Presos políticos

Este día en los juzgados de El Progreso, en el departamento de Yoro se ha leído la resolución que declara la ABSOLUCIÓN de Gustavo Cáceres, preso político de la narcodictadura en Honduras, acusado de delitos que nunca cometió y por los cuales guardó prisión durante 19 meses después de ser detenido durante las manifestaciones contra el fraude electoral en Honduras en noviembre de 2017.

Gustavo Cáceres es un joven con una discapacidad mental, fue acusado por la policía de portación ilegal de explosivos y/o material de guerra, aunque su abogado en reiteradas ocasiones ha manifestado que “la ley regula el uso de fabricación, venta, exportación e importación de explosivos, no regula la portación de dos botellas de cerveza con gasolina en su interior”.

Al ser consultado sobre el significado de lograr desvanecer los argumentos que había planteado la fiscalía y los elementos policiales que actuaron como testigos en el juicio oral y público, el abogado respondió, “esto representa parte de la arbitrariedad con la que actúa el ministerio público y el uso abusivo que hacen del derecho penal”, esto en alusión a las pruebas presentadas durante el proceso.

Cáceres fue detenido cuando trabajaba el 21 de diciembre de 2017. Es parte de los 22 presos políticos que mantuvo la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. El único que fue sometido a juicio oral y público, puesto que el resto están en libertad condicional y cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión.

Denunciamos el actuar de las instituciones impartidoras de justicia quienes fabrican pruebas para inculpar a gente inocente, para que nunca más un inocente sea enviado a prisión y mucho menos una persona que lucha por los derechos de los demás.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos esta importante victoria ciudadana y nos unimos a la felicidad de la familia de Gustavo Cáceres.

Por Heidy Alachán

Este día se cumple exactamente un año y un mes desde el inicio de la pesadilla desencadenada a raíz de las elecciones generales de noviembre de 2017 en Honduras, particularmente para quienes hasta la fecha continúan guardando prisión en condición de presos políticos del régimen de Juan Orlando Hernández.

La cacería humana desencadenada durante la crisis post electoral dejó como saldo inmediato 38 personas asesinadas con participación de los cuerpos de seguridad del Estado, familias enteras con vidas trastocadas para siempre, al menos 1351 personas detenidas debido al estado de sitio decretado y al menos 250 procesos de criminalización que aún continúan en curso en contra de quienes asumieron las calles como escenario para denunciar el escandaloso fraude electoral, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).

A la fecha, y a pesar del circo que el gobierno instauró como diálogo nacional, cinco personas continúan en cárceles de máxima seguridad como presos políticos en condiciones de extrema precariedad. Edwin Espinal y Raúl Eduardo Álvarez guardan prisión en la Tolva, Gustavo Adolfo Cáceres en El Progreso, Edy Gonzalo Valle, en la cárcel del Pozo en Ilama, Santa Bárbara y Eduardo Urbina, quien debido a la persecución penal en su contra se encuentra refugiado en Costa Rica, imposibilitado de regresar al país.

Los procesos judiciales en contra de estas cinco personas han dejado en completa evidencia la colusión institucional, especialmente del poder judicial para incriminar y castigar con intención ejemplarizante cualquier atisbo de oposición al régimen sostenido a precio de sangre y dolor.

El 21 de diciembre reciente, apoderadas legales de Edwin Espinal y Raúl Álvarez denunciaron que estos se encuentran con su salud cada vez más deteriorada, esto debido a que, en el centro penal, no les permiten acceder a complejos vitamínicos, alimentación especial y frutas, a pesar de que es una indicación médica para ambos. Para ellos, acceder a atención médica oportuna es un lujo que no han podido obtener, sin importar el alto riesgo que corren debido al brote de tuberculosis existente en la Tolva.

Desde el MADJ, con solidaridad y amor sustancial a quienes guardan prisión y a sus familias, nos sumamos, deseamos y exigimos para el 2019, ¡libertad para los presos políticos y justicia para las víctimas del fraude electoral!.

Fotografía: Martín Cálix/
Bessy y Alfonso, padres de Edy Gonzalo Valle Larios, quien está preso en El Pozo desde el 15 de febrero, acusado por el delito de asociación ilícita y detenido junto a 5 personas en Choloma, departamento de Cortés.

Amnistía Internacional y diversas entidades internacionales de derechos humanos han señalado en sus informes y recomendaciones la urgencia de que el Estado de Honduras ponga en libertad a Edwin, Raúl, Edy, Gustavo y permita el ingreso normal al país de Eduardo Urbina, sin embargo, hasta la fecha, esta continúa siendo una demanda que se vuelve cada vez más silenciosa y difusa incluso dentro del mismo movimiento social y popular en Honduras.

Fotografía: Martín Cálix/ Familia de Gustavo Cáceres, preso en El Progreso, Yoro. María Isabel Ayala (44) tía, Justin Cáceres (11) hermano, Alisson Laínez (3) sobrina, Kimberly Laínez (sobrina), Lourdes Ayala (33) hermana, Mercedes Cáceres (21) hermana, María Elena Ayala (52) madre.

A pesar de eso, las familias de las personas asesinadas y de quienes hoy guardan prisión se resisten al silencio y la resignación frente a la injusticia desmedida sufrida en carne propia desde hace un año y un mes. El peor saldo que aún continúa dejando la crisis post electoral para el país es la impunidad con la cual se cobijan los corruptos y criminales, y con la que Juan Orlando Hernández continúa en el poder.

Sin embargo, en estas fechas es imposible no recordar y pensar en el dolor sufrido por aquellos que ya no están físicamente, por quienes a pesar de estar vivos su vida ha sido interrumpida, condenados ilegal y arbitrariamente a una cárcel de máxima seguridad. El dolor de sus familias, madres, esposas, hijos e hijas que no se cansan de esperar y exigir su libertad.

De cara al 2019 son muchos y gigantes los retos que tenemos como sociedad, mucho más grandes los que tenemos como movimiento social, como responsables íntimamente de los cambios necesarios en el país, pero desde el MADJ, con solidaridad y amor sustancial a quienes guardan prisión y a sus familias, nos sumamos, deseamos y exigimos para el 2019, ¡libertad para los presos políticos y justicia para las víctimas del fraude electoral!.