Abastecer de alimentos en 24 horas a tribu tolupana ordena juzgado por amparo

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.

El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.

Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.

Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.

También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.

El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.

Interponen amparo a favor del pueblo Tolupán ante entrega politizada de alimentación

(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.

En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.

En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes.  Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.

Presentan amparo para 15 mil niñas(os) en situación de calle ante riesgo de muerte por COVID-19

(Tegucigalpa, Honduras, 13 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor de alrededor de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en condición de calle fue presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, COIPRODEN, Casa Alianza, FUNDAMBIENTE y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras ha normalizado la violación de todos los derechos de las NNA que sobreviven en calle, ha desobedecido las directrices y recomendaciones que en los últimos 30 años le han hecho organismos como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entre otros y, en consecuencia, hoy de manera adicional, se enfrentan a un altísimo riesgo de contagio y muerte por el covid-19.

Las organizaciones señalan que la Presidencia de la República, el SINAGER y la DINAF, han reincidido en su comportamiento omisivo, escapista y evasivo de sus obligaciones, violando el derecho a la salud, la integridad personal, la dignidad y poniendo en riesgo la vida de los miles de NNA que siguen sobreviviendo en las calles, sin que hasta el momento existan acciones concretas y efectivas que los protejan de manera sostenible.

De manera concreta, los amparistas piden que la SCCSJ ordene 10 medidas cautelares urgentes, orientadas a superar las históricas violaciones de derechos y las que hoy sufren los NNA en condición de calle debido a la amenaza del covid-19, los toques de queda extendidos y el abordaje policiaco, militarista, criminalizador que el Estado asume frente a la inhumana situación de los beneficiarios de la Acción de Amparo.

Algunas de estas medidas son: que se establezcan y pongan a disposición de manera inmediata, en distintas ciudades del país, albergues dignos para los niños y niñas que sobreviven en las calles del territorio nacional y eviten el contagio del virus, aplicación inmediata de pruebas rápidas para descartar o confirmar contagios por COVID-19, constituir un equipo multi y transdisciplinario, entre instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que consensuen y pongan en marcha, en el menor tiempo posible, una política pública integral para la atención de los NNA que sobreviven en la calle; que se destine un presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle.

Los amparistas requieren a la SCCSJ que notifique al Ministerio Público de la violación a los derechos fundamentales que han sido objeto los miles de niños y niñas que sobreviven en las calles, a efecto de investigar y deducir la responsabilidad a los funcionarios y funcionarias que por acción u omisión fueron autores o partícipes de esas violaciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), afirmó en 2017 que en nuestro país existen causas estructurales que conllevan a que un 77% de la niñez viva en condiciones de pobreza.

MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario

MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario

San Pedro Sula, 10 de abril de 2020. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó acción de amparo para que se garanticen los derechos a la salud, integridad personal y vida del personal sanitario y de la población hondureña en general. La acción procura proteger a la ciudadanía que acude a los centros médicos y que entra en contacto con el personal y las instalaciones hospitalarias. 

El amparo está dirigido en contra de la Presidencia de la República detentada por Juan Orlando Hernández y la titular de la Secretaría de Salud, quienes en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 no han cumplido con su obligación de brindar de manera oportuna y suficiente el material de bioseguridad a todo el personal sanitario y tampoco han garantizado procesos de desinfección en los centros hospitalarios.

Este incumplimiento pone en grave riesgo la vida no solo de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, sino también de todas las personas que son atendidas y por ende de la población hondureña en general, debido a la rápida y peligrosa propagación y contagio del virus.  

El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares. 

Es preocupante que respecto de estos fondos no se han establecido mecanismos de control y transparencia para la rendición de cuentas más allá del reporte de la cifra ejecutada en el portal electrónico del gobierno de la República y que. a pesar de que entre las finalidad de su aprobación y ejecución esté la compra de equipo médico, de protección e insumos de bioseguridad, entre otras, las condiciones concretas en los centros hospitalarios no son las requeridas según los estándares internacionales dictados.

Es aún más preocupante que a pesar de todos los recursos disponibles, Honduras tiene una de las tasas de mortalidad más alta en la región latinoamericana de 6.70 %, solo superado por Bolivia con 6.81% de tasa. 

Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud. 

El amparo fue presentado en formato electrónico a través de la cuenta de correo electrónico facilitado por la Sala, por lo que es urgente que esta proceda a hacer la sesión respectiva haciendo uso de los medios virtuales disponibles para dar resolución pronta y asegurar que se reduzca el riesgo de contagio del personal sanitario y por extensión para sus círculos familiares, así como de las personas que reciben atención médica en los centros hospitalarios y de la población hondureña en general. 

¿Retorno a la normalidad o el inicio de la refundación?

¿RETORNO A LA NORMALIDAD O EL INICIO DE LA REFUNDACIÓN?

Las fuerzas hegemónicas de la sociedad y gobierno en todos sus niveles coinciden en el esfuerzo y añoran un retorno inmediato a la normalidad. Se adaptan, mutan y afianzan para conservar su hegemonía a pesar que el CORONAVIRUS nos recordó que refundar la sociedad y la vida no es una apuesta de gente ilusa o poco ilustrada en política.

La domesticación de la humanidad está  normalizada en extremo, lo refleja la poca reflexión seria, colectiva y sostenida para hacer de la crisis actual un momento de ruptura real y contundente con las estructuras que han ejercido tan perversamente el poder y han llenado de orfandad el país y el mundo.

Desde siempre, frente a cada crisis o emergencia, el régimen hondureño a través de sus máximas dirigencias incluyendo al grupo económico y religioso que le respalda, como toda mafia, con la fuerza militar y policial exhibe su poderío y desde las corporaciones mediáticas infunde terror y presenta como virtuosos sus crímenes y su negligencia. Al régimen lo acompaña su estructura de segundo nivel que opera en los distintos departamentos y municipios, exhibiendo privilegios y poder, repartiendo la bolsa de la miseria a la gente que ellos han empobrecido.

Finalmente, JOH conserva su hegemonía a través de los miles de empleados públicos de los tres poderes del Estado quienes acríticos-cómodos o fieles, atienden y ayudan a diluir el reclamo, la indignación y la muerte lenta de miles de personas por múltiples razones y en este contexto también por CORONAVIRUS.

El sector partidario no cachureco, tras la crisis del covid19 entró en desigual competencia en la entrega de las “bolsas de la miseria”, en inocultable afán proselitista; porque todo el sector partidario entiende que para hacer política y captar respaldo popular en esta sociedad de la  no tan “moderna servidumbre”, es inevitable el tráfico con la dignidad de la gente.  El sector partidario, incluso el más comprometido con el “cambio”, también le apuesta a conservar su hegemonía desde la llanura, esperando captar respaldo popular y en su momento, si llegan a asumir el control del gobierno intentar cambios, pero sin certezas de plantearse el cambio radical que el país necesita iniciar.

Los sectores sociales, más allá de las ya conocidas e innombrables organizaciones corruptas y de reconocida afinidad con el régimen de turno,  tienen un conglomerado interesante de organizaciones de distinto perfil, con liderazgos y planteamientos esperanzadores y dignos. Sin embargo, este último sector, hace varias décadas acumula recurrentes, cómodas y notoriamente ineficaces prácticas de organización y lucha social.

En este contexto, no es ofensiva la hipótesis que considera que el movimiento social, también está sometido a la hegemonía de una corriente de organizaciones con extraordinarios planteamientos, pero sin la fuerza y sin la determinación de correr mayores riesgos para pensar en serio la refundación de la sociedad y el Estado hondureño.  Los sectores sociales hegemónicos, aunque nunca dejan de convocar, también mutan para conservar el mismo estado y forma de luchar y con ello contribuyen a una normalidad que solo favorecen a las más perversas e históricas élites de poder del país.

Este enfoque crítico hacía todos los actores políticos y sociales sobre la trágica situación humana en que viven  millones de hondureñas/os, no pretende quitar ni equiparar la infinita y superior responsabilidad que tiene la actual narcodictadura y sus antecesores. Pretende ser un llamado a los actores que somos conscientes de esta realidad pero nos resistimos a la idea del cambio radical que el país y el mundo necesita, simplemente porque también estamos conservando miserables privilegios personales y de nuestras organizaciones.

En el MADJ, desde siempre y ahora en tiempos de terror impuesto por el régimen y el covid19, nos sentimos directa e inocultablemente confrontadas. A 32 años de la histórica quema de la embajada gringa en Tegucigalpa y a 12 años del inicio de la huelga de hambre contra la corrupción y por la dignidad en los bajos del Congreso Nacional, evento que dio vida a nuestra organización; renovamos nuestra más honda reflexión en la más genuina perspectiva de contribuir al inicio de un proceso que nos refunde a nosotras,  a las personas, la sociedad y el Estado hondureño.

Renovamos nuestro fraterno y franco llamado a la articulación y a la unidad no para la sobrevivencia, ni para la contemplación o falsos halagos, entendiendo que el escenario actual y el que nos herede este nos obliga a replantearnos con alta creatividad nuestro repertorio de acciones para la dignificación. Convocamos siempre al encuentro para la más honesta y radical reflexión que nos permita pasar a la propuesta real, organizada y concertada entre todos los actores comprometidos con el proceso de transformación y construcción de un mundo más justo para todas.

7 de abril de 2020

¡Desde la dignidad Siempre!

Celebramos a COPINH: 27 años de lucha incansable

El pánico y distracción que ha provocado la pandemia mundial denominada Covid19 no nos quita el ánimo ni la motivación para saludar a compañeros y compañeras de lucha, de tesón y de valentía comprobada en la defensa de la dignidad de los pueblos, de la justicia y de los bienes comunes.

Hoy 27 de marzo arriba a un aniversario más nuestra organización hermana, el COPINH, y desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia les saludamos con toda la solidaridad y los afectos que producen todas las luchas por la dignidad.

Es por eso que hoy, desde cada una de nuestras trincheras, desde cada territorio, desde cada persona organizada en nuestro espacio les enviamos un revolucionario y fraterno abrazo, para decir nuevamente que nos alegramos y celebramos su existencia, su vida y su coherencia. Que desde su fundación ha sido y será un estandarte y motivación para nuestras luchas.

Les agradecemos por ser la inspiración de siempre en el desarrollo de las más justas y necesarias rebeldías contra el racismo, capitalismo, patriarcado, colonialismo y otras estructuras oprobiosas que afectan a nuestros pueblos y por mantener vivo el legado de nuestra querida Bertita.

Les alentamos a seguir construyendo y viviendo la refundación “por adelantado”; en colectividad, en hermandad “juntándonos” todos y todas para llegar a encontrar el bienestar común y reiteramos que su profunda, humana y alegre lucha; seguirá siendo faro para muchos y muchas que aspiramos a que todos y todas vivamos en DIGNIDAD y JUSTICIA.

Desde el MADJ les deseamos que la tarea de buscar dignidad y justicia siga hermanando nuestros pueblos, nuestras organizaciones, nuestros quehaceres y nuestros corazones.

HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE.

A juicio autor material del triple asesinato tolupán

Ramón Matute, indígena tolupán, integrante de la Conducción Política del MADJ exigiendo justicia por los asesinatos contra su pueblo, entre ellos el de su padre y su hermano.

Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.

Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.

Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.

Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.

Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.

Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.

Opinión| De República Bananera a Narcoestado

Por Diego Aguilar:

  1. Una de las acciones prioritarias de la reforma liberal de 1876 fue la inversión de capital extranjero, al igual que la dictadura de Carías, los gobiernos militares, la modernización agraria y el reajuste estructural neoliberal de 1982 hasta el golpe de Estado en 2009 y los gobiernos golpistas posteriores, todos se han caracterizados bajo criterios nacionalistas y fundamentalistas religiosos como única salida a la crisis política y socio económica (migración, combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de la pobreza, entre otros), sin resultados hasta la fecha y con una profundización paulatina.

Si bien es cierto que las y los hondureños comparten una diversidad cultural, también es compartida la desintegración territorial, la supresión de libertad de ejercicio de derechos, la ausencia de un mercado interno consolidado y planificado, así como clases sin sentido plural, intercultural, democrático y popular.

Desde 1824 hasta 1876 se desarrollan en el país alrededor de 150 rebeliones armadas y hasta 1933 gobernaron más de 100 administraciones, después de los gobierno de Marco Aurelio Soto y Luis Bográn entre 1877 y 1886, la facción liberal se dividirá en ortodoxos y disidentes siendo una pugna entre la nueva pequeña burguesía y los herederos coloniales. En este sentido, ¿Quiénes son los herederos de los gobiernos militares entre 1963 y 1980, del reajuste neoliberal de 1990 – 2009 y del Narco Estado 2010 – actualidad?

La narcodictadura militar y del capitalismo, al igual que los gobiernos producto de la ruptura del orden constitucional predecesores,  son una necesidad histórica de las clases dominantes, y en el actual periodo histórico, de las vinculadas al crimen organizado y lavado de activo, para pagar los créditos otorgados producto del colapso económico de la crisis financiera de la bolsa de EEUU en 2008, el saqueo al Estado luego del golpe en 2009 y el detente del avance del MERCOSUR, ALBAPETROLEO y del Socialismo del Siglo XXI mediante gobiernos progresistas en Suramérica.

Carías y Hernández ¿Continuismo al servicio de quién?

En 1932 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras, Tiburcio Carías en su tercer intento llegara a la presidencia, siendo este el actor escogido desde inicios de su carrera política por la United Fruit Company donde Hillyer V. Rolston era su vicepresidente.[1]  

En su mandato, más de 900 millas de ferrocarril se construyeron en el Cariato, pero ninguna para función del Estado y de la sociedad, al contrario, se encontraban en manos de los gigantes transnacionales; Standart Fruit Co., United Fruit Co., y Cuyamel Fruit Co y de la Embajada de Estados Unidos[2]. Este hecho histórico se repite y recrudece desde el golpe de Estado en 2009 y en la narcodictadura de Hernández, con concesiones para la producción de energía, de extracción de minerales, de monocultivo de palma africana, complejos turísticos, instalación de Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo, corredores carreteros, peajes, puertos y aeropuertos, armamento de guerra y tasas de seguridad, todo al servicio del narcotráfico, lavado de activos, bancos financieros, cárceles de máxima seguridad, medios de comunicación e iglesias.

El principio básico de Carias en 1933 en su primera administración al igual que en el periodo post golpe de estado en 2009, era la necesidad de atraer capital extranjero. Posterior a la comisión de la verdad en 2010, para 2011 se lleva a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, el Honduras Open for Bussisnes bajo la cancillería de Mario Canahuati Larach, participe del golpe de Estado y empresario de maquilas.

Para el 28 de febrero de 1942 Carías autoriza junto al Congreso Nacional que las empresas desmantelaran toda su infraestructura con el decreto 61[3], el gobierno de Carías profundizo el empobrecimiento y marginación de las/os trabajadoras/es, las/os campesinas/os, indígenas y afrohondureñas/os, principalmente en aquellos departamentos donde se concentraban las empresas bananeras, siendo este hecho, además de vergonzoso, un escalón más a la impunidad de las empresas transnacionales. La administración Hernández por su cuenta y bajo la militarización de las instituciones y la sociedad, ha incrementado los impuestos para la clase trabajadora, campesina e indígena, beneficiando a los grandes consorcios públicos privados entre la banca nacional e internacional y El Estado a través del lavado de activos, despojando de toda responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del Golpe de Estado, el desfalco al IHSS, SAG, BANADESA, concentrando el poder económico y político en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Es con Carías que nace la frase “encierro, destierro o entierro” en su período dictatorial de 1933 a 1949, esta premisa que tomara fuerza durante el periodo Cariísta para que en sus primeros 3 años de administración “acuda al llamado de los representantes del pueblo” en el Congreso Nacional, aprobando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente aprobada por 52 votos a favor y 2 dos en contra, haciendo el llamado a la misma el 7 de enero de 1936 bajo decreto no. 26.

¿Acaso este hecho histórico no se remonta a nuestros días? la migración, los procesos judiciales y las masacres y/o asesinatos selectivos a trabajadoras/es, campesinas/os, indígenas, afrohondureñas/os, mujeres, estudiantes y luchadoras/es sociales son las políticas de terror de Estado adoptadas por la administración de Hernández Alvarado.

Otro de los componentes de la narco dictadura es la imposición y la fuerza. Los elementos legales, legislativos y constitucionales no son más que un montaje ante la ausencia de democracia y poder para la sociedad hondureña,  con vallas militares en el Congreso Nacional, Poder Judicial y Casa Presidencial, así como en la institucionalidad pública (escuelas, hospitales, ministerios, entre otros), fortaleciendo la impunidad, la narco actividad y el lavado de activos.  

Carias bajo la política de estado de la Reconstrucción Nacional, al igual que en 1936, en 1939 surge nuevamente “la necesidad popular” del capital transnacional de hacer el llamado a través de las comandancias de armas, comités de defensa civil y militantes del partido nacional para el periodo continuista reformando el artículo 202 de la constitución de 1936, y prolongar el mandato del dictador hasta el 1 de enero de 1949. Hernández, que implementa el programa Vida Mejor en 2013 hasta la fecha, reformo el artículo 239 de la constitución de 1982, de la mano del fiscal general Oscar Chinchilla, el presidente de la Corte Rolando Argueta entre otros actores intelectuales del narcoestado, en un proceso inusualmente acelerado fallando a favor el 24 de abril de 2015 a través de la Sala de lo Constitucional, dando luz verdad al proceso de reelección presidencial.

Hernández y la narco dictadura, han reducido que ante la crisis capitalista global en 2008 y post golpe de Estado 2009 – actualidad, son responsabilidad de las administraciones anteriores, sobre todo de la administración Zelaya Rosales, separando las deudas históricas de impunidad, terror de estado y corrupción, producto del bipartidismo, el capital transnacional, las intervenciones militares y económicas de EEUU.

  • Aproximaciones.

Hoy quienes sostienen a las dictaduras pretenden, una vez más, procurar sostener el establishment del lavado de activos, haciendo llamados prematuros a contiendas electorales internas y acelerando el proceso de impunidad con la no renovación de la MACCIH-UFECIC, creando unidades de investigación fiscalizadas por el Ministerio Público a través de la UFERCO y con manifestaciones propias del narcotráfico.

Ejemplo de ello, el 13 de febrero del 2020 en la ciudad de El Progreso, donde dos unidades de las fuerzas armadas, la policía militar y la fuerza nacional anti maras y pandillas; ambas financiadas por la tasa de seguridad, se enfrentaron con armas de grueso calibre en el palacio de justicia, asesinando a 5 miembros de las fuerzas armadas debido a una operación militar para el rescate de Alexander Mendoza alias “El Porky”, quedando en evidencia la disputa entre carteles y la eliminación sistemática de sus actores, como fue el asesinado de Magdaleno Meza el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, luego de declarar culpable a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente, en la corte del distrito sur de Nueva York.

Luego de 11 años de dictadura, dos fraudes electorales 2013 y 2017 y miles de desplazados, encarcelados y asesinado; la esperanza de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de la conformación del Partido Libertad y Refundación y del Espacio Refundacional, es de carácter obligatorio para aquellos que aún sienten vergüenza por que las y los hondureños padecen hambre, salud, seguridad, vivienda, dignidad y justicia.

El unificar criterios en un programa político amplio, coherente, plural y principalmente que trastoque las estructuras criminales del poder, sin medias tintas y afrontando la historia como los pueblos de Honduras lo han hecho hasta ahora, con resistencia, dignidad, poder y soberanía popular.  


[1] Diego Aguilar es historiador, encargado político de las Áreas de Formación y Educación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[1] Zuniga Huete, Angel. Un cacicazgo centroamericano. México 1938. Pp 73.

[2] Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, enclave y dictadura 1933-1949. Tegucigalpa, 1985. Pp. 27

[3] Este incluía “remover, levantar desmantelar, disponer y sacar libremente como ella quisiera, los rieles de las vías principales, ramales, subramales, espuelas, espolones y desvíos, así como todo material rodante y todos los puentes de hierro , a vender instalaciones a otras empresas, y que finalmente el gobierno decretara que la compañía quedaba eximida, relevada y descargada por siempre de cualesquier reclamo, demanda, acciones o derechos que el gobierno tuviera contra ella, y declarara además que la compañía había dado hasta la fecha, debido cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las contrata, Ibidem.

Bibliografía consultada

Díaz Arrivillaga, Efraín.  Robleda Castro, Roberto. Salomón, Leticia. Honduras, Hacia una Política Económica Alternativa. CEDOH, Tegucigalpa 1995.

Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, Enclave y Dictadura 1933-1949. Tegucigalpa 1985.

Zuniga Huete, Angel. Un Cacicazgo Centroamericano. México 1938.

Brignoli Pérez, Héctor. Historia General de Centro América. De la posguerra a la crisis. Tomo V. Madrid, 1993.

Dignidad Mixta Limitada: Una apuesta política desde el cooperativismo comunitario

El departamento de Atlántida fue el escenario del nacimiento de una importante apuesta de organización política económica comunitaria, creada formalmente el 15 de febrero con el nombre de Cooperativa Dignidad Limitada en San Juan Pueblo, territorio perteneciente al municipio de La Másica.

La creación de una cooperativa formó parte por muchos años de las aspiraciones y sueños del MADJ, ahora es una realidad impulsada por diversos actores vinculados a la organización de distintas formas, pero con la claridad de la finalidad política del proyecto.

 Para su impulso ha sido fundamental el papel de Radio Dignidad, la radio comunitaria del Movimiento Amplio con influencia en ascenso cada vez mayor sobre la población de Atlántida desde donde se asume y desarrolla la tarea de crear consciencia respecto de la realidad local y nacional, así como trasladar contenidos políticos.

Ahora que es una realidad, se trata de una cooperativa mixta conformada por dos estructuras, una Junta Directiva encargada de su existencia y vida política y administrativa, la cual se debe por supuesto al máximo órgano de decisión que es la asamblea de cooperativa y una Junta de Vigilancia que juega el papel de ente fiscal de la Junta Directiva y de la cooperativa misma en su totalidad. 

Un aspecto relevante de la creación y consolidación de la cooperativa es que si bien la Ley señala como obligatoria una cuota de participación de 30% de mujeres en las distintas instancias que conforman la cooperativa, su asamblea en su momento fundante determinó un 50/50 de representación.

Para el MADJ y el equipo de trabajo de la cooperativa, esta es parte de una propuesta de vida de las comunidades, en términos económicos y políticos, encaminada a humanizar el sistema financiero, quien hasta el momento promueve la desigualdad y por su estrecha vinculación con el modelo político que hoy por hoy tiene en agonía el planeta, la cooperativa está encaminada a ser una propuesta de vida de quienes nos pensamos en rescatar los principios de igualdad, equidad, solidaridad.

Para su consolidación está siendo trascendental el apoyo de la Central de Cooperativas Cafetaleras quien desde su experiencia acumulada está siendo guía de los aspectos formales y legales de la conformación y funcionamiento de la estructura.

Más allá de la utilidad meramente económica, de ahorro y crédito de la cooperativa, desde su creación esta apuesta se concibe con una esfera política más amplia e integradora, por ello hasta el momento sus afiliados y afiliadas son habitantes del municipio que tienen claridad de la necesidad de construir proyectos alternativos para el país, que tienen empatía con las lucha y apuestas de transformación de la realidad local y nacional y que comprenden que la integración de la asamblea de la cooperativa le traslada la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad de pensar en colectivo cómo impulsar otras formas de hacer vida en comunidad.

Por ello, su vida orgánica implica también procesos de formación y discusión permanente, esto se marca desde los requisitos básicos para la afiliación entre los cuales se encuentra cursar un módulo sobre cooperativismo desde una visión crítica de su lógica más tradicional, para posteriormente continuar con el análisis de otros temas relacionados con la actividad de la cooperativa y su papel en el escenario inmediato, así como en el municipal y departamental, como ser el tema crediticio y de producción.

Dentro de las proyecciones a futuro de la Cooperativa Dignidad Limitada está sumar a la mayor cantidad de las personas, que se comprenda el sentido mismo del nacimiento de la cooperativa y ser que esta pase a formar parte de estructuras, de otros espacios que forman la plataforma del sistema cooperativo nacional para incidir políticamente en la transformación de un sistema económico más justo y más digno.

Editorial: MACCIH, una pieza menos en el ajedrez de la narcodictadura

El tiro de gracia dado a la MACCIH el pasado viernes 17 de enero confirmó el mensaje instaurado por sus ideólogos desde su fundación; “que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto y vinculado al narcotráfico y al crimen organizado”[1].

LA MACCIH generó desconfianzas con su llegada ya que suplantó la demanda popular de una instancia similar a la CICIG en Guatemala y a que su dependencia de la cuestionada OEA, tolerante y cómplice de golpes de Estado, fraudes electorales y violaciones masivas de derechos humanos en Honduras, era un indicador claro de los alcances reales que esa concesión podía tener.

Sin embargo, la aparición y puesta en marcha de la UFECIC y las instancias del circuito anti corrupción constituyeron una pequeña esperanza para la población hondureña en que la lucha contra la desbordada corrupción e impunidad podría avanzar. Y así sucedió. La gestión de la UFECIC a cargo del fiscal ex huelguista Luis Javier Santos demostró que es posible señalar nombres y apellidos, que es posible retratar cómo funcionan las redes y estructuras criminales que operan desde el Estado mismo y sus instituciones y sobre todo que, estas redes existen con la complacencia y participación directa del ejecutivo.

Así, prontamente la inofensiva Misión aceptada por las cúpulas empezó a convertirse en una amenaza real para su acostumbrada y garantizada impunidad por lo que iniciaron los ataques. La no renovación de su mandato en el país es la culminación de una serie de ataques estratégicos y consecutivos cuya finalidad mucho más allá de conseguir la salida de la misión, es asegurar la destrucción total de los avances y pasos dados en la lucha contra la corrupción.

Previo a ello, no fue casual el traspaso de funciones del Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas, el invento de una autoevaluación, La Ley de Inmunidad, la Ley de Fondo Departamental, el informe del Congreso y el informe de la PGR. Posteriormente, el invento de una Comisión de Negociación y el fracaso de esa negociación, que culminó con el cierre de la MACCIH. Se trató de un plan que de la mano con acabar con la misión y su salida, aseguró minuciosamente las condiciones para que en Honduras la corrupción continúe como dinámica de los grupos de poder y esta vez con libertades más absolutas.

Este comportamiento no es exclusivo del escenario hondureño, es similar a lo ocurrido en Guatemala, se trata de las derechas conservadoras y fundamentalistas defendiendo de manera contundente su control hegemónico de los Estados en la región latinoamericana. Una derecha que es justamente eso, corrupta, criminal, vinculada al crimen organizado y al narcotráfico y que funciona desde el Estado mismo y sus instituciones como parte de sus estructuras criminales o como bien lo señaló la CICIG en 2015, como redes político-económicas ilícitas (RPEI).

Una derecha que ha confeccionado un discurso bajo la idea de defensa de la soberanía y no injerencia, pero que es servil y sumisa frente a la descarada y determinante injerencia del imperio en toda la región. Una derecha hipócrita y descarada a niveles cada vez más sorprendentes. Es justamente de ese patrón que pueden advertirse ataques futuros y no tan futuros que empleará la narcodictadura para consumar sus objetivos hasta asegurar la revisión y abolición de las actuaciones de la Misión y sus instancias, tal y como sucede con lo actuado por la CICIG en Guatemala.

En el MADJ hemos sido claras desde el inicio con nuestra posición frente a la Misión, la hemos visto siempre como un medio, y no como un fin en la lucha contra la corrupción, tenemos claro que no es el remedio al mal mayor que representa la impunidad y la corrupción institucionalizada en Honduras, pero entendemos claramente también que el mensaje detrás de este ajedrez que ahora  está en juego es el blindaje absoluto del gobierno narco de JOH, las cúpulas políticas, empresariales, religiosas, etc., y las negociaciones con actores como la OEA. En concreto, un pacto entre estructuras criminales nacionales y transnacionales.

Reconocemos el trabajo realizado mediante la gestión de Luis Javier Santos, que marca un parámetro de avance en la lucha contra la corrupción contraria al normalizado comportamiento complaciente y cómplice de los funcionarios públicos en el país. Sabemos que aún continúa siendo una deuda histórica llegar a los criminales mayores, a los autores intelectuales de las múltiples crisis de Honduras, las/los verdaderos impulsores de la corrupción en el país, empezando por el propio Juan Orlando Hernández, las instituciones partidarias, el crimen organizados y la banca como parte de sus más cercanos colaboradores, deben caer.

Por ello desde el MADJ, retomamos nuestra palabra fundadora convocando a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en contra de la corrupción, lo convocamos a proseguir en lucha organizada […] desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.

Proclamamos nuestro repudio a la clase política  para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.

20 de enero, 2020

!Hasta la dignidad siempre!


[1] “Carta abierta del MADJ a la MACCIH”, 23 de febrero de 2016. Puede ser consultada en https://movimientos.org/es/content/honduras-carta-abierta-la-maccih%E2%80%8F%E2%80%8F