Categoría: Posicionamientos

Avanza la lucha por un Poder Judicial Independiente al Servicio del Pueblo: Un Paso Adelante en la Justicia Popular

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Tegucigalpa M.D.C. noviembre 2024

El 24 al 26 de septiembre del 2024, en Tegucigalpa, se llevó a cabo una masiva movilización popular, indígena y campesina para reivindicar el derecho a la tierra, la justicia y reclamar que el poder legislativo, el ejecutivo y el sistema de justicia asuman el mandato constitucional de hacer una Honduras donde impere la justicia, el derecho y el bienestar de la población. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) participamos activamente en la movilización junto a decenas de organizaciones integradas en el Bloque Popular Campesino e Indígena (BPCI) y el Movimiento Popular y Social de Honduras (MPS-H). La Corte Suprema de Justicia, al recibir la propuesta de 10 puntos del campo popular para lograr una reforma judicial justa, nombró una comisión integrada por tres magistrados y se constituyó una mesa de seguimiento y solución a las demandas populares.

Este 13 de noviembre se produjo la reunión de seguimiento entre la Comisión del Poder Judicial y la representación de las organizaciones populares. Este encuentro, celebrado en la Presidencia de la CSJ, permitió escuchar los informes sobre los compromisos previos, también fue un espacio para presentar nuevas propuestas y reforzar la demanda de un Poder Judicial transparente y comprometido con la justicia social.

Durante esta reunión, se abordaron temas relacionados con la selección de jueces y juezas, remarcando la necesidad de que estos procesos sean conocidos y evaluados por el pueblo. Se destacó la importancia de que las comunidades tengan voz en el nombramiento de los jueces, pudiendo conocer sus perfiles y antecedentes, así como objetar sus nombramientos cuando sea pertinente.

La discusión también planteo acuerdos sobre la capacitación de jueces y magistrados en derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de otras normas internacionales en materia de pueblos indígenas, derecho agrario, ambiental y otros instrumentos relacionados con aspectos especializados que se requieren varios territorios en lucha. Se planteó que el MPSH participe en los procesos de sensibilización para asegurar que el sistema judicial comprenda y respete las particularidades culturales y legales de los pueblos originarios. También se discutió y revisó el estado y la necesidad de resolver de manera expedita varios recursos de inconstitucionalidad y amparo radicados por las organizaciones populares en contra de actos y normas que atentan contra el orden constitucional y convencional y los derechos del pueblo y las personas organizadas, la representación de la CSJ se comprometió a establecer plazos perentorios para presentar soluciones definitivas expresadas en sentencias y mandatos claros y determinantes.

El magistrado Felipe Speer y las magistradas Martha Merino y Patricia Martínez, asumieron compromisos significativos con relación a establecer mecanismos que eviten desalojos arbitrarios y abusos en el marco de su ejecución; también presentaron informes sobre jueces y juezas que habrían sido sancionados por abusos en el ejercicio de sus funciones. Estas medidas buscan reducir la violencia y la criminalización que enfrentan los defensores de derechos y líderes comunitarios.

El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de continuar el diálogo, precisando que la próxima reunión se desarrollará el 28 de enero de 2025, donde se revisarán los avances de los acuerdos y se debatirán nuevas propuestas planteadas por el MPS-H. Este seguimiento busca garantizar que las voces populares sigan presentes y activas en la lucha por la democratización de la tierra y la justicia en Honduras.

Se admite petición contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para procurar el respeto a los derechos y dignidad del pueblo maya chortí de Azacualpa

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¡Dignidad para el pueblo Maya Chortí!

EL 22 de julio del presente año, el Bufete Estudios para la Dignidad, Movimiento Amplio, FUNDAMBIENTE y Abogados sin Fronteras-Canadá, presentamos comunicación individual en representación de personas maya chortí ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por incumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos de protección y asistencia a la familia (artículo 10), el derecho a la salud mental (artículo 12) y a la participación en la vida cultural (artículo 15), en relación a la obligación de respeto, garantía y desarrollo progresivo de los DESC establecidos en los artículos 1 y 2 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Al respecto, como apoderados procesales de las víctimas comunicamos públicamente lo siguiente:

  1. La petición internacional que presentamos se funda en la incapacidad del Estado hondureño para proteger el cementerio ancestral maya chortí de la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán. La transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en complacencia con funcionarios públicos, exhumaron, dinamitaron el cementerio ancestral, profanaron los cuerpos de los ancestros y las ancestras maya chortí, pese a dos resoluciones judiciales que lo impedían, una de la Corte Suprema de Justicia y otra de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que no fueron ejecutadas ni garantizadas por el mismo Estado. 
  2. Este 26 de agosto del 2024, fuimos notificados que la Comunicación Individual fue admitida a trámite ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema de Naciones Unidas y que, además, a petición nuestra se declararon medidas cautelares que redundan en obligar al Estado hondureño a proteger el cementerio ancestral maya chortí de manera urgente.
  3. La admisión de esta Comunicación Individual es un importante paso para la procuración de justicia y dignidad para las comunidades maya chortí que representamos frente a los históricos abusos y violencia que padecen por parte de la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en contubernio con el Estado hondureño, mostrada por la complicidad, corrupción o incapacidad de funcionarios públicos.
  4. Es urgente que el Estado hondureño cumpla con esta resolución internacional y adopte urgentemente las medidas cautelares necesarias para detener la profundización de violaciones a los derechos humanos de la población maya chortí y para garantizar la reparación del cementerio maya chortí.

Nuestro Bufete Dignidad reafirma que nos mantendremos firmes y en permanentes acciones legales para defender los derechos y la dignidad maya chortí.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Tegucigalpa M.D.C., 15 de noviembre del 2024

LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN

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Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.

Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.

Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.

La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.

Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Pese a sentencia, Estado Hondureño sigue en deuda con al menos 15 mil niños en condición de calle

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San Pedro Sula, Honduras.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE, desarrollaron este martes un foro denominado “La niñez y calle que sobrevive en calle continúa desprotegida” en donde se reveló que más de 15 mil niños y niñas continúan siendo vulnerados a pesar de que el Estado tiene una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar derechos fundamentales a la población.

El equipo legal del MADJ/BED introdujo un amparo a favor de la niñez hondureña, recibiendo en el 2022 una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional. 

El abogado Walter Díaz, integrante del BED, lamentó que la sentencia no se ha ejecutado y criticó que el Estado hondureño no cuente siquiera con un dato actualizado y real en donde se pueda identificar la cantidad de niños que se encuentran sobreviviendo en condición de calle.

Juan Mejía, integrante del MADJ, manifestó que existen al menos unos 15 mil niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Lamentó además que miles los niños y niñas hondureñas son además víctimas de asesinatos, abuso sexual, condiciones de extrema pobreza y otras violencias. Señaló que muchos de los niños están siendo orillados a abandonar el país.

“No queremos que a estos 15 mil niños se les interne y se les mate”, dijo Mejía, que puso como ejemplo a dos niños que fueron asesinados y torturados en centros de detención de menores.

Mejía criticó también la poca respuesta a la salud mental de la población menor en Honduras. “En una Honduras en donde solamente hay 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, difícilmente se pueda pensar en que se va a atender a un sector como la niñez”, sostuvo.

Ileana Morales, presidenta de FUNDAMBIENTE, subrayó que a nivel presupuestario se entendería que la niñez se vuelve una prioridad cuando su nuevo ente rector, la SENAF, tenga el presupuesto que corresponda, sin embargo durante el 2024 y en la propuesta de presupuesto para el 2025 sigue teniendo el mismo monto que se manejaba cuando era DINAF, unos 230 millones de lempiras de los cuales el 90 por ciento es para cubrir sueldos y salarios.

Víctor Fernández, director del BED, manifestó que el Bufete se suma a la conmemoración del Día del Niño haciendo una reflexión crítica que tensione al gobierno para que pase del discurso a los hechos concretos que protejan los derechos de la niñez, especialmente en condición de calle. 

Fernández dijo que el amparo fue presentado porque existe una emergencia en el tema de la niñez, Honduras está en deuda con la niñez, la sentencia confirmó que a la niñez en condición de calle se le violentaron todos sus derechos, en especial su derecho a la vida y a la integridad.

“No queremos dudar de las buenas intenciones de los tomadores de decisión, de los que tienen por política institucional de velar por los derechos de la niñez… pedimos al Poder Judicial que controle decisiones del Poder Ejecutivo”, expusó Fernández quien concluyó que en este Día del Niño y la Niña no podemos celebrar que en las calles de Honduras no exista un solo niño o una sola niña en la calle…lograr esto sería un verdadero avance social para Honduras.

¡Dignidad y autodeterminación… SI,¡Defensa y protección del narcotráfico… JAMAS!

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Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) siempre vamos a rechazar la desvergonzada intervención de los Estados Unidos en nuestro país y su creencia en que Honduras les pertenece, pero somos igualmente claros y fuertes en rechazar y abominar la presencia de las redes de narcotráfico, en todos los estratos de la sociedad y la protección y la impunidad que se les confiere desde la institucionalidad pública, independientemente del partido en el gobierno.
En este sentido, la denuncia sorpresiva del tratado de extradición con EEUU por parte de la Presidenta,
Xiomara Castro, y enmarcar esta decisión en las infortunadas declaraciones de la Embajadora de USA y
luego como mecanismo para llamar al orden a las Fuerzas Armadas no tienen ningún asidero lógico, menos democrático o soberano. Nos parece que esta acción se dirige más a la defensa y protección de su partido y de su clase económica- política.
En ese sentido, nuestras organizaciones, como parte del sector popular y social de Honduras indicamos
que:

  1. Le reiteramos a la Embajada de Estados Unidos nuestro llamado para que pare con su doble moral,
    con el intervencionismo, con el beneplácito a gobiernos corruptos y narcotraficantes siempre y
    cuando satisfagan los intereses estadounidenses. La invitamos a no hablar de moral y ética cuando
    ustedes, con todas sus actuaciones en Honduras y el mundo, nos demuestran que no lo son.
  2. Por el nivel de cooptación actual de Honduras en las redes del narcotráfico, (como quedó
    demostrado en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, familiares, amigos y
    miembros de su partido político, y que contó con la impunidad de todo el Sistema de Justicia)
    entendemos que sería contraproducente en este momento denunciar el Tratado de Extradición
    vigente con EEUU.
  3. Demandamos a la presidente Castro que anteponga los intereses del país, antes que los de su
    familia y partido. Si el secretario del Congreso Nacional y cuñado, si el presidente de la Bancada del
    Partido Libre, entre otros, se han visto ligadas a las viejas y permanentes redes de narcotráfico, lo
    que procede es permitir que sigan las investigaciones nacionales y si nuestro Sistema de Justicia se
    sigue plegando a los intereses delictivos, pues que entre a funcionamiento este tratado de
    extradición.
  4. Llamamos a que el gobierno “refunde” las Fuerzas del orden que continúan corruptas, penetradas
    por el crimen organizado, comprometidas con el tráfico de drogas, hasta que el gobierno asuma
    responsable y diligentemente el adecentamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el
    Ministerio Público y el Poder Judicial herramientas como el tratado, aunque no nos gusten,
    deberán seguir generándonos bocanadas de aire fresco, como fue la captura de los hermanos
    Hernández y su estructura.
  5. Estamos obligados, ahora más que nunca, a limpiar a nuestro país de la corrupción y el narcotráfico,
    a evitar que sigan estando al frente de nuestras instituciones y dirijan el futuro del país. A las
    puertas de un nuevo proceso electoral, NADIE que tenga siquiera una mínima vinculación con el
    narco debe permitírsele optar a un cargo de elección popular, y es urgente eliminar las redes que
    a lo interno de las instituciones públicas “operativizan” el narcotráfico y en general el crimen
    organizado.
  6. Condenamos enérgicamente a aquellos representantes de sectores económicos y políticos que,
    siendo parte del narcotráfico y la corrupción, ahora buscan aprovechar la coyuntura para limpiar
    su imagen. Quienes hoy se pronuncian con indignación son los mismos que, en el pasado, se
    coludieron con Juan Orlando Hernández y otros actores del narcotráfico.
  7. Somos conscientes que esta decisión representa un alto costo político para el Partido LIBRE, un
    costo que, han decidido asumir. Lamentamos profundamente que este sacrificio político no se haya
    orientado hacia acciones que beneficien a las mayorías históricamente violentadas, como los
    campesinos del Bajo Aguán, que siguen esperando la devolución de sus tierras, o el saneamiento
    de los territorios de los pueblos indígenas. En lugar de ello, el costo político se asume para proteger
    a su círculo político y familiar más cercano, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo
    hondureño, la gente que cree en el partido y su proyecto y de su militancia.
  8. Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a organizarnos a relevar y entender
    la importancia y vinculación que tienen estos temas con nuestra vida diaria, con el abuso y violación
    de nuestros derechos. Los llamamos para que asumamos como pueblo nuestra condición de
    SOBERANO, al cual los funcionarios deben responder y rendir cuentas. Los tres Poderes del Estado
    responderán a nuestros intereses cuando nosotros asumamos colectivamente nuestro rol y los
    obliguemos a hacerlo.
    Finalmente señalamos que Honduras debe regirse por sus propias leyes en comunión con el Derecho Internacional; y en este sentido, el Movimiento Amplio tiene muy claro que el Tratado de Extradición debe revocarse en cualquier momento, pero hacerlo en las condiciones actuales ya expresadas equivale a darle la bienvenida al narcotráfico, abriéndole las puertas de un Estado desdibujado en el marasmo de intereses imperiales y de narcotraficantes que llevaría a la destrucción de Honduras como pueblo, beneficiando únicamente a las familias narco empresariales que toman para ellas todos los bienes naturales y demás riquezas de Honduras.

San Pedro Sula, Cortés, 03 de septiembre, 2024

FRACASO TOTAL: A un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, el sector campesino sigue sin soluciones sobre su tierra

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A un año de la Comisión de Seguridad Agraria, el Bloque Popular Campesino e Indígena denuncia el fracaso total de esta comisión y evidencia el nuevo período de violencia y despojo al que ha sido sometido el sector campesino, cuya problemática NO es una prioridad para el actual gobierno.

Distintas organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes al movimiento social y popular del país que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena denunciamos y continuamos sufriendo las consecuencias de la política de intervención en el agro por parte del gobierno, que a un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos pronunciamos en los términos siguientes:

1. Fracaso de la Comisión: Ha pasado un año desde la creación de esta comisión, y el resultado ha sido un fracaso total. No se han visto avances significativos en la garantía de los derechos de los y las campesinas e indígenas. Por el contrario, la comisión ha servido únicamente para reforzar el control del sector agroindustrial y terrateniente, dejando de lado las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas. El gobierno avanza a nivel de discurso, pero no en la práctica y prueba de ello es la ineficacia de instituciones como el INA cuyas autoridades, hablan y hablan, pero no hacen nada en el marco de sus funciones

2. Desalojos Violentos y Criminalización: En lugar de garantizar los derechos de las familias campesinas e indígenas, el gobierno ha intensificado los desalojos violentos y desmedidos, y continúa criminalizando a nuestros liderazgos. Son más de 50 desalojos desarrollados en este año de la comisión y eso ha significado miles de familias que han sido brutalmente expulsadas de sus tierras, sin respetar sus derechos humanos ni ofrecer alternativas de reubicación.

Esta política represiva solo demuestra el desprecio del gobierno hacia el campesinado y los pueblos indígenas, priorizando los intereses de los grandes terratenientes y empresarios agroindustriales. No hay ningún proceso de investigación hacia las formas corruptas en que estas empresas se han adueñado de las mejores tierras, que eran y son de reforma agraria. Los desalojos han sido una herramienta de terror para despojar a las comunidades de sus tierras, han destruido centenares de manzanas de tierra trabajadas perpetuando la injusticia, la inseguridad alimentaria de estas familias y la desigualdad en el campo.

Nos solidarizamos con el Movimiento de campesinos y campesinas Sin Tierra de Yoro, quienes el día de ayer, sufrieron un desalojo violento por un contingente policial y militar de más de 500 efectivos, los cuales destruyeron sus cultivos y pertenencias.

Señora Presidenta, cuándo ordenará el desalojo de las empresas agroindustriales corruptas y violentas de las tierras de reforma agraria?, cuándo ordenará a los funcionarios demagógicos del INA para que inicien las investigaciones sobre la verdadera propiedad de las tierras?

Señora Presidenta, no le estamos pidiendo que nos regale tierras, estamos pidiendo justicia y transparencia en torno a la adjudicación de tierras.

3. Sin Resultados Concretos: Las acciones del gobierno, mediante la creación de comisiones, no han sido más que una estrategia de contención y mediatización para aplacar las demandas legítimas de nuestras organizaciones, sin ofrecer soluciones reales, concretas y duraderas. El gobierno sigue actuando como cómplice de la élite corrupta que perpetúa la injusticia en el campo. Esta Comisión no han producido los resultados esperados y han demostrado ser completamente ineficaces en resolver los conflictos agrarios.

No se ha avanzado en la entrega de tierras al movimiento campesino, ni en el reconocimiento de los territorios ancestrales a pueblos indígenas. Además, una de las promesas clave, la investigación sobre la legitimidad de las tierras en manos de empresas agroindustriales, ha quedado en el olvido. Esto muestra claramente la falta de voluntad política para enfrentar a los intereses económicos y corruptos que controlan el sector agrario.

4. Desatención del Gobierno: A un año de la creación de la Comisión y 2 años y medio de gobierno, el tema de la tierra sigue sin ser una prioridad. Este desprecio hacia el movimiento social, campesino e indígena evidencia la profunda desconexión y desinterés del gobierno en resolver las verdaderas necesidades del movimiento social y popular.

5. Enfoque de Seguridad: Como cuestionamos hace un año, la forma en que nació esta comisión, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, profundizó el enfoque militarista y de seguridad en nuestras comunidades. Este origen revela claramente una perspectiva de control y represión, en lugar de una verdadera intención de resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y las reivindicaciones históricas. Esos efectivos militares y policiales deberían estar sirviendo para desarticular las bandas de crimen organizado que operan en nuestros territorios y que son parte de los “negocios” de estas empresas o investigando los asesinatos de, al menos 13 líderes campesinos, que han caído en la lucha durante el presente gobierno.

6. Exigimos una Respuesta Clara y Decisiva: Rechazamos la política de desalojos impulsada bajo la justificación de “salvaguardar la gobernabilidad del país”, que es exactamente la misma lógica del narco gobierno anterior. Esta medida ha intensificado la crisis en el campo, despojando a miles de familias campesinas e indígenas de sus tierras legítimas. Exigimos un cese inmediato de estos desalojos abusivos y una investigación exhaustiva sobre las prácticas fraudulentas y violentas con las que las empresas agroindustriales han acaparado tierras que, por mandato constitucional, pertenecen a las familias campesinas.

7. Dignidad Campesina e Indígena: Deploramos el uso para fines político-partidarios por parte del gobierno de muchos temas o necesidades sociales; incluyendo el derecho a la tierra y a la reforma agraria. Los y las Campesinas e indígenas tenemos una dignidad que, bajo ninguna excusa o práctica política utilitarista, debe ser mancillada. La tierra es un derecho de los pueblos, más allá de vulgares y ordinarias pretensiones político-partidarias.

Todavía tiene tiempo para rectificar el rumbo de su gobierno Señora Presidente, todavía es posible que usted se decida a estar con los verdaderos intereses de la población. Entendemos que este es un proceso, pero de muestras claras y concretas de que esta es su decisión.

Desde las organizaciones que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena, reafirmamos nuestro compromiso de animar y fortalecer la organización y articulación de otras organizaciones campesinas e indígenas que han sufrido las consecuencias de las políticas de desalojos ejecutadas por el gobierno. Reafirmamos que la tierra pertenece al movimiento campesino y a los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Honduras que rectifique y desarrolle una política agraria que garantice la tenencia pacífica de la tierra, respetando los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas e indígenas.

Honduras, 07 de junio de 2024

Pronunciamiento Público: 01 DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO

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Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que aglutina a trabajadores del campo, indigenas, obreros y muchas otras expresiones de lucha y resistencia del país. En el marco del día del trabajador hondureño, lo conemmoramos en los siguientes terminos: 

1. Que Los pueblos originarios, la clase campesina nacional y las obreras y obreros de las maquilas, son en el presente los actores de la verdadera lucha proletaria de la sociedad hondureña. Ellos y ellas representan la dignidad de la clase trabajadora nacional por ser quienes sufren a diario, en carne propia, los embates de la clase empresarial extractivista y explotadora, quienes, junto a los gobiernos de turno, se han sumado a la opresión en contra de los y las trabajadoras.

2. Desde las comunidades rurales, pueblos indigenas y afrodescendientes que han sido agredidos y asesinados con participación activa de la clase empresarial extractivista, en confabulación con las fuerzas de seguridad del Estado, rechazamos el falso discurso de llevar “trabajo y desarrollo” a nuestras comunidades, a costa de nuestras territorios, nuestos bienes naturales comunes, lucharemos en contra de cualquier iniciativa que vulnere nuestras dignidad como pueblo y que favorezca unicamente a los intereses economicos de la calse empresarial.

3. En los ultimos años, mientras se asesinan a campesinos, indigenas y lideres sindicales, vergonzosamente las grandes federaciones y confederaciones de sindicatos y obreros han permanecido bajo negociaciones con el regimen de la Narcodictadura. A estas dirigencias les decimos que son la vergüenza de la clase trabajadora hondureña, los traidores de las clases obrera y campesina de esta Honduras que exige más respeto de parte del Estado de Honduras.

4. Junto al movimiento campesino, pueblos indígenas y afrodescendientes exigimos la devolución de las tierras y territorios ancestrales de quienes los han detentado y usufructuado indebidamente los territorios. No necesitan convertirse en esclavos disfrazados de obreros de la empresa privada para vivir una vida digna, basta con que sus tierras y demás medios de vida les sean devueltos.

5. Nos unimos a la clase trabajadora y legítima dueña de sus medios de producción a mantener una lucha tenaz contra los saqueadores de los medios de vida de los pueblos, contra los que se benefician de nuestros esfuerzo.

6. Reiteramos que, esta conmemoración no debe convertirse en una celebración exclusiva de los empleados y empleadas del gobierno, ni tampoco debe circunscribirse a la población militante de un determinado partido político. Este día es de los y las trabajadoras que exigen el cumplimiento de sus derechos laborales.

7. A 16 años de lucha permanente el Movimiento Amplio continua haciendo suya la causa de la clase trabajadora de Honduras. Con los obreros y obreras de las maquilas y demás empresas demandamos un trato justo, salarios dignos y respeto a cada persona que presta su fuerza de trabajo en las empresas del gran capital que florece a espaldas del dolor y la miseria de quienes son explotados y explotadas.

San Pedro Sula, Cortés 01 de mayo de 2024

Se denuncia al Estado de Honduras por incumplimientode sentencia que protege los derechos de 15 mil menores de edad en situación de calle

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El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.


La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:

  1. El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y
    COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15
    mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula
    y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a
    la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional,
    tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
  2. Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ
    emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el
    Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia
    y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han
    vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de
    15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el
    cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de
    estos derechos.
  3. Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de
    una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los
    derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones
    del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la
    niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas
    ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
  4. A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional
    de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan
    vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples
    acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha
    sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del
    presente.
  5. Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y
    FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
    presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar
    obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo
    ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e
    integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
  6. En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida
    provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en
    el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata
    hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales
    se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera
    se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
  7. También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones
    contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de
    cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que
    sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física,
    psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo
    de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno
    cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos
    fundamentales.

Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.


Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.


¡Hasta la Dignidad Siempre!


San Pedro Sula, Cortés, 12 de septiembre de 2023.