Categoría: Posicionamientos

EL BOICOT DE LAS ELITES POLÍTICAS AL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en EL BOICOT DE LAS ELITES POLÍTICAS AL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO

¿Un ensayo para el fraude de noviembre o qué está en juego?

Las élites políticas del Partido Nacional, Liberal y de LIBRE, en el marco del caos electoral primario vivido ayer en Honduras, han vuelto a demostrar la calaña corrupta de la que están hechos y la dimensión de su ambición por el poder. Ninguno de los tres puede eludir su responsabilidad en este boicot que a todas luces fue planificado y ejecutado para impedir las elecciones generales, para ensayar el fraude en noviembre o para qué se quiere generar esta inestabilidad.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE a partir de nuestro análisis sobre lo ocurrido este 09 de marzo durante las elecciones primarias y de los efectos que deben preverse de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, señalamos lo siguiente:

  1. Exigimos una investigación seria y objetiva, que determine la responsabilidad penal, civil, administrativa de los responsables personales e institucionales que provocaron el caos logístico en la entrega del material electoral. Estos no son “incidentes” como quiere llamárseles, son delitos que fueron planificados y ejecutados. Hay responsables por acción y por omisión y están en las dirigencias y en las élites de los tres partidos políticos.
  2. Denunciamos la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, por su actitud “extrañamente contemplativa y complaciente” y hasta servil ante el caos generado en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde las FFAA tenían exclusividad constitucional para la custodia y el traslado en tiempo y forma de los materiales electorales. 
  3. Exigimos un informe sobre el uso del recurso biométrico, Queremos un informe claro y real sobre el uso del dispositivo biométrico, Exigimos una investigación seria y objetiva, con participación de calidad de observadores de todos los partidos políticos y candidaturas independientes, sobre los problemas presentados con el dispositivo biométrico. Ya no tenemos confianza en que, además del boicot logístico, exista un boicot tecnológico al cual no se le está dando relevancia y ha costado al pueblo más de 500 millones de Lempiras 
  4. ¡Exigimos al Congreso Nacional la reforma electoral YA! para no volver a pagar de nuestros impuestos elecciones internas/primarias. Es simplemente un abuso descomunal que la población pague el costo de elecciones internas/primarias como las de ayer, que además del caos son un acto de corrupción. Escoger a los PRECANDIDATOS en cada uno de los partidos, debe ser una responsabilidad que debe pagarla el partido, no la población. 
  5. Estas elecciones primarias son un acto de corrupción y debe ser sancionado. El deliberado caos de las elecciones primarias, el uso a medias del sistema biométrico, las fallas con las antenas de internet para la transmisión de resultados, la evasión de protocolos de compras…TODO es un gran acto de corrupción y debe ser investigado de esta manera…Estamos pagando 2 mil millones de lempiras por el proceso electoral de este año y solo en impresión de papeletas, algunas absurdas como la de LIBRE a nivel presidencial nos están costando 250 millones de lempiras. 

De igual forma, debemos exigir la reforma legal para que candidato que no cumpla con los requisitos de la Unidad de Política Limpia, simplemente no pueda participar. No podemos seguir tolerando que apenas un tercio de los candidatos haya presentado su cuenta bancaria ante esta dependencia. El MP debe abrir un proceso de investigación para conocer el origen de los recursos de las campañas e imponer las sanciones correspondientes.

Desde el MADJ, el BED y FUNDAMBIENTE, hacemos un llamado enérgico a las bases del Partido Nacional, Liberal y de LIBRE para que reflexionen sobre el atropello y el irrespeto que las dirigencias de estos partidos han cometido contra ustedes. El pueblo es el gran perdedor en estas elecciones primarias, democráticamente fracasadas. A la fuerza, se imponen los liderazgos que las cúpulas partidarias quieren, mientras, con nuestros impuestos, financian este circo millonario, en lugar de invertir esos recursos en salud, educación o transporte.

Creemos que es momento de decir BASTA. De cara a las elecciones generales de noviembre, les instamos a buscar alternativas en otros partidos o en candidaturas independientes, que las hay, y que representan opciones honestas, transparentes y más cercanas a las necesidades del pueblo. Los miles de votos nulos y votos en blanco en estas primarias son un claro indicativo del hartazgo ciudadano.

Finalmente, 

  1. El proceso primario ha replicado los vicios históricos que han marcado la política hondureña: candidaturas impuestas por sectores vinculados al narcotráfico, al golpismo de 2009 y a élites económicas responsables del desmantelamiento institucional. Las figuras que hoy encabezan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han permitido que líderes honestos sean desplazados por maquinarias clientelares, perpetuando un ciclo de impunidad que traiciona las demandas populares de justicia, transparencia y confianza en las instituciones. Este continuismo no solo deslegitima el proceso electoral, sino que profundiza la desesperanza en un pueblo que clama por un cambio verdadero.
  1. ¿Dónde están las diferencias sustanciales de este proceso electoral?  Estamos inmersos en un proceso electoral que, lejos de innovar, repite las mismas falencias de los procesos anteriores. La contienda ha sido dominada por los antiguos gestores de la crisis de 2009 y por figuras vinculadas al narcotráfico. Xiomara Castro, Luis Rolando Redondo Guifarro y Rebeca Lizette Ráquel Obando, en su condición de máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son responsables de que el pueblo hondureño continúe siendo obligado a participar en contiendas electorales donde la ciudadanía es obligada a elegir los eternos representantes de los sectores mafiosos. Otra vez, le han fallado al pueblo hondureño, que tanto anhelaba un retorno a una democracia ciudadana y popular.
  2. Denunciamos la condescendencia de la justicia electoral con estructuras y personas vinculadas al crimen organizado y postulándose a cargos de elección. La justicia electoral y al límite el Poder Judicial debió atender y actuar de oficio ante la solicitud de retirar la personalidad jurídica al Partido Nacional por su vinculación orgánica a las estructuras criminales más nefastas de la historia hondureña. Al no adecentar los partidos políticos, los candidatos enquistados en el poder, favorecidos por las economías del crimen y en posiciones de privilegio, continúan imponiéndose como mafias sobre liderazgos ciudadanos honestos conectados a las demandas del pueblo. ¿Por qué tanta condescendencia de parte de los poderes del Estado con las estructuras manchadas por la corrupción y el narcotráfico, que tanto daño han causado a la nación hondureña?
  3. Lamentamos que el gran actor en la contienda electoral interna sea la abstención de la ciudadanía. ¿Abstención exclusiva al tripartidismo o, más bien, un gesto contestatario ante la demostración de falta de credibilidad de todo el proceso electoral y los partidos involucrados? Sea cual sea la razón, queda en evidencia la apatía de una población que no encuentra en las urnas una vía para expresar sus demandas. Esta abstención es un llamado urgente a repensar el sistema político en su totalidad.
  4. El modelo clientelar se ha perpetuado de manera institucionalizada, generando una competencia desigual que beneficia exclusivamente a unos pocos. Las candidaturas seleccionadas son, en su mayoría, aquellas que cuentan con mayores recursos económicos, provenientes de instituciones sociales del Estado y de la empresa privada. Esta dinámica no sólo desvirtúa la esencia de la democracia, sino que manipula la voluntad popular, privilegiando intereses particulares sobre las necesidades colectivas. Es una práctica que corroe la confianza en el sistema y excluye a quienes no tienen acceso a estos recursos, perpetuando así un ciclo de desigualdad e injusticia.

Hondureños y hondureñas, 

Los partidos políticos han sido penetrados de manera perversa por el narcotráfico y los grupos de poder económico, mientras sus estructuras están dominadas por funcionarios incapaces y corruptos. Ante esta realidad, al pueblo hondureño no nos queda más que explorar y construir nuevas formas ciudadanas de acceso al poder, constitucionalmente viables y verdaderamente democráticas, que rompan con este ciclo de opresión y desesperanza.

Hacemos un llamado urgente a la población hondureña a levantar su voz frente al abuso, la burla y el oprobio al que hemos sido sometidos. Nos esperan nueve meses cruciales en los que debemos hacer valer nuestros derechos, exigir respeto a la voluntad popular y transparencia en todos los procesos. Es hora de enfrentar a la dirigencia político-empresarial corrupta y apátrida, que cada cuatro años convierte las elecciones en un mecanismo para perpetuarse en el poder, mientras la miseria y la desigualdad siguen devastando a nuestro pueblo.

Ciudadanas y ciudadanos, es momento de revestirnos de dignidad y sacudirnos toda la podredumbre que nos han impuesto. Debemos fortalecer los espacios de participación activa, organizarnos y exigir el cambio de aquellas dirigencias políticas que solo sirven para minar las posibilidades de avanzar hacia un verdadero Estado de derecho. La democracia no se reduce a votar cada cuatro años, es, ante todo, el derecho a decidir quiénes nos gobiernan y cómo lo hacen.

¡La esperanza no está perdida, pero debe ser organizada y combativa! Juntos y juntas, podemos construir una Honduras donde la dignidad, la justicia y la transparencia sean los pilares de nuestro futuro. 

San Pedro Sula, 10 de marzo de 2025

COMUNICADO PÚBLICO, JUSTICIA PARA MILGEN SOTO

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en COMUNICADO PÚBLICO, JUSTICIA PARA MILGEN SOTO

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), ante la reciente acusación y captura en contra de los implicados en el asesinato del líder indígena Tolupán Milgen Idan Soto, ocurrido en septiembre de 2019, manifiesta lo siguiente:

  1. Saludamos la captura y formal acusación contra José Alberto Alonzo Vieda, expresidente del Consejo Directivo de la Tribu San Francisco de Locomapa, así como de Osman Varela, Marvin Cabrera, Rafael Matute y José Adalid, quienes son autores materiales del asesinato de Milgen Idan Soto. Reconocemos este hecho como un paso importante en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra el pueblo tolupán.
  • Manifestamos que esta estructura criminal ha venido siendo denunciada por el Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa desde hace ya más de 10 años, por el saqueo de los bienes naturales y comunes de la tribu y la comisión de delitos como asesinato, hostigamiento y amenazas en contra de quienes defienden el bosque, su territorio y sus derechos.
  • Reiteramos que la justicia no debe limitarse a estas capturas y pedimos al Ministerio Público para que extiendan su investigación hacia la empresa INMARE y sus propietarios, por estar relacionados directamente con la venta ilegal de madera de la tribu y encontrase vinculados con la estructura criminal liderada por José Alberto Alonzo Vieda en la zona.
  • Apelamos a la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales que reivindican la defensa de los derechos humanos, para que se sumen a la exigencia al Estado de Honduras para que responsabilice a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Milgen Soto.
  • Urgimos al Estado de Honduras a que garantice la protección de las víctimas, sus familias y todos los miembros de la tribu San Francisco de Locomapa que han sido amenazados y perseguidos por la defensa de su territorio, organizados en el MADJ. Exigimos la implementación de medidas efectivas de seguridad para prevenir represalias por parte de las personas encauzadas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con la lucha contra la impunidad en Honduras. Continuaremos acompañando al pueblo tolupán en su demanda de verdad y justicia, litigando el caso en representación de las víctimas ante la justicia hondureña para procurar quee se haga justicia por este crimen.

¡Justicia para Milgen Idan Soto!

¡Justicia para el pueblo Tolupán!

San Pedro Sula, Honduras – 28 de febrero de 2025.

Bufete Estudios para la Dignidad

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Consejo Preventivo de Tribu

POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO POPULAR Y SOCIAL HONDUREÑO

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO POPULAR Y SOCIAL HONDUREÑO

Frente a los desalojos violentos y la persecución de comunidades campesinas en Honduras de Yoro y el Bajo Aguan

El Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH) expresa su preocupación y profunda indignación por los recientes desalojos violentos y la creciente persecución contra las comunidades campesinas en Honduras. Estos hechos no solo representan una violación flagrante a los derechos humanos, sino también una traición a los principios de la reforma agraria y los compromisos asumidos por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para resolver la crisis agraria.

El 22 de enero de 2025, en Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, 250 familias del Movimiento «Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro» fueron brutalmente desalojadas en favor de la empresa Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA), que ocupa ilegalmente tierras destinadas a la reforma agraria en el Valle de Sula. Este desalojo, ejecutado por aproximadamente 1,000 elementos policiales y 300 trabajadores de AZUNOSA disfrazados de policías, dejó un saldo de 300 manzanas de cultivos destruidos, 150 chozas arrasadas, y cientos de familias despojadas de su hogar y sustento.

De manera similar, en el Bajo Aguán, comunidades organizadas bajo la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfrentan constantes agresiones, desalojos violentos y campañas de odio promovidas por corporaciones como DINANT y sectores económicos vinculados al poder político. Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una maquinaria de despojo que utiliza la violencia, la desinformación y la impunidad para debilitar la resistencia campesina y concentrar aún más la tierra en manos de unos pocos.

Denunciamos y rechazamos:

  1. La alianza entre el Estado y el capital agroindustrial para facilitar el despojo de tierras campesinas mediante desalojos violentos, criminalización y persecución de liderazgos sociales.
  2. El incumplimiento del Instituto Nacional Agrario (INA), la Presidencia de la República y la Comisión Agraria en la recuperación de tierras usurpadas por ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios, quienes actúan con total impunidad gracias al fraude, la corrupción y la violencia.
  3. La falta de transparencia y justicia en el manejo de las tierras en ociosidad, que deberían ser adjudicadas a familias campesinas en lugar de favorecer a empresas vinculadas a la agroindustria usurpadoras de la tierra destinada a la reforma agraria.

Demandamos:

  1. La derogación inmediata del Decreto 93-2021, que criminaliza y agrava la persecución contra el campesinado hondureño.
  2. El cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Xiomara Castro en relación con la reforma agraria y la resolución de la crisis del agro, especialmente en el Bajo Aguán.
  3. La publicación inmediata de un censo de tierras en ociosidad y un plan claro para su adjudicación a familias campesinas.
  4. El cese inmediato de los desalojos violentos, garantizando la reubicación digna y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
  5. La reforma integral del sistema judicial hondureño, incluyendo la elección de magistrados y magistradas comprometidos con la justicia social, que garanticen la tutela de los derechos campesinos y no actúen como cómplices del despojo.
  6. Investigaciones rigurosas e imparciales para sancionar a los responsables de los desalojos y violaciones a derechos humanos, incluyendo a empresas como AZUNOSA y DINANT, así como a los funcionarios públicos involucrados.

Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sociales y populares, tanto nacionales como internacionales, a mantenerse vigilantes y solidarias frente a estas agresiones. Es fundamental fortalecer nuestra autonomía organizativa y nuestra capacidad de articulación para enfrentar la violencia del modelo extractivista y construir alternativas que prioricen la vida, la dignidad y la soberanía de nuestras comunidades.

Reafirmamos nuestra lucha por un modelo agrario justo y sostenible, basado en el respeto a la tierra como bien común y no como mercancía. La reforma agraria debe ser una prioridad estatal que garantice justicia histórica para el campesinado hondureño, cumpliendo con las demandas de quienes han sostenido la vida y el territorio con su esfuerzo y resistencia.

¡Por la vida, la tierra y la justicia, seguimos en resistencia!

Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH)

Honduras, 22 de enero de 2025

Conducción Política Nacional

  • Plataforma Palagua
  • Coordinadora Ambiental indígena y Campesina de La Paz
  • ADEPZA [Península de Zacate Grande]
  • Consejo Renacer Marcala
  • CNTC– El Progreso
  • Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro
  • Plataforma Agraria del Bajo Aguan
  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Bufete Estudios para la Dignidad [BED)
  • Centro de Reflexión y Estudios Ecuménicos para la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (CREDHO)

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA

“A las comunidades en resistencia, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional” El Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), en coherencia con nuestro compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la democracia, los bienes comunes naturales, la justicia social y la dignidad de los pueblos, nos dirigimos al sector social, a los actores políticos y económicos, a los medios de comunicación y al pueblo hondureño en general, en cierre del tercer año de Gobierno de Xiomara Castro [Libre] y en el contexto del proceso electoral de 2025,  para expresar lo siguiente:

1.       Al cumplir el tercer año de gobierno el inicio del cierre de la administración del Partido Libre, como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia [MADJ] volvemos a señalar con claridad, contundencia y con experiencias vividas, que esta administración ha quedado en deuda con las grandes demandas de justicia social, defensa del territorio y transformaciones estructurales que movilizan al pueblo hondureño. Reconocemos que han avanzado en la asimilación de discursivos cercanos al pueblo, y acciones dispersas como paliativos a emergencias coyunturales pero las promesas reales de cambio no han logrado materializarse en una mejora tangible para las mayorías empobrecidas de este país. Lejos estamos de una justicia real que condene a las estructuras del crimen enquistadas en partidos políticos, instituciones de gobierno, actores económicos. No hay ni en un freno efectivo a las políticas extractivistas y de explotación desmedida de la naturaleza. Las políticas militarescas para resolver crisis sociales una vez más bajo su gobierno han demostrado que no son el camino. Otra vez, les llamamos, en la recta final de su mandato, a que desanden el camino de la comodidad y la negociación y que asuman su responsabilidad con el pueblo.

2.       Desde nuestro compromiso y lucha por una Democracia radical, llamamos a la sociedad hondureña, a los actores políticos y económicos que tiene amor por este país, a adecentar la política; para que el pueblo sea el verdadero protagonista de su destino. Reconocemos los procesos electorales son un componente fundamental de la vida democrática de un país, pero una verdadera democracia no puede limitarse únicamente a las urnas, especialmente cuando estas son controladas por las élites, el crimen y el capital manchado de sangre. Por eso, urgimos al pueblo hondureño a participar de manera crítica y activa en este proceso electoral, evaluando propuestas, denunciando prácticas clientelistas, fraudulentas y exigiendo transparencia. Conscientes que más allá del acto de votar, el verdadero poder está en la organización, la vigilancia ciudadana y la construcción de alternativas desde las bases.

3.       Denunciamos con firmeza el pacto de impunidad que se refleja en las papeletas electorales, donde personajes con procesos legales pendientes y vínculos con actos de corrupción y violencia figuran como candidatos a la presidencia y otros cargos públicos. Este escenario no solo perpetúa la desconfianza hacia el sistema electoral, sino que además evidencia que las instituciones han sido capturadas por quienes son el rostro del crimen organizado y la injusticia en Honduras.

4.       Saludamos el surgimiento de Proyectos Sociopolíticos bajo la figura de Candidaturas Independientes expresiones de resistencia política frente a un sistema dominado por partidos tradicionales que han perdido legitimidad ante el pueblo y perpetuado la crisis. Les llamamos a que asuman con responsabilidad, catadura moral y ética estas iniciativas, para que las candidaturas sean una oportunidad para rescatar el verdadero sentido de la política y replantear un proyecto social y económico comprometido con los intereses de las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, enfatizamos que las candidaturas independientes, aunque necesarias, no son en sí mismas la solución definitiva. El movimiento popular y Social de Honduras, tiene el deber de continuar debatiendo y construyendo un Instrumento Político representativo, autónomo y profundamente arraigado en las luchas sociales. Esta búsqueda es un camino que debe mantenerse en debate, abierto, honesto y colectivo.

5.       Como movimiento territorial popular y social, nuestra misión está profundamente arraigada en las resistencias territoriales, la construcción del poder popular y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Por ello, reafirmamos nuestra independencia frente a los partidos políticos, las candidaturas independientes y cualquier esfuerzo político-electoral del momento. Mantenemos nuestra postura crítica y de denuncia hacia las prácticas de la política tradicional partidista y una crítica constructiva hacia los esfuerzos políticos independientes que merecen nuestro apoyo, siempre que estos se enmarquen dentro de la coherencia con nuestros principios de dignidad, justicia, participación ciudadana y la emancipación de nuestro pueblo.

6.       Llamamos a las organizaciones representativas de diversos sectores sociales y populares de Honduras para fortalecer la articulación nacional frente a la incertidumbre electoral. Asumamos nuestro rol como sujeto político colectivo, con autonomía de palabra y acción, para irrumpir en el escenario de las hegemonías perpetuadoras de la dominación con propuestas concretas que combinan la resistencia territorial rural y urbana, con la formulación de un horizonte político más amplio, capaz de articular las luchas locales y nacionales que permita encontrar soluciones audaces para sectores sociales más postergados, humillados y empobrecidos del Honduras.

Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con Honduras, en vínculo solidario con los pueblos del mundo, que luchan, resisten y construyen alternativas ante la opresión.  El pueblo vencerá, porque la dignidad no se rinde, la esperanza no muere, y la justicia llegará. ¡Con el pueblo, Hasta la Dignidad siempre!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

22 de enero de 2025

Avanza la lucha por un Poder Judicial Independiente al Servicio del Pueblo: Un Paso Adelante en la Justicia Popular

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en Avanza la lucha por un Poder Judicial Independiente al Servicio del Pueblo: Un Paso Adelante en la Justicia Popular

Tegucigalpa M.D.C. noviembre 2024

El 24 al 26 de septiembre del 2024, en Tegucigalpa, se llevó a cabo una masiva movilización popular, indígena y campesina para reivindicar el derecho a la tierra, la justicia y reclamar que el poder legislativo, el ejecutivo y el sistema de justicia asuman el mandato constitucional de hacer una Honduras donde impere la justicia, el derecho y el bienestar de la población. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) participamos activamente en la movilización junto a decenas de organizaciones integradas en el Bloque Popular Campesino e Indígena (BPCI) y el Movimiento Popular y Social de Honduras (MPS-H). La Corte Suprema de Justicia, al recibir la propuesta de 10 puntos del campo popular para lograr una reforma judicial justa, nombró una comisión integrada por tres magistrados y se constituyó una mesa de seguimiento y solución a las demandas populares.

Este 13 de noviembre se produjo la reunión de seguimiento entre la Comisión del Poder Judicial y la representación de las organizaciones populares. Este encuentro, celebrado en la Presidencia de la CSJ, permitió escuchar los informes sobre los compromisos previos, también fue un espacio para presentar nuevas propuestas y reforzar la demanda de un Poder Judicial transparente y comprometido con la justicia social.

Durante esta reunión, se abordaron temas relacionados con la selección de jueces y juezas, remarcando la necesidad de que estos procesos sean conocidos y evaluados por el pueblo. Se destacó la importancia de que las comunidades tengan voz en el nombramiento de los jueces, pudiendo conocer sus perfiles y antecedentes, así como objetar sus nombramientos cuando sea pertinente.

La discusión también planteo acuerdos sobre la capacitación de jueces y magistrados en derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de otras normas internacionales en materia de pueblos indígenas, derecho agrario, ambiental y otros instrumentos relacionados con aspectos especializados que se requieren varios territorios en lucha. Se planteó que el MPSH participe en los procesos de sensibilización para asegurar que el sistema judicial comprenda y respete las particularidades culturales y legales de los pueblos originarios. También se discutió y revisó el estado y la necesidad de resolver de manera expedita varios recursos de inconstitucionalidad y amparo radicados por las organizaciones populares en contra de actos y normas que atentan contra el orden constitucional y convencional y los derechos del pueblo y las personas organizadas, la representación de la CSJ se comprometió a establecer plazos perentorios para presentar soluciones definitivas expresadas en sentencias y mandatos claros y determinantes.

El magistrado Felipe Speer y las magistradas Martha Merino y Patricia Martínez, asumieron compromisos significativos con relación a establecer mecanismos que eviten desalojos arbitrarios y abusos en el marco de su ejecución; también presentaron informes sobre jueces y juezas que habrían sido sancionados por abusos en el ejercicio de sus funciones. Estas medidas buscan reducir la violencia y la criminalización que enfrentan los defensores de derechos y líderes comunitarios.

El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de continuar el diálogo, precisando que la próxima reunión se desarrollará el 28 de enero de 2025, donde se revisarán los avances de los acuerdos y se debatirán nuevas propuestas planteadas por el MPS-H. Este seguimiento busca garantizar que las voces populares sigan presentes y activas en la lucha por la democratización de la tierra y la justicia en Honduras.

Se admite petición contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para procurar el respeto a los derechos y dignidad del pueblo maya chortí de Azacualpa

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en Se admite petición contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para procurar el respeto a los derechos y dignidad del pueblo maya chortí de Azacualpa

¡Dignidad para el pueblo Maya Chortí!

EL 22 de julio del presente año, el Bufete Estudios para la Dignidad, Movimiento Amplio, FUNDAMBIENTE y Abogados sin Fronteras-Canadá, presentamos comunicación individual en representación de personas maya chortí ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por incumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos de protección y asistencia a la familia (artículo 10), el derecho a la salud mental (artículo 12) y a la participación en la vida cultural (artículo 15), en relación a la obligación de respeto, garantía y desarrollo progresivo de los DESC establecidos en los artículos 1 y 2 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Al respecto, como apoderados procesales de las víctimas comunicamos públicamente lo siguiente:

  1. La petición internacional que presentamos se funda en la incapacidad del Estado hondureño para proteger el cementerio ancestral maya chortí de la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán. La transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en complacencia con funcionarios públicos, exhumaron, dinamitaron el cementerio ancestral, profanaron los cuerpos de los ancestros y las ancestras maya chortí, pese a dos resoluciones judiciales que lo impedían, una de la Corte Suprema de Justicia y otra de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que no fueron ejecutadas ni garantizadas por el mismo Estado. 
  2. Este 26 de agosto del 2024, fuimos notificados que la Comunicación Individual fue admitida a trámite ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema de Naciones Unidas y que, además, a petición nuestra se declararon medidas cautelares que redundan en obligar al Estado hondureño a proteger el cementerio ancestral maya chortí de manera urgente.
  3. La admisión de esta Comunicación Individual es un importante paso para la procuración de justicia y dignidad para las comunidades maya chortí que representamos frente a los históricos abusos y violencia que padecen por parte de la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en contubernio con el Estado hondureño, mostrada por la complicidad, corrupción o incapacidad de funcionarios públicos.
  4. Es urgente que el Estado hondureño cumpla con esta resolución internacional y adopte urgentemente las medidas cautelares necesarias para detener la profundización de violaciones a los derechos humanos de la población maya chortí y para garantizar la reparación del cementerio maya chortí.

Nuestro Bufete Dignidad reafirma que nos mantendremos firmes y en permanentes acciones legales para defender los derechos y la dignidad maya chortí.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Tegucigalpa M.D.C., 15 de noviembre del 2024

LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN

Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.

Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.

Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.

La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.

Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Pese a sentencia, Estado Hondureño sigue en deuda con al menos 15 mil niños en condición de calle

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en Pese a sentencia, Estado Hondureño sigue en deuda con al menos 15 mil niños en condición de calle

San Pedro Sula, Honduras.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE, desarrollaron este martes un foro denominado “La niñez y calle que sobrevive en calle continúa desprotegida” en donde se reveló que más de 15 mil niños y niñas continúan siendo vulnerados a pesar de que el Estado tiene una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar derechos fundamentales a la población.

El equipo legal del MADJ/BED introdujo un amparo a favor de la niñez hondureña, recibiendo en el 2022 una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional. 

El abogado Walter Díaz, integrante del BED, lamentó que la sentencia no se ha ejecutado y criticó que el Estado hondureño no cuente siquiera con un dato actualizado y real en donde se pueda identificar la cantidad de niños que se encuentran sobreviviendo en condición de calle.

Juan Mejía, integrante del MADJ, manifestó que existen al menos unos 15 mil niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Lamentó además que miles los niños y niñas hondureñas son además víctimas de asesinatos, abuso sexual, condiciones de extrema pobreza y otras violencias. Señaló que muchos de los niños están siendo orillados a abandonar el país.

“No queremos que a estos 15 mil niños se les interne y se les mate”, dijo Mejía, que puso como ejemplo a dos niños que fueron asesinados y torturados en centros de detención de menores.

Mejía criticó también la poca respuesta a la salud mental de la población menor en Honduras. “En una Honduras en donde solamente hay 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, difícilmente se pueda pensar en que se va a atender a un sector como la niñez”, sostuvo.

Ileana Morales, presidenta de FUNDAMBIENTE, subrayó que a nivel presupuestario se entendería que la niñez se vuelve una prioridad cuando su nuevo ente rector, la SENAF, tenga el presupuesto que corresponda, sin embargo durante el 2024 y en la propuesta de presupuesto para el 2025 sigue teniendo el mismo monto que se manejaba cuando era DINAF, unos 230 millones de lempiras de los cuales el 90 por ciento es para cubrir sueldos y salarios.

Víctor Fernández, director del BED, manifestó que el Bufete se suma a la conmemoración del Día del Niño haciendo una reflexión crítica que tensione al gobierno para que pase del discurso a los hechos concretos que protejan los derechos de la niñez, especialmente en condición de calle. 

Fernández dijo que el amparo fue presentado porque existe una emergencia en el tema de la niñez, Honduras está en deuda con la niñez, la sentencia confirmó que a la niñez en condición de calle se le violentaron todos sus derechos, en especial su derecho a la vida y a la integridad.

“No queremos dudar de las buenas intenciones de los tomadores de decisión, de los que tienen por política institucional de velar por los derechos de la niñez… pedimos al Poder Judicial que controle decisiones del Poder Ejecutivo”, expusó Fernández quien concluyó que en este Día del Niño y la Niña no podemos celebrar que en las calles de Honduras no exista un solo niño o una sola niña en la calle…lograr esto sería un verdadero avance social para Honduras.

¡Dignidad y autodeterminación… SI,¡Defensa y protección del narcotráfico… JAMAS!

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en ¡Dignidad y autodeterminación… SI,¡Defensa y protección del narcotráfico… JAMAS!

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) siempre vamos a rechazar la desvergonzada intervención de los Estados Unidos en nuestro país y su creencia en que Honduras les pertenece, pero somos igualmente claros y fuertes en rechazar y abominar la presencia de las redes de narcotráfico, en todos los estratos de la sociedad y la protección y la impunidad que se les confiere desde la institucionalidad pública, independientemente del partido en el gobierno.
En este sentido, la denuncia sorpresiva del tratado de extradición con EEUU por parte de la Presidenta,
Xiomara Castro, y enmarcar esta decisión en las infortunadas declaraciones de la Embajadora de USA y
luego como mecanismo para llamar al orden a las Fuerzas Armadas no tienen ningún asidero lógico, menos democrático o soberano. Nos parece que esta acción se dirige más a la defensa y protección de su partido y de su clase económica- política.
En ese sentido, nuestras organizaciones, como parte del sector popular y social de Honduras indicamos
que:

  1. Le reiteramos a la Embajada de Estados Unidos nuestro llamado para que pare con su doble moral,
    con el intervencionismo, con el beneplácito a gobiernos corruptos y narcotraficantes siempre y
    cuando satisfagan los intereses estadounidenses. La invitamos a no hablar de moral y ética cuando
    ustedes, con todas sus actuaciones en Honduras y el mundo, nos demuestran que no lo son.
  2. Por el nivel de cooptación actual de Honduras en las redes del narcotráfico, (como quedó
    demostrado en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, familiares, amigos y
    miembros de su partido político, y que contó con la impunidad de todo el Sistema de Justicia)
    entendemos que sería contraproducente en este momento denunciar el Tratado de Extradición
    vigente con EEUU.
  3. Demandamos a la presidente Castro que anteponga los intereses del país, antes que los de su
    familia y partido. Si el secretario del Congreso Nacional y cuñado, si el presidente de la Bancada del
    Partido Libre, entre otros, se han visto ligadas a las viejas y permanentes redes de narcotráfico, lo
    que procede es permitir que sigan las investigaciones nacionales y si nuestro Sistema de Justicia se
    sigue plegando a los intereses delictivos, pues que entre a funcionamiento este tratado de
    extradición.
  4. Llamamos a que el gobierno “refunde” las Fuerzas del orden que continúan corruptas, penetradas
    por el crimen organizado, comprometidas con el tráfico de drogas, hasta que el gobierno asuma
    responsable y diligentemente el adecentamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el
    Ministerio Público y el Poder Judicial herramientas como el tratado, aunque no nos gusten,
    deberán seguir generándonos bocanadas de aire fresco, como fue la captura de los hermanos
    Hernández y su estructura.
  5. Estamos obligados, ahora más que nunca, a limpiar a nuestro país de la corrupción y el narcotráfico,
    a evitar que sigan estando al frente de nuestras instituciones y dirijan el futuro del país. A las
    puertas de un nuevo proceso electoral, NADIE que tenga siquiera una mínima vinculación con el
    narco debe permitírsele optar a un cargo de elección popular, y es urgente eliminar las redes que
    a lo interno de las instituciones públicas “operativizan” el narcotráfico y en general el crimen
    organizado.
  6. Condenamos enérgicamente a aquellos representantes de sectores económicos y políticos que,
    siendo parte del narcotráfico y la corrupción, ahora buscan aprovechar la coyuntura para limpiar
    su imagen. Quienes hoy se pronuncian con indignación son los mismos que, en el pasado, se
    coludieron con Juan Orlando Hernández y otros actores del narcotráfico.
  7. Somos conscientes que esta decisión representa un alto costo político para el Partido LIBRE, un
    costo que, han decidido asumir. Lamentamos profundamente que este sacrificio político no se haya
    orientado hacia acciones que beneficien a las mayorías históricamente violentadas, como los
    campesinos del Bajo Aguán, que siguen esperando la devolución de sus tierras, o el saneamiento
    de los territorios de los pueblos indígenas. En lugar de ello, el costo político se asume para proteger
    a su círculo político y familiar más cercano, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo
    hondureño, la gente que cree en el partido y su proyecto y de su militancia.
  8. Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a organizarnos a relevar y entender
    la importancia y vinculación que tienen estos temas con nuestra vida diaria, con el abuso y violación
    de nuestros derechos. Los llamamos para que asumamos como pueblo nuestra condición de
    SOBERANO, al cual los funcionarios deben responder y rendir cuentas. Los tres Poderes del Estado
    responderán a nuestros intereses cuando nosotros asumamos colectivamente nuestro rol y los
    obliguemos a hacerlo.
    Finalmente señalamos que Honduras debe regirse por sus propias leyes en comunión con el Derecho Internacional; y en este sentido, el Movimiento Amplio tiene muy claro que el Tratado de Extradición debe revocarse en cualquier momento, pero hacerlo en las condiciones actuales ya expresadas equivale a darle la bienvenida al narcotráfico, abriéndole las puertas de un Estado desdibujado en el marasmo de intereses imperiales y de narcotraficantes que llevaría a la destrucción de Honduras como pueblo, beneficiando únicamente a las familias narco empresariales que toman para ellas todos los bienes naturales y demás riquezas de Honduras.

San Pedro Sula, Cortés, 03 de septiembre, 2024