198 años, una tarea pendiente

A 198 años la independencia de Honduras continúa siendo una tarea pendiente. En 2019 el escenario del 15 de septiembre evidencia la profundidad de los retos que esta implica y la urgencia de seguir haciendo la patria que soñamos desde la construcción de soberanía como principal apuesta política.

El saldo de esa tarea urgente en el presente inmediato son, entre muchos otros, siete luchadores(as) sociales de la comunidad de Guapinol encarcelados, nueve indígenas tolupanes criminalizados frente a la posibilidad de ser enviados a prisión, una infinidad de irregularidades en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y de justicia para el pueblo lenca y el incremento desbordado de las concesiones de territorio a la actividad extractiva.

El montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho, y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de sus bienes comunes es sin duda el retrato más exacto y concreto de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos naturales como uno de los problemas torales en el país.  

Es claro, en tiempos actuales la real independencia implica no solo la liberación del yugo de otro Estado, sino y sobre todo, de un sistema económico depredador causante de muerte, desigualdad, exclusión, persecución a luchadores y luchadoras sociales y requiere obligatoriamente la autonomía frente al capital mercenario transnacional.

En esa tarea desde el MADJ continuamos insistiendo en la urgencia imperativa de pasar de las resistencias a la soberanía con dignidad y para ello es necesario redoblar trabajo para crear y afianzar alianzas con y entre el movimiento popular/social hondureño a fin de articular, elaborar y echar a andar respuestas radicales a la ofensiva puesta en marcha por la dictadura.

Y esa radicalidad, tal y como lo hemos señalado en momentos anteriores implica obligatoriamente trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Radicalidad en el compromiso. Menos turismo político y social. Implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes.

Esa radicalidad debe llevarnos a pensar y poner en marcha un proceso de real independencia que integre a todas las comunidades que estén haciendo de Honduras un lugar más libre, construyendo desde la terca rebeldía y esperanza otras formas de vivir. Un proceso que obligatoriamente discuta, cuestione y enfrente los modelos económicos que benefician a unos pocos a costa de la vida de esa mayoría que despierta todos los días arando un mundo más justo.

Debe obligatoriamente discutir el extractivismo, el militarismo, la violencia generalizada, la violencia de género, que discuta los métodos de participación social y sobre todo que profundice la democracia.

La tarea es urgente, no hay tiempo. La lucha por la  independencia está ocurriendo, sino la libramos nosotros/as la siguen ganando ellos. Tenemos que articular la lucha, el amor a la patria, la solidaridad, el compromiso y la radicalidad con claridad, determinación e inteligencia.

A 198 años desde el MADJ reafirmamos que  “…aquí, por todas partes, están los brazos que van a construir ese país nuevo, los pies que van a recorrerlo, los cerebros que van a pensarlo, y los labios del pueblo que lo van a cantar sin descanso[1].”

Fotografía: Delmer Membreño


[1] William Ospina, Segunda Oración por la Paz.

NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO.

El 05 de septiembre el Gobierno del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los bienes públicos?

A estas interrogantes, debemos agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva del parque nacional La Tigra.

El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.

De igual forma lo vemos en La Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en protesta contra la empresa William & Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual la amenaza de que el río se seque es más cercana.

En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.

Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.

Las y los luchadores políticos y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en defensa de la vida.  

Estos casos y experiencias de procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?

El papel de la Secretaria de Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática, persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los bienes públicos, comunes y naturales.

Contrario a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre que el servicio no sufra menoscabo.

Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación, asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas, funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar algunos.

Las y los luchadoras y luchadores políticos y sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo, violencia y empobrecimiento.

Acciones de movilización por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida, Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar el país.

Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.

NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO. 


Alborotada y desbordada impunidad de los corruptos en Honduras

ANTE LA  CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN  Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:

Ante las resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de ¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha contra la corrupción y acentúa la impunidad  en el país,  desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.

1. Nada más indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa afirmación es insana, acrítica e irracional.

2. En el caso de “Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes, juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula, los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.

3. La reiterada perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre y ruindad cada vez más visible del actual régimen.

4. Los corruptos no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles; entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y el eterno saqueo de la riqueza nuestra.

5. Frente a esta realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre implica violencia.

La radicalidad implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos turismo político y social.

La radicalidad implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.

6. La radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el número de posibles años de condena para Rosa),  jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche jurídico y sobre todo social y humano.

7. El país y la sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso, inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente, fundarla nuevamente a cualquier costo.

8. Después de conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del crimen organizado hecho gobierno.

9. Además, exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el erario público.

10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.

22 de Agosto de 2019.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial de Honduras.

Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera:

Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante, apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional.

Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.

Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular, por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.

La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas.

Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos; hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos.

Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país de avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental, la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.

Organizaciones populares y de lucha territorial.

Honduras, 15 de agosto de 2019.

En salud y educación: no hay diálogo sin derogación

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.

Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.

Es nuestra determinación continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.

Como Movimiento Amplio, hacemos nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.

Condenamos y reprochamos los llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.

Llamamos al pueblo, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.

La voz de un pueblo unido es voz soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.

¡A luchar y luchar!

Honduras, 3 de junio de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


Comunicado de COPINH, familia, Gustavo Castro y equipos legales ante fallo en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática,  perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.