Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.
Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.
También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.
Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia condena la actitud criminal con que heraldos de la muerte
intentaron amedrentar y hacer daño a nuestra compañera de siempre y periodista
al servicio del pueblo, Sandra Maribel Sánchez. La tarde de ayer, 26 de septiembre,
individuos desconocidos con armas en mano amenazaron con secuestrar y atentar
con la vida de Sandra Maribel Sánchez en la ciudad capital, Tegucigalpa. No se
trata de delincuentes comunes; los criminales que atentaron contra Sandra
Maribel son más bien sujetos perversos organizados en grupos criminales que
actúan protegidos por el manto de poder e impunidad con que la narco dictadura mantiene
secuestrada la nación Hondureña.
Reconocemos en Sandra Maribel Sánchez
nuestra amiga y compañera permanentemente, solidaria desde aquellos días de
abril y mayo del 2008, cuando la huelga de hambre de un puñado de fiscales
honestos y paría nuestro Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; desde
entonces hasta ahora Sandra Maribel ha sido solidaria y defensora de las causas
sociales y políticas de nuestro movimiento social que va creciendo y permeando
comunidad tras comunidad del territorio nacional. La periodista Sandra Maribel
Sánchez es una voz profesional, autorizada, legitimada, justa y digna que ha
sido capaz de vencer la mentira, el asalto, las idioteces y demás engaños con
que militares, empresarios extractivistas, funcionarios públicos y el cartel
Hernández ha intentado mantener engañada y dividida a la población hondureña.
Sandra Maribel; voz de colonizadora,
de mujer inclaudicable en lucha abierta contra el patriarcado imperialista, voz
ciudadana que defiende los derechos de las mayorías humilladas y despojadas de
este país, voz de una generación que exige a gritos el más elemental respeto a
la dignidad humana, el derecho a ejercer soberanía sobre nuestros territorios y
bienes naturales, el derecho a vivir en paz con seguridad social; a vos, Sandra
Maribel, nadie podrá silenciarte porque tu palabra pertenece al pueblo; y el
Movimiento Amplio comparte tu causa.
El intento de secuestro y asesinato
contra Sandra es la evidencia tangible de la grave situación que periodistas y
comunicadores populares confrontan a diario ante la estructura criminal de la
dictadura EEUU – Hernández.
Por ello y más el Movimiento Amplio
con profunda indignación condena las acciones de las hordas asesinas que intentan
silenciar a quienes hablan desde el pueblo y por la construcción de una
Honduras más nuestra, más popular, digna y justa.
No estás sola Sandra, nosotras y
nosotros somos más.
A 198 años la independencia de Honduras continúa siendo una tarea pendiente. En 2019 el escenario del 15 de septiembre evidencia la profundidad de los retos que esta implica y la urgencia de seguir haciendo la patria que soñamos desde la construcción de soberanía como principal apuesta política.
El saldo de esa tarea urgente en el presente inmediato son, entre muchos otros, siete luchadores(as) sociales de la comunidad de Guapinol encarcelados, nueve indígenas tolupanes criminalizados frente a la posibilidad de ser enviados a prisión, una infinidad de irregularidades en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y de justicia para el pueblo lenca y el incremento desbordado de las concesiones de territorio a la actividad extractiva.
El montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho, y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de sus bienes comunes es sin duda el retrato más exacto y concreto de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos naturales como uno de los problemas torales en el país.
Es claro, en tiempos actuales la real independencia implica no solo la liberación del yugo de otro Estado, sino y sobre todo, de un sistema económico depredador causante de muerte, desigualdad, exclusión, persecución a luchadores y luchadoras sociales y requiere obligatoriamente la autonomía frente al capital mercenario transnacional.
En esa tarea desde el MADJ continuamos insistiendo en la urgencia imperativa de pasar de las resistencias a la soberanía con dignidad y para ello es necesario redoblar trabajo para crear y afianzar alianzas con y entre el movimiento popular/social hondureño a fin de articular, elaborar y echar a andar respuestas radicales a la ofensiva puesta en marcha por la dictadura.
Y esa radicalidad, tal y como lo hemos señalado en momentos anteriores implica obligatoriamente trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Radicalidad en el compromiso. Menos turismo político y social. Implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes.
Esa radicalidad debe llevarnos a pensar y poner en marcha un proceso de real independencia que integre a todas las comunidades que estén haciendo de Honduras un lugar más libre, construyendo desde la terca rebeldía y esperanza otras formas de vivir. Un proceso que obligatoriamente discuta, cuestione y enfrente los modelos económicos que benefician a unos pocos a costa de la vida de esa mayoría que despierta todos los días arando un mundo más justo.
Debe obligatoriamente discutir el extractivismo, el militarismo, la violencia generalizada, la violencia de género, que discuta los métodos de participación social y sobre todo que profundice la democracia.
La tarea es urgente, no hay tiempo. La lucha por la independencia está ocurriendo, sino la libramos nosotros/as la siguen ganando ellos. Tenemos que articular la lucha, el amor a la patria, la solidaridad, el compromiso y la radicalidad con claridad, determinación e inteligencia.
A 198 años desde el MADJ reafirmamos que “…aquí, por todas partes, están los brazos que van a construir ese país nuevo, los pies que van a recorrerlo, los cerebros que van a pensarlo, y los labios del pueblo que lo van a cantar sin descanso[1].”
Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha
cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y
el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un
juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y
naturales.
Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que
valientemente están enfrentando.
A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y
compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos
que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las
generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.
Que condenamos estas acciones de criminalización y
penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares en complicidad con las autoridades hondureñas
del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía
Nacional.
Repudiamos la actitud servil de las instituciones de
nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.
El 05 de septiembre el Gobierno
del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor
parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano
extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de
despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los
bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos
agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e
irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las
declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria
de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han
realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva
del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene
gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios
en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El
Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez
otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue
otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La
Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en
protesta contra la empresa William &
Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual
la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.
Las y los luchadores políticos
y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares,
enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación
injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una
cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en
defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de
procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes
provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de
Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática,
persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los
que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los
bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario
a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de
las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual
cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación,
agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones,
sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre
que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en
esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación,
asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas,
funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de
acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional
como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar
algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y
sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo
y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo,
violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización
por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre
de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de
Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las
ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida,
Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas
que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar
el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
Mientras mantiene encarcelados,
criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales
en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por
la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.
El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha
generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya
establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales
Honduras es suscriptor.
Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del
juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida
por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona
del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir
que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y
la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto
habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de
agua.
Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los
lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital
empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San
Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y
el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán
la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas
asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de
impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes
comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas
sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite
en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos
originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la
institucionalidad hondureña.
La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de
instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad
Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos
proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el
mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la
venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte
en sequía para los pueblos.
La doble moral y el doble discurso de
Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su
preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua
siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con
más efectos negativos para el pueblo.
Desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las
comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes
de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes
represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los
pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón.
Seis años transcurridos desde el
triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto
Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes,
asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su
institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso,
nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan,
habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos
dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros
derechos.
Es de su conocimiento que dichos
asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros
bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año
1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales
el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.
La falta
de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores
intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de
febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente
asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos
advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes
piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar
de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia
e indiferencia del Estado y de su institución.
Ustedes
conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra
de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto.
Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones
irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro
pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la
destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de
agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.
Durante 6
años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las
investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese
mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros
denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de
nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de
los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del
delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el
próximo 13 de septiembre de 2019 a las 09:00
am en el juzgado de Yoro.
Este
comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el
Estado a través de su institución en
confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia
territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con
certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol,
Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del
país. Ante todo esto, hemos comparecido
ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los
abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas,
teniendo únicamente el silencio del Estado.
Respondan
ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público
responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se
trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes
naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se
han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro
bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San
Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la
empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?
¿Cinco
asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la
urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan
actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus
instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?
A 6 años
del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de
nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con
nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;
Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.
No queremos llorar más muertes, no
queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que
enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de
Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.
Tribu San Francisco de Locomapa,
Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.
Iniciamos el mes de
Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras;
injusta, corrupta y violenta.
No podemos seguir
viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al
narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en
contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti
capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político
de liberación y transformación del país.
En Honduras, la
intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe
de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la
apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez
más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en
manos transnacionales, la corrupción y la muerte.
El Estado Hondureño,
que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es
ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de
derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los
pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda,
así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los
proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con
la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.
El anterior 01 de
septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de
Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo
agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto
de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la
libertad.
Las siete personas
son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold
Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez.
Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre
de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de
presentarse el requerimiento fiscal.
Desde el MADJ nos
solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y
sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de
justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando
el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes
despojan permanentemente al país.
Hacemos el llamamos
al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo
de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que
debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la
altura de la transformación que requiere el país.
Desde nuestra base
comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y
los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra
contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un
nuevo país.
Ante lo anterior
establecemos que;
Que
no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y
violencia.
Que
intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la
presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.
Que
la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no
conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.
Que ante el mal
llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse,
a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y
transformación de Honduras.
ANTE LA CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:
Ante las
resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de
¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha
contra la corrupción y acentúa la impunidad
en el país, desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.
1. Nada más
indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser
considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un
hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos
públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de
Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa
afirmación es insana, acrítica e irracional.
2. En el caso de
“Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron
descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y
mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes,
juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones
incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas
de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula,
los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su
aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los
corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La
inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.
3. La reiterada
perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en
el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo
ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre
y ruindad cada vez más visible del actual régimen.
4. Los corruptos
no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no
se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre
quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que
finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean
el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles;
entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y
el eterno saqueo de la riqueza nuestra.
5. Frente a esta
realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las
posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su
sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre
implica violencia.
La radicalidad
implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la
gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los
corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados
derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos
turismo político y social.
La radicalidad
implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la
impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica
colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya
corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.
6. La
radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el
número de posibles años de condena para Rosa),
jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede
existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que
causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y
ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche
jurídico y sobre todo social y humano.
7. El país y la
sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso,
inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias
humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria
necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente,
fundarla nuevamente a cualquier costo.
8. Después de
conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad
promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño
causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad
instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del
crimen organizado hecho gobierno.
9. Además,
exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como
funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad
legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de
corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el
erario público.
10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.
Al
menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en
Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso
legal orientado a evitar detenciones
arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las
personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas
policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los
efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen
instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de
la zona.
El
documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos
fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a
favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que
realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones
sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad
personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales
obstrucciones y amenazas a la libertad e
integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de
San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y
defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el
retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e
inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como
cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la
adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la
confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el
presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la
libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos
de San Juan Pueblo”.
En
la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se
denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III,
apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de
San Juan Pueblo.
En
la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y
desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en
el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son
discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En
una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook,
desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas
responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín
Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más
vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la
última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el
Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas
fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada
contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la
presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes
organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos
nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves
violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del
Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de
movilización social.
Continuaremos
señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o
evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha
desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en
respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales
deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese
sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida
que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos
fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y
control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
En
ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo,
Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes
de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
