En el juicio contra Roberto David Castillo por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres ha abierto el panorama que confirma que las luchas de las comunidades son legitimas y que los pueblos en Honduras también saben hacer justicia sin la violencia que caracteriza al modelo extractivo.
Entre los logros de lucha que ha implicado el no desmayar en la búsqueda de justicia para Berta destacan: La persistencia de la lucha de las comunidades de Río Blanco, lugar a donde intentó imponerse violentamente el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y que finalmente sucumbió ante la resistencia del pueblo Lenca.
El otro fruto de esta lucha que aún no termina, es el poder descubrir la colusión entre empresarios, funcionarios y las fuerzas de seguridad del país, es la vinculación de la corrupción en el sistema hondureño y entonces “se ha puesto al sistema de justicia a debatir sobre sus propias corrupciones, sus propios delitos” dijo nuestro compañero Víctor Fernández, director del equipo legal de la causa Berta Cáceres.
Y el otro triunfo en la causa Berta Cáceres hasta este momento, es el que hoy se ha hecho público y oficial, el FMO retira financiamiento a banco FICOHSA.
Así lo ha comunicado el Copinh.
FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción, así como graves violaciones de Derechos Humanos.
1. Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Átala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.
2. Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.
3. Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.
4. Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.
5. Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.
6. Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.
Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
La barbarie de la empresa INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la tribu, nuevamente quedaron evidenciadas en San Francisco de Locomapa al perpetrarse diferentes actos de violencia que dejaron como saldo una persona herida de bala, varias personas heridas de arma blanca, una casa incendiada y el muro perimetral en construcción de Radio Dignidad Tolupana totalmente destruido.
De manera concreta, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE denunciamos que el pasado 10 de mayo se realizaron los siguientes actos delictivos:
Alrededor de las 7:30 de la mañana, unos 60 indígenas, trabajadores de la empresa maderera INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, en compañía de dirigentes del Consejo de Tribu se dirigieron hacia la sede del Consejo Preventivo, situado en el caserío de San Francisco Campo, y procedieron, sin ningún tipo de mediación, a destruir el cerco perimetral y la construcción que hasta ahora se ha realizado de las instalaciones de la radio comunitaria “Dignidad Tolupana”. Kristian Donely Medina, miembro del CDT, almágana en mano, inició la demolición de paredes y destrucción de implementos.
A las acciones de destrucción de la infraestructura le siguió un ataque por parte de los indígenas obreros de INMARE, quienes, armados con machetes y armas de fuego, procedieron a atacar a los miembros del Consejo Preventivo y demás pobladores indígenas que se encontraban en las instalaciones del campamento.
Entre las principales personas que atacaron a la población y destruyeron el inmueble se encuentran: José Alberto Vieda, Presidente del CDT, Kristian Donely Medina, Secretario del CDT, Yeri Adalid Córdova, fiscal del CDT, Melvin Antonio Cabrera, Nicolás Córdova, Jaime Matute y unos sesenta trabajadores de la empresa maderera INMARE, dedicada a arrasar los bosques de la tribu.
Ante la dimensión de las agresiones, el Consejo Preventivo de la tribu, el Bufete Estudios para la Dignidad y el MADJ solicitamos la inmediata intervención del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos y de la Policía Nacional, pero ambas instituciones guardaron un silencio tan criminal como las acciones realizadas por los trabajadores de INMARE y el Consejo Directivo.
Al medio día se hizo presente la patrulla PN-952, con seis miembros policiales bajo la dirección del clase Pineda. Se creyó que la presencia de los efectivos serviría para combatir la violencia desatada por INMARE y el CDT y la detención de sus agresores, no obstante, la policía decidió utilizar su tiempo para dar paso los camiones cargados de trozas de madera explotadas de manera irregular por parte de INMARE, para lo cual contando con el acompañamiento del CDT, comenzaron a disparar contra la población para abrir el paso a los camiones.
En un acto de indignación, la indígena fiscal del Consejo Preventivo, Adilia Vieda, enfrentó a los camiones gritando: “Mátenme si quieren. Por defender mis derechos doy la vida”, e inmediatamente fue atacada por Kristian Medina, del CDT, con un machete y le hirió los dedos de una de sus manos. Mientras tanto, Jaime Matute continuaba disparando a la población logrando herir en una de sus piernas, a la indígena Norma Jakelin Ávila, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.
De igual manera, la menor de edad Gabriela Ávila, hija de Norma Jakelin Avila, resultó herida tras recibir una pedrada en su cabeza, igual que Joel Fúnez, que también fue alcanzado por una piedra en su cuello, y Enia Ávila, que resultó con una luxación de su pie derecho.
Luego del paso de los camiones cargados de madera la patrulla policial abandonó la tribu sin importarle la condición de los heridos. Para el 11 de mayo, la misma patrulla policial [PN-952] volvió a hacerse presente en San Francisco de Locomapa, con 7 policías encapuchados y cuatro militares. Llegaron para conseguir que saliera uno de los camiones madereros que se había dañado el día anterior, y abandonaron la tribu tan pronto como el camión salió de la zona.
Hacia las 3 de la tarde, Kristian Medina, del CDT y otros trabajadores de INMARE, ingresaron a la casa del indígena Celso Alberto Cabrera, dirigente del Consejo Preventivo y miembro del MADJ, derramaron gasolina y prendieron fuego. La esposa de Celso Cabrera y sus dos hijos, que estaban dentro de la vivienda lograron evacuar la vivienda en último momento. La casa fue consumida en su totalidad. Adicionalmente. También provocaron destrozos en la casa de habitación de Antonia Cabrera, a quien se le destruyó una pequeña planta eléctrica que servía al Consejo Preventivo para cargar sus celulares y comunicarse entre los más de 20 caseríos de la tribu y con el exterior. Celso y Antonia son hijo e hija de la mártir Enriqueta Matute, asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a otros dos indígenas que luchaban contra empresarios mineros y madereros que con el aval de la FETRIXY y el CDT devastaban los territorios tribales en ese momento.
Durante el ataque, las y los indígenas relatan que los agresores no dejaban de proferir insultos y amenazas de muerte en contra de actual presidente del Consejo Preventivo, José María Pineda, Angela Murillo, actual secretaria del CPT y en contra de todas y todos los miembros del MADJ en Locomapa. Proferían frases groseras como “aquí va a rodar sangre”, “Los que están procesados los vamos a matar para que dejen de joder”.
La indígena Ángela Murillo, fue amenazada directamente por Kristian Medina con que “Hoy a las 12 de la noche te vamos a ir a sacar de tu casa y te la vamos a quemar”, inmediatamente, Ángela se movilizó a los juzgados de Yoro a interponer una denuncia por daños, incendios, amenazas y lesiones. La DPI y el Ministerio Público se resistieron inicialmente a recibir la denuncia, pero, tras la presión del grupo de indígenas que acompañaba a Ángela y los reclamos del defensor de derechos humanos del MADJ que acompañaba en ese momento a los tolupanes se consiguió finalmente que la DPI tomara la denuncia.
Frente a esta descripción de hechos, para el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE queda claro que:
La policía y las fuerzas armadas llegaron para garantizar que el empresario maderero Wilder Domínguez sacara sus camiones cargados de trozas de pino, en una clara y evidente alianza, que denota la corrupción existente y el “acompañamiento” que existe entre la policía, DPI, FFAA, ICF, empresariado, terratenientes, Ministerio Público y el Poder Judicial, contra indígenas organizados y en resistencia.
La dinámica de los hechos expuestos demuestra que se trata de un acto de terror de Estado y del capital privado en contra del pueblo Tolupán que ha optado por resistir al saqueo de su territorio. Los empresarios de la madera y sus testaferros dentro de la tribu nuevamente quieren imponer el miedo, terror a fin de desmovilizar a la población que defiende sus bienes naturales.
Señalamos a Wilder Domínguez, propietario de INMARE, como responsable principal de este nuevo hecho de violencia y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la Tribu.
Condenamos la complicidad del Estado de Honduras que desde sus instituciones como el ICF, Ministerio Público, Policía Nacional, INA, MIAMBIENTE y municipalidad de Yoro se preocupan más por satisfacer la avaricia del empresario Wilder Domínguez y su empresa INMARE antes que buscar una solución que devuelva la paz a una tribu que busca defender sus derechos naturales y territoriales.
Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a condenar estos actos en los que se pone en grave riesgo a ciudadanos y ciudadanas indígenas tolupanes beneficiarios de medidas cautelares, mismas que en reiteradas audiencias de la CIDH se han expuesto. Estas medidas, son irrespetadas por el Estado de Honduras cada vez que la empresa INMARE necesita devastar los bosques de la tribu y atentar contra la integridad física y emocional de indígenas tolupanes.
Finalmente, solicitamos, como un acto de permanente solidaridad que dignifique al pueblo Tolupán, que la sociedad hondureña, las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estudiantes, organizaciones feministas, ambientalistas, pueblos negros e indígenas, LGTBIQ, unidades académicas, artistas y a la comunidad internacional se pronuncien públicamente para exigir justicia para los tolupanes de San Francisco de Locomapa y para que este hecho no quede en la impunidad.
Les invitamos a pronunciarse a través de los hashtag #LocomapaResiste, #ResistenciaTolupana y #DignidadyJusticia, a través de sus perfiles en redes sociales, así como el acompañamiento a próximas acciones legales y de movilización por la justicia y la dignidad del pueblo Tolupán.
A los terroristas del CDT al servicio de INMARE les decimos que ningún acto de barbarie similar al de los últimos días harán desistir a quienes somos parte del Movimiento Amplio de nuestra lucha, pacífica, justa y legítima en territorio Tolupán, como en el resto de territorios en el país.
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.
La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”
Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”
Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, «Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.»
Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.”
Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa «lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”
Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
A los integrantes del Movimiento Amplio y al pueblo hondureño que confiesa la fe cristiana el MADJ les desea felices pascuas de resurrección, sobre todo para los Núcleos Comunitarios y comunidades en resistencia que se resisten a morir junto con sus ríos, bosques y montañas. La resurrección del carpintero de Nazaret ha demostrado que la muerte nunca tiene la última palabra.
Los signos de muerte sobreabundan. En este momento el Banco Interamericano de Desarrollo junto a empresarios voraces, militares y funcionarios corruptos intenta despojar a las comunidades de Atlántida de sus bienes naturales. En el pueblo Tolupán los madereros condenan a muerte a las familias indígenas al saquearles sus bosques, secar sus fuentes de agua y destruir la biodiversidad de sus territorios. En Copán la empresa minera MINOSA continúa destruyendo las comunidades del municipio de La Unión. Es ahora cuando el profetismo social y revolucionario de Jesús de Nazaret es ejemplo vivo que nos mueve a luchar incansablemente por defender las vidas de nuestros pueblos protegiendo todo aquello que nos permite vivir.
Jesús, nuestro Compañero Dios Resucitado, denunció a los criminales de sotana, ladrones biblia en mano, funcionarios corruptos, personas avarientas y demás seres perversos de su mundo. Jesús perteneció al pueblo rebelde en defensa permanente de la vida y la dignidad de toda persona. Siempre fue más allá de los convencionalismos religiosos, políticos, jurídicos, sociales e imperiales que por siglos han obligado a los pobres a callar y someterse pacientemente a los caprichos de los poderosos.
A su Comunidad en Resistencia Jesús la llamó “Pueblo de Dios”. Resistían a todo mandato que fuera en contra de la dignidad de las personas y violentara la justicia de sí mismo y del prójimo. En ella había mujeres, niños y niñas, ancianos, pescadores, jóvenes, agricultores y pastores, y todos eran iguales y tenían los mismos derechos y deberes. Ahora nos sentimos convocados desde los Núcleos Comunitarios a fortalecer nuestras Comunidades en Resistencia sabiendo que la experiencia de resurrección toma rostros concretos en nuestras luchas.
Resucitemos como Movimiento Amplio con nuevos dinamismos, nuevas fuerzas, con nuevas iniciativas dignas y humanizadoras de nuestras comunidades, venciendo todo aquello que signifique despojo y muerte para nuestros pueblos y territorios.
El Movimiento Amplio, aun siendo una organización sin credo religioso o político partidista oficial, reconoce la valiosa participación de hombres y mujeres, de manera especial nuestros mártires, que movidos por su espiritualidad cristiana lucharon comunitariamente reafirmando el derecho a la vida con dignidad y justicia para todo ser humano. Resucita Jesús-Ramón Fiallos en las comunidades de Jilamito y Atlántida defendiendo el derecho a la dignidad de todo ser humano. Resucita Jesús-Enriqueta, Jesús-Ricardo, Jesús-Armando, Jesús-Salomón, Jesús-Samael, Jesús-Milhem en el pueblo Tolupán defendiendo la Creación sustentadora de la vida del pueblo Tolupán. Son estos compañeros y compañeras creyentes que desde su fe hacen posible sentir la experiencia del Resucitado en nuestros territorios.
¡Jesús resucita en jilamito, en Pajuiles, en Lombardía, en el sector Florida, en San Juan, en Azacualpa, en Locomapa y en las 31 tribus del pueblo Tolupán!
Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.
“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.
Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.
“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.
Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.
Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”. Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.
Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.
El PCM 138-2020 es el diseño, construcción y operación de 14 proyectos de generación hidroeléctrica y represas. La narcodictadura, brinda todas las condiciones para que estos proyectos generen conflictos en el tejido social, la persecución y criminalización de las y los luchadores sociales. Y es que los 14 proyectos gozan de un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operación, o mejor dicho en otras palabras, el PCM incluye todos los permisos requeridos por la legislación nacional, que deben ser emitidos según el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.
Además, los 14 proyectos se construirán con fondos de un fideicomiso previamente firmado entre BANCATLAN, ENEE y COALIANZA, por un plazo de 30 años. Utilizando la misma lógica corrupta que con el fondo vial en 2011, el Estado de Honduras, asumirá toda responsabilidad económica en caso de que el proyecto fracase o sea económica y socialmente inviables.
El MADJ tiene la tesis de que debido a los múltiples levantamientos de organizaciones populares por la defensa del territorio, bienes comunes y contra la corrupción y la narcodictadura a nivel nacional, se han logrado detener o interrumpir el financiamiento de la banca internacional y sus intermediarios nacionales, provocando pérdidas y aumento de interesen los diversos proyectos de generación de energía en Pajuiles, Río Blanco, Guapinol, San Juan, Triunfo de la Cruz, Jilamito, entre muchos más. Las empresas y empresarios aseguraron con el fideicomiso entre BANCATLAN, ENEE y COAVI y el PCM 138-2020 su seguridad financiera, aunque el proyecto sea interrumpido por razones económicas o por levantamientos populares en las comunidades.
En el escenario de esta probabilidad, a pesar de que el proyecto no se concluya, el Gobierno deberá pagarles a las y los empresarios el valor y precio del proyecto. En otras palabras, aunque exista resistencia y levantamiento popular, los capitalistas pretenden que sea el pueblo quienes paguen a través de sus impuestos, sus “inversiones para el desarrollo”.
Estas acciones de contratación de deuda con bancos nacionales, internacionales, bonos de mercado internacionales, profundizaran el endeudamiento público del Estado y, en consecuencia, de la sociedad en general.
El fideicomiso, se establece en su etapa inicial, autorizando a BANCATLAN a un listado “cerrado” y “selectivo” de sociedades mercantiles de “reconocido” prestigio, dando paso a oscuros procesos de corrupción que no pueden fiscalizados por la sociedad, además, permite relevar de responsabilidad a funcionarios de la ENEE por subcontratación de personal, profundizando así la sistemática impunidad de funcionarios públicos, militares y empresarios.
Finalmente, en esta primera parte (1/3) nos cuestionamos lo siguiente, ante las alarmantes y desproporcionados beneficios que contiene el PCM 138-2020, ¿la inversión y el desarrollo hacia quienes está dirigido?, para nosotras y nosotros, usted y yo, evidentemente, no, pero debemos pagarles en caso de que no sea “viable” a sus intereses.
Es por eso que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha, convocando a nuestro pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política y empresarial que ha saqueado a nuestras riquezas.
A las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, territorios en resistencia, y al pueblo en general;
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos sumamos a las exigencias de justicia por el feminicidio de Keyla Patricia Martínez, enfermera de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, ocurrido en la Estación Policial de dicha ciudad, el pasado 07 de febrero en horas de la madrugada.
Como si, la Narcodictadura, la pandemia global de COVID19, el paso de las tormentas Eta e Iota y la desprotección sanitaria y de bioseguridad no fuesen suficiente, el asesinato y feminicidio de Keyla Patricia Martínez nos obliga a realmente cuestionarnos, si en Honduras la vida de las y los pobres no vale nada – ¿cómo esperan realmente que no quememos todo?
A 11 años de narcodictadura, las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales asumen desde sus cortas ideas, que, a través de un comunicado en la página oficial de la Policía Nacional, que Keyla Patricia Martínez cometió suicidio, desvinculando la responsabilidad del Estado y su Gobierno
Han sido 11 largos años de narcodictadura, en donde las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales han sido instrumentalizadas para el trasiego de cocaína, armas y personas, en donde las violaciones de derechos humanos, han puesto entre dicho la capacidad operativa de administrar la justicia por parte del partido de gobierno y sus diversos aliados económicos y militares.
El feminicidio de Keyla Patricia Martínez, es una demostración más, de que en Honduras la policía, asesina, viola, trafica y extorsiona porque existe un Estado y un Gobierno que garantiza la impunidad. El caso de Keyla, es la máxima expresión de las múltiples violencias que afrontan mujeres y niñas en un país con una narcodictadura y cuyas garantías constitucionales son expuestas debido, al abuso de autoridad de policías y militares, por ello y en profunda solidaridad con las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, nos pronunciamos y exigimos:
Denunciamos y condenamos la represión policial perpetrada por la Policía Nacional contra las y los manifestantes, entre ellos, familiares, luchadores sociales, organizaciones sociales, políticos y defensores de derechos humanos que pacíficamente exigen justicia frente a la estación policial en La Esperanza, Intibucá.
Exigimos una investigación independiente, con rigor técnico y científico, que garantice un proceso transparente y óptimo de los hechos, enjuiciando y encarcelando los responsables materiales e intelectuales de Keyla Patricia Martínez.
Condenamos el comportamiento cómplice del Ministerio Público que a más de 48 horas de haberse cometido el crimen no ha ordenado la detención de los sospechosos del crimen, garantizando la impunidad sistemática contra mujeres y niñas.
Por último, hacemos un llamado a la población hondureña, que, en medio de la tragedia, nos sumemos a toda acción de protesta por la recuperación de la justicia y la dignidad de nuestras familias.
Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.
El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest, el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.
“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.
El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.
“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.
Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.
En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.
29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.
“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.
Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.
“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.
Las acciones de despojo e invasión a los territorios para saquear los bienes comunes y naturales de las comunidades en Honduras se han asentado con la llegada de la pandemia a Honduras donde las instituciones del Estado siguen estando al servicio del modelo extractivo y ahora con mas ahínco, respaldado con el apoyo y aporte de organismos internacionales.
La situación del país es grave. Las comunidades no solo enfrentan las amenazas a sus entornos de vida a raíz de la llegada de los proyectos extractivos, sino que además se enfrentan a estructuras criminales dispuestas a todo por salvaguardar su capital y asegurarlo. Muestra de esto es lo que acontece con la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz con la desaparición de cuatro de sus integrantes, una zona que enfrenta la furia del capital transnacional que se ha apropiado de sus playas para el turismo que llena sus bolsillos.
Es por ese motivo que, desde las comunidades de Arizona, Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para la defensa del rio Jilamito, afectadas desde hace más de tres años por la imposición de un proyecto hidroeléctrico que pretende la única fuente de agua disponible para uso y consumo humano en el municipio remitimos carta a los organismos financistas de estos proyectos de muerte para romper su aparente inocencia e ingenuidad por falta de información sobre en qué están invirtiendo sus dineros.
En nuestra comunidad existen tres empresas hidroeléctricas que se han apoderado de tres de los cuatro ríos que recorrían nuestro municipio, esos proyectos además de saquear nuestra riqueza natural también se han llevado la riqueza económica producida por nuestros bienes comunes y naturales.
Para evitar que nuestro único rio sea dañado y afectado por la instalación de una cuarta represa hidroeléctrica, las comunidades hemos decidido instalarnos desde el mes de mayo de 2017 en un campamento Digno por la Defensa del rio Jilamito, lugar desde donde vigilamos que no haya más destrucción a la cuenca y espacio donde tomamos decisiones de manera común para beneficio colectivo.
En vista del anuncio realizado por la embajada de los Estados Unidos donde se informa de la inyección económica para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, nosotros, las y los habitantes de las comunidades estamos solicitándole a todas las personas, organizaciones e instituciones nacionales o internacionales su firma en apoyo a nuestra petición para que los organismos de crédito internacional, retiren el apoyo financiero a este proyecto ilegal e inconsulto que traerá afectación a la única fuente de agua que ha quedado disponible para uso y consumo humano.
Para firmar la petición y compartirla, dar clic al siguiente enlace:
Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca.
Los peces en el río Petacón han dismuido a raíz de la construcción de la cortina del proyecto hidroeléctrico
Empresa Progelsa explotará por 50 años el río pagando cantidades irrisorias a las municipalidades de Lepaterique y Reitoca
Las afectaciones de la hidroeléctrica se suman al impacto negativo del corredor seco y cambio climático
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -Un sofocante calor que se combina entre polvo, ramas secas y faldas rocosas. No hay ruido de pájaros, pero si se escucha el estridente sonido de un motor de una bomba de diez caballos de fuerza que chupa una corriente del río Grande Reitoca, conocido también como río Petacón.
Wilmer Alonzo Herrera extrae varios litros de agua para hacer adobes y venderlos en una ferretería que ha instalado en el casco de Reitoca. Nos comenta que ha sido judicializado por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Ha sido acusado por los delitos de usurpación y daños agravados.
Para Wilmer, quien ronda los 40 años, el río es su vida y sustento. Recuerda que cuando era niño las aguas se llevaban todo a su paso, sin importar si era época seca o lluviosa. Ahora, dice, lo que queda en el cauce cercano al pueblo son dos mangas con pequeñas corrientes, las que aprovecha para producir una de las materias primas básicas para la construcción de viviendas.
Junto a su esposa Gissela y a su hija Andrea llega todos los días al río a realizar su faena la que viene culminando alrededor del mediodía, después de al menos seis horas ininterrumpidas.
Mientras nos relata sus vivencias y el impacto negativo generado por el cambio climático y ahora, según él, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, se escucha entre las ligosas rocas el croar de las ranas.
Wilmer Alonzo juega con su hija Andrea a quien baña con las frescas aguas del río Petacón para apaciguar el enérgico calor, una mañana de verano de este 2020 cuando la temperatura rondaba los 35 grados centígrados.
El proyecto hidroeléctrico se ubica en la frontera entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, hoy confrontados porque las autoridades hondureñas no han sabido manejar los procesos para el concesionamiento de los proyectos de explotación de los recursos naturales.
La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta, en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca. De hecho, el licenciamiento se encuentra en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.
En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.
Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído de manera definitiva, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2018 por la presión de los pobladores de Reitoca, agrupados en el Comité de Protección Reitoca y en el Consejo Indígena Lenca, esta última instancia mediante la cual luchan para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que exige un proceso de consulta libre, previa e informada para las decisiones adoptadas en sus territorios.
El proyecto hidroeléctrico ha confrontado a los pueblos de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán. La resistencia al proyecto se centra en Reitoca por encontrarse aguas abajo. La gente de Lepaterique no muestra mucho interés en el tema a excepción de la Corporación Municipal y de un grupo de personas que ha sido contratado para los trabajos previos y durante la construcción de las primeras obras de ingeniería y que hoy se encuentran paralizadas.
Mientras Wilmer Alonzo Herrera exterioriza su rechazo a la explotación del río, por considerar que es su vida, la de su familia y la de sus vecinos, existe un posicionamiento firme por parte de los trabajadores de Progelsa que viven en la comunidad de Mulhuaca, Lepaterique para que se les permita regresar a trabajar al proyecto.
Empresa SERMACO, encargada de las obras civiles, obtuvo permiso de la secretaría de Defensa para usar dinamitas en los cerros del cauce
Efectos en el medio ambiente
En agosto de 2017 los pobladores de Reitoca denunciaron en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente que la empresa Progelsa había causado daños al agua porque los peces se estaban muriendo y el color del agua se había tornado oscura y con sedimento. A casi tres años de la denuncia, la Fiscalía no ha respondido a la queja.
Producto de las explosiones, que se extendieron por al menos dos kilómetros y en un radio de menos de cien metros, las aguas fueron soterradas, provocando sedimento, la razón que explica la muerte masiva de los peces.
El color del agua oscureció, los peces se murieron, y el nivel de las aguas disminuyó sustancialmente. “Fue alarmante, sentimos que el río de un solo bajó”, dijo Orlando Rodas, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, quien se dedica a la ejecución de proyectos de riego agrícola.
Al iniciar la obra la constructora dinamitó los cerros que están en el cauce del río y la tierra cayó en las aguas, lo que provocó una disminución en el caudal. “Por esa razón es que ahora corre menos agua”, relata Magdaleno Flores, coordinador del Consejo Indígena Lenca.
Para la construcción de la cortina el río fue desviado por un túnel lo que ha provocado disminución del cauce natural. La imagen muestra además parte de las zonas donde la empresa SERMACO utilizó dinamitas.
Las explosiones sirvieron para adecuar las paredes del río y construir la cortina y la sala de máquinas para dos turbinas. Para efectuar estos trabajos SERMACO construyó un túnel para desviar el agua lo que, a juicio del biólogo e investigador, Héctor Portillo, provocó sin duda alguna un impacto negativo en el cauce y en la vida acuática del río.
El túnel, que ha servido para desviar el agua, ha provocado la disminución del caudal del río y con ello la pérdida de las especies acuáticas, especialmente la de los peces.
Históricamente la pesca ha sido una de las actividades de sobrevivencia de la población de Reitoca al igual que la siembra de granos básicos, maíz y frijoles. Sin, embargo, después del incidente de 2017 ya casi no se encuentran peces. “Antes había chacalín, mano carrizo, cacarica, ilama, pega (…) el guapote ya días no lo veo, camarón grande, también había”, manifestó con nostalgia, Andony Ruiz.
Andony, un joven activista social y miembro del Comité de Protección Reitoca y del Consejo Indígena Lenca, echa de menos las manadas de aves que antes se miraban a las orillas del río, entre ellas, golondrinas y zorzales, las que, a su juicio, están desapareciendo.
La percepción de Andony no se aleja de la realidad, pues según el biólogo e investigador, Héctor Portillo, el embalse disminuirá el caudal del río y con ello se afectará el agua para consumo humano y la utilizada para la irrigación. “Va teniendo un efecto negativo en las comunidades cercanas y en la vida acuática, especialmente en los peces”, enfatizó el profesional de la biología al explicar sobre los efectos causados por la represa construida en el río.
Previó a la etapa de construcción del proyecto, en febrero de 2016, Progelsa contrató a especialistas en zoología y botánica para que realizarán un estudio de caracterización de flora y fauna. En la investigación de campo de la flora se encontró 66 especies diseminadas en bosque de galería, matorral y bosque latifoliado. Entre las variedades se encontró siguapate, macuelizo, cortés, piñuela, indio desnudo, guarumo, berberilla, chaparro, barba de jolote, zarza, guama, chaperno, quebracho, toble, chichicastón, laurel, nance, pochote, sirín, caoba, higo, capulín, uva, cera, guayabillo, manzanita, cagalera, cordoncillo, pimientillo, cafecillo, limoncillo, aceituno, pene de chacho, guácimo, capulín, cinco negritos, escoba, chivo, brujo, mango, flor de mayo, suyate, siguapate y zarza.
La flora en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón está dividida, según los especialistas en botánica contratados por Progelsa, de la siguiente manera: 38 % de árboles, 38 % de arbustos, 22 % de hierbas y 2 % de gramíneas.
Como parte de la fauna se encontró varias especies de acuáticos, mamíferos, reptiles, aves, entre estas: lagartija espinosa, lagartija, ranita de charco, garrobo y no se descartó la existencia de serpientes venenosas como cascabel, tamagás y coral.
Se encontró además 19 especies de aves, entre ellas: garza tigre, coa, martín pescador, viudita de río, paloma alas blancas, lechucita, guardabarranco, pájaro carpintero, urraca, cerenqueque, sacude colchón, cucarachero, zorzal, saltador grisáceo, saltador cabeza negra, chorcha, chipe rufo, vireo cabeza azul.
En los mamíferos se encontró: ratón orejón alpinista, mapache, nutria o perrito de agua, murciélago frugívoro, murciélago vampiro y ardilla común y la variedad de peces: guapote, bagre de río, bubucha, congo, mojarra, machaca y podrido.
El estudio estableció que en el área del embalse y en los desfiladeros de la orilla del río, se encontraron esporádicamente sitios utilizados para anidar, así como determinadas rocas para percheo, que al hacer el llenado del embalse quedarán inundados.
El informe hizo alusión a la necesidad de aplicar planes de salvamento para la flora que sería afectada con la construcción del proyecto y advirtió que existía la probabilidad que, durante la construcción de la cortina del embalse, se emitieran residuos que afectarían de forma directa e indirecta el desarrollo de las especies herpetofauna, específicamente anfibios, lo que causaría un impacto negativo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de mitigación.
Rafael Zelaya, un veterano poblador de Reitoca y protector del medio ambiente, lamenta que el proyecto hidroeléctrico haya causado daños a la flora y fauna, especialmente en las comunidades de Agua Caliente, Reitoca Centro, Paso de Lejas, El Rebalse, Agua Blanca y Santa Cruz.
El área del proyecto se caracteriza por tener bosque húmedo subtropical, y según la clasificación de Holdrige, este bioclima se caracteriza porque se extiende desde los 700 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Su cobertura vegetal está constituida principalmente por especies de coníferas y hoja ancha en diferentes etapas de sucesión, siendo el pino la especie que mejor identifica este ecosistema.
Al emitir la resolución sobre la licencia ambiental, la SERNA hizo hincapié en el informe y dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) número 642-2011 del 12 de octubre de 2011, mediante el cual se certificó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra fuera de cualquier área protegida, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Aunque no se encuentre en de área de influencia de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena, el Río Reitoca o Petacón se encuentra en la parte baja y drena al embalse “José Cecilio del Valle” en la región sur del país (Moramulca), con una capacidad de embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua. Esta represa de uso múltiple abastece de agua a 100 mil familias de los cuatro municipios que se encuentran en la cuenca baja del Río Nacaome: San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle.
La microcuenca del Río Petacón limita al norte con la microcuenca del Río El Limón y el Cerro de Hule y Cerro Verde; al oeste con la Montaña El Cimarrón y la Montaña Cimartagua, y al este con las microcuencas de los ríos Saracarán y El Común el Cerro El Cimarrón.
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
