LA HISTORIA DE UNA LIDERESA DE JILAMITO Y DEL MADJ, MAGDA DÍAZ

“Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón” 

“Soy Magdalena Díaz, de Arizona, Atlántida, pertenezco al Movimiento Amplio y tengo el cargo de conducción política en el Campamento de la Dignidad de Jilamito”.

Así de escueta es la presentación que de si misma hace Magdalena Díaz, pero que de alguna manera sintetiza un recorrido intenso en sus poco más de 40 años de vida.

Menuda, con la piel trigueña de mestizaje y de sol, Magdalena tiene mucha historia que contar. Hija de campesinos, esposa de un campesino educador que fue asesinado por reclamar democracia y campesina ella misma, de las que no teme labrar la dureza de la tierra para sembrar el sustento de su familia.

Hoy es una dirigente reconocida del movimiento popular en Atlántida, de la misma estirpe de mujeres defensoras de los ríos y de la justicia, como lo fue Berta Cáceres o Margarita Murillo, para citar unos cuantos nombres.

Magdalena, ¿en qué momento se encuentra la lucha por la defensa del Río Jilamito?

Bueno, es bien difícil, porque en el gobierno anterior que tuvimos, del dictador, se pusieron a vender todos los ríos para hacer proyectos extractivos y nosotros confiábamos en que el gobierno actual que tenemos con la presidenta Xiomara nos apoyaría en la defensa de los bienes comunes y naturales, que nos respaldaría activamente en esta lucha digna que tenemos, pero ya va sobre dos años y no tenemos ninguna respuesta concreta…

Entonces siempre vivimos un conflicto bien difícil en las comunidades. En 2024 vamos a cumplir siete años de estar en esa lucha y aún no la hemos solucionado. Como Movimiento Amplio y el Bufete Estudios para la Dignidad se logró la liberación de los compañeros y compañeras que estaban criminalizados, pero el conflicto de fondo no se resuelve porque la concesión del río no ha sido anulada y siempre hay bancos nacionales e internacionales financiando a estas empresas para su proyecto hidroeléctrico en Jilamito.

¿Cuáles son las principales lecciones de estos siete años de lucha?

En estos siete años de existencia del Campamento de la Dignidad hemos pasado alegrías y tristezas. También hemos convivido bien bonito entre los compañeros y compañeras, somos como una familia compartiendo un espacio donde se medita, se reflexiona, se toman decisiones y acuerdos para fortalecer la lucha…

Pero es bien difícil al mismo tiempo porque tenemos compañeros asesinados en el camino, entre ellos mi esposo. Son muertes que siguen impunes.

Como movimiento social y popular sabemos bien que instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no están para el pueblo, ellos están para los empresarios, ellos son los que nos criminalizan. Entonces, ¿qué podemos esperar? Siento que ahora seguimos en la misma temática. En estos dos años, como le dije, seguimos en la misma porque miramos que los funcionarios públicos siguen igual, gobernando como lo han hecho los gobiernos anteriores.

Seguir adelante en la vida
Magdalena tiene muy presente el compromiso social de su esposo, Ramón Gabriel Fiallos, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

Ramón fue un hombre que dedicó buena parte de su vida a luchar por los intereses comunes. Fue parte de los campesinos organizados que reclamó el derecho a la tierra en el valle de Lean y también uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito. Ramón o “Moncho”, como también se le conocía, colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas.

“El venía de una familia con tradición de lucha”, recuerda Magdalena. “Mi suegra me cuenta que él siempre defendía sus derechos”.

Por esas razones no fue extraño que la noche del 22 de enero de 2018 se despidiera de su familia para emprender el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba y unirse a los centenares de ciudadanos que a inmediaciones del puente sobre el río Arizona exigían el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El derecho a la protesta era legítimo, pero no para los usurpadores del poder, y hasta el sitio de la protesta llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación. Al menos una de esas balas impactó a Ramón. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde poco después se confirmó su muerte.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como reconocimiento a su sacrificio. Un honor social que a su familia, como es natural, no compensa la ausencia de justicia que rodea su crimen.

A Magdalena le duele “no tener ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades de nuestro gobierno; su caso es como el de muchos compañeros asesinados por defender los derechos del pueblo”.

¿Cómo ha sido la vida después de su muerte?

Cuando él murió, recuerda Magdalena, me quedaron tres hijos menores de edad y en esas circunstancias es duro seguir adelante, pero la misma injusticia que vivimos en este país nos impulsa a seguir. Indigna ver que nos asesinan compañeros por defender nuestros derechos. Los matan para meternos miedo, pero tanto yo como mis hijos y mi organización hemos demostrado a los empresarios corruptos y a los gobiernos que estamos más fuertes, más valientes y más firmes en la defensa de nuestros derechos. Y sé que la única manera de seguir adelante es con mucha valentía”.

Ahora, prosiguió, estamos organizando un bloque popular en reclamo de que nos devuelvan la reforma agraria. Durante décadas han atropellado nuestro derecho a tener tierras para trabajar. Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón. 

Desde que tengo uso de razón sé que los campesinos no somos prioridad de los gobiernos y por eso es que se mantiene la pobreza en este país, porque la prioridad de los gobiernos son las empresas privadas y no los pequeños productores, enfatizó.

¿Cómo se mantiene? ¿Cómo ha logrado salir adelante con su familia?

“Trabajando; trabajando duramente. Tengo una parcela de tierra, son como tres manzanas y en ellas trabajo, y mis hijos donde encuentran trabajo lo hacen porque saben que siempre han crecido a base de esfuerzo y sacrificio”.

Magdalena, ¿y de dónde le nace la conciencia para defender el derecho a la vida y los recursos naturales?

Mi padre era un campesino revolucionario, y luego mi esposo igual. Me cuenta su mamá que desde joven odiaba la injusticia y siempre le gustó defender los derechos del pueblo. La última noche que él salió de mi casa mientras estaba agachado, amarrándose los zapatos, mientras yo le decía que no se fuera, él me dijo que debemos estar decididos a cualquier sacrificio para que el país cambie, que de lo contrario siempre nos mantendremos así, en la pobreza.

¿Cuál es el objetivo prioritario de lucha que tienen?

Magdalena no vacila en contestar porque tiene clara su respuesta:

“Son varios los objetivos, pero lo más importante para nosotros es lograr que se cancele definitivamente el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en Jilamito y la concesión sobre el rio, que se cancelen también los proyectos de minería que acaban con nuestros recursos naturales y que nos devuelvan la reforma agraria a los campesinos. Pido esto como defensora de derechos humanos no solo para el municipio de Arizona, sino que para todo el país, porque es a nivel nacional que nos están matando a muchos compañeros”.

Con esas metas que animan su vida, Magdalena sabe que no está sola. “Cuando empecé a conocer el Movimiento Amplio supe que debíamos apoyarle, entrarle de lleno y seguir su compromiso social. Así empezamos a organizar las comunidades y por medio de eso es que logramos parar el proyecto hidroeléctrico de Jilamito. Organizados ya miramos como son las cosas y ya sabemos que proyectos como el de Jilamito no traen nada de bueno para nuestra comunidad porque lo único que realmente dejan es la división entre familias y las personas y la destrucción de nuestras fuentes de vida, como el agua que es vital para todos. Yo no tengo ninguna duda; organizados saldremos adelante en esta lucha. Tarde o temprano, pero lograremos que se nos haga justicia”.

Pueblos indígenas de Honduras piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atender impactos diferenciados de emergencia climática en sus comunidades

  • Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
  • Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática. 

En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.

Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.

Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.

Amicus Oral

Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas. 

También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones. 

Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.

Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de  Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.

En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.

La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas. 

Contacto para prensa:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

  • Ileana Morales

ileanamorales2003@yahoo.com.mx

  • Víctor Fernández

sanjuanvic@yahoo.com

¡ALTO AL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO!

¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!

El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel. 

  1. Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
  2. Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
  3. Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
  4. Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.

Tegucigalpa, Honduras, 20 de noviembre de 2023. 

LA TIERRA Y EL TERRITORIO ES NUESTRO DERECHO

Señoras y señores del Gobierno,

Hoy centenares de familias campesinas e indígenas de diversos territorios a nivel nacional hemos venido nuevamente a Tegucigalpa a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde… somos sus legítimos dueños y no las empresas agroindustriales que ustedes defienden.

Hoy venimos a exigir a nombre de los centenares de compañeros /as campesinos /as que han sido asesinados por defender su tierra, cuyas muertes TODAS siguen impunes, que pasen de sus discursos bonitos y de sus nuevos actos proselitistas a acciones concretas…queremos que este gobierno que se dice ser del “Socialismo Democrático” cumpla de una vez por todas con su promesa de dar y asegurar la tierra para el sector campesino.

La única iniciativa integral para el sector agrario ha sido la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, bajo una lógica policial y militar, que finalmente confirma a la luz de los más de 40 desalojos que se han realizado a lo largo de este año, se convirtió en una comisión de represión a las familias campesinas y de aseguramiento de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.   

Para nosotros es evidente que es la cúpula del gobierno la que direcciona la problemática de tierras en el país, y que el papel nefasto de instituciones como el INA tiene la venia de Casa Presidencial,  que hoy en día es la responsable directa de los desalojos, de los centenares de familias que no solo han sido desterradas, sino desechadas, tiradas a cualquier lugar, campos llenos de alimentos han sido arrasados sin importarles el hambre de nuestras familias, nos tienen con decenas de órdenes de captura, con campesinos y campesinas con medidas cautelares huyendo de su entorno….

Y un hecho básico e inicial para recomponer el campo agrario pasa por la separación del cargo y de esa comisión del Director del INA por su complicidad y favoritismo con los sectores industriales, y en el caso de las disputas de tierras en territorio indígena simplemente rehuir el tema… necesitamos mínimamente que esta Comisión de Seguridad Agraria funcione para sentir que avanzamos.

Sabemos que la obligación de respetar nuestro derecho a la tierra es un trabajo que debe ser garantizado por diversas instituciones, por esta razón nos dirigimos a algunas de ellas en los siguientes términos:

A la Corte Suprema de Justicia/:

Le exigimos resolver los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021 y derogar la utilización de figuras penales como el desalojo preventivo y la usurpación como mecanismo para criminalizar la protesta pública y para desmovilizar y castigar a quienes defendemos la tierra, el territorio y los recursos naturales que en ella se encuentran.

Indicamos que el silencio de la Corte en este tema es un silencio cómplice que esta provocando que decenas de compañeros/as se nos criminalice, tengamos órdenes de prisión y que llenemos los juzgados del país, solo por seguir las órdenes de empresas y empresarios, nacionales e internacionales, violentos y corruptos.

De igual forma les exigimos que dejen de criminalizarnos y llevarnos ante los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia Penal exhibiéndonos como si nuestra lucha por la tierra fuera un delito del crimen organizado.

La gestión de esta nueva CSJ ya avanzó, sin embargo, al igual que en el Poder Ejecutivo, las actuaciones, los fallos y las reformas impulsadas hasta el momento se limitan a la superficialidad de los problemas de justicia que tiene nuestra Honduras, los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de figuras penales que favorecen el uso abusivo del derecho penal y la criminalización de la protesta simplemente no se aborda.

A Casa Presidencial:

Señora Presidente …. qué debemos esperar de usted y en general de su gobierno?

Muchos de nuestros compañeros y compañeras votaron por usted y sus promesas de campaña, confiamos en su programa de gobierno, pero a la mitad de su mandato, el sector campesino en lugar de avanzar, hemos retrocedido.

Al sector campesino, en estos dos años y medio de su gobierno, nos han seguido asesinando compañeros. Solo al Aguán en este 2023 le han asesinado 10 líderes, en el país se han ejecutado más de 40 desalojos y son aproximadamente 3000 familias las que se han quedado sin nada: sin tierra, sin cultivo, sin casa, sin enseres domésticos…

Los que defendemos la tierra y territorio seguimos poniendo el pecho y la sangre frente a los grupos de poder y las élites económicas que siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector agroindustrial.

Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento, pero ya es tiempo de superar este discurso y asumir con acciones reales la nueva realidad del país…ya tienen mayoría en todas las instituciones, por lo tanto, ya no tienen ninguna excusa para no actuar. 

Al Instituto Nacional Agrario

Denunciamos el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria en manos del director del INA, Francisco Funes, sobre el cual exigimos su inmediata destitución como cabeza de esa institución y de la comisión.

Creemos que los espacios de encuentro, investigación y análisis como la Comisión de Seguridad Agraria aún pueden cumplir un papel importante para hacer justicia en el tema de tierras, pero es indispensable que no existan presiones, favoritismos, negociaciones ocultas entre la institucionalidad y los terratenientes y las empresas nacionales e internacionales.

El objetivo principal de la comisión es investigar la tenencia de la tierra, no tramitar las solicitudes de desalojo de parte de las empresas agroindustriales, este y ningún otro debe ser énfasis del trabajo a desarrollar. 

Las familias campesinas, los indígenas NO SOMOS EL PROBLEMA en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente. Ya hemos demostrado y seguiremos demostrando que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos los que han querido desconocerlos.

A la Embajada de EEUU

Denunciamos la presión y el poder que ejerce la embajada de los Estados Unidos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial para favorecer a las empresas que están atacando a los sectores populares y a nuestro sector campesino e indígena.

Puntualmente denunciamos a cuatro estructuras corporativas que sabemos que tienen el respaldo de la embajada estadounidense: Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA), Standard Fruit Company, Azucarera del Norte (AZUNOZA), Aura Minerals Inc./Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) y LACHANSA.

Todas estas empresas son las que verdaderamente se están apropiando de nuestro territorio y ordenando la ejecución de desalojos y se oponen a que se investigue el procedimiento mediante el cual obtuvieron las tierras que ocupan y que están llenas de abuso y corrupción.

Al Congreso Nacional  

Desde el inicio de la instalación de este congreso, hemos exigido de los diputados y las diputadas decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan los abordajes personal-político- partidarios, frente a temas como la justicia, la credibilidad institucional y la legislación honesta, que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

De diversos modos hemos alzado la voz para que eliminen los cálculos personales, de grupos y partidos para que puedan marcar una diferencia real con el Congreso anterior y brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria, pero no, acudimos a un espacio que profundiza la crisis de gobernabilidad en Honduras.

Señores diputados y señoras diputadas, así como han demostrado habilidad y determinación para hacerse de las instituciones que son de su interés, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los sectores populares, campesinos e indígenas que hoy concurrimos a este Congreso del Pueblo.

Bloque Popular, Campesino e Indígena.

Plataforma Dignidad

Plataforma Agraria del Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete de Derechos Humanos: Estudios para la Dignidad

Asociación de Desarrollo en Defensa del Territorio y Sociedad Civil del municipio de Namasigüe

Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)

Pueblo Indígena Lenca de Reitoca

Patronato de la Residencial “Los Castaños de Choloma”

Radio Dignidad

Central Nacional de Trabajadores del Campo-El Progreso

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del Departamento de Yoro

Asociación Nacional de Campesinos de Honduras

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH)

Consejo Indígena Lenca Renacer de Marcala, La Paz.

Pueblo Tolupán de Honduras en Resistencia

Asociación de Juntas de Agua de Sabá

Se denuncia al Estado de Honduras por incumplimientode sentencia que protege los derechos de 15 mil menores de edad en situación de calle

El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.


La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:

  1. El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y
    COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15
    mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula
    y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a
    la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional,
    tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
  2. Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ
    emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el
    Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia
    y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han
    vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de
    15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el
    cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de
    estos derechos.
  3. Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de
    una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los
    derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones
    del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la
    niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas
    ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
  4. A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional
    de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan
    vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples
    acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha
    sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del
    presente.
  5. Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y
    FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
    presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar
    obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo
    ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e
    integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
  6. En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida
    provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en
    el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata
    hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales
    se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera
    se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
  7. También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones
    contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de
    cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que
    sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física,
    psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo
    de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno
    cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos
    fundamentales.

Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.


Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.


¡Hasta la Dignidad Siempre!


San Pedro Sula, Cortés, 12 de septiembre de 2023.

De la Plataforma Agraria del Aguán: Ministerio Público evidencia su compadrazgo e irresponsabilidad al no presentarse a la audiencia de dirigente campesino que exige el cese a la criminalización contra el campesinado

Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado

Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal  Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.

Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para: 

  1. Enfrentar y rechazar una abusiva acusación presentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas. 
  2. Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.

En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.

“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.

Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del  fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.

Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.

Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:

  1. El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
  2. Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
  3. El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
  4. Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
  5. Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.

EL RIESGO QUE REPRESENTA EXPULSAR A LUIS JAVIER SANTOS DE LA ELECCIÓN  A FISCAL GENERAL

Carta dirigida a:

Junta Proponente para la Selección de
Nómina de Candidatos y Candidatas a
Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto
Tegucigalpa, 21 de julio

El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), la Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH) y Abogados sin Fronteras Canadá, como organizaciones sociales legalmente registradas en Honduras y con mandatos relativos a la plena realización de los derechos humanos en el país, nos dirigimos a ustedes en seguimiento a la comunicación pública de la lista de candidatos que han superado la fase de tachas, y, en particular a la situación del Fiscal Luis Javier Santos.

Las observaciones formuladas respecto a la situación del fiscal Luis Javier Santos, vienen ligadas a la existencia de una denuncia contra él por parte de la Procuraduría General de la República en relación con el caso Jeannete Kawas, donde el Fiscal Santos fue el único fiscal que logró orden de captura contra uno de los perpetradores del asesinato de la ambientalista. . Habiendo transcurrido más de 10 años desde el inicio de tal proceso, a la fecha el mismo no sólo carece de resolución, sino que se encuentra en sus primeras etapas de tramitación no habiendo sido siquiera emplazado para contestar la demanda el Fiscal Luis Javier Santos hasta el momento, lo que limita sus posibilidades de conocer de la acción y ejercer su derecho de defensa. En dicho expediente, más allá del cambio de representantes legales, la procuraduría no ha realizado ninguna acción de impulso procesal desde 2016 para emplazar a ningún otro demandado.

Dicha inusual duración del proceso no puede justificarse razonablemente en la complejidad de la causa o en la conducta procesal del investigado, constituyendo una demora principalmente atribuible a la actuación estatal.

Siendo el factor temporal un elemento clave de la garantía del debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el proceso iniciado contra el abogado. Luis Javier Santos podría representar una conculcación al derecho a una justicia pronta y eficaz reconocido por normas como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Honduras hace propias y ha incorporado a su derecho interno.

Consideramos igualmente relevante para la valoración de la prolongada tramitación de la causa y, en último término, de su propia existencia, tomar en consideración las funciones de lucha contra la corrupción que viene desempeñando el fiscal Luis Javier Santos, como director de la UFERCO.

Los defensores de derechos humanos y operadores de justicia que luchan contra la corrupción son frecuentemente objeto de procesos legales, incluyendo procesos penales, como lo han advertido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. Tales situaciones persiguen intimidarles y disuadirles del desarrollo de sus funciones y son frecuentemente realizadas por actores estatales o sus propios pares con el objeto de controlar su actuación, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

«Estos actos de violencia frente a los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción de estos operadores y operadoras de justicia, son utilizados como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos«.


Como lo demuestra la experiencia de Guatemala, operadores de justicia que han asumido responsabilidades similares a las asumidas por el señor Luis Javier Santos en Honduras , han sido objeto de diferentes amenazas y represalias. Como parte de las mismas, se incluyen el uso indebido de recursos y herramientas legales como requerimientos, procedimientos disciplinarios y solicitudes de habeas corpus… , tal y como lo constató el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos.

La ausencia de cualquier resolución de fondo en la denuncia, la demora excepcional de su tramitación y la imposibilidad de poder testimoniar y ejercer su derecho de defensa en la misma por más de diez años, podrían llegar a constituir irregularidades relevantes que afecten la legitimidad de la misma y sugerir su naturaleza instrumental y política como herramienta de presión contra el abogado Luis Javier Santos por su actuación como fiscal responsable de la principal unidad de combate a la corrupción organizada en el país.

Ante tales circunstancias, y dado el riesgo que de que la exclusión del proceso del fiscal Luis Javier Santos represente una afectación grave irreparable no sólo a sus derechos a la presunción de inocencia y ocupar posiciones públicas sino, además, al derecho de la sociedad a contar con funcionarios públicos elegidos en función de mérito y por procesos transparentes.

Como organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos la reconsideración de la decisión relativa a la continuidad del fiscal Luis Javier Santos en el proceso de selección para la Fiscalía General de la República.

Fdo:
Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH):
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD);
Bufete Estudios para la Dignidad (BED),
Bufete Justicia para los Pueblos (BJP);
Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH);
Abogados sin Fronteras Canadá

CC: Isabel Albadalejo, Representante en Honduras de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos; y Comisión interamericana de derechos humanos

Bloque Popular Campesino e Indígena

¡A defender nuestra tierra!

Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena para defender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:

  1. Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.

Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.

Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.

  • Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.

A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.

Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.

El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.

La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.

3.      Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas

La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.

4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:

a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.

b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.

c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.

d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.

Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Plataforma Agraria del Aguan.

Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.

Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).

Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).

Sector Tacamiche.

Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.

Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUEPERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

  

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta
indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas
muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte
del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros
penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario
nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones
emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de
incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta
masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es
igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de
expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando
tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.


¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres
carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de
abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un
incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de
2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo
de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro
Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba
con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel
de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de
Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van
muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.


El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de
centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las
cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la
mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes
representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además,
demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera
desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la
población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.


Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de
militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia
técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se
Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias
que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno
de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe
optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al
igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y
desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad
diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad
de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en
Honduras.


Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la
responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este
tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran
discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el
reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe
deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.


A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y
nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas
en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo
sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se
comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los
dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.


Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo
doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

       El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.

       ¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.

       El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del  Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.

       Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al  gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.

       Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.

       A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.

       Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023