Bloque Popular Campesino e Indígena

¡A defender nuestra tierra!

Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena para defender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:

  1. Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.

Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.

Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.

  • Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.

A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.

Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.

El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.

La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.

3.      Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas

La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.

4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:

a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.

b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.

c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.

d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.

Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Plataforma Agraria del Aguan.

Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.

Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).

Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).

Sector Tacamiche.

Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.

Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).

En el 15 aniversario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia:

PROCLAMA DEL MAYO POPULAR

El 24 mayo de 2008, en el marco de la histórica Huelga de Fiscales, varios miles de personas, en estos mismos bajos del Congreso Nacional, decidimos darle vida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para que tomara raíz organizativa, propositiva y libertaria en cada parte del territorio nacional donde hubiera dolor y amor por la patria y existiera la necesidad de seguir luchando contra la corrupción, los corruptos con rostro y nombre, contra sus estructuras y sus formas de operar y saquear el país.

La sólida militancia del MADJ, durante estos 15 años, en medio de múltiples tareas impuestas por la realidad del país, no ha dejado de asumir este hermoso imperativo popular y hoy anunciamos nuestra presencia orgánica y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras.

En paralelo, en estos 15 años de existencia del MADJ, las nefastas dirigencias económicas y políticas de Honduras ejecutaron un golpe de Estado, burlaron la voluntad popular en reiterados fraudes electorales, asesinaron, criminalizaron y desterraron a centenares de liderazgos sociales; afianzaron la entrega del territorio, la riqueza y la institucionalidad al gran capital que también es expresión del crimen organizado nacional y transnacional.

La lucha por la Dignidad y la Justicia que ha encarnado el MADJ en este período, le permitió ser parte activa de la resistencia popular contra el golpe de Estado, de la lucha contra el indignante asalto al Seguro Social, contribuyó a la fundación de otros espacios organizativos para librarnos de la narcodictadura y sus burlas electorales, aportó certeramente a la demanda y conquista de justicia contra la estructura empresarial criminal que asesinó a Bertita Cáceres, sumó activamente a la defensa popular de los derechos a la educación y a la salud, volvió cotidiana su agenda de intensa lucha contra centenares de concesiones del territorio nacional y de la digna y patriótica resistencia en contra de las ZEDEs. Y en pleno azote de la pandemia del coronavirus y de los corruptos, nuevamente volvimos a convocar y a sumarnos a la movilización, a la acción política, técnica y humana para evitar los atropellos a la dignidad de la gente.

En este 15 aniversario del MADJ, tras cerca de dos años de la derrota popular electoral del golpismo narcotraficante y corrupto que cruzó toda la existencia de nuestra organización, reconociendo el notorio contraste que nos implica vivir en lucha permanente por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente, mientras actualmente la élite económica y política nos ha heredado un país en el que 7 de cada 10 compatriotas vivimos en el umbral de la pobreza, junto a nuestra militancia ante nuestro pueblo y ante la humanidad entera reafirmamos que:

1. Celebramos la existencia del MADJ como espacio autónomo del movimiento popular hondureño, con presencia y agenda de lucha real en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. En articulación fraterna y respetuosa con otras organizaciones a lo largo y ancho del país y del mundo.

2. Reconocemos que la victoria más grande del MADJ en estos tiempos del imperio del mercado, de los cálculos miserables, de las confusiones del ascenso al poder y de tantas otras bajezas, es jamás haber entregado la bandera de la dignidad y más bien, habernos aferrado a ella como la más hermosa e inalienable utopía popular.

3. Confiamos haber aprendido y asumido, en coherente militancia, la práctica de la solidaridad con todos los espacios que nos ha sido posible, como lo hicimos con los estudiantes reiteradamente criminalizados y vejados en sus derechos, las familias campesinas expulsadas y violentadas de su derecho a la tierra, con los obreros y obreras en sus justas demandas por mejores condiciones de trabajo, con las mujeres y las diversidades y divergencias sexuales, con las comunidades rurales y urbanas y con los pueblos originarios en defensa de su propia visión de la vida y el mundo, como nos mandó la desafiante proclama del 14 de mayo de 2008.

4. Somos una organización que incomoda a las élites del poder y para todos aquellos espacios sociales que no se comprometen de manera honesta con la defensa de derechos. Los ejercicios de lucha popular también definieron al MADJ como un espacio incómodo para propios y extraños, por la intensidad del proceso y porque todas las causas madjtianas no admiten abandono, ni autoabandono, autocompasión, pesares y otras formas de derrota moral. La militancia del MADJ sigue cargando con la responsabilidad de entender la lucha como un privilegio al servicio de la dignidad.

5. Tras la derrota electoral del pueblo contra el golpismo corrupto narcotraficante, el MADJ se reafirmó como un espacio antigolpista, anti bipartidista, intolerante con las prácticas de los capos de la política, la economía y el crimen organizado. Hoy, ante la administración de Xiomara Castro, el MADJ conserva intacta su lucha y su palabra libre y crítica con una administración de gobierno que, aunque la elegimos y promovimos como parte del pueblo, en muchos aspectos todavía mantiene los privilegios y hace negociaciones con los grupos empresariales que han atacado la base de nuestra organización como terratenientes, banqueros, agroindustriales, empresarios de la energía y encumbró a militares y policías golpistas que son los eternos agresores de la hondureñidad.

6. Reconocemos con sustancial frustración que nuestra organización nació hace 15 años para luchar porque instituciones como el Ministerio Público (MP) no se convirtieran en un instrumento del poder corrupto de la nación, como lo es hoy. Esa institución, junto al Poder Judicial y otras, han profundizado su condición de tapaderas de múltiples formas de crimen y perseguidores del pueblo hondureño digno. Es una vergüenza patria que varias decenas de criminales del narcotráfico, incluyendo el expresidente Juan Hernández, hayan sido extraditados a USA y ni el MP, ni la justicia hondureña nunca, ni siquiera, les abrió investigación alguna. Es indignante que casi todas las causas impulsadas desde la MACCIH-UFECIC-UFERCO, que demostraron la presencia de la corrupción en los altos círculos del poder económico y político, hayan terminado en simples escándalos y burlas para el pueblo hondureño víctima del saqueo oficial.

15 años después, entre luchas y victorias dignas, autónomas, soberanas, y entre frustraciones que nos imponen el deber de convertirlas en motores de esperanza para seguir andando el sendero de la dignidad indicamos que:

A. Celebramos con profunda alegría y compromiso que el MADJ nos enseñó, para siempre, a asumir lo público, lo comunitario, lo nacional y lo planetario como una tarea permanente y prioritaria. Andamos convencidos y convencidas que cada una de nuestras cotidianas acciones de lucha por la dignidad impactan y configuran una organización, un país y un mundo con menores injusticias y asimetrías.

B. Abrazamos la novedad que traen los nuevos tiempos, nos abrimos a todas las luchas emergentes y divergentes, conservando la identidad y coherencia ética como patrimonio heredado y defendido por la militancia del MADJ.

C. Reivindicamos nuestro ser como movimiento popular, construido por comunidades de vida, en resistencias y en victorias.

D. Renovamos nuestro compromiso de seguir profundizando el proceso organizativo de base que ha promovido, sostenido y seguirá sosteniendo el proyecto político del campo popular en Honduras.

E. Avanzamos y nos comprometemos a seguir mejorando en sólida articulación con todos los espacios, territorios, organizaciones y comunidades como ya lo hacemos con nuestra hermandad territorial que ya cubre gran parte del territorio nacional.

F. Proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando por desbaratar los planes de la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, que pretende seguir entregando y saqueando la riqueza y la dignidad nacional.

G. Reafirmamos nuestro compromiso por la refundación propia, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y por la refundación real de la sociedad y el Estado hondureño

H. Asumimos el internacionalismo, la solidaridad y el encuentro con otros pueblos del mundo, para hacer causa común en la defensa del planeta ante la depredación imperialista, neoliberal, capitalista y patriarcal.

I. Proclamamos para siempre nuestra opción y determinación de asumir, respaldar y hacer nuestras las causas justas por la Dignidad y la Justicia de cualquier territorio, comunidad u organización en el país y el mundo.

J. Conmemoramos este 15 aniversario en movilización, articulación y en asamblea popular, en reflexión y debate sobre el país digno que estamos construyendo, en los mismos bajos del Congreso Nacional.

Compañeros y compañeras,

El MADJ inicia un nuevo ciclo por la dignidad y la justicia, a favor de nuestro pueblo; el más hermoso y honesto, que se unió hace 15 años para elevar la voz de la justicia y en contra corrupción, con él nos comprometemos a que cada una de las acciones organizativas sea una certera reafirmación que en el MADJ somos y seguiremos siendo más sustancia que forma y más hechos que declaraciones.

24 de mayo de 2023.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Seminario Internacional «Alternativas Energéticas Populares»

30 de marzo de 2023

Tegucigalpa, Honduras

La vulnerabilidad de Centroamérica de sufrir los estragos del cambio climático global y de la

variabilidad de precios de los energéticos, en especial la tarifa eléctrica que depende del precio

internacional del petróleo, sitúa a Honduras en la necesidad de actuar con celeridad en la

transformación del modelo energético prevalente por medio de un proceso de construcción de

iniciativas populares como parte fundamental de la Transición Energética Justa en el que la

participación de las comunidades, las organizaciones sociales, academia y sindicatos se hace

necesario y urgente.

Es así que tras una jornada intensa de intercambio de conocimientos entre organizaciones de

Honduras y otros países del MAR como Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, Cuba y Chile donde

se ha trabajado por la construcción de un modelo energético popular y de diálogo con

representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, el Alcalde de

Arizona, Carlos Chacón y la Congresista de la república, Ligia Ramos, concluimos y afirmamos

que:

➢ La necesidad de transformar el modelo energético corresponde a la necesidad de

garantizar que el 19% de la población hondureña tenga acceso a la energía como bien

común y atender el modelo ineficiente que hoy tiene más del 38 % de pérdidas.

➢ Confiamos en los proyectos alternativos populares que atienden de manera efectiva las

necesidades de los pueblos.

➢ Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno por desmercantilizar el sector eléctrico,

iniciativa que respaldamos y abrazamos. Se debe revertir lo que le pertenece al pueblo.

➢ Se debe democratizar el modelo energético. Debemos debatir entre todos los sectores

la transmisión, la distribución y la generación. Ocupamos participación para que los

pueblos decidan su futuro.

➢ Otro modelo energético si es posible y ya se está construyendo porque tenemos la

voluntad, la sabiduría y la organización comunitaria.

➢ Ese modelo energético popular se basa en la soberanía, la autonomía y las necesidades

reales de los pueblos.

➢ Nuestra lucha también es por una tarifa justa de la energía y la garantía de establecer

un mínimo vital de energía como lo estableció el proceso constituyente en Chile.➢ Demandamos la revisión de todas las concesiones de nuestros bienes comunes y

naturales y de ser encontradas irregularidades en sus adjudicaciones urgimos la

suspensión y cancelación.

➢ Solicitamos desde nuestros territorios que se empiecen a crear las bases para una

asamblea nacional constituyente que nos permita crear y tener un nuevo pacto social

construido desde los pueblos y comunidades.

➢ Reconocemos la diversidad de nuestras resistencias, que somos muchas voces y

experiencias y nos comprometemos por seguir tejiéndolas y juntándolas como ríos en

el MAR. Seguiremos avanzando en el proceso de articulación e internacionalización de

nuestras luchas.

➢ Nos autoconvocamos para el IV Encuentro Mundial de Comunidades Afectadas por

Represas que tendrá lugar en la Amazonía Brasileña en 2025.

Seguimos en resistencia en salvaguarda de los derechos comunes, la lucha por la dignidad

del pueblo cubano y la defensa de la democracia del pueblo peruano nos siguen anunciando

la necesidad construir autonomías en las que la energía es el elemento central.

¡Mujer, Agua y Energía: no son mercancías!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano!

VICTORIA POPULAR TOLUPÁN: NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE TRIBU EN SAN FRANCISCO LOCOMPA

COMUNICADO PÚBLICO

Por este medio la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, del municipio de Yoro, departamento de Yoro, hace del conocimiento a las instituciones gubernamentales, entidades públicas y privadas, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, al pueblo Tolupán y a la población en general, lo siguiente:

  1.  La Asamblea Tribal de la tribu San Francisco de Locomapa (en adelante TSFL), en el año 2011 eligió al señor José Alberto Alonzo Vieda presidente del Consejo Directivo para un periodo vigente de dos años. Sin embargo, pese a que el mandato de la asamblea tribal sólo le facultó para ejercer sus funciones hasta el año 2013, este se mantuvo ejerciendo la representación de la tribu de manera inconsulta e ilegal, violentando la voluntad de la asamblea y negándose a convocar a las comunidades para elegir nuevos representantes.
  • Que durante esta década en que se mantuvo de facto el señor José Alberto Vieda, en confabulación con la junta directiva corrupta de la FETRIXY, empresas madereras, mineras, fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios judiciales, ejecutaron actos de violencia, violación de derechos, saqueo y enajenación del territorio ancestral y asesinatos de compañeros indígenas que se opusieron a sus prácticas corruptas.
  • Que la anterior administración del Consejo Directivo de Tribu siempre benefició a un reducido grupo de indígenas a costa de la riqueza de la tribu, mientras que el resto de nuestros hermanos y hermanas han vivido en condiciones de pobreza y miseria.
  • Pese a las solicitudes realizadas por miembros de la tribu para convocar a elección del Consejo Directivo y recibir respuestas negativas, la Asamblea General en un ejercicio legitimo de autodeterminación de su pueblo decidió convocar a todas las comunidades indígenas tolupanes para elegir a sus nuevos representantes del Consejo Directivo de Tribu.
  • Es así que, reunidos las y los asambleístas en la comunidad de Cabeza de Vaca 2 el domingo 26 de marzo de 2023, se procedió a elegir al nuevo Consejo Directivo de la TSFL para el periodo vigente del 26 de marzo de 2023 al 26 de marzo de 2025. Quedando conformado el Consejo Directivo de la siguiente manera:

Presidente: Ramón Santiago Matute.

Vicepresidenta: Rosa Adilia Vieda.

Secretaria: Yuma Lizzeth Gutiérrez Soto.

Tesorero: Ojer Neptalí Ávila Romero.

Fiscal: Luis Mario Vieda.

Vocal 1: Celso Alberto Cabrera,

Vocal 2: Oscar Armando Vieda Romero.

  • Por tanto, cualquier acción administrativa, judicial y contractual que realice el señor José Alberto Alonzo Vieda en nombre de la TSFL carece de legalidad y será objeto de nulidad, por actuar fuera del mandato de la asamblea tribal.
  • El Consejo Directivo de la TSFL reafirma su compromiso por la defensa y reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de la tribu San Francisco de Locomapa, así como la protección de los bienes y recursos comunes. Y nuestra gestión se compromete a actuar en apego a los deberes y derechos que nos competen como pueblo indígena en el marco de los deberes y derechos contenidos en la Constitución de la república, así como el Convenio 169 de pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Honduras.

San Francisco de Locomapa, Yoro, Yoro. 26 días del mes de marzo de 2023

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO TOLUPÁN DE SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA

Señora Presidenta… en sus manos esta la decisión de frenar la masacre de campesinos en El Aguan…

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) condenamos el vil asesinato del compañero Santos Hipólito Rivas, líder y defensor campesino, fundador de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez y de su hijo Javier Riva; acto consumado el pasado domingo 12 de febrero de 2023, en Ilanga, Trujillo, Colon.

Tan vergonzoso acto criminal nos indigna y llena de luto, nuestra solidaridad, nuestro reclamo de Justicia lo elevamos junto a ustedes compañeros y compañeras de lucha de La Plataforma Agraria y COPA, familiares, amigos y cooperativistas. Ante lo ocurrido nos pronunciamos en los términos siguientes:

  1. Santos Hipólito Rivas era miembro activo en la reivindicación de los derechos de los campesinos por la recuperación de la tierra de la reforma agraria. Debido a su compromiso sufrió agresiones y amenazas a su vida e integridad personal, producto de ello, desde el 28 de marzo de 2019 contaba con medidas de protección interna del Mecanismo de Protección. El estado de Honduras tenía la obligación de proteger su vida. ¿Quién lo asesino? O ¿Este caso pasará a engrosar la enorme lista de personas asesinadas sin que sus victimarios sean castigados por la justicia de la nación?
  2. A la institucionalidad impartidora de justicia le exigimos investigación inmediata de los móviles y aplicación de justicia. Basta ya de su papel servil y cómplice ante los poderes agroempresariales que usurpan las tierras campesinas del valle del Aguán, quienes desde la década de los ochentas hasta la fecha son los responsables del derramamiento de sangre campesina. Ante el crimen del compañero Santos Hipólito Rivas y todos los crímenes cometidos contra los campesinos en El Agua actúen de oficio, cumplan con su obligada responsabilidad.
  3. Recordamos al Estado de Honduras y al gobierno de Xiomara Castro que este es el Séptimo asesinato de líderes campesinos en el transcurso de dos meses, bajo un acuerdo firmado en febrero de 2022 y bajo la responsabilidad de un gobierno que se supone del pueblo y que enarbola la bandera de la refundación de la patria. NO existe gobierno, ni patria ni refundación sin justicia ¿Quién decide el destino del Aguan, el Estado o un grupo criminal? Garantice con hechos concretos la vida y la integridad de las familias campesinas.
  4. Denunciamos a los empresarios responsables directos de la crítica situación criminal del Bajo Aguán. Si la narco-dictadura tuvo capacidad para movilizar tantos efectivos militares y policiales para proteger las fincas privadas ¿Porqué el gobierno de la refundación no puede frenar la persecución, los asesinatos y la violación de derechos humanos que perpetúan los agroindustriales y sus bandas de matones que operan en la zona con total impunidad?

 Hacer Justicia a Santos Hipólito Rivas y demás compañeros campesinos asesinados debe ser la muestra más palpable de su voluntad por devolverle al país su rostro de dignidad.

¡Justicia para Santos Hipólito Rivas!

San Pedro Sula, a los 13 días del mes de febrero de 2023

Conducción Política Nacional del MADJ

Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán

La Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la situación de extrema violencia que se vive en la zona de El Aguán, especialmente contra la dirigencia de las cooperativas que luchan para asegurar la tenencia de sus tierras. En ese sentido, denunciamos que:

1. Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán y redoblar las amenazas en contra de cualquier compañero o compañera que luche por la tenencia de su tierra y denuncie las permanentes violaciones a sus derechos humanos. Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria.

2. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato.

3. Condenamos los comentarios de la mafia criminal que opera en la zona y que se disfrazan de empresarios agroindustriales que se quejan de la violencia que ellos mismos promueven. Responsabilizamos a Corporación DINANT y las otras empresas en la zona, de cualquier asesinato en contra de los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA. Estos actores son los mismos que han generado violencia desde hace varios años en el valle de El Aguán ante la vista impune del Ministerio Público

4. Las organizaciones campesinas firmamos convenio con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la extrema violencia, investigar las violaciones de derechos humanos y asegurar el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra despojada al movimiento campesino. Luego de la firma del Convenio y de las acciones legales impulsadas, las empresas agroindustriales han respondido reactivado las redes criminales para generar más violencia en los últimos meses, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reivindican el derecho de acceso a la tierra. Las consecuencias negativas de este proceso las ha sufrido el movimiento campesino.

5. Rechazamos los comentarios injerencistas y parcializados de la embajadora estadounidense sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra. Le aclaramos que, el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado.

6. Finalmente, indicamos que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle del Aguán. Son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, al Estado de Honduras exigimos:

a. Implemente acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los que conformamos el movimiento campesino del Aguán.

b. Que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz líder de Corporación Dinant por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.

c. Que el Gobierno retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y que proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona del Aguán.

Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad

El grupo venezolano «Los Guaraguao» visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico

Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.

Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.

La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.

Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.

Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.

Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos:  El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.  

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

  1. Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
  2. Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
  3. Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.   

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos:  El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.  

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

  1. Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
  2. Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
  3. Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.   

Pronunciamiento: No financien más la violencia y el despojo hacia nuestras comunidades

Las comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo en Honduras organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en relación a la visita que desarrolla en nuestro país el señor Scott Nathan, Director Ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) nos pronunciamos de la siguiente manera:

  1. Informarle que las y los habitantes de Arizona, Atlántida tenemos 1880 días (al día de hoy 08-07-2022) de permanecer en Campamento Digno por la Defensa del Rio Jilamito, lugar desde el cual las comunidades nos hemos unido para rechazar la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito que la DFC ha financiado y que ha venido a poner en mayor riesgo el acceso al agua para casi 30 mil habitantes de este sector.
  2. Informar que, hemos hecho uso de las formas legales y legitimas de participación ciudadana y a través de cabildos abiertos desarrollados desde el año 2015 las comunidades determinamos que el río Jilamito es para uso y consumo humano, decisiones que ratificamos en el año 2018 y 2019.
  3. Lamentar la postura y decisión de la Embajada Americana en Honduras y del señor Nathan de excluir o no tomar en cuenta a las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos que ha venido financiando y que hasta la fecha sigue generando conflicto y criminalización hacia luchadores, luchadoras sociales y sus comunidades en Honduras.
  4. Notificar que como organización que aglutina comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo, especialmente de Arizona, Atlántida, hemos recurrido a su institución mediante cartas firmadas por congresistas norteamericanos y organizaciones hondureñas, para pedir que la DFC detenga el financiamiento en específico del Proyecto Hidroeléctrico sobre el río Jilamito que pretende imponer la empresa Ingelsa.
  5. Denunciar los vicios de corrupción con los que fueron adjudicadas las concesiones para generación de energía y en especial la concesión del rio Jilamito para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Jilamito y que hasta la fecha los funcionarios hondureños no han investigado ni mucho menos han deducido las responsabilidades por estos actos, pero, además, por las violaciones a derechos humanos que este proyecto ha generado en la zona donde pretende construirse con ayuda de la DFC.
  6. Proponemos, financiar el proyecto alternativo de agua potable que las comunidades estamos impulsando como medida de mitigación a la sequía generada por otros proyectos hidroeléctricos en el municipio y la devastación generada por los fenómenos naturales de 2020, nuestro proyecto alternativo de agua potable está en fase de estudios topográficos, beneficiará a 16 comunidades y tendrá su principal fuente de abastecimiento en el rio Jilamito.

No financien más la violencia, el despojo, la criminalización, el hostigamiento e inmigración porque eso es lo que ha significado el proyecto hidroeléctrico Jilamito para nuestras comunidades.

Dado en Atlántida, Honduras a los ocho (8) días del mes de julio de 2022.

Ministerio Público pretendió encarcelar y desalojar a 17 campesinos de Tocoa utilizando reformas inconstitucionales al Código penal

17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.

En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.

Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.

Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.

Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.

Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.

Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.

El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.

Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.

La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.

En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.