Categoría: Opinión

CARTA PÚBLICA A LUIS REDONDO Y JEFES DE BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA ELECCIÓN DE LA CSJ

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Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!

San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023

Señor Luis Redondo

Presidente del Congreso Nacional – Honduras

cc.

  • Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
  • Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
  • Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
  • Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
  • Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
  • Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional

Presidente Redondo,

Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,

La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.

Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.

A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.

Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.

En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:

1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y

2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.

Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:

  1. Jury Fernando Melara
  2. Any Belinda Ochoa
  3. Daniel Sibrián
  4. José María Díaz
  5. Luis Alonso Discua
  6. Danelia Ferrera
  7. Roy Pineda Castro 

Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.

Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.

De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.

De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.

En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:

  1. Maribel Espinoza
  2. Rasel Tomé 
  3. Mauricio Rivera
  4. Gladys Aurora
  5. Alberto Chedrani
  6. Edgardo Casaña

Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más,  la perversión del sistema de justicia.

Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.  Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura[1]:

  1. Garantía contra presiones externas;
  2. Adecuado proceso de nombramiento; y,
  3. Inamovilidad en el cargo.

Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:

  1. Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”

Señores diputados,

Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad 

Carta pública a la presidenta Xiomara Castro a un año de su gobierno: Hay que pasar del discurso, a la acción

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San Pedro Sula, Cortés 27 de enero, 2023


Señora Presidenta,
Compañera Xiomara,

Hace un año la mayor parte de la sociedad hondureña vivió un momento feliz y esperanzador. Miles de hombres y mujeres, de todas las edades, lo festejaron. Por fin concluía la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y de todas las fuerzas oscurantistas que la habían sostenido desde el trágico golpe de Estado de junio de 2009.


Su recorrido triunfal hacia el Estadio Nacional para que le impusieran la banda presidencial confirmaba la amplia base social con que iniciaría su mandato, no toda perteneciente al Partido LIBRE, pero si toda necesitada de confiar en que un futuro más digno y justo podía construirse con usted al frente del Poder Ejecutivo.


Rápido transcurrió el primer año y hoy el aniversario se cumple con un país que no da muestras claras de ir procurando cambios de fondo, un país que dice estar en un proceso de “transición”, pero sin saber hacia qué o hacia dónde se transita.


El mejor ejemplo de esto es precisamente el vilo en el que nos encontramos por el desenlace en la elección de los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que al final fue manchado al concretarse un listado de 45 personas en la cual, la influencia política-partidaria logró colarse hasta que nombres de abogados despedidos por la misma institucionalidad pública por corrupción fueron incorporados, o de abogadas que son ampliamente conocidas por ser, a lo interno del Poder Judicial, las “tramitadoras” de los fallos. Es así que hoy ya no se necesita buscar nombres fuera del listado, la votación de los diputados será pública y la negociación se limita a cuotas por partido político. En resumen, hay un discurso que cambia, pero las acciones concretas son las de siempre.


El tema de la justicia en Honduras no es poca cosa y el cambio que deseábamos ver tampoco lo es si tomamos en cuenta que el sistema judicial es la estructura sobre la que se ha cimentado desde la expoliación de nuestros recursos naturales y territoriales, la violación permanente e impune de nuestros derechos humanos, la corrupción legalizada y hasta el narcotráfico. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad sabemos muy bien lo que decimos, porque nuestro trabajo y compromiso diario es por romper este estado de injusticia global que nos envuelve como país y como sociedad.


En estos momentos nuestro rol como parte del movimiento social nos permite vincularnos y tener un trabajo certero en más de 15 territorios a nivel nacional que van desde una comunidad llamada Azacualpa en La Unión Copán que lucha contra un monstruo minero, en Locomapa, Yoro, en donde el pueblo Tolupán lucha por sus bosques, Pajuiles o Jilamito en Atlántida, Palagua en La Paz, que defienden su derecho al agua frente a empresarios energéticos, hasta por el derecho a una vivienda digna, como en Castaños de Choloma en Cortés, o por el derecho a la tierra, como en El Aguán, Tacamiche, para citar solo algunos.


Todos son ejemplos crudos de cómo la población más empobrecida, marginada o desposeída se enfrenta, todavía en desigualdad de condiciones, a grupos de poder, desde élites financieras y bandas del crimen organizado hasta empresas transnacionales u organismos financieros internacionales.


Todas estas comunidades, Señora Presidenta, a un año de su gobierno siguen poniendo el pecho y la sangre, y estos grupos siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector de energía.


También es evidente en temas como el acceso a tierra. Justo en vísperas de este aniversario tan importante del triunfo popular ante la narco dictadura, fue asesinado José Omar Cruz Tomé, dirigente destacado de la Plataforma Agraria del Aguán, presidente de la cooperativa Los Laureles y un compañero de lucha del MADJ y el BED.


Le volvemos a recordar que el asesinato de Omar se produjo por sicarios contratados por las empresas agroindustriales de la zona, entre ellas DINANT. El asesinato de Omar, como de muchos otros, pudo evitarse si su gobierno y usted misma hubiera atendido con la importancia y seriedad la decena de denuncias y llamados hechos por la Plataforma y nosotros mismos y presentados ante las autoridades denunciando la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán.


La muerte de Omar también pudo haberse evitado si hubiera existido el interés y establecido la importancia por parte del gobierno de darle seguimiento al Convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y a partir del cual se le presentó a usted la propuesta para dar una solución de fondo al tema de propiedad de las tierras en El Aguán.


El asesinato de Omar nos duele, como nos duelen los más de 150 campesinos y campesinas asesinados en esa disputa de tierras que se remonta al despojo de sus derechos por la política neoliberal implantada por el corrupto gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Igual nos duelen los más de 13 compañeros y compañeras Tolupanes asesinados por defender el bosque, o por defender los ríos, o los recursos de la tierra como nuestros compañeros de Guapinol.


No hay una nueva realidad para este tipo de violencia y tantos otros que tienen lugar en nuestro país. Poco o nada ha cambiado en este año. Un ejemplo es la SERNA que un día anuncia el fin de los permisos para la industria minera y a la velocidad de la presión ejercida por este grupo económico tuvo que dar marcha atrás. No podemos negar que existe un discurso solidario, pero no hechos que lo legitimen.


Sus funcionarios subalternos nos reciben, pero no nos atienden. Hacen llamamientos públicos, pero no ejercen su función o lo que es peor, no entienden o no quieren entender el rol que deben desarrollar. Puntualmente sentimos que cada vez más las puertas de Casa Presidencial se están cerrando al reclamo social y popular, especialmente para aquellos sectores y organizaciones como las nuestras, que mantenemos nuestra independencia y la libertad de pensamiento.


Si la destrucción de la institucionalidad del Estado fue visible en la última década, entonces ¿Cuál es la función que el nuevo gobierno y sus funcionarios están llamados a realizar para fortalecer o refundar el Estado?, ¿Comprenden sus funcionarios y funcionarias la dimensión del reto que tienen por delante?, ¿Están interesados en cumplirlo o solo andan buscando perpetuarse en el poder por varios años más?


Compañera Xiomara,
Quisiéramos seguir llamándola así y queremos creer que este año se trató de enderezar el barco. Pero ya es tiempo de superar el discurso del daño heredado por JOH y su pandilla de ladrones y empezar a concretar los cambios prometidos. Ya no se vale decir que no se hace esto o lo otro porque la titularidad de ciertas instituciones no está bajo el dominio de LIBRE. Usted es la presidenta de Honduras y los cambios se harán si usted los impulsa y si son del beneficio colectivo, tendrá un movimiento social que los respalde.


Tampoco se podrá enderezar el país, si el sistema educativo público y muchas otras instituciones
siguen sumidas en el caos y la ingobernabilidad producto de disputas viscerales entre funcionarios
y empleados de su administración que rápidamente se olvidaron que la tarea fundamental del país es la refundación y no el reparto de chambas y privilegios entre familiares y amigos.


Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento; pero, con toda y esa maraña de oscuros intereses que se mantiene, algo -no sólo el discurso- tenemos que sentir que está cambiando. Para este año el Congreso Nacional le aprobó un presupuesto de más de 300 mil millones de lempiras y el año pasado dispuso de más de 200 mil millones… algo ya debería estar cambiando, otras deberían ser las prioridades de uso de estos recursos.


Sin embargo, tampoco aquí miramos avances concretos. La proyección general que refleja este presupuesto es que el gobierno de la República tendrá recursos para hacer proselitismo social-político y muy poco para invertirlo e iniciar un proceso de reactivación productiva. Presupuestos como el de salud y educación tienen aumentos vegetativos, pese al desastre que nos ha revelado y profundizado la pandemia del COVID-19.


La deuda pública desbordada, una inflación descontrolada y que se convierte en el principal impuesto para la población, el drenaje a los institutos de previsión, partidas enormes para el uso discrecional, la falta de acuerdo para resolver el déficit provocado por el sector energético, el uso desenfadado de las reservas internacionales…van a mejorar o a profundizarse estos problemas, ¿Cuánto más debemos esperar a que las promesas en estos temas se vuelvan realidad?

Como organizaciones responsables y justas no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs” o la “Ley de secretos”, pero igual nos siguen criminalizando y asesinando en los territorios. De igual forma, usted volvió a darles a la Policía y al Ejército poderes especiales para que “hagan y deshagan” y solo es cuestión de tiempo para que un nuevo patrón de violaciones a derechos humanos se instale en el país. Eso es, de nuevo, lo que nos preocupa. Es peligroso que el descontento aumente porque pueden volver a retomar el poder los de siempre; los saqueadores, los vendedores de patria, los sin conciencia.


Presidenta Xiomara, si de verdad se quiere transformar Honduras, construir ese “socialismo” del que se habla, hay que priorizar el cumplimiento de los compromisos y promesas por los que la gente la eligió: seguridad, justicia, protección de los derechos humanos de la manera más integral, reactivar la economía digna y en consonancia con los derechos de la naturaleza y la tierra, generar empleos que brinden oportunidades de desarrollo aquí en Honduras, parar la corrupción, instalar la CICIH sin tanto cálculo político o sentando desde ya la impunidad para las actuaciones incorrectas en su gobierno…. En fin, crear un acuerdo nacional que aborde todos estos desafíos, pero desde la perspectiva popular, no para pasar
el poder y sus recursos de un puñado de manos a otro puñado de manos. No podemos aceptar situaciones que siempre hemos rechazado, como el reparto del país, sólo porque Libre está en el poder o porque Usted o el Señor Manuel Zelaya así lo indican.


Si su gobierno se decide hacerle frente a estos problemas que son de fondo y que requieren de respuestas y acciones de fondo, por supuesto que contará con nosotros que entendemos que una parte de la responsabilidad de cambiar las cosas radica en la sociedad, en la ciudadanía.


Señora Presidenta…aún quedan tres años de su mandato. Reconocemos sus buenas intenciones, pero advertimos, honesta y responsablemente, que eso no basta. Este primer año ha sido de desahogo social, pero el tiempo vuela y tenemos un país en donde el 80% de su población ha sido empobrecida y esa es una tragedia que se vive a diario. El desplome de las ilusiones y expectativas de la población ante una realidad que la agobia no augura un futuro prometedor para el país. Escuche el reclamo genuino de la población, vuelva a establecer las prioridades, comprometa su palabra y cúmplala…


Presidenta Xiomara, usted recurrentemente nos reitera que la refundación del Estado y la sociedad es su tarea fundamental. En concordancia con ese desafío, es crucial recordarle que la refundación solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.


En ese sentido, al inaugurarse el segundo año de su gobierno, por coherencia, esperamos que se abra al diálogo franco, directo y fraterno con el movimiento social y popular autónomo que tiene igual o mayor compromiso por la refundación del país; que las cartas enviadas a su despacho por nuestras articulaciones sociales y las masivas movilizaciones de campesinos y otros sectores populares a la capital también tengan respuesta y acogida pública en su despacho; como la han tenido hasta ahora las representaciones de la élite financiera, económica-agroindustrial corrupta y violenta de nuestro país.


El MADJ y el BED estamos totalmente convencidos que su gobierno debe estar abocado a sentar las bases de transformaciones estructurales, empezando por la justicia, y a considerar que la continuidad democrática de sus políticas radica en convertir la defensa y concreción de los derechos humanos en su quehacer fundamental.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia Participó en Encuentro Internacional Sobre “Transiciones Socio Ecológicas Justas: Fronteras y Horizontes Comunes”

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El encuentro se llevó a cabo en Cholula, Puebla, México, del 24 al 26 de octubre, convocado por la “Fundación Rosa Luxemburgo”. Participaron representaciones de organizaciones sociales y populares del caribe, norte, centro y sur América, para debatir sobre la transición energética justa que necesitan los pueblos y no la que impone el capital.

El objetivo del encuentro fue, Construir una mirada crítica latinoamericana, desde el campo popular. Según los organizadores, este debate constituye un reto porque nuestros análisis suelen tener el límite metodológico de estar anclados en experiencias locales y/o nacionales, que se relaciona también con el problema de la escala en la que proyectamos y construimos alternativas.

En el encuentro se debatió sobre los escenarios energéticos actuales, el ensanchamiento o imposición del litio y el hidrógeno y se respondieron interrogantes sobre la naturaleza, desafíos y los múltiples efectos sobre la forma de extracción de estas fuentes de energía. también se profundizó sobre los procesos de transformación de la matriz, planes energéticos de transición y adaptación al cambio climático, proyectos mineros, los cambios políticos, el aumento de hidrocarburos, y las perspectivas feministas, antipatriarcales, anti extractivistas y anticapitalistas en la lucha por una transición energética justa.

En este espacio también se aprovechó para advertir y seguir asumiendo la responsabilidad que tienen las organizaciones y movimientos sociales en relación al modelo energético hegemónico y la necesidad de seguir apostando por la construcción popular en el campo de la energía.

Sobre Honduras, nuestra representación destacó que lo que podemos llamar transición energética andatransita por la recuperación de la soberanía del Estado  en el control del modelo energético privatizado, el impulso de una política nacional de energía, las iniciativas de electrificación rural, el subsidio de la energía, la revisión y recisión de contratos a generadores privados, el impulso de nuevas represas y el reclamo de espacios como el MADJ para que en el tema energéticos se respete la autodeterminación de los pueblos y que la democratización implique la participación popular decisisa en todas las fases del proceso energético (Geneación, transmisión, comercialización, facturación; incluyendo el debate micro y macroeconómico de la energía)

Desde el Movimiento Amplio reconocemos y agradecemos a la Fundación Rosa Luxemburgo y las demás organizaciones participantes por la invitación a este encuentro y por haber desarrollado una serie de temas y discusiones que nos actualizan y nos recuerdan la responsabilidad inmediata que tenemos en relación con la transición energética desde una perspectiva popular.

Queremos energía para nuestras comunidades, pero con justicia y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza

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Reunidos hoy, 29 de octubre de 2022, a la rivera del Río Jilamito, en el marco del Cabildo Abierto y de la Asamblea Popular convocada en este municipio de Arizona, departamento de Atlántida por sus máximas autoridades municipales y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; y nutrida con la presencia de hombres y mujeres de todas las comunidades que conforman este municipio y con presencia de representantes de organizaciones sociales de distintas partes del país; planteamos, declaramos y mandamos, especialmente ante el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía presente hoy en este evento, y a todas las instituciones, públicas y privadas, involucradas en el tema de energía, lo siguiente:

1. Que reivindicamos el derecho a nuestra autodeterminación como comunidades en el marco de cualquier iniciativa energética que se piense sobre nuestros bienes naturales y territoriales. Este debe ser un elemento fundamental que marque la diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual.

2. El deber de respeto a nuestra autonomía y autodeterminación obliga al gobierno central y a todos los gobiernos locales a acatar la voluntad de nosotros/as como comunidades, cuando hemos decidido que no queremos comprometer nuestra riqueza natural ante proyectos que, en lugar de desarrollo, generan violaciones a derechos humanos. De igual forma, cuando como comunidad decidimos aceptar la instalación de proyectos de energía, la prioridad la tendremos las mismas comunidades y los proyectos deben operar bajo los principios básicos de distribución equitativa de la riqueza que se genera y se permita la participación y la veeduría de nosotras las comunidades para salvaguardar nuestros bienes naturales.

3. El gobierno que administra el Estado hondureño debe dar muestras claras que el tema energético, en el discurso y en la práctica, se maneja bajo criterios que ponen un alto a la corrupción, al endeudamiento, a la privatización de servicios públicos y sobre todo que no se permitirá la entrega del país y sus bienes naturales y territoriales a sectores empresariales nacionales e internacionales, que no tienen otro interés más que el lucro a cualquier costo.

4. Mandamos a la Secretaría de Energía y a la ENEE la cancelación formal del contrato para la generación de energía que afecta las aguas del Río Jilamito. Mandamos también la revocación de todos los actos administrativos que dieron lugar a la criminal concesión sobre este río y mandamos igualmente que el Estado asuma la responsabilidad por todas las afectaciones sufridas en el marco de este proyecto y se establezca desde ya un mecanismo para la reparación de estos daños.

5. Mandamos, una vez más, que las aguas Río Jilamito son patrimonio nuestro y por tanto serán usadas para el proyecto de agua potable para la mayoría de nosotros como pueblo. Reiterando el rechazo a la corrupta y violenta concesión a INGELSA.

6. Saludamos y respaldamos la recuperación del tema de energía como un bien público que debe estar en manos del gobierno y Estado hondureño. Entendemos que este cambio significa un equilibrio frente al abuso que por décadas ha tenido el sector privado y que hoy gracias a la corrupción, la usura y su impunidad se mantiene una deuda que es prácticamente impagable.

7. Saludamos y respaldamos la creación de una Política Pública en el campo energético, sin embargo, para llegar a un consenso en el país, primero debemos conocer la situación real del sector a través de todas sus aristas, una de ellas la económica.

Por ejemplo, ¿nos vamos a seguir endeudando para el pago de los intereses de la deuda con los generadores térmicos?, ¿cuáles son las garantías técnicas, económicas y de transparencia que se están proponiendo en las nuevas licitaciones para la compra de energía… se harán a tiempo?, ¿cuál es la lógica de interconexión con los países vecinos y cómo y a qué costo se financiará? Es decir, para nosotros/as la creación de la Política Pública es un medio, no un fin en sí misma y de nada servirá tenerla si en la práctica el sector energético seguirá siendo el “hoyo fiscal” y con unas cuantas familias más ingresando al negocio de la energía.

8. Las comunidades que hoy estamos presentes en este Cabildo Abierto/ Asamblea Popular DECLARAMOS que nuestra participación no debe verse únicamente a partir de los proyectos de generación de energía presentes en nuestros territorios, sino participar y decidir en todo el proceso energético: generación, transmisión, distribución, facturación y en las responsabilidades macro y microeconómicas que este tema genera en el país.

9. Determinamos que en Honduras una “transición energética justa” tiene que combatir el abuso y la impunidad que existe en este tema, razón por la cual, como Asamblea Popular MANDAMOS, como acto de justicia, la cancelación de todos los contratos de generación de energía manchados de violencia, corrupción y violaciones a derechos humanos. La justicia implica el enjuiciamiento a todos los actores públicos y privados participes de esa corrupción y otros crímenes. También mandamos y asumimos la responsabilidad de iniciar el proceso de reparación de todos los perjuicios causados a las comunidades en lucha.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

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Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos:  El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.  

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

  1. Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
  2. Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
  3. Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.   

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos:  El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.  

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

  1. Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
  2. Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
  3. Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.   

La justicia viene, nadie la detiene.

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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para la salvaguarda del Ambiente nos sumamos a la conmemoración del noveno aniversario del asesinato de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto, ocurrida el 25 de agosto de 2013.

Tras nueve años de esperar una justicia que no acaba por llegar a nuestros hermanos y hermanas tolupanes, nos pronunciamos enardecidamente, con la dignidad muy en alto, con la sed más grande de justicia, pero con la determinación inclaudicable de luchar hasta siempre por la dignificación soberana de cada ser humano del pueblo Tolupán.

Nos arrebataron nuestros hermanos y nuestra hermana tolupana. Les asesinaron por oponerse a una minería clandestina e ilegal que despoja a la tribu del usufructo de sus bienes naturales, envenena sus fuentes de agua y contamina su ambiente.

Sus vidas les fueron cortadas con violencia, de la misma manera que los empresarios madereros arrancan los bosques de la tribu y condenan a muerte a la población indígena y toda la comunidad viviente de sus territorios.

 Nos avergüenza la pusilanimidad con que actúa el Estado de Honduras cuando la población exige justicia. La lentitud con que operan el Ministerio Público, la ATIC y los juzgados cuando se trata de hacer justicia a los sectores sociales más desfavorecidos provoca espanto e indignación.

Llamamos al pueblo Tolupán de la tribu San Francisco de Locomapa a construir la unidad justa y solidaria de las 27 aldeas y caseríos y no hacer caso a las empresas madereras y mineros clandestinos que tratan de dividirles para quedarse con las riquezas de los territorios tribales.

Ha llegado el momento que los corruptos, ladrones y asesinos tienen que rendir cuentas. Una nueva unidad se viene construyendo en las 31 tribus del pueblo Tolupán que va creciendo a la vez que exigiendo rendición de cuentas y castigo para los traidores y traidoras del pueblo Tolupán.

Esta ola de dignidad que recorre el pueblo Tolupán ha sido abonada con la sangre martirial de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto y el resto de compañeros nuestros asesinados cobardemente. Continuaremos nuestras luchas abonadas con sus sangres derramadas siguiendo como ejemplo el recuerdo de cómo enfrentaban a los cobardes y asesinos con valor, dignidad y determinación.

Los corruptos, los judas de la tribu San Francisco de Locomapa, serán alcanzados por la justicia y deberán dar cuenta, con la debida transparencia que emana de las leyes, de cada uno de los Lempiras percibidos en los años anteriores.

Para la tribu San Francisco de Locomapa, organizada en el Consejo Preventivo de Tribu, llamamos a honrar la lucha de los mártires construyendo la unidad, trabajando organizadamente para engrandecernos como pueblo Tolupán.

Juntos construimos la paz con justicia y dignidad.

San Francisco Campo, 25 de agosto de 2022

Carta de la Asamblea Permanente del Popular a la presidenta electa de Honduras

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Carta a la Presidenta Electa

                                                                                                              Tegucigalpa, Honduras 11 de enero, 2022

Sra. Xiomara Castro

Presidenta Electa de Honduras 2022 – 2026

Señora Presidenta,

Le saludamos como Asamblea Permanente del Poder Popular (APPP), una articulación integrada hasta el momento por 50 organizaciones de base de los 4 puntos cardinales del país, donde nos integramos múltiples resistencias y disidencias populares, que a lo largo de los 12 años de narcodictadura también supimos arrancar victorias defendiendo derechos y liberando nuestros territorios mediante ejercicios directos de soberanía popular comunitaria. Los espacios que integramos la APPP nos sentimos parte directa de la victoria electoral del 28 de noviembre de 2021 que derrotó a la nefasta, criminal y corrupta narcodictadura del Partido Nacional.

Con la autonomía que irreductiblemente nos corresponde como Movimientos Sociales y Populares y en el marco del afianzamiento del proyecto político del campo popular, saludamos la iniciativa de su gobierno de abrir un canal de comunicación para el relacionamiento con las organizaciones sociales del país. Al respecto, considere que varios de los espacios que integramos la APPP hemos asistido a presentar algunas demandas puntuales para que sean incorporadas a su plan de gobierno, especialmente en los primeros 100 días de su gestión gubernamental.

En este marco a la APPP nos mueve además la responsabilidad de trasladarle la decisión de mantener un relacionamiento político en bloque con su gobierno, en el cuál procesaríamos y daríamos seguimiento a las demandas que de manera individual han hecho las organizaciones y las que como espacio articulado, a nivel de políticas, programas y proyectos  se presenten al Estado a través de su gobierno.

Nos interesa también que su gestión tenga claro que la APPP comprende el hecho que su gobierno es y debe ser para toda la hondureñidad y que está integrado por una coalición de fuerzas políticas y parte de ellas representan estructuras económicas histórica y actualmente antagónicas a los intereses y derechos del pueblo hondureño,  en particular al movimiento popular. En ese sentido, confiamos en que su administración se decante por priorizar una gestión en favor del pueblo, pero además confiamos en que Usted y su administración entiendan que en la APPP encontrarán respaldo popular para esa gestión, siempre que la misma promueva y defienda los grandes anhelos del pueblo hondureño y no de los sectores económicos nacionales o internacionales que han llenado de vergüenza y despojo y corrupción a nuestro pueblo.

Igual es importante que Usted y su gestión tengan certeza en que, si en su gobierno se lograrán imponer los intereses de los grupos económicos nacionales o trasnacionales, de otros países o imperios, indudablemente la APPP, con rigor militante, asumiremos la defensa de los intereses del país y del pueblo hondureño.

Finalmente, para operativizar lo planteado en esta misiva, considere nuestra disposición para encontrarnos con Usted y sus equipos de trabajo, en el tiempo y espacio que usted considere adecuado, para procesar nuestras propuestas y los términos de una relación política de complementariedad para la construcción de la Honduras digna y soberana.

Desde nuestra dignidad, nos suscribimos

Asamblea Permanente del Poder Popular

Organizaciones integrantes:                                                       

1.     Organización Caminante.

2.     Plataforma ambiental.

3.     Pueblo Tolupan.

4.     COPA.

5.     Patronato de Castaños de Choloma.

6.     EAC Jardines del Valle.

7.     Escuela de Educación Popular Roger Bados.

8.     CNTC – El Progreso.

9.     CNTC – Fco. Morazan.

10.   CNTC – La Paz.

11.   AJAAS.

12.   Colectivo de Hombres Trans de Honduras.

13.   Mesa de Incidencia para la Gestión de Riesgos.

14.   MADJ.

15.   Bufete Estudios para la Dignidad.

16.   MUNI

17.   MEP-VS

18.   Puras Mujeres

19.   Colectivo Culturas Vivas

20.   Asociación de Estudiantes de Antropología UNAH-CU

21.   Violetas de Maché.

22.   Colectivos Ambientalista.

23.   Campamento Digno por el Agua y por la Vida – Pajuiles.

24.   Campamento Digno por la defensa del Agua – Jilamito

25.   Radio Dignidad.

26.   Consejo Indígena Lenca de Reitoca.

27.   Colectiva Cimarrón.

28.   C.L. Unión y Fuerza.

29.   ADEPZA.

30.   ARCAH.

31.   ENPJ.

32.   MDR.

33.   Trabajo Social – UNAH -CU.

34.   Comunidad de Tacamiche.

35.   MESCAE-UNAH-CU.

36.   Comisión La Tigra.

37.   Escuela de Sociología – UNAH-CU.

38.   MAS

39.   Colectivo de Pueblo y Barrio

40.   Mariposas Libres.

41.   RedComal.

42.   Comité de Afectados por MINOSA

43.   Plataforma Agraria.

44.   Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

45.   El Remolino.

46.   SITRAINA-COPA

47.   FUNDAMBIENTE

48. Coop. Laureles.

49.   Personas independientes.

50.   Trabajadorxs del Arte.

¡Todas y todos a votar por la dignidad!

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En este momento histórico de enorme trascendencia para la vida democrática y republicana de la nación hondureña, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) llama a la ciudadanía en general a elegir honestamente a sus gobernantes. Hay que acudir a votar sin desperdiciar nuestro voto. Hoy, como nunca en nuestra historia, más que votar por los colores o candidatos de nuestra preferencia se trata de votar contra el enemigo común; contra la estructura golpista, corrupta y narcotraficante disfrazada en partidos políticos que siempre han violentado y burlado la voluntad popular.

Luego del golpe de Estado en 2009, la dictadura de la élite empresarial y política del Partido Nacional, Liberal y otros, han asesinado, violentado, saqueado y privatizado el aparato público, colocándonos como el país más desigual de América Latina. 

Hondureños y hondureñas; es prohibido que olvidemos nuestra historia inmediata sobre el robo y saqueo de los fondos para la atención de la pandemia por COVID, entre ellos los destinados para la construcción de los 95 hospitales regionales y 7 móviles, el saqueo del Seguro Social, del PANI, el INJUPEMP, el IMPREMA, el INFOP, la SAG, COPECO, la ENEE, la expulsión de la MACCIH, la aprobación del Código Penal de la impunidad y sus reformas, el fraude electoral de 2017 y todos los crímenes durante las manifestaciones y protestas populares, entre infinidad de atracos ejecutado por las distintas estructuras del actual régimen.

Es condenable la campaña violenta y de odio que ha desplegado el Partido Nacional y las fuerzas ultraconservadoras encabezadas por las instituciones financieras, corporaciones de medios de comunicación, iglesias, y algunos miembros de cuerpos diplomáticos contra la oposición, pretendiendo desmovilizar y desestabilizar el país, generando terror y polarización en la sociedad hondureña. 

Desde nuestra inquebrantable autonomía, en el actual contexto electoral, derrotar la dictadura implica votar por la Coalición de Unidad forjada por las fuerzas de oposición encabezada por Xiomara Castro y las diputadas y diputados que hacen parte de su fórmula. Ante cualquier posibilidad de fraude, nosotras y nosotros llamamos a votar y a defender la voluntad popular en todas las trincheras.

Desde nuestras modestas pero sostenidas experiencias de lucha, incluyendo la electoral en municipios del departamento de Atlántida, llamamos también a las organizaciones populares y sociales y al pueblo hondureño honesto, a asumir que la ruta por la transformación del país pasa por la derrota electoral de la actual narcodictadura golpista y la instalación de una asamblea nacional constituyente originaria y refundacional.

Finalmente, reafirmamos nuestro imperecedero compromiso por continuar en la disputa por el poder y por la construcción de una nueva sociedad y un nuevo Estado guiados por el Buen Vivir y el respeto a la Dignidad humana.

¡Acudamos a las urnas desde la dignidad siempre!

La base del partido Libre y la alianza en SPS: Un voto de esperanza.

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Desde mi militancia en el MADJ y en el movimiento de derechos humanos, reconozco mi simpatía por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y siendo parte activa de la oposición al golpe de Estado de 2009 que finalmente parió a LIBRE, me atrevo a reivindicar mi condición de fundador “periférico” de ese instituto político.

También conozco a Omar Menjivar y conozco el surgimiento y parte del desarrollo de su candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula en el actual proceso electoral. La Alternativa Unificada de libre por SPS, espacio que dentro de LIBRE promovió su candidatura, se propuso trabajar y proponer un proyecto unitario para SPS tomando en cuenta a liderazgos honestos de la ciudad para el gobierno local. La alternativa es o era un espacio de gente con pensamiento, propuesta y buenísimas intenciones y logró motivar a muchas personas al juntar el liderazgo de Omar con el de la joven y dinámica Abogada Alexa Solorzano.

La candidatura de Omar Menjivar se aprobó en una asamblea de organizaciones sociales, como el mismo Omar lo destacaba durante la campaña interna. Es decir, Omar no se postuló, fueron varias organizaciones y personas (no todas las deseadas, pero al final fue un colectivo el que lo postuló) las que aprobaron su candidatura a la alcaldía Sampedrana.

En SPS, Libre carga un pesado desprestigio por un grupo de regidores, diputados y dirigentes locales que por sus prácticas parecen auténticos cachurecos. Por eso, el perfil de la candidatura de Omar (persona honesta, inteligente y valiente) y la forma de legitimarse constituyen un salto cualitativo desde la perspectiva moral y ética del quehacer político. Además, fomenta el espíritu democrático-antigolpista de LIBRE.

Actualmente, quien tiene un mínimo de vergüenza y honestidad está claro que es un deber impostergable sacar del gobierno, local y nacional, a la mafia narco-cachureca. En ese propósito, la idea-bulla de alianzas de la oposición suenan desde que pasaron las elecciones internas de marzo 2021. Las negociaciones que sorprendieron a última hora a la gente más noble e ingenua, venían moviéndose hace varios meses.

Más allá de cualquier subjetividad, con certeza Omar era el mejor candidato a la alcaldía de SPS y desde mi perspectiva una de las mejores a nivel nacional. Igual, dicen que, para octubre de 2021, según las encuestas, él no era el candidato de la oposición con mayor simpatía del electorado sampedrano, se afirma que era el señor Roberto Contreras.

Sin embargo, asumido el propósito sustancial de sacar a los narcos y corruptos que tomaron control del gobierno desde el golpe de 2009, las alianzas entre los actores de la oposición política electoral no solo son válidas, son una responsabilidad patria-matria. No es fácil la decisión de votar por un señor como Roberto Contreras, animador del golpista Micheletti en 2009, pero muchos lo haremos confiando en que el nuevo gobierno local derrotará a la mafia que controla la alcaldía más importante del país y en la integración de la nueva gestión municipal estará Omar Menjivar, sus equipos y su programa de gobierno que prioriza a la gente empobrecida y honesta de SPS.

La historia determinará el acierto o error de las actuales alianzas. Pero, ojalá, las futuras convergencias las definan las bases (en este caso de LIBRE) o el pueblo y que la idea de cualquier alianza de actores políticos la defina un programa de gobierno de largo aliento, orientado por el fomento y respeto a la Dignidad Humana. Ojalá, Omar Menjivar, hubiera tenido la oportunidad de renunciar o negociar su candidatura a la alcaldía, así como le fue aprobada en Asamblea Popular de organizaciones y de personas, y no por acuerdo de la élite partidaria que finalmente le impuso el acuerdo. ¡Ojalá!

¡Desde la Dignidad Siempre!

Víctor Fernández

Coordinación política MADJ.

Ante el ataque a la lucha comunitaria; resistencia y soberanía popular.

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  1. Este 07 de octubre de 2021, el apátrida y criminal Congreso Nacional, una vez más atacó la dignidad y la soberanía nacional, al reformar el nuevo Código Penal y tipificar como delito de usurpación agravada y desplazamiento forzado, todas las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria que el pueblo hondureño organizado ha venido desarrollando en la última década en contra del saqueo de la riqueza común que ejecutan los agentes del capitalismo extractivista. Su propósito es imponer el terror, a través de la cárcel, el desplazamiento y la desarticulación de las luchas en comunidad popular.
  1. En concreto, la mafia hecha gobierno hondureño, esta vez hace uso de sus diputados y diputadas y determina que los campamentos dignos y las resistencias del Pueblo Tolupán en Locomapa, de Pajuiles, de Jilamito, del Sector Florida (Territorios en lucha desde el MADJ), del pueblo Lenca, de Reitoca, del Aguán, del Sur y de muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades; en lugar de ser espacios de ejercicio legítimo del derecho a la participación política, ahora son hechos criminales que configuran los delitos de USURPACIÓN AGRAVADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO y MANIFESTACIONES ILÍCITAS.
  1. La impunidad de la estructura criminal que subyuga a nuestro país, en esta ocasión se expresa en la decisión de perseguir también a todas las personas que sean afines o apoyen las luchas populares comunitarias, dejando claro que las acciones de protesta pacífica serán delito grave si se realizan en grupo, si son apoyadas por funcionarios.as honestos.as, si se realizan en contra de proyectos de desarrollo empresarial y si son proyectos aprobados por ellos mismos como funcionarios del Estado.
  1. La desesperación e ilegitimidad de la mafia empresarial llega al extremo de ordenar a policías, fiscales y jueces a ejecutar la criminalización del pueblo en 24 o 48 horas, en procesos sumarios. Y les amenaza con sanción si no actúan con prontitud y severidad.
  1. Con esta criminal iniciativa legal, en el MADJ, una vez más, nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también  a toda la estructura política detrás de ellos que desde el ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegitimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza en el territorio nacional.
  1. En el MADJ, además de llamar, una vez más, a la unidad para el pensamiento y lucha estratégica en contra del régimen mafioso, asumimos el desafío de seguir resistiendo y construyendo soberanía comunitaria y popular desde la Dignidad.
  1. Junto al poeta cantor decimos, no es tiempo de recular es justo el tiempo para luchar, con audacia e inteligencia, en todas las trincheras y levantar la bandera de la dignidad.

Los pueblos, la gente, en comunidad sabremos hacer justicia.

                                ¡Hasta la dignidad siempre!      

San Pedro Sula, Cortés, 08 de octubre del 2021