GOBIERNO DE HONDURAS EMITE EMERGENCIA POR SEQUÍA EN EL PAÍS

Mientras mantiene encarcelados, criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.


El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales Honduras es suscriptor.


Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de agua.


Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la institucionalidad hondureña.


La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte en sequía para los pueblos.

La doble moral y el doble discurso de Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con más efectos negativos para el pueblo.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón. 

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.

NUESTRO PENSAMIENTO, “ES QUE AQUÍ, ASÍ ES.”

Iniciamos el mes de Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras; injusta, corrupta y violenta.

No podemos seguir viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político de liberación y transformación del país.

En Honduras, la intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en manos transnacionales, la corrupción y la muerte.

El Estado Hondureño, que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda, así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.

El anterior 01 de septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas  por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la libertad.

Las siete personas son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez. Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de presentarse el requerimiento fiscal.

Desde el MADJ nos solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes despojan permanentemente al país.

Hacemos el llamamos al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la altura de la transformación que requiere el país.

Desde nuestra base comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un nuevo país.

Ante lo anterior establecemos que;

Que no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y violencia.

Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.

Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.

Que ante el mal llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse, a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y transformación de Honduras.

Desde la resistencia a la soberanía con dignidad.

Alborotada y desbordada impunidad de los corruptos en Honduras

ANTE LA  CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN  Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:

Ante las resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de ¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha contra la corrupción y acentúa la impunidad  en el país,  desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.

1. Nada más indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa afirmación es insana, acrítica e irracional.

2. En el caso de “Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes, juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula, los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.

3. La reiterada perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre y ruindad cada vez más visible del actual régimen.

4. Los corruptos no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles; entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y el eterno saqueo de la riqueza nuestra.

5. Frente a esta realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre implica violencia.

La radicalidad implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos turismo político y social.

La radicalidad implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.

6. La radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el número de posibles años de condena para Rosa),  jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche jurídico y sobre todo social y humano.

7. El país y la sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso, inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente, fundarla nuevamente a cualquier costo.

8. Después de conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del crimen organizado hecho gobierno.

9. Además, exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el erario público.

10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.

22 de Agosto de 2019.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Desmilitarización y retiro de agentes policiales de San Juan Pueblo, Atlántida, exigen Organizaciones de Derechos Humanos

Al menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso legal orientado a  evitar detenciones arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de la zona.

El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales obstrucciones y amenazas  a la libertad e integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.

Como cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos de San Juan Pueblo”.

En la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional  en la zona al mando del agente Clase III, apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de San Juan Pueblo.

En la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.

En una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook, desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más vinculadas a la organización.

Un hecho reciente, fue el ejecutado en la última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la presidencia del señor Juan Orlando Hernández.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de movilización social.

Continuaremos señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares. Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.

En ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo, Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.

Posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial de Honduras.

Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera:

Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante, apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional.

Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.

Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular, por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.

La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas.

Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos; hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos.

Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país de avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental, la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.

Organizaciones populares y de lucha territorial.

Honduras, 15 de agosto de 2019.

Auto de Formal Procesamiento por otorgamiento ilegal de permisos mineros en territorios de Tribu Tolupán

Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.

¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró obtener ayer  Auto de Formal Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.

En relación a este caso el Ministerio Público recibió una denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A, específicamente de extracción y traslado de antimonio.

Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro, lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño, quien compareció en su condición de gerente general y representante legal, solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio, siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y pagando una suma de dinero por la misma.

 En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro, al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.

Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de abuso de autoridad.

 El antimonio es un elemento semimetálico que principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes, vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.

Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas  encarcelados, desterrados  y asesinados producto de su lucha en defensa de su territorio.

Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.

Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus, CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.

Declaración de la XI Asamblea General 2019 del MADJ “Juan Samael y José Salomón, ¡Presentes!”

José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.

Reunida en el Centro de Formación Finca Torogoses,  la militancia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita, Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes  al departamento de Atlántida, las Tribus del pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente, ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional declaramos y comunicamos que:

El mundo, y de nuestro interés particular Honduras, sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras, ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la precarización acelerada de los derechos en general.

Las consecuencias son palpables, estamos ante un modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo, explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr un control absoluto de los territorios.

Ante ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.

Así, reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio, social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la resistencia a la soberanía con dignidad.

Para ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo ha  reafirmado su razón de ser, llegando a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las resistencias y desde el país.

Ante los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.

Por esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de la dignificación de nuestra patria.

Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la soberanía con dignidad!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

MÁS DE 100 ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL CONDENAN CRIMINALIZACIÓN DE 9 INDÍGENAS TOLUPANES EN HONDURAS.

Ellos y ellas son los nueve indígenas criminalizados por defender su bosque y su territorio ancestral.

Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.

Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.

Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.

Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010. 

Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad. 

En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos. 

Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas  de los cargos. 

Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.

A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.

Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.

Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.

Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.

En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.

Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.

Organizaciones firmantes:

Alemania
Colectivo Cadeho 
Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar

Bélgica
Red Europea de Comités Oscar Romero

Canadá
Comité por los Derechos Humanos en América Latina
Guatemala Community Network
Todos por Guatemala
United for Mining Justice

Colombia
Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)

Estados Unidos
Alliance for Global Justice
Central American Resource Center (CARECEN) — DC
Franciscan Action Network
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Hands Off Honduras – Minnesota
Interfaith movement for human integrity
Nicaragua Center for Community Action
Parlamento Maya USA
School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay
SOA Watch
Witness for Peace Solidarity Collective

El Salvador
Asambleas Comunitarias de El Salvador 
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

España
Anticapitalistas Madrid. Área Internacional
Comunidad Centroamérica en España 
Plataforma por Honduras en Madrid 
Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)

Guatemala
Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA
Bufete para Pueblos Indígenas 
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos
Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Comité de Unidad Campesina (CUC) 
Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro 
Festivales Solidarios 
H.I.J.O.S. Guatemala
Instituto Amaq’
Prensa Comunitaria 
Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Honduras
APAF-INFOP
Asociación LGBT Arcoiris de Honduras
ASONOG
BAMBÚ
Bloque Popular
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT)
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH)
Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Conexihon
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) 
Ecuménicas por el Derecho a Decidir 
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras
Juventud del Milenio
La Insurrecta
Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan
Puras Mujeres
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) 
Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz
Somos Muchas
Terco Producciones
Unión Estudiantil Morazanista (UEM)

Italia
Collettivo Italia Centro America, CICA

México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos 
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Noruega
Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)

Venezuela
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)

Regional
Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Cruz Morada Hondureña
Fads
Hablemos de Derechos Humanos
Honduras Solidarity Network in North America
Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
JOPRODEH
La Cadejos, Comunicación Feminista
La Voz de los de Abajo, Chicago
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4-
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia 
Protection International Mesoamérica
Task Force on the Americas
The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional
CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil
Confederación General del Trabajo
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza  
JASS (Just Associates) 
Migrant Roots Media
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)
Trocaire

ATAQUES CONTRA FAMILIAS LENCAS SON SISTEMATICOS Y AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA

Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.

Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.

Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.

El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.

Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.

Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos con el pueblo Lenca.