Por segunda ocasión
consecutiva en los juzgados de Tela, en Atlántida, Honduras, se ha reprogramado
la audiencia preliminar que debe desarrollarse contra 12 luchadores sociales de
las comunidades de Pajuiles organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia.
La primera vez que
se pospuso la audiencia se debió a la no asistencia de los representantes de la
empresa Hidrocep y los representantes de las instituciones del Estado y ayer se
reprogramó debido al fallecimiento de un pariente de la jueza que conoce la
causa.
Este proceso de
criminalización data del año 2017 cuando nuestros compañeros fueron engañados
por la policía nacional al solicitarles su tarjeta de identidad con la excusa
que debían llenar un reporte para sus superiores donde indicaban que le
brindaban seguridad al campamento digno por la defensa del agua y la vida, pero posteriormente ese listado fue utilizado
para criminalizarlos y mantenerlos bajo medidas sustitutivas a la prisión hasta
el día de hoy, esto ha causado perjuicio económico y en la salud de nuestros
compañeros debido a que la mayoría son personas de la tercera y cuarta edad.
Por este caso el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia inició junto a varias
organizaciones nacionales e internacionales una campaña mediática que llamamos
«La criminalización del sombrero» en honor a nuestros compañeros
campesinos que hoy siguen siendo afectados por las instituciones del Estado
para favorecer a una empresa del modelo extractivo.
Las y los pobladores de
Pajuiles suman casi mil días continuos en la lucha por cuidar el rio y la
Sierra Nombre de Dios que es fuente de vida para más de 20 comunidades en esta
zona del país, mientras tanto el empresario sigue gozando de la impunidad que
le da como beneficio el servil actuar de la justicia hondureña.
Marco Tulio Cruz Cruz es el nombre del líder campesino que fue encontrado asesinado este día en el crematorio municipal de Sonaguera en el departamento de Colón, zona del bajo Aguán en Honduras, territorio en permanente lucha social ante el despojo al que históricamente han sido sometidos sus habitantes.
De acuerdo a la denuncia realizada por defensoras de Derechos Humanos en el bajo Aguán “Hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, sacaron de su vivienda a Marco Tulio Cruz, ante la presencia de su madre, y hermano, el defensor de #DDHH Rigoberto Cruz (a quien golpearon)”, anoche en Sonaguera, Colón.
Durante su vida Marco Tulio luchó junto a sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación de tierras, situación que le llevó a enfrentar violentos desalojos por parte de las autoridades hondureñas cuando él era parte de la empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos. Hace pocos días había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en proceso de recuperación.
El patrón del crimen en contra de Marco Tulio Cruz Cruz se asemeja mucho al que utilizaron los asesinos del indígena y luchador social Milgen Idan Soto Ávila, quien fue raptado y posteriormente asesinado en las montañas de Yoro, su cuerpo fue encontrado enterrado el viernes 27 de septiembre de 2019.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenamos el asesinato de los líderes y luchadores sociales de nuestro país, pero además condenamos los patrones de ejecución a los que están siendo sometidas las personas que luchan por los bienes comunes y la defensa del territorio en Honduras.
3 de octubre de 2019. Parque Central de La Ceiba, Atlántida. Honduras.
¡ATLÁNTIDA CON VIDA Y DIGNIDAD!: Nace estructura departamental
Este 3 de octubre de
2019, la Ceiba fue el escenario del nacimiento y lanzamiento oficial de la
estructura departamental “Atlántida con vida y dignidad”, después de casi dos
meses de gestiones, conformaciones de alianzas y acercamientos entre diversos
actores y sectores en torno a un objetivo común: trabajar en función de
asegurar calidad de vida a la población del departamento y fortalecer la
capacidad de participación y decisión de esta en el rumbo de sus bienes
naturales y demás aspectos de su vida social y política en general.
“Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún no se han incorporado y tienen interés de hacerlo”.
Martín Fernández, MADJ.
Atlántida con vida y
dignidad es producto de tres reuniones previas en las que se procuró el
encuentro de distintos espacios y también de la ciudadanía común. Dentro de
estas se discutieron las principales problemáticas comunes que enfrentan los
distintos municipios, destacando la falta de agua, la quema y deforestación de
la montaña, las iniciativas en torno a mineras e hidroeléctricas, entre otros,
en los cuales la sociedad en general del departamento no ha estado teniendo
participación.
Después de escucharse y
escuchar a las poblaciones, se pensó en la necesidad de articular trabajo en
todo el departamento con representaciones genuinas de cada municipio, en crear
y lanzar un espacio que pudiera aglutinar todas las fuerzas e impulsar un
proceso en torno a temas fundamentales para la vida departamental.
Fue así que, el día de
ayer el Parque Las Banderas fue el punto donde se convocaron distintas
organizaciones impulsadoras de esta iniciativa como ser el Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia, la Pastoral de la Iglesia Católica de Jutiapa de
La Ceiba, Nuestra Señora del Pilar de Arizona, FUPNAPIB, Madre Tierra de La
Ceiba, Asociación de Juntas de Agua de Jutiapa (AJAJUTIA) y otras que se
sumaron en el curso de las diversas reuniones previas como ser diversas juntas de agua, patronatos sectoriales, entre
estos los del Florida, Pajuiles y Jilamito, la Junta de Agua de San Juan Pueblo
y ciudadanía interesada e involucrada en la vida del departamento. Del Parque
Las Banderas la movilización se dirigió hasta el parque central donde se llevó
a cabo el lanzamiento oficial del espacio.
El lanzamiento llevado a cabo el día de ayer fue un acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas y problemáticas principales.
Martín Fernández, MADJ.
A criterio de Martín
Fernández, integrante de la Coordinación General del MADJ el lanzamiento
llevado a cabo el día de ayer “fue un
acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y
población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta
dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas
y problemáticas principales.”
Atlántida con vida y
dignidad va más allá al referir que dentro de sus objetivos principales está proponer
acciones concretas que aseguren un rumbo adecuado del departamento, esto
implica increpar a autoridades locales y nacionales e instituciones como el
Instituto de Conservación Forestal (ICF), MiAmbiente, entre otras, a fin de que
estas respondan a las demandas de la población y de notificarles el proyecto de
vida que desean para el departamento.
“Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún nose han incorporado y tienen interés de hacerlo”, explicó Martín Fernández.
Es claro, Atlántida
camina con paso firme hacia su dignificación.
Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.
Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.
También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.
Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia condena la actitud criminal con que heraldos de la muerte
intentaron amedrentar y hacer daño a nuestra compañera de siempre y periodista
al servicio del pueblo, Sandra Maribel Sánchez. La tarde de ayer, 26 de septiembre,
individuos desconocidos con armas en mano amenazaron con secuestrar y atentar
con la vida de Sandra Maribel Sánchez en la ciudad capital, Tegucigalpa. No se
trata de delincuentes comunes; los criminales que atentaron contra Sandra
Maribel son más bien sujetos perversos organizados en grupos criminales que
actúan protegidos por el manto de poder e impunidad con que la narco dictadura mantiene
secuestrada la nación Hondureña.
Reconocemos en Sandra Maribel Sánchez
nuestra amiga y compañera permanentemente, solidaria desde aquellos días de
abril y mayo del 2008, cuando la huelga de hambre de un puñado de fiscales
honestos y paría nuestro Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; desde
entonces hasta ahora Sandra Maribel ha sido solidaria y defensora de las causas
sociales y políticas de nuestro movimiento social que va creciendo y permeando
comunidad tras comunidad del territorio nacional. La periodista Sandra Maribel
Sánchez es una voz profesional, autorizada, legitimada, justa y digna que ha
sido capaz de vencer la mentira, el asalto, las idioteces y demás engaños con
que militares, empresarios extractivistas, funcionarios públicos y el cartel
Hernández ha intentado mantener engañada y dividida a la población hondureña.
Sandra Maribel; voz de colonizadora,
de mujer inclaudicable en lucha abierta contra el patriarcado imperialista, voz
ciudadana que defiende los derechos de las mayorías humilladas y despojadas de
este país, voz de una generación que exige a gritos el más elemental respeto a
la dignidad humana, el derecho a ejercer soberanía sobre nuestros territorios y
bienes naturales, el derecho a vivir en paz con seguridad social; a vos, Sandra
Maribel, nadie podrá silenciarte porque tu palabra pertenece al pueblo; y el
Movimiento Amplio comparte tu causa.
El intento de secuestro y asesinato
contra Sandra es la evidencia tangible de la grave situación que periodistas y
comunicadores populares confrontan a diario ante la estructura criminal de la
dictadura EEUU – Hernández.
Por ello y más el Movimiento Amplio
con profunda indignación condena las acciones de las hordas asesinas que intentan
silenciar a quienes hablan desde el pueblo y por la construcción de una
Honduras más nuestra, más popular, digna y justa.
No estás sola Sandra, nosotras y
nosotros somos más.
Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos
y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés
al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC),
fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.
Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los
campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la
prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de
San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.
La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro
Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución
de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una
individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado
defensor, Pedro Mejía, manifestó “Los
medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o
permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el
señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a
nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer
ninguno de los imputados”.
En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que
no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados
los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres
personas y además, “existen
informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su
propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento
en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en
virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.
Y
en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas
a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la
alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y
compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado
para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos
acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de
causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud
de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de
un derecho”.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran
victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del
Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que
pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.
Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha
cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y
el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un
juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y
naturales.
Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que
valientemente están enfrentando.
A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y
compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos
que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las
generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.
Que condenamos estas acciones de criminalización y
penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares en complicidad con las autoridades hondureñas
del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía
Nacional.
Repudiamos la actitud servil de las instituciones de
nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.
El 05 de septiembre el Gobierno
del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor
parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano
extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de
despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los
bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos
agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e
irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las
declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria
de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han
realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva
del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene
gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios
en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El
Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez
otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue
otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La
Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en
protesta contra la empresa William &
Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual
la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.
Las y los luchadores políticos
y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares,
enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación
injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una
cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en
defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de
procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes
provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de
Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática,
persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los
que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los
bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario
a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de
las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual
cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación,
agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones,
sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre
que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en
esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación,
asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas,
funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de
acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional
como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar
algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y
sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo
y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo,
violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización
por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre
de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de
Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las
ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida,
Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas
que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar
el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
Mientras mantiene encarcelados,
criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales
en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por
la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.
El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha
generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya
establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales
Honduras es suscriptor.
Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del
juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida
por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona
del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir
que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y
la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto
habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de
agua.
Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los
lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital
empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San
Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y
el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán
la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas
asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de
impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes
comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas
sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite
en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos
originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la
institucionalidad hondureña.
La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de
instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad
Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos
proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el
mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la
venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte
en sequía para los pueblos.
La doble moral y el doble discurso de
Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su
preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua
siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con
más efectos negativos para el pueblo.
Desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las
comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes
de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes
represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los
pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón.
Seis años transcurridos desde el
triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto
Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes,
asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su
institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso,
nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan,
habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos
dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros
derechos.
Es de su conocimiento que dichos
asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros
bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año
1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales
el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.
La falta
de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores
intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de
febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente
asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos
advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes
piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar
de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia
e indiferencia del Estado y de su institución.
Ustedes
conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra
de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto.
Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones
irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro
pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la
destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de
agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.
Durante 6
años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las
investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese
mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros
denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de
nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de
los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del
delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el
próximo 13 de septiembre de 2019 a las 09:00
am en el juzgado de Yoro.
Este
comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el
Estado a través de su institución en
confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia
territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con
certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol,
Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del
país. Ante todo esto, hemos comparecido
ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los
abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas,
teniendo únicamente el silencio del Estado.
Respondan
ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público
responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se
trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes
naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se
han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro
bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San
Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la
empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?
¿Cinco
asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la
urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan
actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus
instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?
A 6 años
del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de
nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con
nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;
Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.
No queremos llorar más muertes, no
queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que
enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de
Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.
Tribu San Francisco de Locomapa,
Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.
26 de Agosto del 2019.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
