Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega IV

Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca.

Los peces  en el río Petacón han dismuido a raíz de la construcción de la cortina del proyecto hidroeléctrico 

Empresa Progelsa explotará por 50 años el río pagando cantidades irrisorias a las municipalidades de Lepaterique y Reitoca

Las afectaciones de la hidroeléctrica se suman al impacto negativo del corredor seco y cambio climático 

Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -Un sofocante calor que se combina entre polvo, ramas secas y faldas rocosas. No hay ruido de pájaros, pero si se escucha el estridente sonido de un motor de una bomba de diez caballos de fuerza que chupa una corriente del río Grande Reitoca, conocido también como río Petacón.

Wilmer Alonzo Herrera extrae varios litros de agua para hacer adobes y venderlos en una ferretería que ha instalado en el casco de Reitoca. Nos comenta que ha sido judicializado por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Ha sido acusado por los delitos de usurpación y daños agravados.

Para Wilmer, quien ronda los 40 años, el río es su vida y sustento. Recuerda que cuando era niño las aguas se llevaban todo a su paso, sin importar si era época seca o lluviosa. Ahora, dice, lo que queda en el cauce cercano al pueblo son dos mangas con pequeñas corrientes, las que aprovecha para producir una de las materias primas básicas para la construcción de viviendas.

Junto a su esposa Gissela y a su hija Andrea llega todos los días al río a realizar su faena la que viene culminando alrededor del mediodía, después de al menos seis horas ininterrumpidas. 

Mientras nos relata sus vivencias y el impacto negativo generado por el cambio climático y ahora, según él, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, se escucha entre las ligosas rocas el croar de las ranas.

Wilmer Alonzo juega con su hija Andrea a quien baña con las frescas aguas del río Petacón para apaciguar el enérgico calor, una mañana de verano de este 2020 cuando la temperatura rondaba los 35 grados centígrados.

El proyecto hidroeléctrico se ubica en la frontera entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, hoy confrontados porque las autoridades hondureñas no han sabido manejar los procesos para el concesionamiento de los proyectos de explotación de los recursos naturales.

La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta,  en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca. De hecho, el licenciamiento se encuentra en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.

En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.

Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído de manera definitiva, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2018 por la presión de los pobladores de Reitoca, agrupados en el Comité de Protección Reitoca y en el Consejo Indígena Lenca, esta última instancia mediante la cual luchan para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que exige un proceso de consulta libre, previa e informada para las decisiones adoptadas en sus territorios.

El proyecto hidroeléctrico ha confrontado a los pueblos de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán. La resistencia al proyecto se centra en Reitoca por encontrarse aguas abajo. La gente de Lepaterique no muestra mucho interés en el tema a excepción de la Corporación Municipal y de un grupo de personas que ha sido contratado para los trabajos previos y durante la construcción de las primeras obras de ingeniería y que hoy se encuentran paralizadas.

Mientras Wilmer Alonzo Herrera exterioriza su rechazo a la explotación del río, por considerar que es su vida, la de su familia y la de sus vecinos, existe un posicionamiento firme por parte de los trabajadores de Progelsa que viven en la comunidad de Mulhuaca, Lepaterique para que se les permita regresar a trabajar al proyecto.

Empresa SERMACO, encargada de las obras civiles, obtuvo permiso de la secretaría de Defensa para usar dinamitas en los cerros del cauce

Efectos en el medio ambiente

En agosto de 2017 los pobladores de Reitoca denunciaron en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente que la empresa Progelsa había causado daños al agua porque los peces se estaban muriendo y el color del agua se había tornado oscura y con sedimento. A casi tres años de la denuncia, la Fiscalía no ha respondido a la queja.

La versión de los pobladores, que se evidenció con fotografías de la mortandad de peces, podría tener lógica con la explosión de dinamitas que realizó la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO), ejecutora de las obras civiles del proyecto.  El 26 de mayo de 2017 el secretario de Defensa Fredy Santiago Díaz Zelaya autorizó a SERMACO para la compra local y directa en la Armería y el traslado, almacenaje, manipuleo y uso de material explosivo comercial.

Producto de las explosiones, que se extendieron por al menos dos kilómetros y en un radio de menos de cien metros, las aguas fueron soterradas, provocando sedimento, la razón que explica la muerte masiva de los peces.

El color del agua oscureció, los peces se murieron, y el nivel de las aguas disminuyó sustancialmente. “Fue alarmante, sentimos que el río de un solo bajó”, dijo Orlando Rodas, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, quien se dedica a la ejecución de proyectos de riego agrícola.

Al iniciar la obra la constructora dinamitó los cerros que están en el cauce del río y la tierra cayó en las aguas, lo que provocó una disminución en el caudal. “Por esa razón es que ahora corre menos agua”, relata Magdaleno Flores, coordinador del Consejo Indígena Lenca.

Para la construcción de la cortina el río fue desviado por un túnel lo que ha provocado disminución del cauce natural. La imagen muestra además parte de las zonas donde la empresa SERMACO utilizó dinamitas.

Las explosiones sirvieron para adecuar las paredes del río y construir la cortina y la sala de máquinas para dos turbinas. Para efectuar estos trabajos SERMACO construyó un túnel para desviar el agua lo que, a juicio del biólogo e investigador, Héctor Portillo, provocó sin duda alguna un impacto negativo en el cauce y en la vida acuática del río.

El túnel, que ha servido para desviar el agua, ha provocado la disminución del caudal del río y con ello la pérdida de las especies acuáticas, especialmente la de los peces.

Históricamente la pesca ha sido una de las actividades de sobrevivencia de la población de Reitoca al igual que la siembra de granos básicos, maíz y frijoles. Sin, embargo, después del incidente de 2017 ya casi no se encuentran peces. “Antes había chacalín, mano carrizo, cacarica, ilama, pega (…) el guapote ya días no lo veo, camarón grande, también había”, manifestó con nostalgia, Andony Ruiz.

Andony, un joven activista social y miembro del Comité de Protección Reitoca y del Consejo Indígena Lenca, echa de menos las manadas de aves que antes se miraban a las orillas del río, entre ellas, golondrinas y zorzales, las que, a su juicio, están desapareciendo.

La percepción de Andony no se aleja de la realidad, pues según el biólogo e investigador, Héctor Portillo, el embalse disminuirá el caudal del río y con ello se afectará el agua para consumo humano y la utilizada para la irrigación. “Va teniendo un efecto negativo en las comunidades cercanas y en la vida acuática, especialmente en los peces”, enfatizó el profesional de la biología al explicar sobre los efectos causados por la represa construida en el río. 

Previó a la etapa de construcción del proyecto, en febrero de 2016, Progelsa contrató a especialistas en zoología y botánica para que realizarán un estudio de caracterización de flora y fauna. En la investigación de campo de la flora se encontró 66 especies diseminadas en bosque de galería, matorral y bosque latifoliado. Entre las variedades se encontró siguapate, macuelizo, cortés, piñuela, indio desnudo, guarumo, berberilla, chaparro, barba de jolote, zarza, guama, chaperno, quebracho, toble, chichicastón, laurel, nance, pochote, sirín, caoba, higo, capulín, uva, cera, guayabillo, manzanita, cagalera, cordoncillo, pimientillo, cafecillo, limoncillo, aceituno, pene de chacho, guácimo, capulín, cinco negritos, escoba, chivo, brujo, mango, flor de mayo, suyate, siguapate y zarza.

La flora en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón está dividida, según los especialistas en botánica contratados por Progelsa, de la siguiente manera: 38 % de árboles, 38 % de arbustos, 22 % de hierbas y 2 % de gramíneas.

Como parte de la fauna se encontró varias especies de acuáticos, mamíferos, reptiles, aves, entre estas: lagartija espinosa, lagartija, ranita de charco, garrobo y no se descartó la existencia de serpientes venenosas como cascabel, tamagás y coral.

Se encontró además 19 especies de aves, entre ellas: garza tigre, coa, martín pescador, viudita de río, paloma alas blancas, lechucita, guardabarranco, pájaro carpintero, urraca, cerenqueque, sacude colchón, cucarachero, zorzal, saltador grisáceo, saltador cabeza negra, chorcha, chipe rufo, vireo cabeza azul.

En los mamíferos se encontró: ratón orejón alpinista, mapache, nutria o perrito de agua, murciélago frugívoro, murciélago vampiro y ardilla común y la variedad de peces: guapote, bagre de río, bubucha, congo, mojarra, machaca y podrido.

El estudio estableció que en el área del embalse y en los desfiladeros de la orilla del río, se encontraron esporádicamente sitios utilizados para anidar, así como determinadas rocas para percheo, que al hacer el llenado del embalse quedarán inundados.

El informe hizo alusión a la necesidad de aplicar planes de salvamento para la flora que sería afectada con la construcción del proyecto y advirtió que existía la probabilidad que, durante la construcción de la cortina del embalse, se emitieran residuos que afectarían de forma directa e indirecta el desarrollo de las especies herpetofauna, específicamente anfibios, lo que causaría un impacto negativo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de mitigación.

Rafael Zelaya, un veterano poblador de Reitoca y protector del medio ambiente, lamenta que el proyecto hidroeléctrico haya causado daños a la flora y fauna, especialmente en las comunidades de Agua Caliente, Reitoca Centro, Paso de Lejas, El Rebalse, Agua Blanca y Santa Cruz.

El área del proyecto se caracteriza por tener bosque húmedo subtropical,  y según la clasificación de Holdrige, este bioclima se caracteriza porque se extiende desde los 700 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Su cobertura vegetal está constituida principalmente por especies de coníferas y hoja ancha en diferentes etapas de sucesión, siendo el pino la especie que mejor identifica este ecosistema.

Al emitir la resolución sobre la licencia ambiental, la SERNA hizo hincapié en el informe y dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) número 642-2011 del 12 de octubre de 2011, mediante el cual se certificó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra fuera de cualquier área protegida, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).

Aunque no se encuentre en de área de influencia de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena, el Río Reitoca o Petacón se encuentra en la parte baja y drena al embalse “José Cecilio del Valle” en la región sur del país (Moramulca), con una capacidad de embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua. Esta represa de uso múltiple abastece de agua a 100 mil familias de los cuatro municipios que se encuentran en la cuenca baja del Río Nacaome: San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle.

La microcuenca del Río Petacón limita al norte con la microcuenca del Río El Limón y el Cerro de Hule y Cerro Verde; al oeste con la Montaña El Cimarrón y la Montaña Cimartagua, y al este con las microcuencas de los ríos Saracarán y El Común el Cerro El Cimarrón.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/hidroelectrica-en-rio-petacon-socava-ecosistema-de-reitoca/

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega III

Río Petacón: Una hidroeléctrica en suspenso y una población que no para de migrar

La población de Reitoca y Lepaterique sigue migrando en busca de nuevas oportunidades de vida

Progelsa ofreció empleos, pero la defensa del río es más fuerte que esta promesa
 

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

TEGUCIGALPA. -LA POBLACIÓN DE REITOCA ESTÁ MIGRANDO. LOS HOMBRES SE VAN PARA ESTADOS UNIDOS, UNOS SE HAN IDO EN LAS CARAVANAS Y OTROS HAN PAGADO “COYOTES” Y LAS MUJERES BUSCAN CRUZAR EL ATLÁNTICO VÍA ÁREA PARA LLEGAR A ESPAÑA.

“La gente cuando no haya nada que hacer lo que hace es emigrar para otros países, de aquí las mujeres están emigrando a España, los varones están emigrando a Estados Unidos y a Canadá”, dijo el coordinador del Consejo Indígena lenca de Reitoca, Magdaleno Flores.
Flores fue estafado en su intento por emigrar a Canadá. Madaleno, quien se dedica a la albañilería junto a sus hijos, contó que junto a varios de sus coterráneos fue timado por una compañía dirigida por un hombre a quien identificó únicamente como “Don Rubén”, quien cobra 65 mil lempiras ($2.600) para llevar a la gente. “Yo fui uno de los que cayeron en ese negocio, me engañaron. Yo pagué 130 mil lempiras para mi hijo y para que se fuera un hermano mío, y resulta que no hubo viaje y me robaron el dinero”, lamentó.

El coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Magdaleno Flores, dice que el conflicto generado por el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, ha profundizado la migración durante los últimos cuatro años

Magdaleno relató que pese a que ya han pasado cuatro años de la estafa no ha existido castigo para el embaucador quien, dijo, sigue operando en su oficina en las cercanías del hospital San Felipe, en Avenida La Paz de Tegucigalpa.
Comentó que nadie interpuso la denuncia por el miedo a perder la vida y porque en Honduras no existe una correcta aplicación de la justicia que sancione a los delincuentes y criminales.
Los pobladores de Reitoca lamentan que en su municipio no existan fuentes de empleo permanentes. Existe algunos pequeños comercios dedicados a la venta de abarrotería, mercaditos, pulperías, dos pequeños restaurantes y tres hospedajes, que funcionan como hoteles.
La migración ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2017. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.

Por estar ubicado en el corredor seco, Reitoca es severamente afectado por la falta de lluvias, lo que provoca que los campesinos migren ante la pérdida de sus cosechas.

En los últimos años la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica Río Petacón de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha suscitado un conflicto entre pobladores de los municipios de Reitoca y Lepaterique. Los primeros que se oponen al proyecto y los segundos que, en su mayoría, son apáticos al mismo, a excepción de las autoridades municipales y de un grupo de pobladores que han sido beneficiados con empleos por parte de la empresa desarrolladora.
La migración en Reitoca siempre ha estado presente, pues se encuentra en una de las zonas con mayor afectación al cambio climático por encontrase en el corredor seco, donde todos los años se registran pérdidas de cosechas y con ello problemas de seguridad alimentaria, y por ende mayor pobreza. En Lepaterique, pese a que su territorio goza de mayor precipitación pluvial, también existen problemas de sequía en época de verano. Esto aunado a la reducción de la explotación del bosque producto de la plaga del gorgojo descortezador, lo que provoca desesperación en la gente que también está migrando.

El Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2013 establece que Reitoca tenía una población de 10,649 habitantes, de los cuales se estima que alrededor de 7,500 son de origen lenca. Lepaterique, por su parte, registraba 23,306 habitantes y el 12 % de estos se autoidentifican como lencas. El censo estableció en aquella oportunidad que el 1.31 % de la población de Reitoca había migrado y en Lepaterique esa cifra era del 1 %.

El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) establece que, en los últimos cinco años, 200 pobladores de Reitoca han sido deportados en su intento por migrar a los Estados Unidos. De los cuales 40 corresponden al año 2016, 32 al 2017, 39 al 2018, 75 al 2019 y en los primeros días de junio de 2020 ya se contabilizan 14.
En Lepaterique la deportación en los últimos cinco años ha sido de 278 personas, de las cuales 58 corresponden a 2016, 51 a 2017, 61 a 2018, 90 a 2019 y 18 en lo que va de 2020.

Jorge Montes, se aferra a su terruño, tiene una glorieta en el centro de Reitoca, donde genera empleo para dos jóvenes: Ericka y Alejandra, ellas perciben un poco de dinero para satisfacer parte de lo básico en sus hogares, pero no lo suficiente para vivir dignamente.

Para la defensora de los migrantes, Miroslava Cerpas, lo que está ocurriendo en el corredor seco hondureño es un desplazamiento forzado a causa de la implantación de industrias extractivas, energéticas y turísticas.
Cerpas recordó que durante 2018 y 2019 la Red de Organizaciones para la Protección de Personas Desplazadas demandó al Estado de Honduras que reconociera el desplazamiento que se origina en las comunidades de los pueblos originarios producto de la explotación por parte de transnacionales de los territorios ancestrales, cuyas “concesiones han sido obtenidas a través de actos de corrupción, con entes del gobierno y a veces agentes municipales”.
Apuntó que la mayoría de los dirigentes comunitarios, que han recibido amenazadas de los desarrolladores de los proyectos, terminan yéndose del país, porque si se quedan, aunque se desplacen a otro departamento son localizados por estos grupos.
La defensora lamentó que el gobierno se niegue a hacer la delimitación de los territorios ancestrales y concluyó que no lo hace porque de esa manera ya no existirá la posibilidad de hacer negociaciones ilícitas que se traducen en actos de corrupción.
En virtud de los conflictos territoriales generados en las comunidades indígenas por la implementación de proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó en su informe de 2019 al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias a efecto de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas, según corresponda.
Cerpas manifestó que debido a que los pueblos indígenas tienen arraigo cultural es muy difícil que cuando se trasladen a otras comunidades puedan vivir y adaptarse a otras costumbres por lo que al final no tienen acceso a la salud, al trabajo, a la educación y otros derechos y eso al final los obliga a migrar e incluso a irse en las caravanas junto al resto de la población.

Estas dos viviendas son el vivo reflejo de las remesas percibidas por la población de Reitoca, la principal fuente de ingresos de esta población.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/una-hidroelectrica-en-suspenso-y-una-poblacion-que-no-para-de-migrar/

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega II

Río Petacón

Hidroeléctrica Petacón y la cacería de los ambientalistas lencas

Gobierno otorgó licencia sin consultar proyecto con comunidades 

Funcionarios del gobierno se han confabulado con inversionistas para criminalizar a defensores del río

Estructura militar y policial al servicio de ejecutores del proyecto 

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

TEGUCIGALPA. –UN PROYECTO QUE PROMETIÓ PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y GENERAR DESARROLLO EN LA POBLACIÓN, HA CONFRONTADO A DOS EMPOBRECIDAS COMUNIDADES, UBICADAS EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS DONDE LA IMPOSICIÓN HA SIDO EL PRINCIPAL INGREDIENTE

La instalación del proyecto hidroeléctrico del Río Petacón en los municipios de Reitoca y Lepaterique, Franciso Morazán, por parte de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha ocasionado una serie de violaciones de derechos humanos las que han tenido la participación directa de funcionarios del Estado y de las fuerzas militares y policiales.

El comportamiento estatal ha dejado al descubierto la protección para con los grupos de poder, en este caso representados por el empresario Jack Arévalo Fuentes, ideólogo de la hidroeléctrica y la criminalización de la defensa de los recursos naturales a manos de las indígenas lencas.

El conflicto ha provocado ataques violentos por parte de la Fuerza Militar, que el 30 de enero de 2018 hirió de bala a dos pobladores de Reitoca. Asimismo, la Policía Nacional y Cobras hirieron de bala a otro poblador el 24 de abril de 2019, y por otro lado la justicia judicializó en octubre de 2019 a dos defensores del medio ambiente.

El principal agravante se registró desde el momento en que el exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, otorgó el 24 de mayo de 2011, la licencia ambiental sin una previa socialización y por ende consulta con las comunidades donde se ubica el proyecto diseñado para la generación de 14.8 MW de energía.

Laínez Ordóñez fue acusado en diciembre de 2018, pero en marzo de 2019 el Juzgado Penal de Francisco Morazán dictó sobreseimiento definitivo a su favor, pese a que el dilema por la violación al proceso ambiental sigue sin resolverse, pues el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.

El río Petacón fue concesionado por 50 años a la empresa Progelsa para la instalación de un proyecto hidroeléctrico con una capacidad instalada de 14.8 MW

De acuerdo con la legislación nacional, antes de emitir la licencia, las autoridades ambientales debieron cerciorarse de que el proponente del proyecto había realizado un cabildo abierto con las alcaldías y la población de Lepaterique y Reitoca y esto se reafirma en el dictamen número 007-2013 emitido por la Comisión Nacional de Energía que refiere que la empresa Progelsa no presentó las certificaciones que avalen la socialización con el municipio de Reitoca e incluso menciona al municipio de Curarán. La única certificación presentada fue la socialización con Lepaterique.

Asimismo, una constancia extendida el 1 de septiembre de 2017 por el alcalde por ley de Reitoca, Modesto Funez Santos, establece que la empresa no socializó ni tampoco realizó la consulta ni efectuó cabildos abiertos para tratar temas relacionados a la construcción del proyecto hidroeléctrico y señala además que la corporación municipal no autorizó el permiso de construcción y operación, ni aperturas de carretera en el municipio.

En virtud de que el proyecto se encuentra en territorio lenca, también se registró la violación al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que establece la consulta libre, previa e informada para las decisiones relacionadas a las prioridades de los pueblos originarios y que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

José Manuel Rodas, un hombre de 80 años, quien es tesorero del grupo lenca “Nueva Esperanza”, asegura ser un auténtico lenca por haber nacido en un territorio de influencia ancestral lenca, descendientes del indio Lempira.

El Consejo Indígena Lenca asegura que Reitoca es territorio Lenca y por lo tanto denuncia violación a su derecho de autodeterminación porque no se les consultó previo a la instalación del proyecto. De su lado la empresa Progelsa asegura que la zona no tiene influencia indígena, porque así lo determinó un grupo de pobladores para lo cual extendieron una nota, misma que ha servido de argumento para alegar que no existe la obligatoriedad para realizar la consulta.

Leer investigación completa aquí https://criterio.hn/hidroelectrica-petacon-y-la-caceria-de-los-ambientalistas-lencas/

A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega I

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

Río Petacón

Una joya que el capital transnacional pretende arrebatar a los lencas 

Fondo Noruego se convierte en financista de proyecto hidroeléctrico.

El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Empresa radicada en Miami ha sido contratada por la AHER para dividir a las comunidades.

Ley de Secretos es utilizada por las Fuerzas Armadas para proteger a militares que dispararon contra lencas en Río Petacón y el Poder Judicial avala el encubrimiento. 

TEGUCIGALPA.-BAJO EL MISMO ESQUEMA DE OTROS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y CON LAS MISMAS CONSECUENCIAS SE HA INSTAURADO EN LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y REITOCA, EN FRANCISCO MORAZÁN, UNA PLANTA ENERGÉTICA QUE HA VUELTO A PONER EN EVIDENCIA EL ESCENARIO FRAUDULENTO Y CORRUPTO EN HONDURAS.

El proyecto hidroeléctrico Río Petacón fue concebido por el empresario hondureño, Jack Arévalo Fuentes, un hombre que toda su vida ha estado empapado en los negocios de la energía eléctrica y quien se encargó de mover los tinglados del poder económico y político para conseguir una licencia ambiental al margen de la ley y luego consumar un negocio en el que se ha involucrado la banca nacional y el capital transnacional.

A través de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) constituida el 31 de enero de 2007 en la ciudad de San Pedro Sula, junto a sus hijos Erika Petrouska Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canuhuati y su hermano, Julio Arévalo Fuentes, consiguió que el subsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Marco Jonathan Laínez Ordóñez, emitiera la licencia ambiental categoría dos, número 362-2011 a favor del proyecto hidroeléctrico, con una capacidad instalada de 11.00 MW, sin consultarle al pueblo indígena lenca de la zona.

Entre 1986 y 1990, cuando fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), durante el gobierno liberal del extinto expresidente José Azcona del Hoyo, Arévalo Fuentes, conoció sobre la capacidad instalada y demanda de energía eléctrica en Honduras y el potencial para generar energía en el territorio hondureño y como siempre ha estado ligado con la política logró convertirse en presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002) durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores Facussé y presidía el Poder Legislativo, el extinto dirigente liberal, Rafael Pineda Ponce.

También es fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER) y exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), cargó que desempeñó por seis meses durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010).

Jack Arévalo Fuentes, es hermano del empresario, Henry Arévalo Fuentes, dedicado históricamente a la importación de combustibles y a las actividades aduaneras y navieras.

Su carrera política combinada con la económica lo convirtió en el cerebro del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, una obra inconclusa por la oposición del Consejo Indígena Lenca de Reitoca ante la violación al Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.

Petacón es un proyecto concebido en similares circunstancias con el proyecto de Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque en las comunidades lencas del occidente de Honduras y que desencadenó en el asesinato de la ambientalista indígena, Berta Cáceres. La similitud va más allá de la manera inconsulta y la violencia en que ambos proyectos sentaron sus bases, pues su financiamiento nace con capital nacional y culmina con el aporte del capital transnacional.

Los malabares de Arévalo Fuentes                                     El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Antes de fundar Progelsa, Arévalo Fuentes, comenzó a visitar las comunidades adyacentes al Río Petacón con la intención de conocer el potencial hidrológico y las propiedades que se encontraban en la zona de influencia para luego comprar las tierras. Una vez realizada esta tarea formalizó legamente la empresa, la que fundó con un capital social de 30 mil lempiras.

En su afán de concentrar más capital y de consumar su negocio, a partir de agosto de 2011, comenzó a traspasar y vender acciones a inversionistas nacionales y extranjeros y a suscribir fideicomisos con la banca nacional. La primera transacción se efectuó con el traspaso y venta de acciones a favor de Investment Corporation S.A., cuyos socios son Oscar Enrique Kafaty Geadah y Nadia Kafaty Geadah, hijos del fallecido empresario de la industria del café, Oscar Kafaty, quienes adquirieron 75 acciones de un total de 300.

En un nuevo acto jurídico, celebrado el 2 de agosto de 2012, Progelsa continuó cediendo y vendiendo acciones a Investment Corporation S.A. En esta oportunidad Investment Corporation S.A., adquirió 150 de 300 acciones y el 8 de julio de 2015 registró un aumento de capital pasando de 30 mil a 23 millones de lempiras y las acciones aumentaron de 300 a 230.000, de las cuales el 50 % (115.000) correspondieron a Investment Corporation S.A. y los 115.000 restantes a los socios de Progelsa.

El 7 de agosto de 2015 se modificó la escritura social de Progelsa y se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando presidente, Danielle Boscolo Meneguolo; vicepresidente, Pietro Barbujani y secretario, Oscar Enrique Kafaty Geadah.

Sigue aumentado el capital

El 17 de marzo de 2016 se registró un aumento de capital de 23,030,000.00 lempiras (230,300 acciones con valor de 100 lempiras cada una) a 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). En esta oportunidad ingresó el holding italiano, Sorgent.E s.r.l. que adquirió 351,921 acciones, bajo la representación de Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto, Roberto Micheletti.

En esta ocasión la empresa de los Kafaty adquirió 31,052 acciones, Jack Arévalo Fuentes 7,451 acciones, Erika Petrouska Arévalo Canahuati 8,073 acciones, y Jack Arévalo Canahuati 8,073 acciones.

El ejecutor especial de acuerdos de Progelsa es el abogado Mauricio Villeda Zúñiga, hijo del excandidato presidencial por el Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, Mauricio Villeda.

Desaparece Progelsa y sale a escena Banhcafé

El 29 de marzo de 2016 se le otorgó poder de riguroso dominio a Danielle Boscolo Meneguolo para la suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto con el Banco Atlántida S.A. y el Banco Hondureño del Café S.A., en particular para suscribir contrato de fideicomiso de garantía, contrato de crédito y contrato de administración.

El 06 de septiembre de 2016 se registró un nuevo aumento de capital social de 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una) a 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). El capital social nuevo se distribuyó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (414,020 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción) y se incorpora Sorgent.e. Chile SPA, una filial de la firma italiana Sorgent.E s.r.l (1,129,500 acciones).

El aumento de capital continuó el 21 de marzo de 2017 con 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una) a 270,653,100.00 lempiras (2,706,531 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una). La distribución del capital social quedó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (1,543,520 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción), Sorgente Chile SPA (1,163,010 acciones).

En un último acto jurídico registrado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el 23 de julio de 2018, se eligió un nuevo Consejo de Administración resultando electa presidenta, Julia Estela Sandoval Handal; vicepresidente, Nicola Maniezzo; vocal, Oscar Enrique Kafaty Geadah y Elly Melisa Vargas Rivas, también como vocal.

En resumen, el proyecto quedó en manos del capital transnacional y de la banca nacional. Algo importante de señalar es que a partir del 2016 los socios fundadores de Progelsa se quedaron sin ninguna acción y el capital quedó distribuido en un 57.03 % a favor de Banhcafé, 42.98 % de Sorgent Chile SPA y 0.000000037 % de Sorgent.E s.r.l. de Italia.

“Creo que esto que estamos viendo alrededor del río Petacón es una de las prácticas que se han venido implementando últimamente a nivel mundial en el sector extractivista con la única finalidad de evadir la responsabilidad y crear una serie de obstáculos y blindajes”, dijo a CRITERIO.HN, Pedro Landa, especialista en derecho ambiental e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas.

Landa manifestó que lo ocurrido con el Petacón es la mismo que hicieron con el proyecto minero de Guapinol, que era de inversiones Los Pinares y ahora pertenece a un  holding con capital panameño, chino, noruego y de distintas regiones, porque todo está concebido en “la doctrina de las puertas giratorias porque, como en una puerta giratoria, puede entrar una acusación, pero esa acusación sale inmediatamente porque no se puede identificar quién es el socio, quién es el accionista y qué leyes le aplican”.

Como ejemplo, Landa expuso que, si hoy Banhcafe es el socio accionista local del proyecto hidroeléctrico Río Petacón y en el futuro existe una acción judicial en su contra, inmediatamente esta institución bancaria cede o vende sus acciones a otro de sus socios, para que no se le atribuya responsabilidad alguna.

 El investigador considera que mediante un holding se especula con los capitales y se evade la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo con la mayoría de los proyectos extractivistas.

Leer investigación completa: https://criterio.hn/especial-de-investigacion-hidroelectrica-rio-petacon/?fbclid=IwAR13g8wvM_iTfYnoF7h3N5TQSlcMJu0jN9v0hyjC7Tgzih6048ZhFgXC2y0

Siembras comunes, alternativa alimentaria pos pandemia

La crisis alimentaria que se avizora como efecto de la pandemia y las malas decisiones del gobierno de Honduras solo pueden ser revertidas por las acciones desde los territorios a donde se busca la verdadera soberanía que va acompañada con la seguridad alimentaria que las y los ciudadanos pueden y deben impulsar como parte de los procesos de bienestar común.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia como parte de su apuesta política decidida en la última asamblea ha iniciado junto a los núcleos comunitarios los procesos por desarrollar un proyecto que no solo nos permita luchar y defender los bienes comunes y naturales, sino que también el cultivar nuestros alimentos de manera colectiva como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios.

Es por eso que comunidades como Pajuiles, Arizona, San Juan Pueblo, Colorado, El Sector Florida, entre algunos de los territorios han empezado la plantación de manera colectiva de productos como yuca, frijoles, maíz y plátano, alimentos básicos en la dieta de la población hondureña.

“Nosotros las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, pues los núcleos, estamos trabajando en la siembra de yuca, plátano y maíz, todo esto para hacerle frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo las comunidades, esta es una forma de pasar de la Resistencia a la soberanía Digna”. Dijo nuestra compañera y una de las coordinadoras generales Albertina López quien además es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles.

Las siembras colectivas se impulsan en las comunidades a donde sus habitantes han logrado conseguir prestadas pequeñas parcelas de tierra pues en Honduras los gobiernos han entregado las mejores tierras en concesión y están en poder de grupos de terratenientes. “El objetivo de esta siembra colectiva es con el propósito de tener alimentación para los próximos meses, debido a que por esta pandemia que esta pasando por el país y por el mundo entero, hay deficiencia, hay escasez de alimentación, y si se consigue está bastante caro en todas partes, por eso hemos tomado la decisión de sembrar, aunque sea pequeñas parcelas porque no contamos con grandes extensiones de tierra para poder tener alimentación próximamente”. Manifestó nuestro compañero Oscar Martínez quien es luchador social y enfrenta un proceso judicial impulsado por la empresa hidroeléctrica hidrocep, Martínez es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la Vida de las comunidades de Pajuiles que luchan por la protección del rio Mezapa y la sierra Nombre de Dios.

El contexto en el que se desarrollan estas siembras comunes tienen que ver mucho con el descuido que el gobierno de Honduras representado por Juan Orlando Hernández ha mantenido en estas comunidades a donde nunca llegaron los militares con el apoyo y soporte técnico para iniciar las siembras a pesar que el Estado les entregó más de 4 mil millones de lempiras en el mes de diciembre del año anterior.

“El gobierno no se ha preocupado verdad por asegurar la alimentación de este pueblo que tanto lo necesita y nosotros las comunidades si estamos preparadas para cultivar, ya que esa parte no se ha parado, aquí el país se ha paralizado todo, menos los agricultores que han seguido trabajando, cultivando, asegurando la alimentación de este pueblo, el gobierno central aprobó muchos millones para el ejército, pero nunca pensó en dárselo al pueblo para que el pueblo lo administrara y no el ejército porque ellos no están preparados para sembrar” remarcó nuestra coordinadora general.

Las siembras comunes se desarrollan actualmente en el departamento de Atlántida, aunque la idea es hacer crecer este proyecto a más comunidades en el país. “El objetivo también incentivar a la gente al compañerismo, a la convivencia, al hecho de mantenernos unidos y dispuestos a defender nuestros bienes comunes y hacer conciencia en la gente para que podamos luchar unidos en estos procesos.

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

Municipalidad de Yoro incumple ordenanza de Juzgados a favor del pueblo Tolupán.

A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.

La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.

Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.

Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.

Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.

Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.

El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.

Solidaridad en tiempos de coronavirus: Compartiendo alimentos entre los núcleos del MADJ

Desde el pasado 25 de abril de 2020, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han iniciado a compartir alimentos producidos en sus comunidades, en los territorios organizados en el MADJ.

Magda Díaz, del núcleo comunitario de Arizona, Atlántida, compartió parte del trabajo de sus manos y de su familia; una amplia ración de yuca para que fueran entregadas el día de ayer 28 de abril de 2020 en varias tribus del pueblo Tolupán, quienes enfrentan los efectos más extremos de la pandemia del COVID 19, no solo sin atención médica sino también sin alimentos para el sustento diario.

A esta ola de solidaridad se han sumado aportes individuales de personas con la intención de contribuir a atender la emergencia de hambre en los distintos territorios organizados del MADJ, donde la operación “Honduras Solidaria” dejó sin posibilidad de alimentos a un gran número de familias indígenas.

La Coordinación General del MADJ y su área de organización, se movilizaron a la tribu La Candelaria, ubicada en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, una de las 31 tribus que conforman el pueblo indígena Tolupán.  Junto a la Organización del pueblo Tolupán (OPT), estructura de representación indígena, surgida a raíz de la crisis de legitimidad de la FETRIXY reconocida aliada del saqueo de sus territorios y de la narcodictadura, entregan los alimentos enviados por las demás comunidades y personas solidarias.

“La idea es entregar estos aportes a las tribus del pueblo Tolupán en Yoro, iniciamos con la tribu La Candelaria pero estamos viendo la forma de llegar a las otras tribus, por los momentos estamos compartiendo raciones de alimentos y semillas para la siembra que está próxima a iniciar, de ahí veremos la forma de colaborar con la instalación de sistemas de riego en las tribus a donde la situación nos permita acceder”, manifestó Martín Fernández, una de las integrantes de la tripartita Coordinación General del MADJ

Esta misma actividad también se hizo en algunas comunidades del Sector Florida en el departamento de Atlántida donde se compartieron granos básicos, los cuales son parte importante en la dieta alimenticia de las y los hondureños. En Atlántida, en los días recientes se registró una brutal represión que dejó 2 personas heridas, 6 detenidos y 1 persona con proceso judicial abierto, debido a su denuncia de la entrega politizada de los alimentos por parte de personeros de la municipalidad.

Con el compartimiento de alimentos desde los núcleos del MADJ reafirmamos el compromiso político de lucha sostenida y permanente, entendiendo que hoy más que nunca, solo el pueblo, salva al pueblo y que la verdadera soberanía se conseguirá trabajando juntos y juntas, creyendo y confiando en el que está a nuestro lado.

La apuesta política del MADJ es pasar de la resistencia a la soberanía con Dignidad, haciendo gobierno desde las comunidades y asegurando condiciones dignas en la vida de las personas con una postura frontal de combate a la corrupción e impunidad.