Marco Tulio Cruz Cruz es el nombre del líder campesino que fue encontrado asesinado este día en el crematorio municipal de Sonaguera en el departamento de Colón, zona del bajo Aguán en Honduras, territorio en permanente lucha social ante el despojo al que históricamente han sido sometidos sus habitantes.
De acuerdo a la denuncia realizada por defensoras de Derechos Humanos en el bajo Aguán “Hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, sacaron de su vivienda a Marco Tulio Cruz, ante la presencia de su madre, y hermano, el defensor de #DDHH Rigoberto Cruz (a quien golpearon)”, anoche en Sonaguera, Colón.
Durante su vida Marco Tulio luchó junto a sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación de tierras, situación que le llevó a enfrentar violentos desalojos por parte de las autoridades hondureñas cuando él era parte de la empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos. Hace pocos días había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en proceso de recuperación.
El patrón del crimen en contra de Marco Tulio Cruz Cruz se asemeja mucho al que utilizaron los asesinos del indígena y luchador social Milgen Idan Soto Ávila, quien fue raptado y posteriormente asesinado en las montañas de Yoro, su cuerpo fue encontrado enterrado el viernes 27 de septiembre de 2019.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenamos el asesinato de los líderes y luchadores sociales de nuestro país, pero además condenamos los patrones de ejecución a los que están siendo sometidas las personas que luchan por los bienes comunes y la defensa del territorio en Honduras.
Editorial: Narcodictadura al descubierto y la urgencia de movilización
El 2 de octubre inició el juicio en contra de Juan
Antonio Hernández, conocido como “Tony Hernández”, diputado por el Partido
Nacional y hermano del presidente de Honduras ilegalmente reelecto, Juan
Orlando Hernández. Tony es juzgado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York
en los Estados Unidos de América acusado por cuatro delitos: narcotráfico,
tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y
falso testimonio.
Un documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur reveló que 15
personas del Partido Nacional tienen relación con el juicio y con las
actividades que son objeto de juzgamiento, entre estos Juan Orlando
Hernández, confirmando lo que la población hondureña sabía con certeza desde
hace varios años: el Partido Nacional es una estructura criminal
indiscutiblemente vinculada con el narcotráfico.
Queda completamente claro que es una institución de delincuentes,
putrefacta y corroída, a la que no le ha bastado su propia
autodestrucción, sino que ha salpicado
todas las estructuras del Estado. Se han asociado para saquear y
malversar los bienes públicos asegurando un ambiente que les garantizara
impunidad. Han asesinado directa e indirectamente a miles de personas con sus
robos millonarios, saqueos y desfalcos.
Si a todos los señalados les quedara un poco de ética y vergüenza
depondrían de sus cargos inmediatamente, pero no ha sucedido, ni sucederá y
frente a esto hay responsabilidades compartidas. El acostumbrado servilismo
perverso de los medios corporativos de comunicación que han pretendido
ingenuamente ocultar, tergiversar y negar las declaraciones de las más grandes
cadenas internacionales y la actitud cobarde de los “grandes líderes” del país
y los partidos políticos que a cambio de negociaciones de cuotas de poder en
instancias y de complacer al imperio guardan silencio y terminan siendo piezas
claves para que la narco dictadura se sostenga.
Es urgente la ineludible obligación
de sacudirnos de una vez por todas este régimen. Desde el MADJ reafirmamos que
la única forma y la más urgente es la organización y movilización popular, en
todos los departamentos y municipios del país. Organización zonal, barrial y
comunitaria, a través de una articulación nacional genuina y comprometida
con la refundación del país, que exija la salida inmediata de Juan Orlando
Hernández, la renuncia del Fiscal General y Adjunto a la cabeza del
Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de los diputados y diputadas
involucrados. Que exija una depuración, enjuiciamiento y castigo a todos los
corruptos, criminales y cómplices del narco partido nacional, merecedores de
todo el desprecio y repudio de la población hondureña.
Debemos iniciar la búsqueda de nuevos liderazgos salidos de nuestras
entrañas, probados en la lucha y fieles al pueblo que trasciendan a comentarios
cómodos desde redes sociales y al postergamiento de las acciones urgentes. No
debemos ni podemos esperar justicia de parte de Estados Unidos. Esta no llegará
a no ser que le reditúe dividendos a sus empresas o a cambio de hipotecar la
sangre de nuestros jóvenes en guerras asesinas contra países hermanos del
continente.
Insistimos en encontrarnos, en unificar todos los sectores, en vernos de
manera inmediata con las organizaciones populares de base e inmediatamente
después con otros y todos los espacios que tengan como prioridad y compromiso
político rescatar al país de la dirección de un gobierno y partido de
narcotraficantes criminales y en esa tarea, seguimos poniendo nuestro
compromiso, empeño y disposición. ¡Encontrémonos en las calles, en la
propuesta, en la discusión y en el trabajo por la Honduras que soñamos!
3 de octubre de 2019. Parque Central de La Ceiba, Atlántida. Honduras.
¡ATLÁNTIDA CON VIDA Y DIGNIDAD!: Nace estructura departamental
Este 3 de octubre de
2019, la Ceiba fue el escenario del nacimiento y lanzamiento oficial de la
estructura departamental “Atlántida con vida y dignidad”, después de casi dos
meses de gestiones, conformaciones de alianzas y acercamientos entre diversos
actores y sectores en torno a un objetivo común: trabajar en función de
asegurar calidad de vida a la población del departamento y fortalecer la
capacidad de participación y decisión de esta en el rumbo de sus bienes
naturales y demás aspectos de su vida social y política en general.
“Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún no se han incorporado y tienen interés de hacerlo”.
Martín Fernández, MADJ.
Atlántida con vida y
dignidad es producto de tres reuniones previas en las que se procuró el
encuentro de distintos espacios y también de la ciudadanía común. Dentro de
estas se discutieron las principales problemáticas comunes que enfrentan los
distintos municipios, destacando la falta de agua, la quema y deforestación de
la montaña, las iniciativas en torno a mineras e hidroeléctricas, entre otros,
en los cuales la sociedad en general del departamento no ha estado teniendo
participación.
Después de escucharse y
escuchar a las poblaciones, se pensó en la necesidad de articular trabajo en
todo el departamento con representaciones genuinas de cada municipio, en crear
y lanzar un espacio que pudiera aglutinar todas las fuerzas e impulsar un
proceso en torno a temas fundamentales para la vida departamental.
Fue así que, el día de
ayer el Parque Las Banderas fue el punto donde se convocaron distintas
organizaciones impulsadoras de esta iniciativa como ser el Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia, la Pastoral de la Iglesia Católica de Jutiapa de
La Ceiba, Nuestra Señora del Pilar de Arizona, FUPNAPIB, Madre Tierra de La
Ceiba, Asociación de Juntas de Agua de Jutiapa (AJAJUTIA) y otras que se
sumaron en el curso de las diversas reuniones previas como ser diversas juntas de agua, patronatos sectoriales, entre
estos los del Florida, Pajuiles y Jilamito, la Junta de Agua de San Juan Pueblo
y ciudadanía interesada e involucrada en la vida del departamento. Del Parque
Las Banderas la movilización se dirigió hasta el parque central donde se llevó
a cabo el lanzamiento oficial del espacio.
El lanzamiento llevado a cabo el día de ayer fue un acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas y problemáticas principales.
Martín Fernández, MADJ.
A criterio de Martín
Fernández, integrante de la Coordinación General del MADJ el lanzamiento
llevado a cabo el día de ayer “fue un
acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y
población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta
dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas
y problemáticas principales.”
Atlántida con vida y
dignidad va más allá al referir que dentro de sus objetivos principales está proponer
acciones concretas que aseguren un rumbo adecuado del departamento, esto
implica increpar a autoridades locales y nacionales e instituciones como el
Instituto de Conservación Forestal (ICF), MiAmbiente, entre otras, a fin de que
estas respondan a las demandas de la población y de notificarles el proyecto de
vida que desean para el departamento.
“Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún nose han incorporado y tienen interés de hacerlo”, explicó Martín Fernández.
Es claro, Atlántida
camina con paso firme hacia su dignificación.
Lugar donde descansan los restos de José Salomón Matute y Juan Samael Matute asesinados el reciente 25 de febrero de 2019.
¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS DEL PUEBLO TOLUPAN?
Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y
febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del
histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña
en el pueblo indígena tolupán.
Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina,
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo
Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón
Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y
oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una
nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.
Milgen Idán Soto Ávila de 29 años, sostiene una fotografía de su primo Samael Matute asesinado en febrero de 2019 por su lucha en defensa del territorio y bosque ancestral.
Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su
cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE
realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la
dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del
Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez
criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos
integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario
Domínguez.
Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua
en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás
integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los
crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.
A apenas siete meses de ese doble asesinato de los
familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero,
la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la
tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en
defensa de sus bosques ancestrales.
Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas
tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el
Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en
San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y
empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad
en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la
responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos
sistemáticos.
¿Cuándo el Ministerio
Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de
desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa
de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser
castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar
doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las
tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de
provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre
y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la
indiferencia sistemática del Estado.
Es momento de señalar
la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante
situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el
Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la
FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan
otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los
intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio
mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros
crímenes.
La población
hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la
práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y
nacional para el saqueo y la sociedad hondureña. Son instituciones
ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la
impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del
poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen
a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo
puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en
el ejercicio de las empresas privadas?
Invitamos a la
población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores
intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del
empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica
pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién
o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos?
Las empresas, pero
también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben
rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar
corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos
indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la
impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.
Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.
Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.
También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.
Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia condena la actitud criminal con que heraldos de la muerte
intentaron amedrentar y hacer daño a nuestra compañera de siempre y periodista
al servicio del pueblo, Sandra Maribel Sánchez. La tarde de ayer, 26 de septiembre,
individuos desconocidos con armas en mano amenazaron con secuestrar y atentar
con la vida de Sandra Maribel Sánchez en la ciudad capital, Tegucigalpa. No se
trata de delincuentes comunes; los criminales que atentaron contra Sandra
Maribel son más bien sujetos perversos organizados en grupos criminales que
actúan protegidos por el manto de poder e impunidad con que la narco dictadura mantiene
secuestrada la nación Hondureña.
Reconocemos en Sandra Maribel Sánchez
nuestra amiga y compañera permanentemente, solidaria desde aquellos días de
abril y mayo del 2008, cuando la huelga de hambre de un puñado de fiscales
honestos y paría nuestro Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; desde
entonces hasta ahora Sandra Maribel ha sido solidaria y defensora de las causas
sociales y políticas de nuestro movimiento social que va creciendo y permeando
comunidad tras comunidad del territorio nacional. La periodista Sandra Maribel
Sánchez es una voz profesional, autorizada, legitimada, justa y digna que ha
sido capaz de vencer la mentira, el asalto, las idioteces y demás engaños con
que militares, empresarios extractivistas, funcionarios públicos y el cartel
Hernández ha intentado mantener engañada y dividida a la población hondureña.
Sandra Maribel; voz de colonizadora,
de mujer inclaudicable en lucha abierta contra el patriarcado imperialista, voz
ciudadana que defiende los derechos de las mayorías humilladas y despojadas de
este país, voz de una generación que exige a gritos el más elemental respeto a
la dignidad humana, el derecho a ejercer soberanía sobre nuestros territorios y
bienes naturales, el derecho a vivir en paz con seguridad social; a vos, Sandra
Maribel, nadie podrá silenciarte porque tu palabra pertenece al pueblo; y el
Movimiento Amplio comparte tu causa.
El intento de secuestro y asesinato
contra Sandra es la evidencia tangible de la grave situación que periodistas y
comunicadores populares confrontan a diario ante la estructura criminal de la
dictadura EEUU – Hernández.
Por ello y más el Movimiento Amplio
con profunda indignación condena las acciones de las hordas asesinas que intentan
silenciar a quienes hablan desde el pueblo y por la construcción de una
Honduras más nuestra, más popular, digna y justa.
No estás sola Sandra, nosotras y
nosotros somos más.
Unidad
y autonomía desde las organizaciones de
base que defienden la soberanía de territorios
Reivindicar soberanía
en tiempos de feroz capitalismo neoliberal extractivista es un asunto que puede conducir a un altísimo
porcentaje de liderazgos y organizaciones políticas y sociales a notables
incoherencias.
Y es que el discurso de
soberanía se desmorona cuando el quehacer del movimiento social depende o se
sustenta en la agenda de una institucionalidad y de la cooperación
internacional promotora de manera sutil o abiertamente de un “extractivismo
humanizado”. O cuando el quehacer político partidario convive en armonía con
los promotores del modelo de saqueo y sus decisiones.
En la Honduras post
golpe, la concesión y pérdida de soberanía sobre el territorio y los bienes
estratégicos de la nación avanzó aceleradamente por la ferocidad y desbordada
corrupción del régimen y también por la complicidad, comodidad, falta de
vergüenza y de bravura de muchos actores de la oposición política y social.
Sin embargo, sin
ninguna duda, actualmente los actores más afianzados en la praxis de soberanías
locales son las múltiples organizaciones y comunidades que desde la
legitimidad, visiones y herramientas propias, corriendo los mayores riesgos y
en notoria desventaja han confrontado y siguen confrontando a las empresas y
funcionarios que han osado penetrar sus territorios y pretenden ocuparlos
sorpresivamente. En ese mismo sentido otros actores son el estudiantado consciente
de secundaria y de las universidades públicas.
A partir de la modesta
experiencia de la huelga de hambre de la dignidad de 2008, las luchas de las
comunidades de Pajuiles, Jilamito, Sector Florida, Arizona, San Francisco, San
Juan Pueblo, del Pueblo Tolupán, entre otras; desde el Movimiento Amplio
venimos insistiendo y promoviendo un encuentro fraterno, cara a cara con el
resto de comunidades y organizaciones de base que también ejercen soberanía en
plena coherencia y resistencia al capitalismo, neoliberal y extractivista.
Insistimos e
insistiremos en que debemos encontrarnos en una primera fase de articulación,
en la que desde nosotros, en unidad y con autonomía definamos una agenda común
con perspectiva nacional. Para ello, llamamos abiertamente a las comunidades y
organizaciones de base a construir esta articulación coherente con nuestra
capacidad mostrada en la defensa real y concreta del territorio, mostrando que
nuestra práctica de resistencia tiene incluida el modelo de sociedad y de
Estado que nosotros queremos y soñamos; respetuoso de la vida en todas sus
expresiones.
Posterior a ello,
vayamos a una segunda fase de encuentro con los demás espacios; los del
movimiento de derechos humanos, otras organizaciones del movimiento social y
actores político partidarios que acuñan un discurso por la defensa de la vida y
la dignidad nacional.
A nuestros cercanos
aliados que muestran dudas y cierta suspicacia a esta iniciativa, les llamamos
a respetar y respaldar este impostergable encuentro para la unidad, a superar
ciertas sensibilidades y temores y a
esperar el encuentro esa segunda y ojalá pronta fase de ampliación de la
articulación nacional.
Rescatamos y reiteramos
que, indistintamente de los avances en la articulación unitaria del movimiento
popular y social hondureño, las organizaciones y comunidades en resistencia
real al capitalismo extractivista, desde nuestra legitimidad, con sabiduría
popular y haciendo uso de las armas que nos facilita nuestro modelo de resistencia
pacífica, seguiremos dando batalla a toda incursión en el territorio de los agentes del extractivismo.
Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos
y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés
al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC),
fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.
Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los
campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la
prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de
San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.
La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro
Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución
de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una
individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado
defensor, Pedro Mejía, manifestó “Los
medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o
permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el
señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a
nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer
ninguno de los imputados”.
En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que
no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados
los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres
personas y además, “existen
informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su
propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento
en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en
virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.
Y
en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas
a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la
alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y
compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado
para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos
acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de
causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud
de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de
un derecho”.
Desde
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran
victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del
Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que
pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.
A 198 años la independencia de Honduras continúa siendo una tarea pendiente. En 2019 el escenario del 15 de septiembre evidencia la profundidad de los retos que esta implica y la urgencia de seguir haciendo la patria que soñamos desde la construcción de soberanía como principal apuesta política.
El saldo de esa tarea urgente en el presente inmediato son, entre muchos otros, siete luchadores(as) sociales de la comunidad de Guapinol encarcelados, nueve indígenas tolupanes criminalizados frente a la posibilidad de ser enviados a prisión, una infinidad de irregularidades en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y de justicia para el pueblo lenca y el incremento desbordado de las concesiones de territorio a la actividad extractiva.
El montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho, y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de sus bienes comunes es sin duda el retrato más exacto y concreto de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos naturales como uno de los problemas torales en el país.
Es claro, en tiempos actuales la real independencia implica no solo la liberación del yugo de otro Estado, sino y sobre todo, de un sistema económico depredador causante de muerte, desigualdad, exclusión, persecución a luchadores y luchadoras sociales y requiere obligatoriamente la autonomía frente al capital mercenario transnacional.
En esa tarea desde el MADJ continuamos insistiendo en la urgencia imperativa de pasar de las resistencias a la soberanía con dignidad y para ello es necesario redoblar trabajo para crear y afianzar alianzas con y entre el movimiento popular/social hondureño a fin de articular, elaborar y echar a andar respuestas radicales a la ofensiva puesta en marcha por la dictadura.
Y esa radicalidad, tal y como lo hemos señalado en momentos anteriores implica obligatoriamente trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Radicalidad en el compromiso. Menos turismo político y social. Implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes.
Esa radicalidad debe llevarnos a pensar y poner en marcha un proceso de real independencia que integre a todas las comunidades que estén haciendo de Honduras un lugar más libre, construyendo desde la terca rebeldía y esperanza otras formas de vivir. Un proceso que obligatoriamente discuta, cuestione y enfrente los modelos económicos que benefician a unos pocos a costa de la vida de esa mayoría que despierta todos los días arando un mundo más justo.
Debe obligatoriamente discutir el extractivismo, el militarismo, la violencia generalizada, la violencia de género, que discuta los métodos de participación social y sobre todo que profundice la democracia.
La tarea es urgente, no hay tiempo. La lucha por la independencia está ocurriendo, sino la libramos nosotros/as la siguen ganando ellos. Tenemos que articular la lucha, el amor a la patria, la solidaridad, el compromiso y la radicalidad con claridad, determinación e inteligencia.
A 198 años desde el MADJ reafirmamos que “…aquí, por todas partes, están los brazos que van a construir ese país nuevo, los pies que van a recorrerlo, los cerebros que van a pensarlo, y los labios del pueblo que lo van a cantar sin descanso[1].”
Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha
cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y
el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un
juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y
naturales.
Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que
valientemente están enfrentando.
A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y
compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos
que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las
generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.
Que condenamos estas acciones de criminalización y
penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares en complicidad con las autoridades hondureñas
del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía
Nacional.
Repudiamos la actitud servil de las instituciones de
nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.
Por el derechos humano al agua
PAJUILES Y GUAPINOL RESISTEN.
¡Hasta la dignidad siempre!
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
