EL BOICOT DE LAS ELITES POLÍTICAS AL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO

¿Un ensayo para el fraude de noviembre o qué está en juego?

Las élites políticas del Partido Nacional, Liberal y de LIBRE, en el marco del caos electoral primario vivido ayer en Honduras, han vuelto a demostrar la calaña corrupta de la que están hechos y la dimensión de su ambición por el poder. Ninguno de los tres puede eludir su responsabilidad en este boicot que a todas luces fue planificado y ejecutado para impedir las elecciones generales, para ensayar el fraude en noviembre o para qué se quiere generar esta inestabilidad.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE a partir de nuestro análisis sobre lo ocurrido este 09 de marzo durante las elecciones primarias y de los efectos que deben preverse de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, señalamos lo siguiente:

  1. Exigimos una investigación seria y objetiva, que determine la responsabilidad penal, civil, administrativa de los responsables personales e institucionales que provocaron el caos logístico en la entrega del material electoral. Estos no son “incidentes” como quiere llamárseles, son delitos que fueron planificados y ejecutados. Hay responsables por acción y por omisión y están en las dirigencias y en las élites de los tres partidos políticos.
  2. Denunciamos la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, por su actitud “extrañamente contemplativa y complaciente” y hasta servil ante el caos generado en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde las FFAA tenían exclusividad constitucional para la custodia y el traslado en tiempo y forma de los materiales electorales. 
  3. Exigimos un informe sobre el uso del recurso biométrico, Queremos un informe claro y real sobre el uso del dispositivo biométrico, Exigimos una investigación seria y objetiva, con participación de calidad de observadores de todos los partidos políticos y candidaturas independientes, sobre los problemas presentados con el dispositivo biométrico. Ya no tenemos confianza en que, además del boicot logístico, exista un boicot tecnológico al cual no se le está dando relevancia y ha costado al pueblo más de 500 millones de Lempiras 
  4. ¡Exigimos al Congreso Nacional la reforma electoral YA! para no volver a pagar de nuestros impuestos elecciones internas/primarias. Es simplemente un abuso descomunal que la población pague el costo de elecciones internas/primarias como las de ayer, que además del caos son un acto de corrupción. Escoger a los PRECANDIDATOS en cada uno de los partidos, debe ser una responsabilidad que debe pagarla el partido, no la población. 
  5. Estas elecciones primarias son un acto de corrupción y debe ser sancionado. El deliberado caos de las elecciones primarias, el uso a medias del sistema biométrico, las fallas con las antenas de internet para la transmisión de resultados, la evasión de protocolos de compras…TODO es un gran acto de corrupción y debe ser investigado de esta manera…Estamos pagando 2 mil millones de lempiras por el proceso electoral de este año y solo en impresión de papeletas, algunas absurdas como la de LIBRE a nivel presidencial nos están costando 250 millones de lempiras. 

De igual forma, debemos exigir la reforma legal para que candidato que no cumpla con los requisitos de la Unidad de Política Limpia, simplemente no pueda participar. No podemos seguir tolerando que apenas un tercio de los candidatos haya presentado su cuenta bancaria ante esta dependencia. El MP debe abrir un proceso de investigación para conocer el origen de los recursos de las campañas e imponer las sanciones correspondientes.

Desde el MADJ, el BED y FUNDAMBIENTE, hacemos un llamado enérgico a las bases del Partido Nacional, Liberal y de LIBRE para que reflexionen sobre el atropello y el irrespeto que las dirigencias de estos partidos han cometido contra ustedes. El pueblo es el gran perdedor en estas elecciones primarias, democráticamente fracasadas. A la fuerza, se imponen los liderazgos que las cúpulas partidarias quieren, mientras, con nuestros impuestos, financian este circo millonario, en lugar de invertir esos recursos en salud, educación o transporte.

Creemos que es momento de decir BASTA. De cara a las elecciones generales de noviembre, les instamos a buscar alternativas en otros partidos o en candidaturas independientes, que las hay, y que representan opciones honestas, transparentes y más cercanas a las necesidades del pueblo. Los miles de votos nulos y votos en blanco en estas primarias son un claro indicativo del hartazgo ciudadano.

Finalmente, 

  1. El proceso primario ha replicado los vicios históricos que han marcado la política hondureña: candidaturas impuestas por sectores vinculados al narcotráfico, al golpismo de 2009 y a élites económicas responsables del desmantelamiento institucional. Las figuras que hoy encabezan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han permitido que líderes honestos sean desplazados por maquinarias clientelares, perpetuando un ciclo de impunidad que traiciona las demandas populares de justicia, transparencia y confianza en las instituciones. Este continuismo no solo deslegitima el proceso electoral, sino que profundiza la desesperanza en un pueblo que clama por un cambio verdadero.
  1. ¿Dónde están las diferencias sustanciales de este proceso electoral?  Estamos inmersos en un proceso electoral que, lejos de innovar, repite las mismas falencias de los procesos anteriores. La contienda ha sido dominada por los antiguos gestores de la crisis de 2009 y por figuras vinculadas al narcotráfico. Xiomara Castro, Luis Rolando Redondo Guifarro y Rebeca Lizette Ráquel Obando, en su condición de máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son responsables de que el pueblo hondureño continúe siendo obligado a participar en contiendas electorales donde la ciudadanía es obligada a elegir los eternos representantes de los sectores mafiosos. Otra vez, le han fallado al pueblo hondureño, que tanto anhelaba un retorno a una democracia ciudadana y popular.
  2. Denunciamos la condescendencia de la justicia electoral con estructuras y personas vinculadas al crimen organizado y postulándose a cargos de elección. La justicia electoral y al límite el Poder Judicial debió atender y actuar de oficio ante la solicitud de retirar la personalidad jurídica al Partido Nacional por su vinculación orgánica a las estructuras criminales más nefastas de la historia hondureña. Al no adecentar los partidos políticos, los candidatos enquistados en el poder, favorecidos por las economías del crimen y en posiciones de privilegio, continúan imponiéndose como mafias sobre liderazgos ciudadanos honestos conectados a las demandas del pueblo. ¿Por qué tanta condescendencia de parte de los poderes del Estado con las estructuras manchadas por la corrupción y el narcotráfico, que tanto daño han causado a la nación hondureña?
  3. Lamentamos que el gran actor en la contienda electoral interna sea la abstención de la ciudadanía. ¿Abstención exclusiva al tripartidismo o, más bien, un gesto contestatario ante la demostración de falta de credibilidad de todo el proceso electoral y los partidos involucrados? Sea cual sea la razón, queda en evidencia la apatía de una población que no encuentra en las urnas una vía para expresar sus demandas. Esta abstención es un llamado urgente a repensar el sistema político en su totalidad.
  4. El modelo clientelar se ha perpetuado de manera institucionalizada, generando una competencia desigual que beneficia exclusivamente a unos pocos. Las candidaturas seleccionadas son, en su mayoría, aquellas que cuentan con mayores recursos económicos, provenientes de instituciones sociales del Estado y de la empresa privada. Esta dinámica no sólo desvirtúa la esencia de la democracia, sino que manipula la voluntad popular, privilegiando intereses particulares sobre las necesidades colectivas. Es una práctica que corroe la confianza en el sistema y excluye a quienes no tienen acceso a estos recursos, perpetuando así un ciclo de desigualdad e injusticia.

Hondureños y hondureñas, 

Los partidos políticos han sido penetrados de manera perversa por el narcotráfico y los grupos de poder económico, mientras sus estructuras están dominadas por funcionarios incapaces y corruptos. Ante esta realidad, al pueblo hondureño no nos queda más que explorar y construir nuevas formas ciudadanas de acceso al poder, constitucionalmente viables y verdaderamente democráticas, que rompan con este ciclo de opresión y desesperanza.

Hacemos un llamado urgente a la población hondureña a levantar su voz frente al abuso, la burla y el oprobio al que hemos sido sometidos. Nos esperan nueve meses cruciales en los que debemos hacer valer nuestros derechos, exigir respeto a la voluntad popular y transparencia en todos los procesos. Es hora de enfrentar a la dirigencia político-empresarial corrupta y apátrida, que cada cuatro años convierte las elecciones en un mecanismo para perpetuarse en el poder, mientras la miseria y la desigualdad siguen devastando a nuestro pueblo.

Ciudadanas y ciudadanos, es momento de revestirnos de dignidad y sacudirnos toda la podredumbre que nos han impuesto. Debemos fortalecer los espacios de participación activa, organizarnos y exigir el cambio de aquellas dirigencias políticas que solo sirven para minar las posibilidades de avanzar hacia un verdadero Estado de derecho. La democracia no se reduce a votar cada cuatro años, es, ante todo, el derecho a decidir quiénes nos gobiernan y cómo lo hacen.

¡La esperanza no está perdida, pero debe ser organizada y combativa! Juntos y juntas, podemos construir una Honduras donde la dignidad, la justicia y la transparencia sean los pilares de nuestro futuro. 

San Pedro Sula, 10 de marzo de 2025

Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

De la corrupción sistemática, al desastre natural.

El PCM 138-2020 es el diseño, construcción y operación de 14 proyectos de generación hidroeléctrica y represas. La narcodictadura, brinda todas las condiciones para que estos proyectos generen conflictos en el tejido social, la persecución y criminalización de las y los luchadores sociales. Y es que los 14 proyectos gozan de un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operación, o mejor dicho en otras palabras, el PCM incluye todos los permisos requeridos por la legislación nacional, que deben ser emitidos según el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.

Además, los 14 proyectos se construirán con fondos de un fideicomiso previamente firmado entre BANCATLAN, ENEE y COALIANZA, por un plazo de 30 años. Utilizando la misma lógica corrupta que con el fondo vial en 2011, el Estado de Honduras, asumirá toda responsabilidad económica en caso de que el proyecto fracase o sea económica y socialmente inviables.

El MADJ tiene la tesis de que debido a los múltiples levantamientos de organizaciones populares por la defensa del territorio, bienes comunes y contra la corrupción y la narcodictadura a nivel nacional, se han logrado detener o interrumpir el financiamiento de la banca internacional y sus intermediarios nacionales, provocando pérdidas y aumento de interesen los diversos proyectos de generación de energía en Pajuiles, Río Blanco, Guapinol, San Juan, Triunfo de la Cruz, Jilamito, entre muchos más. Las empresas y empresarios aseguraron con el fideicomiso entre BANCATLAN, ENEE y COAVI y el PCM 138-2020 su seguridad financiera, aunque el proyecto sea interrumpido por razones económicas o por levantamientos populares en las comunidades.

En el escenario de esta probabilidad, a pesar de que el proyecto no se concluya, el Gobierno deberá pagarles a las y los empresarios el valor y precio del proyecto. En otras palabras, aunque exista resistencia y levantamiento popular, los capitalistas pretenden que sea el pueblo quienes paguen a través de sus impuestos, sus “inversiones para el desarrollo”.

Estas acciones de contratación de deuda con bancos nacionales, internacionales, bonos de mercado internacionales, profundizaran el endeudamiento público del Estado y, en consecuencia, de la sociedad en general.

El fideicomiso, se establece en su etapa inicial, autorizando a BANCATLAN a un listado “cerrado” y “selectivo” de sociedades mercantiles de “reconocido” prestigio, dando paso a oscuros procesos de corrupción que no pueden fiscalizados por la sociedad, además, permite relevar de responsabilidad a funcionarios de la ENEE por subcontratación de personal, profundizando así la sistemática impunidad de funcionarios públicos, militares y empresarios.

Finalmente, en esta primera parte (1/3) nos cuestionamos lo siguiente, ante las alarmantes y desproporcionados beneficios que contiene el PCM 138-2020, ¿la inversión y el desarrollo hacia quienes está dirigido?, para nosotras y nosotros, usted y yo, evidentemente, no, pero debemos pagarles en caso de que no sea “viable” a sus intereses.


Es por eso que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha, convocando a nuestro pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política y empresarial que ha saqueado a nuestras riquezas.