Las organizaciones sociales aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI) han enviado una carta solicitando a la presidencia del Congreso Nacional de la República la ampliación de vacatio Legis al menos un año más la para la entrada en vigencia del nuevo código penal prevista para el 10 de mayo de este año.
En la comunicación girada al doctor Mauricio Oliva las organizaciones exponen algunas de las razonas por las que no es el momento para que el nuevo código entre en vigencia debido a que estamos “en un momento en que todas las acciones estatales tienen o tendrían que estar enfocadas en combatir la pandemia del COVID19”. También han señalado la deficiente socialización que esta normativa ha tenido hacia la ciudadanía y los operadores de justicia.
Este nuevo código penal ha recibido fuertes críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad sobre todo por la reducción de penas en diferentes delitos que involucran a grupos vulnerables y a funcionarios públicos y esto ha sido uno de los puntos que se le ha hecho saber al presidente del poder legislativo en el escrito presentado por la Coalición Contra la Impunidad. “Contiene disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico y la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.
Otro de los puntos señalados por la CCI, es que “limita algunos derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática”. Además, refieren que la entrada en vigencia en este momento pondría en mayor riesgo a la ciudadanía debido a que están suspendidas las garantías constitucionales y esto “revestiría de mayor arbitrariedad” la actuación de las autoridades contra la población.
A las organizaciones de la CCI les preocupa que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal vulnere los derechos de las comunidades o personas que han empezado a reclamar ante la falta de alimentos y medicamentos en sus comunidades y que con la nueva ley se penalicen las acciones de protesta social ante el incumplimiento de las instituciones del Estado.
La Coalición Contra la Impunidad es un espacio de articulación nacional que aglutina al menos 52 organizaciones de la sociedad civil hondureña y trabaja desde su fundación por el respeto a los derechos humanos.
¡FUERA INGELSA, FUERA BID! ¡ARIZONA ES TERRITORIO LIBRE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS!
Nosotras, las comunidades organizadas del municipio de Arizona, Atlántida, Honduras, condenamos la visita de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a nuestro territorio, quien por segunda vez está sirviendo de intermediario de los intereses de empresas extractivas y sus proyectos nocivos para nuestras vidas y nuestros entornos irrespetando nuestra decisión soberana de declararnos libres de extractivismo.
El 20 de noviembre de 2015, a pesar de la pretensión de
manipular el cabildo abierto por parte de las autoridades locales en ese
momento, decidimos por mayoría declarar nuestro territorio libre de minería e
hidroeléctricas frente a la amenaza que constituía el proyecto hidroeléctrico
Jilamito propiedad de la empresa INGELSA. Esa decisión la ratificamos el pasado
24 de marzo de 2019. Estamos inamoviblemente claros: ¡Arizona es territorio
libre de proyectos extractivos!
Es condenable que a pesar de esa decisión y al mejor estilo
de las instituciones nacionales e internacionales coludidas con el capital
extractivo y dedicadas a blanquear el rostro de estas empresas criminales, el
BID pretenda venir a nuestro territorio a generar influencias y presiones para
que el proyecto pueda ser construido sobre nuestra única fuente de agua,
nuestro río Jilamito.
Conocemos perfectamente este patrón de comportamiento y
dinámica de funcionamiento del gran engranaje trasnacional del extractivismo,
en donde desarrollan un papel instancias como el BID. Está clara su intención
de pretender legitimar los intereses de INGELSA haciendo uso de maniobras
corruptas como solicitar reuniones a nombre de SEMSA y posteriormente a nombre
de INGELSA, así como su interés en reunirse siempre con sectores comunitarios
coludidos con la empresa, que han traicionado la voluntad soberana producto de
la descomposición del tejido social que provocan estas empresas como
herramienta para entrar en los territorios que les interesa saquear.
Denunciamos que este día, domingo 15 de marzo de 2020, la
consultora Rebecca Reibers de Monkey Forest Consulting sostiene reunión con
habitantes de Mezapita a espaldas del conocimiento de toda la comunidad,
seleccionando para dicha reunión a personas abierta y reconocidamente afines a
la empresa.
Para nosotros SEMSA e INGELSA son lo mismo, sinónimos y
prácticas de corrupción, impunidad, ilegalidades, violencia y muerte. No nos
interesa su capital, sus supuestos beneficios, su supuesto desarrollo. El
desarrollo de nuestras comunidades lo estamos haciendo nosotros mismos mediante
el proyecto comunitario que ya está en marcha y con el cual haremos del derecho
humano al agua una realidad, con la alegría de no estar engordándole los
bolsillos a empresas criminales.
¿De qué “desarrollo sostenible y respetuoso con el clima”
habla el BID cuando además de desconocer nuestra voluntad popular expresada en
la declaratoria y en la ratificación, pretende seguir impulsando empresas y
proyectos con los cuales se pondría en riesgo nuestro esfuerzo de trabajo en el
proyecto comunitario de agua que ya está en curso?
Responsabilizamos al BID y la presencia de sus consultores de cualquier brote de conflictividad en nuestra zona, como parte de la polarización que provocan estas empresas como herramienta para llevarse nuestra riqueza. Reafirmamos que no estamos solas, que somos parte de procesos a lo largo del territorio nacional, de nuestros hermanos y hermanas de Pajuiles, Sector Florida, Guapinol, de las comunidades de la zona Sur, de COPINH, Reitoca, Azacualpa, entre otras. Que los pueblos sabemos hacer justicia y hemos decidido soberanamente vivir libres de extractivismo y así nos mantendremos, luchando por dignidad y justicia para nuestras comunidades y para Honduras.
(…) estás aquí futuro / hay que ampararte los emboscados en la amanecida quieren acribillarte desde el miedo
Mañana/Mario Benedetti
El Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia desde Honduras saludamos en navidad a todos los pueblos
de Honduras y América Latina. De manera muy especial a aquellos que construyen
nuevas comunidades y las defienden para hacer posible desde ellas el nacimiento
de una sociedad donde ya no hayan niños y niñas naciendo en el abandono, donde
no hayan mujeres huyendo de una sociedad que les humilla y mata y donde existan
hombres que se cuestionan sus privilegios, coherentes, comprometidos y
valientes que apoyan el nacimiento de esa sociedad digna y justa que anhelamos de
forma permanente e inclaudicable.
Feliz navidad a los hombres y
mujeres que, expulsados de sus tierras o condenados a vivir en lenta agonía en
la miseria de sus pueblos, no les queda más que abrirse camino hacia otros
destinos donde puedan trabajar para ganar el sustento de sus seres queridos. A
los compañeros privados de libertad injustamente, convertidos en presos
políticos por la narcodictadura. A las mujeres y hombres de nuestros pueblos,
cuyas luchas encarnan y anuncian el nacimiento de una nueva sociedad donde se
pueda vivir con dignidad y justicia.
A los pueblos en resistencia,
apostados en veredas; defendiendo bosques, ríos y montañas porque son suyos;
les pertenecen porque son bienes naturales que la vida les ha prodigado y ahora
los avarientos y perversos señores capitalistas los pretenden como suyos en
nombre de un desarrollo económico que nunca llega a las comunidades.
Y en medio de la alegría de la
navidad hacemos causa común y expresamos nuestra rabia y dolor esperanzador y
solidario a los cientos de familias que en este año han sido víctimas de la
narcodictadura en Honduras, arrebatándoles sus hijas, padres y demás
familiares. Nuestro dolor solidario con las familias que en 2019 vieron a sus
hijas, madres y esposas asesinadas por hombres crueles que en nombre del más
burdo patriarcado se asignan el derecho de decidir sobre la vida y muerte de
las mujeres.
Nuestra solidaridad con los
pueblos indígenas y afrodescendientes que continúan luchando contra el
colonialismo depredador que ahora opera bajo la máscara de un extractivismo
ecocida y humanicida. Nuestro dolor nos une a las familias de Brumadinho,
Brasil, que este año vieron sus comunidades, hogares y familiares extinguirse a
causa de la locura extractivista que mancha de sangre nuestra América Latina.
Nuestra solidaridad con los
pueblos de Haití, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia y Nicaragua que están
luchando en contra de los embates del neoliberalismo y el capitalismo. Nuestra
rabia incontenible y solidaria con las familias de los cientos de luchadores y
luchadoras de los pueblos asesinados en nuestro continente.
El Movimiento Amplio llama a
construir la navidad del pueblo hondureño y latinoamericano. Sobre el dolor a
que nos condenan narcodictaduras, tiranías crueles y gobiernos impuestos por el
imperio, nuestras luchas posibilitan el nacimiento del nuevo hombre y la nueva
mujer que, en nuevas relaciones sociales, representa la dignidad de una nueva
humanidad hondureña y latinoamericana.
Con justa razón proclamamos que en Honduras y en América Latina no puede haber navidad sin dignidad, navidad sin comunidad. Desde nuestras luchas comunitarias somos el nuevo rostro de la navidad hondureña y latinoamericana. Vamos, pues, a construir esa navidad en Guapinol, en Pajuiles, Locomapa, Reitoca, Azacualpa, Namasigue, en las calles de Santiago de Chile, en Jilamito, en la gran Colombia, mujeres y hombres, con todos los pueblos indígenas y afrodescendientes.
¡Feliz Navidad con Dignidad en Comunidad!
San Juan Pueblo, Honduras. 24 de diciembre
de 2019
Nosotras, mujeres integrantes del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, pertenecientes a diferentes
núcleos comunitarios y procedentes de distintos territorios donde sostenemos resistencias
dignas y pacíficas en defensa de nuestros bienes naturales, contra el extractivismo, la corrupción e
impunidad que trae el modelo de muerte. Nos juntamos durante un día y medio
para reconocernos, para aprender y desaprender, para compartir sobre la vida, y
rendir memoria en especial a una de nuestras Ancestras, María Enriqueta Matute,
asesinada en la lucha del pueblo tolupán en defensa del bosque y la dignidad.
Declaramos estar contentas por haber tenido nuestro momento y espacio como mujeres porque fue armonioso en la palabra. Hablamos con confianza y respeto porque son distintas las vidas de cada una, desde las costumbres, las creencias y lo que nos ha tocado por vida. Unas muy jóvenes y otras con muchos años, unas apenas llegadas a las luchas y otras iniciadoras de campamentos, de caminatas, convocantes de otras, unas madres, otras decididas a no serlo, celebrando nuestras diferencias como principio político de nuestra organización y de la vida.
Declaramos que valoramos nuestro
espacio mixto organizativo y que el habernos encontrado sólo entre mujeres y
pensado desde ser mujeres, por primera vez dentro de nuestro MADJ, nos alegró mucho y decidimos que se
instale como una práctica política periódica de nuestra organización, pero
además que profundizar en el conocimiento, la reflexión y el debate sobre la
interseccionalidad y la relación entre los sistemas de opresión sea una práctica
permanente en nuestros campamentos, núcleos, asambleas y en las calles.
Declaramos sentir que hemos
abierto una brecha con el entendimiento que la lucha contra el capitalismo es al mismo tiempo que la lucha contra el patriarcado
y el racismo, que es tanto en nuestras vidas como dentro de nuestra
organización, de nuestra comunidad y por supuesto del país, porque nos falta reconocer
en nosotras las secuelas del patriarcado y a veces manifestamos actitudes
machistas, clasistas o racistas, porque mujeres y hombres debemos comprenderlo
bien para caminar de la declaración a las acciones organizativas concretas y
honestas que nos hagan desmontar estas opresiones en lo individual y lo
colectivo para avanzar en nuestras luchas emancipatorias en el marco de la
apuesta política integral del MADJ.
Declaramos que somos mujeres importantes,
determinantes en el sostenimiento de las luchas y desde esta certeza reiteramos
nuestro compromiso en los territorios, en cada campamento digno, en cada calle
caminada en la que gritamos consignas, con la alegría de sabernos iguales y
codo a codo con nuestros compañeros. Vamos a seguir poniendo en valor nuestro
aporte y nuestro poder en la toma de decisiones para refundar por adelantado al
tiempo que declaramos en libertad los ríos, los bosques, nuestros territorios
vida y nuestros cuerpos que son territorio pero también son tejido.
Llamamos a todas, en las tribus,
comunidades, en las ciudades de Honduras y de los países de nuestra América a
luchar organizadamente, a construir y echar a andar procesos de liberación que
se ajusten a nuestras condiciones y realidades concretas, que se hermanen con
los del resto de mujeres del mundo que luchan por todas. Llamamos a seguir
encarnando la dignidad y la lucha por la justicia, porque creemos y entendemos
que los sueños se construyen cada día en comunidad.
Arena Blanca, El
Progreso Yoro, Honduras. 1 de Diciembre 2019
A 198 años la independencia de Honduras continúa siendo una tarea pendiente. En 2019 el escenario del 15 de septiembre evidencia la profundidad de los retos que esta implica y la urgencia de seguir haciendo la patria que soñamos desde la construcción de soberanía como principal apuesta política.
El saldo de esa tarea urgente en el presente inmediato son, entre muchos otros, siete luchadores(as) sociales de la comunidad de Guapinol encarcelados, nueve indígenas tolupanes criminalizados frente a la posibilidad de ser enviados a prisión, una infinidad de irregularidades en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y de justicia para el pueblo lenca y el incremento desbordado de las concesiones de territorio a la actividad extractiva.
El montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho, y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de sus bienes comunes es sin duda el retrato más exacto y concreto de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos naturales como uno de los problemas torales en el país.
Es claro, en tiempos actuales la real independencia implica no solo la liberación del yugo de otro Estado, sino y sobre todo, de un sistema económico depredador causante de muerte, desigualdad, exclusión, persecución a luchadores y luchadoras sociales y requiere obligatoriamente la autonomía frente al capital mercenario transnacional.
En esa tarea desde el MADJ continuamos insistiendo en la urgencia imperativa de pasar de las resistencias a la soberanía con dignidad y para ello es necesario redoblar trabajo para crear y afianzar alianzas con y entre el movimiento popular/social hondureño a fin de articular, elaborar y echar a andar respuestas radicales a la ofensiva puesta en marcha por la dictadura.
Y esa radicalidad, tal y como lo hemos señalado en momentos anteriores implica obligatoriamente trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Radicalidad en el compromiso. Menos turismo político y social. Implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes.
Esa radicalidad debe llevarnos a pensar y poner en marcha un proceso de real independencia que integre a todas las comunidades que estén haciendo de Honduras un lugar más libre, construyendo desde la terca rebeldía y esperanza otras formas de vivir. Un proceso que obligatoriamente discuta, cuestione y enfrente los modelos económicos que benefician a unos pocos a costa de la vida de esa mayoría que despierta todos los días arando un mundo más justo.
Debe obligatoriamente discutir el extractivismo, el militarismo, la violencia generalizada, la violencia de género, que discuta los métodos de participación social y sobre todo que profundice la democracia.
La tarea es urgente, no hay tiempo. La lucha por la independencia está ocurriendo, sino la libramos nosotros/as la siguen ganando ellos. Tenemos que articular la lucha, el amor a la patria, la solidaridad, el compromiso y la radicalidad con claridad, determinación e inteligencia.
A 198 años desde el MADJ reafirmamos que “…aquí, por todas partes, están los brazos que van a construir ese país nuevo, los pies que van a recorrerlo, los cerebros que van a pensarlo, y los labios del pueblo que lo van a cantar sin descanso[1].”
El 05 de septiembre el Gobierno
del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor
parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano
extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de
despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los
bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos
agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e
irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las
declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria
de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han
realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva
del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene
gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios
en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El
Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez
otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue
otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La
Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en
protesta contra la empresa William &
Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual
la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.
Las y los luchadores políticos
y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares,
enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación
injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una
cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en
defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de
procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes
provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de
Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática,
persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los
que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los
bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario
a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de
las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual
cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación,
agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones,
sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre
que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en
esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación,
asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas,
funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de
acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional
como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar
algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y
sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo
y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo,
violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización
por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre
de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de
Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las
ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida,
Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas
que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar
el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
ANTE LA CONDENA DE ROSA, LA ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA MAYOR INDIGNACIÓN Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:
Ante las
resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de
¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha
contra la corrupción y acentúa la impunidad
en el país, desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.
1. Nada más
indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser
considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un
hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos
públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de
Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa
afirmación es insana, acrítica e irracional.
2. En el caso de
“Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron
descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y
mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes,
juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones
incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas
de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula,
los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su
aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los
corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La
inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.
3. La reiterada
perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en
el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo
ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre
y ruindad cada vez más visible del actual régimen.
4. Los corruptos
no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no
se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre
quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que
finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean
el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles;
entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y
el eterno saqueo de la riqueza nuestra.
5. Frente a esta
realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las
posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su
sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre
implica violencia.
La radicalidad
implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la
gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los
corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados
derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos
turismo político y social.
La radicalidad
implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la
impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica
colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya
corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.
6. La
radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el
número de posibles años de condena para Rosa),
jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede
existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que
causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y
ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche
jurídico y sobre todo social y humano.
7. El país y la
sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso,
inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias
humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria
necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente,
fundarla nuevamente a cualquier costo.
8. Después de
conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad
promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño
causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad
instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del
crimen organizado hecho gobierno.
9. Además,
exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como
funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad
legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de
corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el
erario público.
10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.
Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en
lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los
territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la
siguiente manera:
Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que
se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y
políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo
históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante,
apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales,
gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía
nacional.
Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo
económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes
comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y
no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la
educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.
Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el
Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular,
por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las
constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre
derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de
corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado
sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el
narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.
La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno
de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares
del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para
un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar
el papel de las transnacionales y empresas extractivas.
Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para
sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan
alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos;
hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el
régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose
si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que
queremos.
Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país
de avanzar y trabajar por la
unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde
los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental,
la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier
otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y
llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para
consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.
Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.
Es nuestra determinación
continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando
Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la
salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la
población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.
Como Movimiento Amplio, hacemos
nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora
Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales
decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos
nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con
resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha
resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de
mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño
está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones
convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de
conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos
adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos
problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.
Condenamos y reprochamos los
llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y
funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién
pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el
gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose
en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.
Llamamos al pueblo, a los
estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los
estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho
humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa
del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.
La voz de un pueblo unido es voz
soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando
organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos
por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.
La región latinoamericana y
caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.
El intento imperialista de
concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la
República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que
lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios
años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por
los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de
la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses
intervencionistas.
Desde las Honduras de
Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido
por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en
2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha
autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al
gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a tácticas anti democráticas que justamente son
las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en
Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.
Un lamentable y servil papel
ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de
derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis
Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien
siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para
abordar la situación de Venezuela.
Desde estas instancias se
promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional,
se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que
Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos
realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el
reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.
Sin embargo, a
pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron
los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en
foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos
(OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente
interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso
electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
Ante ese escenario, los
pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones
del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones
invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que
tardan mucho en sanarse.
La crisis de Ucrania dejó
más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y
desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios
más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más
vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511
mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.
Y qué decir de la invasión a
Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas.
Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto
en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene
garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de
los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la
patria.
Ese recorrido mínimo y
necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita
preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la
población venezolana.
Sin lugar a dudas, todas las
acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del
gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje
expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la
época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas
se disponen a los intereses imperialistas.
En ese escenario, defender a
la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones
intervencionistas es un imperativo ético.
Desde nuestra realidad
inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como
el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el
manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la
ONU.
Detrás de la crisis generada
en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos
y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero
sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Honduras, 29 de enero de 2019
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
