Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha
cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y
el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un
juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y
naturales.
Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que
valientemente están enfrentando.
A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y
compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos
que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las
generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.
Que condenamos estas acciones de criminalización y
penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares en complicidad con las autoridades hondureñas
del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía
Nacional.
Repudiamos la actitud servil de las instituciones de
nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.
El 05 de septiembre el Gobierno
del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor
parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano
extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de
despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los
bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos
agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e
irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las
declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria
de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han
realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva
del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene
gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios
en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El
Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez
otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue
otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La
Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en
protesta contra la empresa William &
Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual
la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.
Las y los luchadores políticos
y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares,
enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación
injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una
cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en
defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de
procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes
provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de
Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática,
persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los
que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los
bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario
a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de
las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual
cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación,
agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones,
sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre
que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en
esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación,
asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas,
funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de
acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional
como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar
algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y
sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo
y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo,
violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización
por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre
de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de
Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las
ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida,
Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas
que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar
el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
Mientras mantiene encarcelados,
criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales
en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por
la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.
El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha
generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya
establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales
Honduras es suscriptor.
Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del
juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida
por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona
del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir
que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y
la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto
habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de
agua.
Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los
lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital
empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San
Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y
el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán
la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas
asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de
impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes
comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas
sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite
en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos
originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la
institucionalidad hondureña.
La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de
instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad
Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos
proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el
mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la
venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte
en sequía para los pueblos.
La doble moral y el doble discurso de
Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su
preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua
siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con
más efectos negativos para el pueblo.
Desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las
comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes
de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes
represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los
pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón.
Seis años transcurridos desde el
triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto
Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes,
asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su
institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso,
nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan,
habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos
dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros
derechos.
Es de su conocimiento que dichos
asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros
bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año
1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales
el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.
La falta
de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores
intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de
febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente
asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos
advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes
piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar
de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia
e indiferencia del Estado y de su institución.
Ustedes
conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra
de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto.
Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones
irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro
pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la
destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de
agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.
Durante 6
años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las
investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese
mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros
denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de
nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de
los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del
delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el
próximo 13 de septiembre de 2019 a las 09:00
am en el juzgado de Yoro.
Este
comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el
Estado a través de su institución en
confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia
territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con
certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol,
Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del
país. Ante todo esto, hemos comparecido
ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los
abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas,
teniendo únicamente el silencio del Estado.
Respondan
ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público
responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se
trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes
naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se
han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro
bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San
Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la
empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?
¿Cinco
asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la
urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan
actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus
instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?
A 6 años
del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de
nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con
nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;
Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.
No queremos llorar más muertes, no
queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que
enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de
Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.
Tribu San Francisco de Locomapa,
Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.
Iniciamos el mes de
Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras;
injusta, corrupta y violenta.
No podemos seguir
viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al
narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en
contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti
capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político
de liberación y transformación del país.
En Honduras, la
intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe
de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la
apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez
más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en
manos transnacionales, la corrupción y la muerte.
El Estado Hondureño,
que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es
ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de
derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los
pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda,
así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los
proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con
la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.
El anterior 01 de
septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de
Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo
agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto
de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la
libertad.
Las siete personas
son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold
Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez.
Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre
de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de
presentarse el requerimiento fiscal.
Desde el MADJ nos
solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y
sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de
justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando
el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes
despojan permanentemente al país.
Hacemos el llamamos
al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo
de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que
debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la
altura de la transformación que requiere el país.
Desde nuestra base
comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y
los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra
contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un
nuevo país.
Ante lo anterior
establecemos que;
Que
no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y
violencia.
Que
intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la
presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.
Que
la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no
conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.
Que ante el mal
llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse,
a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y
transformación de Honduras.
ANTE LA CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:
Ante las
resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de
¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha
contra la corrupción y acentúa la impunidad
en el país, desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.
1. Nada más
indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser
considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un
hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos
públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de
Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa
afirmación es insana, acrítica e irracional.
2. En el caso de
“Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron
descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y
mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes,
juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones
incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas
de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula,
los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su
aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los
corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La
inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.
3. La reiterada
perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en
el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo
ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre
y ruindad cada vez más visible del actual régimen.
4. Los corruptos
no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no
se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre
quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que
finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean
el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles;
entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y
el eterno saqueo de la riqueza nuestra.
5. Frente a esta
realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las
posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su
sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre
implica violencia.
La radicalidad
implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la
gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los
corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados
derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos
turismo político y social.
La radicalidad
implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la
impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica
colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya
corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.
6. La
radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el
número de posibles años de condena para Rosa),
jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede
existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que
causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y
ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche
jurídico y sobre todo social y humano.
7. El país y la
sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso,
inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias
humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria
necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente,
fundarla nuevamente a cualquier costo.
8. Después de
conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad
promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño
causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad
instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del
crimen organizado hecho gobierno.
9. Además,
exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como
funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad
legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de
corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el
erario público.
10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.
Al
menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en
Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso
legal orientado a evitar detenciones
arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las
personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas
policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los
efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen
instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de
la zona.
El
documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos
fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a
favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que
realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones
sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad
personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales
obstrucciones y amenazas a la libertad e
integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de
San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y
defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el
retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e
inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como
cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la
adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la
confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el
presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la
libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos
de San Juan Pueblo”.
En
la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se
denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III,
apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de
San Juan Pueblo.
En
la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y
desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en
el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son
discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En
una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook,
desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas
responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín
Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más
vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la
última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el
Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas
fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada
contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la
presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes
organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos
nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves
violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del
Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de
movilización social.
Continuaremos
señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o
evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha
desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en
respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales
deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese
sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida
que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos
fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y
control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
En
ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo,
Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes
de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en
lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los
territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la
siguiente manera:
Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que
se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y
políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo
históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante,
apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales,
gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía
nacional.
Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo
económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes
comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y
no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la
educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.
Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el
Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular,
por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las
constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre
derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de
corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado
sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el
narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.
La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno
de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares
del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para
un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar
el papel de las transnacionales y empresas extractivas.
Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para
sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan
alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos;
hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el
régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose
si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que
queremos.
Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país
de avanzar y trabajar por la
unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde
los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental,
la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier
otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y
llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para
consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró
obtener ayer Auto de Formal
Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de
Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de
extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una
denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo
realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona
considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura
de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A,
específicamente de extracción y traslado de antimonio.
Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía
de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro,
lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario
Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño,
quien compareció en su condición de gerente general y representante legal,
solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio,
siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y
pagando una suma de dinero por la misma.
En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el
funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral
antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro,
al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes
pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por
ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y
otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.
Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida
delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe
de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de
abuso de autoridad.
El antimonio es un elemento semimetálico que
principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos
para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes,
vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una
creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de
diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta
el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.
Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la
corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la
tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y
la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa
de su territorio.
Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.
Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores
del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus,
CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son
partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las
tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.
José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.
Reunida
en el Centro de Formación Finca
Torogoses, la militancia del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los
núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa
Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita,
Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes al departamento de Atlántida, las Tribus del
pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda
y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San
Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente,
ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional
declaramos y comunicamos que:
El mundo, y de nuestro interés particular Honduras,
sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus
agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones
internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a
costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras,
ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que
también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes
y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la
precarización acelerada de los derechos en general.
Las consecuencias son palpables, estamos ante un
modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo,
explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos
naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr
un control absoluto de los territorios.
Ante
ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el
encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por
liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia
que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan
esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea
nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado
que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.
Así,
reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de
las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio,
social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro
compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la
resistencia a la soberanía con dignidad.
Para
ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la
participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en
general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus
estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo
ha reafirmado su razón de ser, llegando
a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de
pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las
resistencias y desde el país.
Ante
los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria
sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para
confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido
el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio
nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.
Por
esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos
acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la
soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su
fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de
la dignificación de nuestra patria.
Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra
apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la
soberanía con dignidad!
Movimiento Amplio por
la Dignidad y la Justicia
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
