“Hoy quiero construir y destruir, levantar en andamios la esperanza. Para talar, arrasar, las podridas raíces de mi pueblo…” El Combate, Clementina Suárez.
El Congreso Nacional de Honduras, a través de algunos de sus diputados y diputadas aprobó en los últimos días, una reforma a la ley que prohíbe la legalización actual o futura del aborto y con ello, el derecho a decidir de las mujeres hondureñas. Esta iniciativa fue presentada por el parlamentario Mario Pérez integrante del Partido Nacional y se denomina “Escudo Contra el Aborto en Honduras”.
Esta ley incluye la reforma al artículo 67 constitucional que tiene que ver con la protección a la vida y que en la actualidad se leía, “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”, pero que, con la reforma propuesta y aprobada, el artículo establece que “es prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.
Ante esto, diferentes organismos internacionales han mostrado su rechazo a la aprobación de esta legislación, una de las instituciones ha sido la Organización de Naciones Unidas ONU, que ha manifestado que, “Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos … Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, la OACNUDH por su parte, ha manifestado que «La reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres”.
Los legisladores no tomaron en cuenta las tres causales propuestas para considerar la legalización del aborto, esas causas son: violaciones, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro, por lo que Honduras se convierte en uno de los países del mundo donde queda totalmente prohibida esta práctica a pesar de ser una de las naciones con índices muy altos de embarazos adolescentes y donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años según la ONU.
La ley fue aprobada por el Congreso con dispensa de dos debates y a tan solo 10 días de haberse conocido, también refiere que, “serán nulas e invalidas las disposiciones que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo” por lo que deja sin valor y efecto cualquier iniciativa que pretenda presentarse en el futuro para cambiar esta decisión.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia declaramos nuestra inconformidad y condenamos el retroceso y los efectos nocivos que impone esta ley, ya que consideramos viene a retroceder y a cercenar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, ante ello, comunicamos y condenamos que:
- El proyecto fue propuesto y discutido en su mayoría por hombres, sin legitimidad ni función pública, vinculados al crimen organizado y procesos de corrupción contra el Estado de Honduras y su población.
- Que una política pública tan trascendental como los derechos sexuales y reproductivos sea instrumentalizada por la Narcodictadura e Iglesias para desviar la atención de la crisis humanitaria, socio-económica y político-institucional, es la alegoría de la caverna moderna y oscurantista, carente de razón y ética, encaminada a coartar derechos humanos.
- El desprecio mostrado por las y los narcodictadores hacia las mujeres y población en general es incalculable, manifestada en la continua postura del abordaje de problemáticas sociales desde el lente del derecho penal como instrumento ideológico enfocado en atacar a la población empobrecida, sumado a ello, la instrumentalización de la “fe” popular para imponer desde la razonamientos empíricos de pastores y párrocos, obviando el abordaje temático en materia sanitaria, social e institucional penalizando y obstaculizando diálogos y debates sobre la veindicación de derechos humanos sexuales y reproductivos.
- Por último, manifestamos que; la legalización del aborto como derecho humano y la despenalización del mismo, puede tener posturas antagónicas, pero estas deben tener sustento científico y racional. La narcodictadura ha violentado la laicidad del Estado, reduciendo el diálogo y debate político, filosófico y científico a una discusión moral y de principios religiosos, cuando en realidad se trata de la vida y derechos de millones de mujeres hondureñas empobrecidas por una élite corrupta, violenta y narcotraficante.
Reiteramos nuestro llamado permanente a la organización de nuestro pueblo, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia, contra la corrupción y toda forma de opresión. Por la dignificación…
¡Hasta la dignidad, siempre!
