– El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula aceptó este martes la acción de amparo interpuesta por un grupo de trabajadores del sector de las carretas de la ciudad, quienes son representados por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED). La demanda de amparo fue presentada debido al despojo arbitrario de caballos y carretas por parte de la Corporación Municipal de San Pedro Sula (CMSPS).
La decisión judicial ya ha sido notificada a la Corporación Municipal de esta ciudad, y el plazo de cinco días hábiles para remitir un informe del caso ha comenzado a correr. En la resolución, el juzgado ordena que la Alcaldía encabezada por Roberto Contreras responda dentro de ese término por las incautaciones y las acciones de hostigamiento, bajo advertencia de que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir en abuso de autoridad.
La acción de amparo fue presentada porque la CMSPS ha violentado el derecho al trabajo, la propiedad, el debido proceso, la defensa y no discriminación, al confiscar sus animales y herramientas de trabajo sin el debido procedimiento legal. También se ha incurrido en amenazas, agresiones físicas y el uso de fuerza excesiva por parte de agentes de la Policía Municipal.
El pasado 23 de octubre, al menos 40 agentes de la Policía Municipal agredieron a un grupo de carreteros en la 20 calle del barrio Las Palmas, cuando éstos buscaban dialogar con el alcalde Roberto Contreras para resolver el conflicto. Los agentes municipales hicieron disparos con armas de fuego a los carreteros, quienes también fueron golpeados por los uniformados. Los videos de la agresión, que se han difundido ampliamente, evidencian la violencia desproporcionada contra los trabajadores.
El alcalde de la Municipalidad Roberto Contreras ha manifestado que los caballos son robados, que existe maltrato animal y que San Pedro Sula es “una ciudad de primer mundo”, además, se ha referido a los carreteros como “chucos”, denigrándolos y estigmatizándolos, bajo la premisa de que en San Pedro Sula existen un plan de “modernización urbana”.
La resolución del juzgado abre la puerta para que los carreteros puedan buscar una reparación por las posibles violaciones de sus derechos y, además, garantiza que la Corporación Municipal de San Pedro Sula comparezca ante la justicia para rendir cuentas sobre las denuncias presentadas.
San Pedro Sula, Cortés, 5 de noviembre de 2024