¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Las aguas del río Jilamito son para la gente. Fuera ingelsa.

Las comunidades del municipio de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) establecidas en el Campamento Digno por la Defensa del Agua, nos juntamos este día con organizaciones internacionales frente a las oficinas de HERMACASA en Honduras y SIMONDS SAW INTERNATIONAL en Massachusetts, EEUU, ambas empresas son socias de INGELSA y del Grupo IESA propiedad de Emin Abufele Marcos principal accionista del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito (PHJ).

En esta jornada por la defensa de la vida, la soberanía y la dignidad expresamos:

  1. Que el pueblo de Arizona ya decidió, al menos en tres asambleas de cabildo abierto, que las aguas del río Jilamito serán destinadas exclusivamente para el consumo de las presentes y futuras generaciones del municipio y de esta manera superar el desabastecimiento que ya sufren cerca de 30 mil habitantes. Para cumplir los mandatos populares en defensa del río, el pueblo se constituyó en Asamblea Permanente desde 2017, a través del Campamento Digno por el Agua y por la Vida.
  1. Como lo hemos denunciado de manera reiterada, en espacios públicos y en la instituciones nacionales e internacionales, el PHJ es expresión clara de actos de corrupción, de violencias a las comunidades, de ruptura del tejido social, de criminalización de liderazgos comunitarios, de amenazas y de violación al derecho humano al agua, al ambiente, a la participación comunitaria, al acceso a información público, a la soberanía y la dignidad de las personas.
  • Ante la falta de respuesta a nuestras denuncias, impugnaciones y muchas otras acciones, hoy iniciamos una nueva fase de movilizaciones a las sedes de las empresas y viviendas de las personas que, mediante corrupción y violencias, impunemente pretenden imponer el PHJ.
  1. Con nuestras manifestaciones pacíficas y con nuestras propias capacidades, en articulación con nuestros hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, hoy reimpulsamos el proceso para ponerle rostro y plena identidad a los verdugos de nuestras comunidades, estamos dando un paso más para romper con la violencia, la corrupción y la impunidad de grupos perversos como INGELSA-IESA.
  2. Llamamos a actores económicos internacionales como la empresa SIMONDS SAW INTERNATIONAL, al Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier actor del sistema financiero internacional a que se retiren y se abstengan de apoyar al grupo IESA-INGELSA y al PHJ, como ya lo hizo en abril de 2021, la corporación financiera para el desarrollo DFC que ha reconocido las múltiples denuncias del Pueblo de Arizona y tomó la decisión de suspender el financiamiento de 35.7 millones de dólares para la construcción del PHJ. Las empresas y la gente correcta no invierten ni promueve la corrupción y la violación de derechos.
  1. Desde la resistencia pacífica y el legítimo derecho a defender nuestros bienes comunes, reafirmamos que seguiremos defendiendo la soberana y humana decisión de que las aguas del río Jilamito y la riqueza natural del municipio de Arizona, sea para la gente; cueste lo que nos cueste.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Las ZEDES atentan contra la soberanía y biodiversidad ambiental y cultural del departamento de Atlántida

Ante el anunciado despojo de los territorios del departamento de Atlántida, el Movimiento Amplio se posiciona en los siguientes términos:

La narcodictadura dirigida por Juan Orlando Hernández ha instituido las “zonas de empleo y desarrollo” más conocidas como ZEDEs entre las que se incluye el departamento de Atlántida. Aprobadas desde el 2013 inicialmente como “ciudades modelo”, fueron decretadas como inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de ese período en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones del movimiento social popular y político de la nación. Ante este fallo, de manera virulenta se provocó la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del régimen del que ya era parte Juan Orlando Hernández. Y el único magistrado que estuvo a favor de las tales ciudades modelo, Oscar Fernando Chinchilla, fue premiado nombrándosele ilegalmente como fiscal general de la república, reelegido nuevamente de manera ilegal en el mismo cargo, que ostenta hasta este momento. Es así como las ZEDEs intentan avanzar en el departamento de Atlántida como un cáncer que carcome, contamina y destruye todo a su paso al carecer de asideros legales que limiten la expansión de las mismas.

Atlántida, el departamento más rico en biodiversidad agrícola y silvestre continua condenado a su devastación ambiental como nunca antes. No se respetan áreas protegidas, zonas de reserva de las comunidades, humedales, zonas productoras de agua, campos de cultivos, etc. Con las ZEDEs, se abren las puertas para entregar todo el departamento sin derecho alguno por parte de la población para garantizar su existencia con dignidad y justicia.

Las ZEDEs implican en primer lugar, el despojo de nuestros territorios y demás bienes comunes. En segundo lugar, la humillación hasta la desaparición de los pueblos originarios que hacen del departamento de Atlántida un verdadero crisol de culturas del pueblo hondureño. Las tradiciones de origen Lenca que han pervivido en nuestras comunidades por medio de las familias que una vez migraron desde las tierras de occidente. Las comunidades del pueblo Garífuna y sus particulares cosmovisiones. La cultura mixtada de las poblaciones de familias agricultoras que han reproducido su cultura con rasgos culturales que datan desde tiempos coloniales. Todo está condenado a desaparecer, paradójicamente, justo cuando otras culturas y pueblos en otras latitudes de la tierra se aferran a sus tradiciones para subsistir y recrear sus vidas en el contexto de la globalización que nos convoca a todos y todas.

Atlántida no cede a las ZEDEs.

Si los grupos políticos y empresariales se comportan como estamentos de indignidad vendiendo el territorio al mejor postor, Atlántida tiene la obligación de juzgarlos y condenarlos. Estamos llamados a apoyar nuevos liderazgos no contaminados por las mafias que han asaltado los partidos políticos y demás organizaciones alineadas con propósitos similares.

Si las Fuerzas Armadas y policiales se sienten incapaces de detener la clase corrupta y narcotraficante que vende nuestro departamento, la juventud y las generaciones actuales estamos llamados a ser fieles a aquellos que han luchado por nuestra soberanía; desde Morazán y Cabañas hasta el mártir Ramón Fiallos y muchos otros luchadores y luchadoras que han abonado con su sangre la dignificación de nuestro departamento.

Que este cabildo no se quede en una protesta más que choca contra la sordera de quienes nos desgobiernan y sirva para fortalecer el frente común contra las ZEDEs y, más todavía, llamar a la unidad de las organizaciones populares para construir la Honduras que todos y todas anhelamos.

DE LA RESISTENCIA A LA SOBERANÍA CON DIGNIDAD

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

La Ceiba. 18 de junio de 2021

¡SI SE PUDO! Banca estadounidense renuncia a Financiar el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) anunció la cancelación de su financiamiento, por US$ 35.7 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito y cuya concesión es manejada por la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), propiedad Emin Abufele y HERMACASA, de esta última es accionista la empresa estadounidense Simonds Internacional Corporatión.

El proyecto hidroeléctrico está ubicado sobre el rio Jilamito, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida; territorio en el que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) tiene más de una década de lucha sostenida contra la corrupción y violaciones de derechos que implican concesiones como la otorgada a INGELSA. La concesión de dicho proyecto se concretó en 2010 y teóricamente produciría 14 MW de energía, a un costo de US$ 75,5 millones y cuyos financistas serían el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Invest, DFC y un porcentaje por los socios de INGELSA.

¿Por qué renuncia el DFC?

En el anuncio de su decisión, la DFC no brindó causales específicas, simplemente se limitó a señalar que “la decisión se tomó después de un período prolongado de debida diligencia».

No obstante, para el MADJ la decisión de esta instancia financiera está motivada en la férrea oposición de la población de la zona que ha denunciado el enorme daño que este proyecto ha provocado en la Reserva de Texiguat y el impacto negativo, por el no acceso al agua de al menos 16 comunidades, que albergan a alrededor de 25 mil personas.

Desde hace más de 4 años, la población de Arizona y organizada en el MADJ profundizó su lucha pacífica por la defensa del río Jilamito, instalando de manera ininterrumpida, el Campamento Digno por el Agua y por la Vida desde donde: 

  • Se profundiza el proceso de organización popular y se tejen alianzas con personas y organizaciones en lucha por la defensa de la Dignidad Humana en otros territorios de Honduras y en distintas partes del mundo.
  • Se han desarrollado tres Asambleas Populares de Cabildo Abierto en donde las comunidades. De forma unánime y reiterada, han expresado su rechazo al proyecto y declararon al municipio de Arizona como un TERRITORIO LIBRE de proyectos extractivos.
  • La alcaldía de Arizona ha asumido como suya la decisión de la comunidad y por lo tanto, se ha mostrado opuesta al proyecto, que adicionalmente lesiona su autonomía municipal.
  • Se han presentado diversas denuncias y acciones legales ante la institucionalidad pública por actos de corrupción cometidos en el proceso de concesionamiento, sin que, hasta el momento, ninguna de estas acciones tenga una respuesta por las instancias correspondientes, especialmente la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público.
  • La defensoría del río Jilamito ha significado procesos de criminalización, vigilancias, persecución y  amenazas de toda índole hacia compañeros/as por parte de las estructuras represivas del Estado y gobierno hondureño y del sector empresarial que está al frente del proyecto hidroeléctrico y que, por su perfil, genera serios temores e inseguridades en la zona.

En resumen, para el MADJ, que la DFC revoque el financiamiento, refirma la inviabilidad humana, la corrupción y la notoria violación de derechos que este tipo de proyectos plantean. Fundamentalmente, Reafirma la fuerza de la organización popular de las comunidades y la solidaridad nacional e internacional, que hacen valer la soberanía comunitaria en los territorios y materializan la defensa de sus derechos, en este caso el derecho a la participación democrática de manera decisiva, derecho a un ambiente sano, derecho a la información y el vital derecho humano al agua potable para las personas.

La consulta que surge, luego del anuncio de la DFC es ¿Cuándo renunciará o revocará el BID-Invest el financiamiento de estos proyectos de muerte?

Por la memoria de los mártires de las luchas del MADJ

Por la memoria de Ramón Fiallos y Argentina Gonzales y Santos.

Los pueblos venceremos y sabremos hacer justicia ante la voracidad y la corrupción del capital.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡

Resistir al fraude electoral

 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

Pronunciamiento Público: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

A las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, territorios en resistencia, y al pueblo en general;

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos sumamos a las exigencias de justicia por el feminicidio de Keyla Patricia Martínez, enfermera de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, ocurrido en la Estación Policial de dicha ciudad, el pasado 07 de febrero en horas de la madrugada. 

Como si, la Narcodictadura, la pandemia global de COVID19, el paso de las tormentas Eta e Iota y la desprotección sanitaria y de bioseguridad no fuesen suficiente, el asesinato y feminicidio de Keyla Patricia Martínez nos obliga a realmente cuestionarnos, si en Honduras la vida de las y los pobres no vale nada – ¿cómo esperan realmente que no quememos todo?

A 11 años de narcodictadura, las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales asumen desde sus cortas ideas, que, a través de un comunicado en la página oficial de la Policía Nacional, que Keyla Patricia Martínez cometió suicidio, desvinculando la responsabilidad del Estado y su Gobierno

Han sido 11 largos años de narcodictadura, en donde las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales han sido instrumentalizadas para el trasiego de cocaína, armas y personas, en donde las violaciones de derechos humanos, han puesto entre dicho la capacidad operativa de administrar la justicia por parte del partido de gobierno y sus diversos aliados económicos y militares.

El feminicidio de Keyla Patricia Martínez, es una demostración más, de que en Honduras la policía, asesina, viola, trafica y extorsiona porque existe un Estado y un Gobierno que garantiza la impunidad. El caso de Keyla, es la máxima expresión de las múltiples violencias que afrontan mujeres y niñas en un país con una narcodictadura y cuyas garantías constitucionales son expuestas debido, al abuso de autoridad de policías y militares, por ello y en profunda solidaridad con las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, nos pronunciamos y exigimos:

  1. Denunciamos y condenamos la represión policial perpetrada por la Policía Nacional contra las y los manifestantes, entre ellos, familiares, luchadores sociales, organizaciones sociales, políticos y defensores de derechos humanos que pacíficamente exigen justicia frente a la estación policial en La Esperanza, Intibucá.
  2. Exigimos una investigación independiente, con rigor técnico y científico, que garantice un proceso transparente y óptimo de los hechos, enjuiciando y encarcelando los responsables materiales e intelectuales de Keyla Patricia Martínez.
  3. Condenamos el comportamiento cómplice del Ministerio Público que a más de 48 horas de haberse cometido el crimen no ha ordenado la detención de los sospechosos del crimen, garantizando la impunidad sistemática contra mujeres y niñas.

Por último, hacemos un llamado a la población hondureña, que, en medio de la tragedia, nos sumemos a toda acción de protesta por la recuperación de la justicia y la dignidad de nuestras familias.

¡Hasta la dignidad, Siempre!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Soberana desobediencia contra la narcodictadura y el coronavirus

A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.

La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.

El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.

            Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.

Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.

Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:

  1. Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
  2. Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
  3. Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
  4. Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
  5. Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
  6. Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
  7. Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
  8. Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.  

Hasta la Dignidad Siempre!

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT)