaciones con actores como la OEA. En concreto, un pacto entre estructuras criminales nacionales y transnacionales.

Reconocemos el trabajo realizado mediante la gestión de Luis Javier Santos, que marca un parámetro de avance en la lucha contra la corrupción contraria al normalizado comportamiento complaciente y cómplice de los funcionarios públicos en el país. Sabemos que aún continúa siendo una deuda histórica llegar a los criminales mayores, a los autores intelectuales de las múltiples crisis de Honduras, las/los verdaderos impulsores de la corrupción en el país, empezando por el propio Juan Orlando Hernández, las instituciones partidarias, el crimen organizados y la banca como parte de sus más cercanos colaboradores, deben caer.

Por ello desde el MADJ, retomamos nuestra palabra fundadora convocando a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en contra de la corrupción, lo convocamos a proseguir en lucha organizada […] desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.

Proclamamos nuestro repudio a la clase política  para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.

20 de enero, 2020

!Hasta la dignidad siempre!


[1] “Carta abierta del MADJ a la MACCIH”, 23 de febrero de 2016. Puede ser consultada en https://movimientos.org/es/content/honduras-carta-abierta-la-maccih%E2%80%8F%E2%80%8F

Brigada por la dignidad del pueblo tolupán: la solidaridad como acción política

Por Heidy Alachán

Luego de cruzar el río Locomapa, esta vez a la altura de la comunidad San Francisco Campo nos dimos cuenta que estábamos en el sitio donde sería la brigada. Un espacio más o menos grande, con piso de tierra y una galera dividida en tres partes decoradas con mantas de tela y una bandera de Honduras. En la parte frontal escrita en el suelo la leyenda “Bienvenidos hermanos”. No había dudas, estábamos en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán, en San Francisco Locomapa, Yoro.

Era la tarde del diecisiete de diciembre del recién finalizado dos mil diecinueve. Todo estaba en marcha, una cadena humana trasladaba los medicamentos, ropa, carpas, zapatos, etc., al mismo tiempo que iban y venían colgando mantas, instalando sillas, mesas, escritorios, improvisando camillas y adecuando los espacios donde se atendería a las distintas tribus durante día y medio del 18 y 19 de diciembre. Mientras avanzaba la tarde el trabajo colectivo continuaba junto al cafecito que por turnos se tomaba en la casita del compa Amado Cabrera.

Finalmente todo estaba listo, niños y niñas jugaban contentas en el Campamento y las últimas luces del día impactaban sobre la manta colgada al frente con la leyenda convocamos a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad…”. Palabras quede inmediato nos trasladaban a los días de huelga de fiscales, al inicio de todo. Varias cosas habían cambiado, pero otras seguían intactas. Seguíamos en resistencia permanente, en lucha colectiva desde la claridad y la ternura, en la determinación de convertir en herramienta y acción política cada uno de nuestros pasos por la dignidad y la justicia.

Durante las horas de la noche el Campamento se convirtió en el punto de encuentro de la comunidad, de la conversación y la risa, del baile y la competencia jugando a la rayuela. Hace más de 6 años atrás, el 25 de agosto de 2013,  exactamente en ese mismo lugar sicarios pagados por empresarios saqueadores de minerales del pueblo tolupán asesinaron a sangre fría a Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute, madre de Celso y Amado Cabrera cuyas casas siguen ubicadas dentro del predio que comprende el sitio.

Después del frío de la noche, a las 6 en punto de la mañana siguiente todo estaba listo. La fila de espera empezó a hacerse cada vez más larga. Un equipo de médicos, 4 mujeres y un hombre, 2 paramédicos y al menos 20 personas de los núcleos organizados en el MADJ estaban ya en funciones. La Brigada Preventiva por la Dignidad del Pueblo Tolupán, organizada y ejecutada por el MADJ y el Consejo Preventivo de Tribu estaba en marcha.

Las filas estaban mayoritariamente compuestas por mujeres de todas las edades. Había una cosa común entre todas, estaban acompañadas de niños y niñas, por regla general, casi siempre más de 3. Se trataba de sus hijos e hijas. En la realidad cotidiana de las tribus tolupanas la maternidad es una tarea que inicia a una edad muy temprana.

En las filas, esperaban alegres, mientras conversaban entre ellas en medio de la pena que las caracteriza. Hablando bajito, más de alguna comentó que habían solo mujeres porque los hombres estaban en el campo trabajando y podrían llegar pasadas las 4 de la tarde.

Las precarias condiciones de vida y la carencia de acceso a servicios básicos como energía eléctrica y teléfonos celulares no fueron obstáculo para que la noticia de la brigada se propagara por todas las tribus aledañas. Llegaron desde El Palmar, Piedra Gorda, Agua Fría, El Firay, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, San Blas, Mezcales, Las Brisas, Cabeza de Vaca No. 2, para la mayoría de estas implicó llegar caminando por más de dos horas. “No importa la caminada” decían entre risas. “Nunca se había visto una cosa así aquí en la tribu. Es la primera vez que los medicamentos que traen no están vencidos y no nos cobran.”

A más de una hora de distancia del Campamento, en la última comunidad habitada por ladinos se encuentra ubicado el Centro de Salud que permanece cerrado aún en días de semana y desabastecido de medicamentos. A pesar de ser un servicio público implica cobros arbitrarios por parte del personal asignado. La salud es también un privilegio al que las tribus tolupanas no pueden acceder.

Contrario a eso, en el Campamento al menos 900 personas fueron atendidas. Tras su llegada, cada persona se identificaba, sus signos vitales eran tomados por los paramédicos para luego en grupos de 10 pasar a la primera estación. Bajo la carpa en la que en sus costados se leía “Milgen Soto Ávila, presente” y “Fuera Narcodictadura” los grupos se involucraban en una conversación colectiva.

Al mencionar y rememorar el saqueo histórico, la lucha sostenida desde hace muchos años, el conflicto permanente por sus tierras ancestrales, los estragos de la presencia de empresarios y ladinos, el papel del Consejo Directivo de Tribu y de la FETRIXI, como piezas útiles para el empobrecimiento de las tribus, el gesto en los rostros era común.

Estación de formación política.

Volvía la rabia y el rechazo, el dolor colectivo por los asesinatos de quienes defendieron de los abusos a sus tribus incluso con sus vidas. El dolor de un año que se llevaba consigo la vida de tres integrantes de la tribu, militantes del MADJ, asesinados por defender sus bosques y creer como verdad que la dignificación de su pueblo es posible.

Al finalizar, con espíritu de lucha renovado pasaban al espacio de consulta. El equipo médico estaba listo para atenderles. Con diagnóstico y receta en mano pasaban a “farmacia”. Una zona aledaña con medicamentos clasificados, en buenas condiciones y adecuados para cada padecimiento. Ya con sus medicamentos, la siguiente estación les aseguraba una provisión de comida mínima, pero sustancial, para finalmente compartir la ropa y zapatos que mucha gente, de las universidades, de iglesias, organizaciones amigas como CARITAS y particulares con mucha dedicación prepararon para enviarles.

La brigada permitió que dos niños con cuadros graves pudieran continuar con vida al ser atendidos de inmediato y remitidos al hospital más cercano. Permitió que el acceso a la salud fuera al menos por un día una realidad para las tribus tolupanas, que la memoria histórica les salvara del olvido y la indiferencia a la que la avaricia y el capitalismo devorador les ha condenado.

Pero sobre todo, sirvió para entender y recordar que no se trataba de una jornada asistencialista, sino de una brigada política, humana. Del encuentro de los distintos actores del proceso por la dignidad del pueblo tolupán. Del encuentro entre el pueblo, tribus, y profesionales, que finalmente siempre hemos sido y somos pueblo. Del aprendizaje recíproco.

De reafirmar el rechazo al asistencialismo humillante y útil para perpetuar la desigualdad. De recordar que el empobrecimiento y el padecimiento de las tribus tolupanas tiene responsables con rostro, nombres y apellidos. Y que para acabar con eso toca seguir luchando desde la organización popular, la formación política y la claridad de que otra forma de vida, más humana y más digna es posible para el pueblo tolupán y para Honduras.

Que parte de hacerlo realidad es como bien lo expresa Ángela Murillo, líder indígena tolupán, no solo soñar sino trabajar “porque todas las tribus sean Movimiento Amplio, porque que el Consejo Preventivo tome el control, porque que no haya desigualdad para nadie y que no sigan dañando el bosque.”

Y que debe andarse ese camino con la esperanza de lo que entre sonrisas y el asomo del llanto por lo que conmueve ella afirma, “tal vez uno piensa que ya no hay cambio, pero sí hay una solución, la solución somos nosotros. Nos hemos dado cuenta que somos capaces de darle esa transformación a nuestra tribu y también al país entero.”

Familia MADJ

Wilmer Paredes, 2 años de su legado

Por Heidy Alachán

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras.

Era el primer día de enero, como hoy. Hacía calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos, llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho dolor.

El fraude electoral de noviembre de 2017 nos heredó un fin de año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.

Para quienes recibimos la noticia casi inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí, era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre de 2017 habíamos hecho miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López, a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de militares.

Era el mismo Wilmer que ese 16 de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes, entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.

Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama, piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados con fusiles.

Como si no fuera suficiente, mientras sucedía todo eso, les intimidaban con choques eléctricos (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos, cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto al resto lo que había pasado.

Luego vinieron también el resto de recuerdos. El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección del mecanismo.

No fue suficiente para ella escuchar relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y protección.

No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.

Luego de su asesinato, su velorio y su entierro, los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido regresar hasta la fecha.

La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca, que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que, tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.

Pero hoy, que han pasado dos años desde que Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida, desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de dolor y muerte que dejó.

Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.

Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas. Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y oportunas.

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.

“La Patria sigue viva y con memoria.”

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Editorial: Año nuevo desde el MADJ

Año nuevo desde el MADJ: A los pueblos y comunidades en lucha

Estamos  a las puertas de un nuevo año y desde el movimiento Amplio saludamos de manera muy especial a los pueblos y comunidades que luchan permanentemente y de forma inclaudicable por instaurar la dignidad y la justicia como normas básicas e insustituibles en nuestra sociedad.

En el 2020 arribamos a nuestros 12 años de existencia construyendo poder y autoridad ciudadana ahí donde los pueblos se organizan para gestionar su libertad, justicia y autonomía como ejercicios plenamente soberanos en sus territorios a nivel de caseríos, aldeas, municipios y departamentos.

El mayor aprendizaje que nos queda de la década que nos precede consiste en saber que organizadas como Movimiento Amplio ejercemos nuestra condición de mujeres y hombres con dignidad en la Honduras que amamos y llevamos en nuestros corazones y nuestras manos. Nos satisface lo que vamos haciendo y logrando, y estamos en la disponibilidad de continuar desafiando en unidad y organización los retos que tenemos por delante.

Aquí cabemos todas y todos. De ahí nuestro llamado permanente a toda persona y comunidad que quiera unirse a nuestro gran movimiento político social, con el deseo expreso de hacer prevalecer nuestra condición soberana en un país que por ser rico en bienes naturales y culturales ha sido condenado a la pobreza y la miseria por aquellos pocos que se han apropiado de lo que nos pertenece.

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Cabildo Abierto en Arizona Atlántida, marzo 2019.

La agenda de trabajo del Movimiento Amplio en el 2020 para el rescate de la dignidad y la construcción del desarrollo con justicia social y coherencia ambiental de nuestros pueblos contempla las siguientes determinaciones:

  • No más impunidad de funcionarios apátridas y traidores que desde cualquiera de los poderes de Estado nos despojan, criminalizan y asesinan por defender el presente y futuro de nuestras comunidades.
  • Palabras certeras y acciones enérgicas contra la clase empresarial corrupta que ha convertido las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en sus propios escuadrones amaestrados para resguardar a sangre y fuego lo que roban a los pueblos.
  • Murallas humanas de solidaridad contra el colonizador opresor -nacional y transnacional- que pretenda despojarnos de nuestros bienes naturales y culturales.
  • Solidaridad con nuestras hermanas y hermanos que han sido golpeados, criminalizados y asesinados por defender la casa común de las hondureñas y hondureños.
  • Compromiso y acción para luchar en contra del capitalismo al mismo tiempo que del patriarcado, a fin de desmontar en todos los espacios colectivos e individuales las opresiones en contra de las mujeres que luchan con alta entrega desde el MADJ y las mujeres de todo el país.
  • Pasar de la tradicional resistencia a ejercicio de soberanía concreta que dignifiquen la vida de quienes integran el MADJ y las comunidades que asumen la lucha desde nuestro espacio.
  • Nos comprometemos a seguir nuestro proceso de manera autocrítica, abandonando las perezas, adormecimientos, justificaciones y todo  cuanto implique derrotismos, espíritu acomodaticio, alineación con tendencias inaplicables a nuestro contexto, victimizaciones y cualquier comportamiento que conduzca a la negligencia, frustraciones y pérdida de la perspectiva popular de nuestro proceso de lucha.

 Vamos pues, con alegría y entusiasmo, con diálogo inclusivo y firmeza total en nuestras determinaciones, a caminar juntas el 2020 para hacer realidad nuestros mayores propósitos políticos y sociales. Todas y todos somos importantes en esta gran lucha en resistencia social y comunitaria -digna y justa- que debe librarse desde ya, enlazando cada una de nuestras comunidades, municipios, departamentos y regiones hasta convertirse en una Gran Lucha de los Pueblos contra el poder opresor, corrupto y sanguinario y en lo inmediato en contra de la narco dictadura que pretende acabar con nuestra patria.

Pajuiles, Atlántida. 30 de diciembre de 2019

Conducción Política Nacional

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA