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ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

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       El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.

       ¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.

       El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del  Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.

       Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al  gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.

       Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.

       A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.

       Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

En el 15 aniversario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia:

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PROCLAMA DEL MAYO POPULAR

El 24 mayo de 2008, en el marco de la histórica Huelga de Fiscales, varios miles de personas, en estos mismos bajos del Congreso Nacional, decidimos darle vida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para que tomara raíz organizativa, propositiva y libertaria en cada parte del territorio nacional donde hubiera dolor y amor por la patria y existiera la necesidad de seguir luchando contra la corrupción, los corruptos con rostro y nombre, contra sus estructuras y sus formas de operar y saquear el país.

La sólida militancia del MADJ, durante estos 15 años, en medio de múltiples tareas impuestas por la realidad del país, no ha dejado de asumir este hermoso imperativo popular y hoy anunciamos nuestra presencia orgánica y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras.

En paralelo, en estos 15 años de existencia del MADJ, las nefastas dirigencias económicas y políticas de Honduras ejecutaron un golpe de Estado, burlaron la voluntad popular en reiterados fraudes electorales, asesinaron, criminalizaron y desterraron a centenares de liderazgos sociales; afianzaron la entrega del territorio, la riqueza y la institucionalidad al gran capital que también es expresión del crimen organizado nacional y transnacional.

La lucha por la Dignidad y la Justicia que ha encarnado el MADJ en este período, le permitió ser parte activa de la resistencia popular contra el golpe de Estado, de la lucha contra el indignante asalto al Seguro Social, contribuyó a la fundación de otros espacios organizativos para librarnos de la narcodictadura y sus burlas electorales, aportó certeramente a la demanda y conquista de justicia contra la estructura empresarial criminal que asesinó a Bertita Cáceres, sumó activamente a la defensa popular de los derechos a la educación y a la salud, volvió cotidiana su agenda de intensa lucha contra centenares de concesiones del territorio nacional y de la digna y patriótica resistencia en contra de las ZEDEs. Y en pleno azote de la pandemia del coronavirus y de los corruptos, nuevamente volvimos a convocar y a sumarnos a la movilización, a la acción política, técnica y humana para evitar los atropellos a la dignidad de la gente.

En este 15 aniversario del MADJ, tras cerca de dos años de la derrota popular electoral del golpismo narcotraficante y corrupto que cruzó toda la existencia de nuestra organización, reconociendo el notorio contraste que nos implica vivir en lucha permanente por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente, mientras actualmente la élite económica y política nos ha heredado un país en el que 7 de cada 10 compatriotas vivimos en el umbral de la pobreza, junto a nuestra militancia ante nuestro pueblo y ante la humanidad entera reafirmamos que:

1. Celebramos la existencia del MADJ como espacio autónomo del movimiento popular hondureño, con presencia y agenda de lucha real en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. En articulación fraterna y respetuosa con otras organizaciones a lo largo y ancho del país y del mundo.

2. Reconocemos que la victoria más grande del MADJ en estos tiempos del imperio del mercado, de los cálculos miserables, de las confusiones del ascenso al poder y de tantas otras bajezas, es jamás haber entregado la bandera de la dignidad y más bien, habernos aferrado a ella como la más hermosa e inalienable utopía popular.

3. Confiamos haber aprendido y asumido, en coherente militancia, la práctica de la solidaridad con todos los espacios que nos ha sido posible, como lo hicimos con los estudiantes reiteradamente criminalizados y vejados en sus derechos, las familias campesinas expulsadas y violentadas de su derecho a la tierra, con los obreros y obreras en sus justas demandas por mejores condiciones de trabajo, con las mujeres y las diversidades y divergencias sexuales, con las comunidades rurales y urbanas y con los pueblos originarios en defensa de su propia visión de la vida y el mundo, como nos mandó la desafiante proclama del 14 de mayo de 2008.

4. Somos una organización que incomoda a las élites del poder y para todos aquellos espacios sociales que no se comprometen de manera honesta con la defensa de derechos. Los ejercicios de lucha popular también definieron al MADJ como un espacio incómodo para propios y extraños, por la intensidad del proceso y porque todas las causas madjtianas no admiten abandono, ni autoabandono, autocompasión, pesares y otras formas de derrota moral. La militancia del MADJ sigue cargando con la responsabilidad de entender la lucha como un privilegio al servicio de la dignidad.

5. Tras la derrota electoral del pueblo contra el golpismo corrupto narcotraficante, el MADJ se reafirmó como un espacio antigolpista, anti bipartidista, intolerante con las prácticas de los capos de la política, la economía y el crimen organizado. Hoy, ante la administración de Xiomara Castro, el MADJ conserva intacta su lucha y su palabra libre y crítica con una administración de gobierno que, aunque la elegimos y promovimos como parte del pueblo, en muchos aspectos todavía mantiene los privilegios y hace negociaciones con los grupos empresariales que han atacado la base de nuestra organización como terratenientes, banqueros, agroindustriales, empresarios de la energía y encumbró a militares y policías golpistas que son los eternos agresores de la hondureñidad.

6. Reconocemos con sustancial frustración que nuestra organización nació hace 15 años para luchar porque instituciones como el Ministerio Público (MP) no se convirtieran en un instrumento del poder corrupto de la nación, como lo es hoy. Esa institución, junto al Poder Judicial y otras, han profundizado su condición de tapaderas de múltiples formas de crimen y perseguidores del pueblo hondureño digno. Es una vergüenza patria que varias decenas de criminales del narcotráfico, incluyendo el expresidente Juan Hernández, hayan sido extraditados a USA y ni el MP, ni la justicia hondureña nunca, ni siquiera, les abrió investigación alguna. Es indignante que casi todas las causas impulsadas desde la MACCIH-UFECIC-UFERCO, que demostraron la presencia de la corrupción en los altos círculos del poder económico y político, hayan terminado en simples escándalos y burlas para el pueblo hondureño víctima del saqueo oficial.

15 años después, entre luchas y victorias dignas, autónomas, soberanas, y entre frustraciones que nos imponen el deber de convertirlas en motores de esperanza para seguir andando el sendero de la dignidad indicamos que:

A. Celebramos con profunda alegría y compromiso que el MADJ nos enseñó, para siempre, a asumir lo público, lo comunitario, lo nacional y lo planetario como una tarea permanente y prioritaria. Andamos convencidos y convencidas que cada una de nuestras cotidianas acciones de lucha por la dignidad impactan y configuran una organización, un país y un mundo con menores injusticias y asimetrías.

B. Abrazamos la novedad que traen los nuevos tiempos, nos abrimos a todas las luchas emergentes y divergentes, conservando la identidad y coherencia ética como patrimonio heredado y defendido por la militancia del MADJ.

C. Reivindicamos nuestro ser como movimiento popular, construido por comunidades de vida, en resistencias y en victorias.

D. Renovamos nuestro compromiso de seguir profundizando el proceso organizativo de base que ha promovido, sostenido y seguirá sosteniendo el proyecto político del campo popular en Honduras.

E. Avanzamos y nos comprometemos a seguir mejorando en sólida articulación con todos los espacios, territorios, organizaciones y comunidades como ya lo hacemos con nuestra hermandad territorial que ya cubre gran parte del territorio nacional.

F. Proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando por desbaratar los planes de la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, que pretende seguir entregando y saqueando la riqueza y la dignidad nacional.

G. Reafirmamos nuestro compromiso por la refundación propia, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y por la refundación real de la sociedad y el Estado hondureño

H. Asumimos el internacionalismo, la solidaridad y el encuentro con otros pueblos del mundo, para hacer causa común en la defensa del planeta ante la depredación imperialista, neoliberal, capitalista y patriarcal.

I. Proclamamos para siempre nuestra opción y determinación de asumir, respaldar y hacer nuestras las causas justas por la Dignidad y la Justicia de cualquier territorio, comunidad u organización en el país y el mundo.

J. Conmemoramos este 15 aniversario en movilización, articulación y en asamblea popular, en reflexión y debate sobre el país digno que estamos construyendo, en los mismos bajos del Congreso Nacional.

Compañeros y compañeras,

El MADJ inicia un nuevo ciclo por la dignidad y la justicia, a favor de nuestro pueblo; el más hermoso y honesto, que se unió hace 15 años para elevar la voz de la justicia y en contra corrupción, con él nos comprometemos a que cada una de las acciones organizativas sea una certera reafirmación que en el MADJ somos y seguiremos siendo más sustancia que forma y más hechos que declaraciones.

24 de mayo de 2023.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Seminario Internacional «Alternativas Energéticas Populares»

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30 de marzo de 2023

Tegucigalpa, Honduras

La vulnerabilidad de Centroamérica de sufrir los estragos del cambio climático global y de la

variabilidad de precios de los energéticos, en especial la tarifa eléctrica que depende del precio

internacional del petróleo, sitúa a Honduras en la necesidad de actuar con celeridad en la

transformación del modelo energético prevalente por medio de un proceso de construcción de

iniciativas populares como parte fundamental de la Transición Energética Justa en el que la

participación de las comunidades, las organizaciones sociales, academia y sindicatos se hace

necesario y urgente.

Es así que tras una jornada intensa de intercambio de conocimientos entre organizaciones de

Honduras y otros países del MAR como Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, Cuba y Chile donde

se ha trabajado por la construcción de un modelo energético popular y de diálogo con

representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, el Alcalde de

Arizona, Carlos Chacón y la Congresista de la república, Ligia Ramos, concluimos y afirmamos

que:

➢ La necesidad de transformar el modelo energético corresponde a la necesidad de

garantizar que el 19% de la población hondureña tenga acceso a la energía como bien

común y atender el modelo ineficiente que hoy tiene más del 38 % de pérdidas.

➢ Confiamos en los proyectos alternativos populares que atienden de manera efectiva las

necesidades de los pueblos.

➢ Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno por desmercantilizar el sector eléctrico,

iniciativa que respaldamos y abrazamos. Se debe revertir lo que le pertenece al pueblo.

➢ Se debe democratizar el modelo energético. Debemos debatir entre todos los sectores

la transmisión, la distribución y la generación. Ocupamos participación para que los

pueblos decidan su futuro.

➢ Otro modelo energético si es posible y ya se está construyendo porque tenemos la

voluntad, la sabiduría y la organización comunitaria.

➢ Ese modelo energético popular se basa en la soberanía, la autonomía y las necesidades

reales de los pueblos.

➢ Nuestra lucha también es por una tarifa justa de la energía y la garantía de establecer

un mínimo vital de energía como lo estableció el proceso constituyente en Chile.➢ Demandamos la revisión de todas las concesiones de nuestros bienes comunes y

naturales y de ser encontradas irregularidades en sus adjudicaciones urgimos la

suspensión y cancelación.

➢ Solicitamos desde nuestros territorios que se empiecen a crear las bases para una

asamblea nacional constituyente que nos permita crear y tener un nuevo pacto social

construido desde los pueblos y comunidades.

➢ Reconocemos la diversidad de nuestras resistencias, que somos muchas voces y

experiencias y nos comprometemos por seguir tejiéndolas y juntándolas como ríos en

el MAR. Seguiremos avanzando en el proceso de articulación e internacionalización de

nuestras luchas.

➢ Nos autoconvocamos para el IV Encuentro Mundial de Comunidades Afectadas por

Represas que tendrá lugar en la Amazonía Brasileña en 2025.

Seguimos en resistencia en salvaguarda de los derechos comunes, la lucha por la dignidad

del pueblo cubano y la defensa de la democracia del pueblo peruano nos siguen anunciando

la necesidad construir autonomías en las que la energía es el elemento central.

¡Mujer, Agua y Energía: no son mercancías!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano!

Carta pública a la presidenta Xiomara Castro a un año de su gobierno: Hay que pasar del discurso, a la acción

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San Pedro Sula, Cortés 27 de enero, 2023


Señora Presidenta,
Compañera Xiomara,

Hace un año la mayor parte de la sociedad hondureña vivió un momento feliz y esperanzador. Miles de hombres y mujeres, de todas las edades, lo festejaron. Por fin concluía la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y de todas las fuerzas oscurantistas que la habían sostenido desde el trágico golpe de Estado de junio de 2009.


Su recorrido triunfal hacia el Estadio Nacional para que le impusieran la banda presidencial confirmaba la amplia base social con que iniciaría su mandato, no toda perteneciente al Partido LIBRE, pero si toda necesitada de confiar en que un futuro más digno y justo podía construirse con usted al frente del Poder Ejecutivo.


Rápido transcurrió el primer año y hoy el aniversario se cumple con un país que no da muestras claras de ir procurando cambios de fondo, un país que dice estar en un proceso de “transición”, pero sin saber hacia qué o hacia dónde se transita.


El mejor ejemplo de esto es precisamente el vilo en el que nos encontramos por el desenlace en la elección de los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que al final fue manchado al concretarse un listado de 45 personas en la cual, la influencia política-partidaria logró colarse hasta que nombres de abogados despedidos por la misma institucionalidad pública por corrupción fueron incorporados, o de abogadas que son ampliamente conocidas por ser, a lo interno del Poder Judicial, las “tramitadoras” de los fallos. Es así que hoy ya no se necesita buscar nombres fuera del listado, la votación de los diputados será pública y la negociación se limita a cuotas por partido político. En resumen, hay un discurso que cambia, pero las acciones concretas son las de siempre.


El tema de la justicia en Honduras no es poca cosa y el cambio que deseábamos ver tampoco lo es si tomamos en cuenta que el sistema judicial es la estructura sobre la que se ha cimentado desde la expoliación de nuestros recursos naturales y territoriales, la violación permanente e impune de nuestros derechos humanos, la corrupción legalizada y hasta el narcotráfico. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad sabemos muy bien lo que decimos, porque nuestro trabajo y compromiso diario es por romper este estado de injusticia global que nos envuelve como país y como sociedad.


En estos momentos nuestro rol como parte del movimiento social nos permite vincularnos y tener un trabajo certero en más de 15 territorios a nivel nacional que van desde una comunidad llamada Azacualpa en La Unión Copán que lucha contra un monstruo minero, en Locomapa, Yoro, en donde el pueblo Tolupán lucha por sus bosques, Pajuiles o Jilamito en Atlántida, Palagua en La Paz, que defienden su derecho al agua frente a empresarios energéticos, hasta por el derecho a una vivienda digna, como en Castaños de Choloma en Cortés, o por el derecho a la tierra, como en El Aguán, Tacamiche, para citar solo algunos.


Todos son ejemplos crudos de cómo la población más empobrecida, marginada o desposeída se enfrenta, todavía en desigualdad de condiciones, a grupos de poder, desde élites financieras y bandas del crimen organizado hasta empresas transnacionales u organismos financieros internacionales.


Todas estas comunidades, Señora Presidenta, a un año de su gobierno siguen poniendo el pecho y la sangre, y estos grupos siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector de energía.


También es evidente en temas como el acceso a tierra. Justo en vísperas de este aniversario tan importante del triunfo popular ante la narco dictadura, fue asesinado José Omar Cruz Tomé, dirigente destacado de la Plataforma Agraria del Aguán, presidente de la cooperativa Los Laureles y un compañero de lucha del MADJ y el BED.


Le volvemos a recordar que el asesinato de Omar se produjo por sicarios contratados por las empresas agroindustriales de la zona, entre ellas DINANT. El asesinato de Omar, como de muchos otros, pudo evitarse si su gobierno y usted misma hubiera atendido con la importancia y seriedad la decena de denuncias y llamados hechos por la Plataforma y nosotros mismos y presentados ante las autoridades denunciando la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán.


La muerte de Omar también pudo haberse evitado si hubiera existido el interés y establecido la importancia por parte del gobierno de darle seguimiento al Convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y a partir del cual se le presentó a usted la propuesta para dar una solución de fondo al tema de propiedad de las tierras en El Aguán.


El asesinato de Omar nos duele, como nos duelen los más de 150 campesinos y campesinas asesinados en esa disputa de tierras que se remonta al despojo de sus derechos por la política neoliberal implantada por el corrupto gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Igual nos duelen los más de 13 compañeros y compañeras Tolupanes asesinados por defender el bosque, o por defender los ríos, o los recursos de la tierra como nuestros compañeros de Guapinol.


No hay una nueva realidad para este tipo de violencia y tantos otros que tienen lugar en nuestro país. Poco o nada ha cambiado en este año. Un ejemplo es la SERNA que un día anuncia el fin de los permisos para la industria minera y a la velocidad de la presión ejercida por este grupo económico tuvo que dar marcha atrás. No podemos negar que existe un discurso solidario, pero no hechos que lo legitimen.


Sus funcionarios subalternos nos reciben, pero no nos atienden. Hacen llamamientos públicos, pero no ejercen su función o lo que es peor, no entienden o no quieren entender el rol que deben desarrollar. Puntualmente sentimos que cada vez más las puertas de Casa Presidencial se están cerrando al reclamo social y popular, especialmente para aquellos sectores y organizaciones como las nuestras, que mantenemos nuestra independencia y la libertad de pensamiento.


Si la destrucción de la institucionalidad del Estado fue visible en la última década, entonces ¿Cuál es la función que el nuevo gobierno y sus funcionarios están llamados a realizar para fortalecer o refundar el Estado?, ¿Comprenden sus funcionarios y funcionarias la dimensión del reto que tienen por delante?, ¿Están interesados en cumplirlo o solo andan buscando perpetuarse en el poder por varios años más?


Compañera Xiomara,
Quisiéramos seguir llamándola así y queremos creer que este año se trató de enderezar el barco. Pero ya es tiempo de superar el discurso del daño heredado por JOH y su pandilla de ladrones y empezar a concretar los cambios prometidos. Ya no se vale decir que no se hace esto o lo otro porque la titularidad de ciertas instituciones no está bajo el dominio de LIBRE. Usted es la presidenta de Honduras y los cambios se harán si usted los impulsa y si son del beneficio colectivo, tendrá un movimiento social que los respalde.


Tampoco se podrá enderezar el país, si el sistema educativo público y muchas otras instituciones
siguen sumidas en el caos y la ingobernabilidad producto de disputas viscerales entre funcionarios
y empleados de su administración que rápidamente se olvidaron que la tarea fundamental del país es la refundación y no el reparto de chambas y privilegios entre familiares y amigos.


Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento; pero, con toda y esa maraña de oscuros intereses que se mantiene, algo -no sólo el discurso- tenemos que sentir que está cambiando. Para este año el Congreso Nacional le aprobó un presupuesto de más de 300 mil millones de lempiras y el año pasado dispuso de más de 200 mil millones… algo ya debería estar cambiando, otras deberían ser las prioridades de uso de estos recursos.


Sin embargo, tampoco aquí miramos avances concretos. La proyección general que refleja este presupuesto es que el gobierno de la República tendrá recursos para hacer proselitismo social-político y muy poco para invertirlo e iniciar un proceso de reactivación productiva. Presupuestos como el de salud y educación tienen aumentos vegetativos, pese al desastre que nos ha revelado y profundizado la pandemia del COVID-19.


La deuda pública desbordada, una inflación descontrolada y que se convierte en el principal impuesto para la población, el drenaje a los institutos de previsión, partidas enormes para el uso discrecional, la falta de acuerdo para resolver el déficit provocado por el sector energético, el uso desenfadado de las reservas internacionales…van a mejorar o a profundizarse estos problemas, ¿Cuánto más debemos esperar a que las promesas en estos temas se vuelvan realidad?

Como organizaciones responsables y justas no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs” o la “Ley de secretos”, pero igual nos siguen criminalizando y asesinando en los territorios. De igual forma, usted volvió a darles a la Policía y al Ejército poderes especiales para que “hagan y deshagan” y solo es cuestión de tiempo para que un nuevo patrón de violaciones a derechos humanos se instale en el país. Eso es, de nuevo, lo que nos preocupa. Es peligroso que el descontento aumente porque pueden volver a retomar el poder los de siempre; los saqueadores, los vendedores de patria, los sin conciencia.


Presidenta Xiomara, si de verdad se quiere transformar Honduras, construir ese “socialismo” del que se habla, hay que priorizar el cumplimiento de los compromisos y promesas por los que la gente la eligió: seguridad, justicia, protección de los derechos humanos de la manera más integral, reactivar la economía digna y en consonancia con los derechos de la naturaleza y la tierra, generar empleos que brinden oportunidades de desarrollo aquí en Honduras, parar la corrupción, instalar la CICIH sin tanto cálculo político o sentando desde ya la impunidad para las actuaciones incorrectas en su gobierno…. En fin, crear un acuerdo nacional que aborde todos estos desafíos, pero desde la perspectiva popular, no para pasar
el poder y sus recursos de un puñado de manos a otro puñado de manos. No podemos aceptar situaciones que siempre hemos rechazado, como el reparto del país, sólo porque Libre está en el poder o porque Usted o el Señor Manuel Zelaya así lo indican.


Si su gobierno se decide hacerle frente a estos problemas que son de fondo y que requieren de respuestas y acciones de fondo, por supuesto que contará con nosotros que entendemos que una parte de la responsabilidad de cambiar las cosas radica en la sociedad, en la ciudadanía.


Señora Presidenta…aún quedan tres años de su mandato. Reconocemos sus buenas intenciones, pero advertimos, honesta y responsablemente, que eso no basta. Este primer año ha sido de desahogo social, pero el tiempo vuela y tenemos un país en donde el 80% de su población ha sido empobrecida y esa es una tragedia que se vive a diario. El desplome de las ilusiones y expectativas de la población ante una realidad que la agobia no augura un futuro prometedor para el país. Escuche el reclamo genuino de la población, vuelva a establecer las prioridades, comprometa su palabra y cúmplala…


Presidenta Xiomara, usted recurrentemente nos reitera que la refundación del Estado y la sociedad es su tarea fundamental. En concordancia con ese desafío, es crucial recordarle que la refundación solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.


En ese sentido, al inaugurarse el segundo año de su gobierno, por coherencia, esperamos que se abra al diálogo franco, directo y fraterno con el movimiento social y popular autónomo que tiene igual o mayor compromiso por la refundación del país; que las cartas enviadas a su despacho por nuestras articulaciones sociales y las masivas movilizaciones de campesinos y otros sectores populares a la capital también tengan respuesta y acogida pública en su despacho; como la han tenido hasta ahora las representaciones de la élite financiera, económica-agroindustrial corrupta y violenta de nuestro país.


El MADJ y el BED estamos totalmente convencidos que su gobierno debe estar abocado a sentar las bases de transformaciones estructurales, empezando por la justicia, y a considerar que la continuidad democrática de sus políticas radica en convertir la defensa y concreción de los derechos humanos en su quehacer fundamental.

No más concesiones extractivistas y no a las zedes en los pueblos indígenas: Nuevo contrato social.

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Este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Estudios para la Dignidad saludan a los pueblos indígenas de Honduras, de manera especial a los líderes y lideresas que día a día organizan y promueven luchas de resistencia en sus territorios con la dignidad y justicia como valores inalienables.

Saludamos al pueblo misquito luchando por defender sus territorios y biodiversidad en contra de la voracidad de empresarios vinculados a carteles de narcotraficantes que operan con total impunidad. Saludamos al pueblo Tawahka sobreviviendo en medio del arrebato de su sagrado y glorioso río Patuca, única vía que unía a todos sus pueblos; río ahora convertido en mercancía hidroeléctrica generando riquezas para unos pocos empresarios y miseria para el pueblo tawahka. Nuestro saludo al pueblo Nahoa, urgido de mayor atención en materia de salud, educación e infraestructura básica. Saludamos al pueblo Lenca sediento de justicia para nuestra compañera Bertha, convertida en Nuestra Madre Tierra, ahora brotando desde  los más diversos manantiales llevando vida y exigiendo justicia para los pueblos. Saludamos con honor al pueblo Chortí eternamente despojado de sus tierras, condenado a ser peón en sus propios territorios convertidos en haciendas, esperando eternamente promesas agrarias que nunca les han sido cumplidas. Hacemos causa fraterna con los pueblos afrodescendientes de Honduras y junto a ellos luchamos contra el despojo de sus bienes naturales y sus territorios.

Y nuestro permanente saludo solidario al valiente pueblo Tolupán, que, ahora asumido como un pueblo en Movimiento Amplio, se encuentra en lucha frontal contra las empresas madereras que siempre les han despojado de sus bienes naturales, y que a pesar de los múltiples ataques continúan defendiendo la vida y sus territorios.

A pesar de los intentos del Estado y los empresarios de detener las luchas organizadas,   estos pueblos siguen siendo referentes de dignidad y justicia para nuestra Honduras, hoy urgida de estos valores. No se puede ignorar que quienes todavía están resistiendo y levantando la voz son mujeres y hombres indígenas que desde sus limitaciones poseen extraordinarios dones  espirituales que se materializan en la construcción de nuevos apoyos comunitarios o  tribales importantes a la hora de respaldarse, cuidarse, producir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos difíciles como suelen hacerlo cuando son fieles a sus cosmovisiones.

De manera muy especial, expresamos nuestra admiración y solidaridad militante y popular al pueblo Tolupán y su Consejo Preventivo, milenariamente caracterizado por ser un pueblo de gente amiga, servicial, pero también inteligentemente huidizo, tenaz e inclaudicable cuando lucha por lo suyo. Este día rememoramos con especial admiración a Enriqueta Matute y sus compañeros mártires, a Samael Matute y su padre, a Milgen Soto y los más de 117 tolupanes asesinados por defender sus tierras y sus bosques sin que el Estado y sus órganos de justicia hayan castigado a sus asesinos.

El Movimiento Amplio y el Bufete Dignidad renueva este día la alianza de nuestras organizaciones con el pueblo indígena Tolupán que nos da lecciones heroicas e inteligentes de esa dignidad y justicia que proclamamos cada día.

Ante la sociedad hondureña y haciendo causa común con las dirigencias honestas de los pueblos indígenas, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad se manifiestan de la siguiente manera:

  1. Exigimos poner fin al manoseo descarado y sucio con que el Estado ha pretendido neutralizar los objetivos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, exigimos se inicie el tan cobardemente postergado saneamiento agrario de los pueblos indígenas.
  2. Demandamos la apertura de procesos de educación indígena con inclusividad.
  3. Urgimos la necesidad de centros de salud y atención especial en los hospitales regionales para las personas indígenas que acuden en busca de salud.
  4. Denunciamos la ausencia de castigos a quienes abusan de las mujeres indígenas y nos unimos en busca de propuestas económicas y profesionales para las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas en sí mismos y por tanto tan hondureños como cualquiera del resto de la población.

La ONU ha pedido que este año la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas avance hacia un nuevo contrato social que no deje atrás a ningún pueblo Indígena. Por nuestra parte, consideramos que las exigencias planteadas deben asumirse desde la más grande determinación:

¡No más concesiones extractivistas y no ZEDEs en territorios indígenas!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

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MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

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SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

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¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

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Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

TerritoriosMADJ.-Entrega-No.1-PajuilesDescarga

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”

NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

MADJ invita a quienes defienden derechos humanos en Honduras a sumarse para exigir poder #CircularparaDefender

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Integrante de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de distintos territorios del país, el 1 de mayo presentaron una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales nos están siendo violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

Solicitaron que los decretos PCM 021-2020 y todas sus prórrogas no les sean aplicables y las autoridades se abstengan de obstaculizar nuestras labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.


A fin de asegurar que la Sala resuelva de manera favorable y conforme a los estándares internacionales está invitando a las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a las exigencias planteadas de las dos formas siguientes:

  1. A organizaciones y colectivos de personas dedicadas a la labor de defensa de derechos humanos nacionales a suscribir la acción de amparo y presentarlo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
    – El amparo puede ser descargado en formato Word dando click aquí.
    – Una vez completado enviar/remitirlo en formato PDF a la Sala de la Constitucional a través del correo electrónico calmendares@poderjudicial.gob.hn; adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.
  2. A las organizaciones nacionales e internacionales, les invita a suscribir la carta modelo dirigida a la Sala de lo Constitucional respaldando las peticiones del amparo y la necesidad de que quienes defendemos derechos humanos en Honduras no seamos objetos de restricciones indebidas a nuestra labor. La carta puede ser descargada dando clik aquí y también la encontrarán adjunta a esta comunicación. Una vez firmada remitirla a los correos electrónicos calmendares@poderjudicial.gob.hn, rhercules@poderjudicial.gob.hn,  adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.  

En este contexto, es urgente y necesario combatir el virus de la corrupción e impunidad y la represión policial y militar en contra de la población que enfrenta la cara más agresiva de la pandemia, que es el hambre y la desidia.

Los impedimentos a la labor de quienes defienden derechos humanos forma parte del pacto y escenario de impunidad que quieren garantizarse quienes continúan saqueando Honduras.