NUESTRO PENSAMIENTO, “ES QUE AQUÍ, ASÍ ES.”

Publicada el 03/09/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Iniciamos el mes de Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras; injusta, corrupta y violenta.

No podemos seguir viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político de liberación y transformación del país.

En Honduras, la intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en manos transnacionales, la corrupción y la muerte.

El Estado Hondureño, que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda, así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.

El anterior 01 de septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la libertad.

Las siete personas son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez. Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de presentarse el requerimiento fiscal.

Desde el MADJ nos solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes despojan permanentemente al país.

Hacemos el llamamos al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la altura de la transformación que requiere el país.

Desde nuestra base comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un nuevo país.

Ante lo anterior establecemos que;

Que no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y violencia.

Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.

Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.

Que ante el mal llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse, a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y transformación de Honduras.

Desde la resistencia a la soberanía con dignidad.

Desmilitarización y retiro de agentes policiales de San Juan Pueblo, Atlántida, exigen Organizaciones de Derechos Humanos

Publicada el 20/08/2019 | por comunicaciones | 1 comentario

Al menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso legal orientado a evitar detenciones arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de la zona.

El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales obstrucciones y amenazas a la libertad e integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.

Como cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos de San Juan Pueblo”.

En la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III, apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de San Juan Pueblo.

En la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.

En una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook, desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más vinculadas a la organización.

Un hecho reciente, fue el ejecutado en la última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la presidencia del señor Juan Orlando Hernández.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de movilización social.

Continuaremos señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares. Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.

En ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo, Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.

Posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial de Honduras.

Publicada el 16/08/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera:

Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante, apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional.

Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.

Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular, por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.

La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas.

Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos; hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos.

Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país de avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental, la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.

Organizaciones populares y de lucha territorial.

Honduras, 15 de agosto de 2019.

Auto de Formal Procesamiento por otorgamiento ilegal de permisos mineros en territorios de Tribu Tolupán

Publicada el 08/08/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.

¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró obtener ayer Auto de Formal Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.

En relación a este caso el Ministerio Público recibió una denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A, específicamente de extracción y traslado de antimonio.

Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro, lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño, quien compareció en su condición de gerente general y representante legal, solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio, siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y pagando una suma de dinero por la misma.

En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro, al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.

Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de abuso de autoridad.

El antimonio es un elemento semimetálico que principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes, vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.

Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa de su territorio.

Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus, CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.

Declaración de la XI Asamblea General 2019 del MADJ “Juan Samael y José Salomón, ¡Presentes!”

Publicada el 06/08/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.

Reunida en el Centro de Formación Finca Torogoses, la militancia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita, Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes al departamento de Atlántida, las Tribus del pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente, ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional declaramos y comunicamos que:

El mundo, y de nuestro interés particular Honduras, sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras, ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la precarización acelerada de los derechos en general.

Las consecuencias son palpables, estamos ante un modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo, explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr un control absoluto de los territorios.

Ante ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.

Así, reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio, social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la resistencia a la soberanía con dignidad.

Para ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo ha reafirmado su razón de ser, llegando a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las resistencias y desde el país.

Ante los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.

Por esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de la dignificación de nuestra patria.

Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la soberanía con dignidad!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

MÁS DE 100 ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL CONDENAN CRIMINALIZACIÓN DE 9 INDÍGENAS TOLUPANES EN HONDURAS.

Publicada el 18/07/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.

Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.

Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.

Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010.

Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad.

En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos.

Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas de los cargos.

Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.

A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.

Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.

Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.

Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.

En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.

Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.

Organizaciones firmantes:

Alemania
Colectivo Cadeho
Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar

Bélgica
Red Europea de Comités Oscar Romero

Canadá
Comité por los Derechos Humanos en América Latina
Guatemala Community Network
Todos por Guatemala
United for Mining Justice

Colombia
Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)

Estados Unidos
Alliance for Global Justice
Central American Resource Center (CARECEN) — DC
Franciscan Action Network
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Hands Off Honduras – Minnesota
Interfaith movement for human integrity
Nicaragua Center for Community Action
Parlamento Maya USA
School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay
SOA Watch
Witness for Peace Solidarity Collective

El Salvador
Asambleas Comunitarias de El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

España
Anticapitalistas Madrid. Área Internacional
Comunidad Centroamérica en España
Plataforma por Honduras en Madrid
Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)

Guatemala
Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA
Bufete para Pueblos Indígenas
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos
Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Comité de Unidad Campesina (CUC)
Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro
Festivales Solidarios
H.I.J.O.S. Guatemala
Instituto Amaq’
Prensa Comunitaria
Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Honduras
APAF-INFOP
Asociación LGBT Arcoiris de Honduras
ASONOG
BAMBÚ
Bloque Popular
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT)
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH)
Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Conexihon
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA)
Ecuménicas por el Derecho a Decidir
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras
Juventud del Milenio
La Insurrecta
Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan
Puras Mujeres
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)
Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz
Somos Muchas
Terco Producciones
Unión Estudiantil Morazanista (UEM)

Italia
Collettivo Italia Centro America, CICA

México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Noruega
Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)

Venezuela
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)

Regional
Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Cruz Morada Hondureña
Fads
Hablemos de Derechos Humanos
Honduras Solidarity Network in North America
Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
JOPRODEH
La Cadejos, Comunicación Feminista
La Voz de los de Abajo, Chicago
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4-
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Protection International Mesoamérica
Task Force on the Americas
The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional
CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil
Confederación General del Trabajo
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza
JASS (Just Associates)
Migrant Roots Media
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)
Trocaire

ATAQUES CONTRA FAMILIAS LENCAS SON SISTEMATICOS Y AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA

Publicada el 17/07/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.

Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.

Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.

El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.

Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.

Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos con el pueblo Lenca.

SUSPENDEN AUDIENCIA DE INDÍGENAS TOLUPANES PORQUE FISCALES Y JUECES SE VAN DE VACACIONES.

Publicada el 02/07/2019 | por comunicaciones | 1 comentario

MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:

El Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia, bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligencias propias de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”

Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.

Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado 24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa, organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Las nueve personas indígenas acusadas, a través de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los 28 mil de árboles de su territorio.

El proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que no pertenece a la tribu.

La beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del bosque desde octubre de 2017 a la fecha .

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

Publicada el 25/06/2019 | por Heidy Alachán | Dejar un comentario

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

9 índígenas tolupanes e integrantes del MADJ criminalizados por defender su territorio ancestral

Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.

Con este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la institucionalidad hondureña encargada de protegerles.

¿Cuál es el origen del conflicto?

La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa, se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán tiene 5,000 años de existencia, tiempo en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma, cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.

Desde 1864, el territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.

Diversas circunstancias de conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el saldo del conflicto ha sido fatal.

La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino. A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles para la generación de energía eléctrica.

El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295 metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la comunidad.

Desde el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.

La criminalización como herramienta en favor de los intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores

Primera proceso en 2010

En vista de las acciones de la tribu, el 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF.

Al día siguiente, 16 de marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados, en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.

El procedimiento judicial se vio cargado de vicios de ilegalidad por lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8 indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión. Dicha resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio.

Segundo proceso en 2012

El antecedente que constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo así que, el 03 de enero de 2012, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo día.

La acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu realizó en el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el cual autorizó el corte 5,666 árboles de pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF.

Nuevamente, el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por parte de la Corte quien determinó dictar sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.

Finalmente, el Estado hondureño admitió, a través de ambos fallos de La Corte, que “la protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Baño de sangre indígena: El saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos Anuales

Además de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir del año 2013.

2013: Triple asesinato

El 25 de agosto de 2013, mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San Francisco como quienes cuidan los intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales y María Enriqueta Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y ubicados, pero aún no han sido capturados y sometidos a un proceso penal.

2015: Asesinato de Luis Reyes Marcia

El 5 de abril de 2015 fue asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas, debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de 2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos mineros.

2015: Asesinato de Erasio Vieda Ponce

El 18 de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.

2019: Doble asesinato de Salomón y Samael Matute

El 25 de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y verbales en horas de la mañana Juan Samael y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana, particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la población tolupana[3].

José Salomón Matute y Juan Samael Matute se constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].

Más de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al conflicto en total abandono institucional

El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.

Existe un acumulado de más de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos investigativos sin ningún avance.

La resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral

A pesar del alarmante y adverso escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.

El 16 de febrero de 2018 se reinstaló el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.

Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.

[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias. Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.

[2] “Por defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/lasultimas24/381509-97/por-defender-sus-tierras-mataron-a-tres-tolupanes. Último acceso 24 de junio de 2019.

[3] “General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019. Disponible en: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro Último acceso: 27 de febrero de 2019.

[4] “Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn, Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/30/etnia-tolupan-se-suman-a-huelga-de-hambre-en-honduras/ Último acceso: 27 de febrero de 2019.

En salud y educación: no hay diálogo sin derogación

Publicada el 04/06/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.

Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.

Es nuestra determinación continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.

Como Movimiento Amplio, hacemos nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.

Condenamos y reprochamos los llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.

Llamamos al pueblo, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.

La voz de un pueblo unido es voz soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.

¡A luchar y luchar!

Honduras, 3 de junio de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia