A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática.
En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.
Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.
Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.
Amicus Oral
Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas.
También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones.
Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.
Para el MADJ, un Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que lucha de la mano con comunidades indígenas, “es de suma importancia que se conozca el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, específicamente en las mujeres. Es por eso que alzamos la voz para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca a profundidad la necesidad que las comunidades tienen y para que el Gobierno se responsabilice por garantizar los derechos de las y los compañeros indígenas que luchan a diario por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes y sus derechos ancestrales”.
Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización “estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.
En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas.
*Los amicus curiae son escritos realizados por terceros a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.
Contacto para prensa:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!
El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel.
Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
La caminata en defensa de la tierra y el territorio convocada por el Bloque Popular Campesino e Indígena duró aproximadamente 12 horas en la capital de Honduras, Tegucigalpa, a donde organizaciones indígenas y campesinas nos dimos cita para seguir ejerciendo nuestro reclamo por el derecho a la tierra y el territorio.
El recorrido tuvo varias estaciones en las cuales plasmamos nuestras exigencias ante tanta indiferencia y parcialización del actual gobierno y sus instituciones. Iniciamos nuestra jornada desarrollando un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia donde presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra algunas leyes que fomentan el latifundio y permiten el despojo a los campesinos e indígenas de sus tierras y territorios y que son contrarias a la Constitución.
Seguidamente nos movilizamos a Casa Presidencial a donde la política gubernamental sigue siendo esconderse y no dar soluciones a los problemas del pueblo, allí se esperaba que la Presidenta Xiomara Castro atendiera a las organizaciones que de más de 12 departamentos nos habíamos movilizado para exigir respuestas ante las acciones de la fallida Comisión Nacional de Seguridad Agraria. Nuestra petición no fue escuchada.
Posteriormente nos trasladamos a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) donde al igual que en Casa Presidencial no se quería recibir el reclamo campesino e indígena que exige respuestas a los más de 40 desalojos perpetrados hasta hoy y la parcialización que esta institución tiene para con los empresarios a nivel nacional, el Bloque Popular Campesino e indígena exigió la renuncia de quienes están al frente del INA, cerramos nuestra visita a instancia con el acuerdo de sostener una reunión entre ambas partes en los próximos días.
Nuestra cuarta estación fueron los Juzgados de Jurisdicción Nacional, lugar a donde la justicia hondureña está incoando los procesos de criminalización contra los campesinos e indígenas de Honduras acusándoles de delitos que figuran en el Código Penal aprobado durante el último año de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (decreto 93-2021), este Código Penal tiene al menos dos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la actual Corte Suprema de Justicia interpuestos por varias de las organizaciones integrantes del Bloque Popular Campesino e Indígena.
Esta movilización también sirvió para desarrollar nuestra jornada de solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente los masacrados por la defensa de su territorio, nuestra quinta estación fue frente a la Embajada de los Estados Unidos a donde exigimos un alto al genocidio contra el pueblo Palestino, exigimos un alto a la injerencia norteamericana en los temas internos del país y demandamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Cerramos nuestra movilización en los bajos del Congreso Nacional a donde los territorios recordamos que las comunidades no han olvidado que “fuimos, somos y seguiremos siendo la verdadera resistencia de Honduras, resistimos a la criminalización, resistimos al despojo, resistimos a los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras, resistimos a la indiferencia de este y otros Gobiernos, resistimos todo” cerró diciendo la representación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional El Progreso organización integrante del Bloque Popular Campesino e indígena.
El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.
La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:
El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional, tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de estos derechos.
Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del presente.
Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos fundamentales.
Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.
Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.
Jaime Cabrera se presentó voluntariamente ante los juzgados para responder por los delitos que el fiscal del Ministerio Público Beyron Salinas le imputó falsamente para beneficiar a Corporación Dinant en la zona del Aguán en Honduras, el juez que conoció el proceso otorgó medidas cautelares por lo que el proceso de criminalización continúa abierto.
Cabrera es un líder campesino, defensor de la tierra y el territorio, actualmente es el Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, organización campesina que tiene al menos dos procesos de dialogo con el Gobierno actual para buscar una solución pacífica a la violencia generada en el Aguán por las empresas agroindustriales.
Jaime ha sido falsamente acusado de Usurpación Agravada, Asociación para Delinquir y privación injusta de la libertad, todos estos delitos fabricados y diseñados por el Ministerio Público de Tocoa que ha sido y es el instrumento de las empresas para perseguir y criminalizar campesinos y campesinas en la zona del Aguán.
Por segunda ocasión consecutiva, Jaime se presentó de manera voluntaria ante el juzgado de jurisdicción nacional y este día el juez que conoce la causa determinó otorgarle medidas distintas a la prisión y que pueda defenderse en libertad.
Cabrera deberá presentarse el 15 de agosto a una nueva audiencia donde se espera que la justicia desestime todos los cargos falsamente imputados y que este pueda gozar del derecho a la libertad que fue coartado en los últimos meses por la orden de captura que existía en su contra.
Los campesinos y campesinas en la zona del Aguán y en Honduras, mantienen una ardua lucha por recuperar la tierra contra las empresas que a base de violencia les han despojado de miles de parcelas que fueron destinadas por el Estado de Honduras para la reforma agraria desde hace décadas.
Desde las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos celebramos esta victoria popular y agradecemos la solidaridad nacional e internacional que se ha tenido con esta causa que involucra la criminalización de la lucha social en Honduras.
Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado
Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.
Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para:
Enfrentar y rechazar una abusiva acusaciónpresentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas.
Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.
En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.
“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.
Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.
Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.
Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:
El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.
A cada sector social que intervendrá en el proceso de selección del nuevo Fiscal General
A las comunidades, mujeres y colectividades que luchan por sus derechos
A la ciudadanía en general
A los medios de comunicación
¿Por qué presentamos esta propuesta? Un 14 de mayo de 2008, después de 38 días de una histórica huelga de hambre, un pequeño grupo de fiscales, acompañados por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, levantamos nuestras carpas de resistencia pacífica en los bajos del Congreso Nacional con el compromiso público de “convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política y sus compromisos con la corrupción, el sometimiento de la institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y arbitrariedades (Proclama Fundacional del MADJ)”. Aquella fecha suspendimos nuestra huelga con dos compromisos arrancados a esa clase política: el decreto orientado a la investigación y suspensión del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista y del Fiscal General Adjunto Omar Cerna (ambos de nefasto paso por esa institución), y el decreto orientado a conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del Ministerio Público y la revisión de los expedientes que vinculaban a altos personajes de nuestro país con casos precisos de corrupción pública.
Ninguno de esos acuerdos se cumplió. A Rosa Bautista no se le investigó, sino que se le premió con un cargo diplomático en el exterior, las comisiones nunca se integraron, pese a que la revisión de los expedientes ratificó la impunidad de la élite corrupta y sus intermediarios. Bien sabíamos cuando finalizamos nuestra huelga que la mayoría de los instrumentos jurídicos a los que la clase política se compromete los manipula y termina desconociendo para continuar traficando con las necesidades de nuestro pueblo. Lo que, si se cumplió, porque era nuestra voluntad y convicción, fue que finalizado el ayuno de la dignidad se iniciaría otra fase de resistencia ciudadana organizada contra los enemigos de la patria, contra los que la entregan al capital extractivista, contra los saqueadores de la empresa pública, los que endeudan al país para robar y manipular el presupuesto nacional, los que destruyen nuestra riqueza ambiental y los que impiden este sueño de contar con un verdadero Estado de Derecho. Con el entusiasmo del sacrificio cívico y aupados con la solidaridad de nuestro pueblo, que hizo suya la huelga y el despertar de la lucha colectiva contra la corrupción, el 24 de mayo de ese mismo año fundamos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y aprobamos la estrategia a seguir en contra de la corrupción y por la transformación del Ministerio Público. Ahora, 15 años después, las y los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y del Bufete Estudios para la Dignidad, nos dirigimos al gobierno que encabeza la Presidenta Xiomara Castro para que, respetando el Estado constitucional de derecho, aproveche la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía para iniciar una transformación completa del Ministerio Público (MP), como piedra angular contra la corrupción y la impunidad. Lo que tiene en sus manos la mandataria es una de las principales instituciones – herramienta para refundar el país, sin embargo, seguramente se encuentra ante una paradoja histórica: ¿avanzaremos o retrocederemos como país? Caer en la tentación política de siempre volviendo partidario un tema de interés nacional sería dar la espalda a las esperanzas de justicia de la población. La tarea de reforma o refundación profunda y gradual debe comenzar ahora porque el desafío de reconstruir el MP es colosal. En los últimos 15 años la situación del país empeoró y el Ministerio Público no fue la excepción. Todo lo contrario, el MP se convirtió en una especie de “respaldo legal del retroceso y del abuso en contra del país. Rosa Bautista terminó su período en marzo de 2009, poco antes de que se perpetrará el golpe de Estado, y fue reemplazado por Luis Alberto Rubí quien tuvo que renunciar en 2013 tras señalamientos de incompetencia y otras irregularidades graves que no fueron reveladas. El descalabro interno que anticipamos en 2008 llegó a tal extremo que hasta los propios diputados/as ordenaron la intervención del Ministerio Público preparando condiciones para el posterior nombramiento en 2014 de Oscar Fernando Chinchilla; reelecto arbitrariamente en 2018 sin haber participado en el proceso de nominación de candidatos. Hoy día el MP es una institución totalmente divorciada de la sociedad a la que por mandato legal le corresponde representar. ¿Qué pasó con el MP estos años? ¿Cómo y en base a qué se eligen los fiscales?
Pese a que legalmente corresponde al Congreso Nacionalelegir al Fiscal General y su Adjunto con el voto de las dos terceras partes del pleno y en base a una lista de cinco candidaturas definidas por una Junta Proponente, lo cierto es que la verdadera selección de los favorecidos se da en una “misa negra” de los principales partidos políticos que negocian el reparto de cargos como si de un botín se tratara y en el caso del MP, la negociación es a partir de la dimensión de la impunidad que necesitan los partidos y sus financiadores. Con esa práctica tradicional, el daño causado al país por las élites de poder a través de sus instrumentos políticos, jurídicos, represivos y mediáticos es incalculable e inimaginable. Nos costará varias generaciones de hondureños y hondureñas reponernos si logramos ponerle un alto. La situación empeoró a partir del golpe de Estado de 2009 cuando se hizo descarado el desinterés oficial para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia. El Ministerio Público en lugar de fortalecido fue deliberadamente debilitado y coptado. Los fiscales generales, salvo en los primeros años de la institución, siempre cumplieron creativamente su papel de “normalizar el abuso y la corrupción”, que las cosas sigan como siempre han sido o debilitar los mecanismos de lucha contra la corrupción cuando no han podido evitarlo por la presión popular e internacional. Los gobiernos, incluso en las pocas ocasiones que cedieron ante la presión popular fue por breve tiempo, su consigna ha sido siempre la de sabotear cualquier avance. En enero del 2020, para el caso, el gobierno de Juan Orlando Hernández cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) establecida en 2016 luego de las intensas jornadas de movilización de la ciudadanía indignada. La MACCIH, con todas sus limitaciones, era demasiado peligrosa para la clase política. La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios que integraban redes de corrupción, pero no tuvo aliento de más y su corta existencia no dio lugar a reformas estructurales y duraderas, ni a sentencias firmes contra los inculpados. La MACCIH fue liquidada de común acuerdo entre los políticos hondureños y de la región para desmontar el sistema de lucha contra la corrupción que no habían podido evitar. Propuestas complementarias de reforma del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la reforma para incorporar la Ley de colaboración eficaz cayeron al vacío. En contraste, se sustrajeron facultades de iniciativa acusatoria al Ministerio Público para traspasarlas al TSC y blindar de impunidad a los corruptos. Así se explica el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los implicados en el Caso Pandora (y prácticamente a todos los acusados por la UFECIC) que habían sido investigados por la MACCIH por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. ¿De cuánto fue el fraude que quedó impune? Lo que trascendió fueron 282 millones 116 mil 175 lempiras. A nivel de recursos, la cifra no es tan atractiva, pero sentir que es posible seguir los rastros de corrupción de presidentes, primeras damas, hermanos de presidentes, diputados(as), alcaldes, empresarios y políticos que se creían intocables, esa fue la verdadera ganancia. Concretamente, la lección que dejó ese caso, como tantos otros, entre ellos el de la ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla de Lobo o el de Marco Bográn ((Invest-H), responsable directo de la compra fraudulenta de hospitales móviles en plena pandemia del Covid-19, es que a los corruptos les resulta barato delinquir en Honduras. Pueden entrar y salir de la cárcel cuándo se les antoja, si es que llegan a ser condenados. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son constantes, sigue siendo en gran medida ineficaz. No extrañe que aún bajo el actual gobierno el crimen organizado continúe afectando a la sociedad hondureña y obligue a miles de personas a abandonar el país víctimas de desplazamientos forzados. Tanto se ha “institucionalizado” el abuso de poder que los mismos jueces cuando son honrados se vuelven blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo o por particulares que tienen vínculos con el gobierno y el crimen organizado. En suma: La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Pasan los años y el acceso a la justicia es un bien público que se le niega a la mayoría de nuestro pueblo, como lo confirmamos una y otra vez en el MADJ en territorios, comunidades y colectivos que desde la defensa de sus propios derechos humanos, naturales y territoriales se sacrifican para que sus tierras, modos y formas de vida cotidiana no desaparezcan. Cada año desde la fundación del MADJ hemos confirmado el grave deterioro de la institucionalidad pública, particularmente el de un Ministerio Público que representa cualquier interés, menos el de la población. La experiencia de trabajo con el MP nos ha revelado la existencia de fiscales racistas y clasistas, que en lugar de representar los intereses de la población defienden los intereses de empresas, empresarios y hasta del crimen organizado; tenemos fiscales que se niegan a recibir denuncias para evitarles conflictos a los sectores económicos y políticos del país, que utilizan los medios y recursos de estos sectores corruptos para realizar las “diligencias” que se ocupan en el caso… tenemos fiscales en los territorios que terminan siendo “potentados” por ser los “tramitadores de la impunidad para estos sectores. Todo esto ha reforzado este Estado autoritario que ha hecho uso de toda una serie de mecanismos jurídicos y punitivos para intentar doblegar la resistencia popular y que a través de instituciones claves como el Ministerio Público renueva y fortalece la ilegalidad en Honduras. La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones Es manipulando la institucionalidad que un reducido grupo de personas toma decisiones de manera cerrada, imponiendo, por ejemplo, actividades extractivas y megaproyectos, como la minería, la agricultura industrial o la explotación de reservas naturales que nos conducen de manera acelerada a una crisis ambiental, hídrica y social nacional. Haber corrompido a la Institucionalidad del Ministerio Público deja un saldo en nuestro país de grave impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. En el aparato estatal y, particularmente, en el sistema de justicia del país, el Ministerio Público es un pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho, combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Para cumplir con su papel dentro del armazón estatal es fundamental que la institución goce de independencia política y es precisamente la ausencia de ella la que ha promovido que esta institucionalidad defienda intereses radicalmente contrarios a sus propósitos de creación. El artículo 1 de la ley del Ministerio Público establece que: “es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 1. Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; 2. Colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública; 3. Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes; 4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5. Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público. así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; y, 6. Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos”. Ojalá el artículo 1 se cumpliera al menos en 50% de su contenido, pero lamentablemente no es así. En el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto en la sociedad, y eso es lo que precisamente ocurre con la ley orgánica del Ministerio Público. La norma que aprobaron los diputados es válida, pero quedó pendiente que se cumpliera. El MP surgió en una coyuntura particular y contradictoria. Por una parte, cuando se aprobó en 1993 en la gran mayoría de los países latinoamericanos hubo un gran movimiento de reforma de la justicia penal, sea a través de disposiciones constitucionales o de leyes orgánicas. La llamada “modernización del Estado” pretendía dejar atrás la década de los 80, caracterizada por gobiernos que ejercieron su autoridad sobre la base de la ilegalidad y la garantía de la impunidad. Sin embargo, esa tendencia que parecía democrática se enmarcó en un contexto de imposición de políticas neoliberales y pronto se advirtió que los mismos políticos que crearon el Ministerio Público se encargaron de promover su mal funcionamiento, ineficiencia y corrupción. La reconstrucción del MP, 30 años después de su fundación Es decir que todo el entusiasmo de la sociedad hondureña, incluso de la comunidad internacional, manifestados en el fuerte apoyo al proceso de creación y desarrollo del Ministerio Público se ha convertido en un espejismo más que se suma la triste trayectoria nacional. Prueba de ello es que más del 90% de los delitos que se cometen quedan impunes, pese a que se han destinado entre 1995 y el 2023, según los informes de SEFIN, cerca de 27 mil millones de lempiras para que cumpla con su función. Del prometedor inicio del MP bajo la conducción del abogado Edmundo Orellana Mercado, acompañado de jóvenes y entusiastas fiscales, ya queda poco. Por supuesto siempre hay fiscales e investigadores honestos y valientes que se esfuerzan por cumplir su trabajo, pero no tienen ni el debido respaldo ni la sostenibilidad que necesitan para hacer lo que se proponen. Hoy, en una nueva coyuntura política, cuando gobierna una Presidenta que promete la refundación del país, surge la necesidad de reformar el Ministerio Público para revertir su deterioro y canalizar ese reclamo social de cambio. Siempre se han conocido cuáles deben ser los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas y debilidades, pero, reiteramos, no ha existido nunca la voluntad política necesaria para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato, como la UFERCO y otras fiscalías aisladas. El manoseo y asedio político partidario de los grupos de interés por controlar la institución ha sido permanente y, lamentablemente, en la actualidad se repite con la próxima elección del Fiscal General y de su Fiscal Adjunto. La base de las negociaciones entre cúpulas políticas no sólo deslegitima el proceso de nominación y elección, sino que ignora totalmente el abordaje permanente de la crisis que mina la credibilidad del sector justicia. ¿Qué dejará como herencia institucional Chinchilla? los últimos estudios realizados acerca de la percepción que tiene la población sobre las instituciones del Estado, lo ubican en niveles de descrédito iguales a viejas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros, sobre todo por ser entidades que se han prestado a la corrupción institucionalizada, especialmente en el caso de JOH y su estructura criminal institucionalizada.
Nuestra propuesta de reforma Lo que nos preguntamos es si el gobierno cree en la necesidad detransformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, como una garantía de impunidad …. Lo que nos preguntamos es si el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro cree en la necesidad de transformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, igual que administraciones anteriores que lo tenían como una garantía de impunidad y un instrumento de persecución política por la vía judicial. En el MADJ tenemos claro que como ciudadanía organizada no podemos sentarnos a esperar que hará la Presidenta Castro, el Congreso Nacional y el resto de la institucionalidad del Estado, así que asumimos nuestra responsabilidad de proponer elementos básicos a tomar en cuenta para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Para el MADJ los componentes más importantes de la propuesta ciudadana giran en torno a nueve ejes fundamentales:
La autonomía política o independencia del Fiscal General y su Adjunto para que no estén sometidos a los dictados de quienes los eligen y no arrastren en su docilidad a toda la institución. Por supuesto, la autonomía política del fiscal debe acompañarse de contrapesos que lo fiscalicen. Quien controla el aparato de persecución criminal debe rendir cuentas. Esta debe ser la cualidad más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. De hecho, la confianza que la ciudadanía le acreditó en sus primeros años de existencia tenía su fundamento precisamente en que se apreciaba la libertad y determinación institucional de perseguir al criminal, indistintamente de su poder político y/o económico; sin embargo, poco a poco ese ímpetu se fue diluyendo y las dudas sobre la independencia del Ministerio Publico han sido evidentes cuando por la vía del desistimiento y desde la dirección superior de la institución se ha facilitado la impunidad de decenas de causas penales por delitos de orden público. Para el MADJ, la autonomía e independencia de la Fiscalía es condición indispensable para que haya un sistema procesal justo. La independencia política debe ser garantizada en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia. No se puede concebir el Estado de Derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad. De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos.
Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se requieren modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. La transformación del modelo de investigación será posible sólo si el Ministerio Público recobra absoluta independencia de los entes investigativos y no bajo el actual modelo en el que la Dirección Policial de Investigación está fundamentalmente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, quien determina sus prioridades, sus funcionarios e históricamente invierte menos dinero en esta dirección en relación con los otros entes policiales que poco suman a una investigación criminal competente para fundamentar los requerimientos fiscales. Garantizar la Independencia… el reto principal del Ministerio Público
Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos competentes y comprometidos con la justicia, así como dotarles de los mecanismos legales, capacitación técnica desde la perspectiva de los derechos humanos y recursos financieros para cumplir su labor. En atención al principio de independencia política, en su dimensión individual, Ddemandamos respeto absoluto por la independencia de criterio profesional técnico jurídico de cada fiscal en todo el país, según manda la ley orgánica de la institución. No puede proseguir, por ejemplo, que sea el Director General de Fiscales quien decida qué caso seguir o cuál no. Como lo ha reiterado la Asociación de Fiscales en diferentes ocasiones, lo único que debe determinar una investigación es si el comportamiento de los señalados entraña una transgresión a la ley y con ello una afectación a los intereses generales de la sociedad a la cual representa y defiende el Ministerio Público. En definitiva, el único compromiso y la única relación de dependencia que inexorablemente debe asumir la institución, es con la Constitución y las Leyes de la República. Mención especial merece la necesidad de reforzar a corto plazo las fiscalías “especiales”, que incluyen, entre otras, la del Medioambiente, de Derechos Humanos, de Protección a la Niñez y Adolescencia, de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor, de Protección a la Mujer, de Protección a la Etnias y al Patrimonio Cultural, de Periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, de Transparencia y combate a la corrupción, de Defensa de la Constitución, de Enjuiciamiento de los servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial de Impugnaciones. De la mayoría de ellas sólo se sabe que existen, ero no actúan.
La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. Siendo la lucha contra la corrupción uno de los mandatos más importantes que otorga la ley al Ministerio Público, debe ser asumir liderazgo en la persecución de la corrupción en todas sus manifestaciones y la validez de esta aspiración se adquiere en la medida que se empieza a combatir la corrupción a lo interno del Ministerio Público, espacio donde dicho fenómeno criminal, pareciera haber entrado por la puerta más ancha. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP.
Una de las demandas de los fiscales en 2008 y 2009 fue la realización de una auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos de las diversas colectividades, entre ellos los de la diversidad sexual, y los que defienden su derecho a la tierra y al agua. Cada víctima de la represión y del sicariato por defender sus derechos y los de la comunidad son “emblemáticos”, sin importar que su nombre haya figurado o no en los habituales titulares de los medios de prensa. En el MADJ, infortunadamente, tenemos una lista inacabada de mártires populares. Entre los más recientes, para sólo citar un caso: Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en el Aguán. Rivas era el séptimo dirigente agrario ligado a la Plataforma de Lucha asesinado en menos de un año. Por no ser considerados “emblemáticos” e investigados a fondo hasta mandar a los responsables (materiales e intelectuales) a la cárcel es que se sigue derramando sangre inocente. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP
Un sexto eje es disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad, a la cual se le asegura una institución verdaderamente profesional y especializada para la protección y defensa de sus intereses. Para cumplir con este objetivo consideramos necesario que la Ley propuesta contemple la Creación de un órgano autónomo de gobierno y administración encargado de dirigir la selección, los nombramientos, los ascensos y traslados del personal que integra el Ministerio Público y, además, asuma la dirección y aplicación del régimen disciplinario en la institución. Es necesario fortalecer los sistemas de selección de los fiscales, para evitar que la iniciativa siga en manos de grupos corporativos e intereses siniestros. Y, además, garantizar la estabilidad debida a quienes se oponen a los “incentivos” externos que promueven investigaciones ineficaces y sesgadas. Con frecuencia en el MADJ nos topamos con fiscalías que parecen más defensoras de oficio de los violadores de la ley, que de las víctimas. Fortalecer una Carrera Fiscal para la ciudadanía sólo tiene sentido si contribuye a garantizar los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.
Y un séptimo eje es el respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. El respeto y fomento al derecho de los Fiscales a organizarse, a reunirse y a generar opiniones sobre la institución y los grandes problemas del país, debe ser promovido en lugar de reprimido por las autoridades superiores del Ministerio Publico. La cláusula de conciencia no es un derecho privativo a los profesionales de la información, sino que una herramienta que contribuye a garantizar la independencia de criterio en el desempeño de una función profesional. Nos consta, en las conversaciones que tenemos en los juzgados, que muchos fiscales u operadores públicos de justicia actúan penalmente en contra de su propio convencimiento. Eso no puede seguir ocurriendo.
El Ministerio Público debe despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional, como la de ordenar desalojos preventivos, que usurpa funciones del Poder Judicial y que carecen de cualquier control que garantice el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. En la práctica y en muchos casos, estas atribuciones jurisdiccionales de naturaleza totalitaria se traducen en órdenes fiscales de desalojo en perjuicio de cientos de familias campesinas que no han tenido la oportunidad de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia.
Las víctimas deben ser protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Honduras se configura como un Estado de Derecho para garantizar el goce de la justicia a todos sus habitantes y, por ello, los ausentes de justicia, las víctimas, deben ser tratadas con comprensión y respeto a su dignidad, se debe salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y alentar su cooperación; para ello, es preciso diseñar los mecanismos necesarios para suministrarles información suficiente y segura acerca del proceso penal que los vincula, del desarrollo del mismo, del contenido y alcance de las decisiones judiciales, además de garantizar que sus opiniones y solicitudes serán tenidas en cuenta y decididas, sin dilaciones, sobre todo cuando han decidido ser actores del proceso en calidad de acusación privada. No será admisible para el Movimiento Amplio que en la nueva administración política del Ministerio Púbico se continúen con prácticas negatorias del carácter de víctimas como la negación para recibir denuncias o denegar el acceso a expedientes incluso cuando la víctima se ha configurado como acusación privada y, en definitiva, rechazaríamos que se continue menospreciando e ignorando las víctimas al no promover una justicia pronta y efectiva por investigaciones que nunca se ejecutan y transcurren perpetuamente en la impunidad.
¿A dónde queremos llegar con el MP?
Tal como se anticipan los acontecimientos, los políticos tradicionales, cualquiera sea su signo ideológico, están a punto de salirse con la suya en la próxima elección de la cúpula del Ministerio Pública y el país de perder la oportunidad de impulsar la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su reparto político de cargos se consolida, cualquier intento de reconstrucción (no hablemos ya de “refundación”, que es un concepto más profundo) en materia de justicia se debilitaría. En tal sentido como ciudadanía, reclamamos una elección acorde con las necesidades e intereses del país, no de un grupo de intereses privados y corporativos. El que nada debe como político, nada debe temer. De la lucidez con la cual desarrollemos el rol que debe cumplir el Ministerio Público dependerá en gran medida la justicia penal que tendremos.
Señora Presidenta, señores diputados (as) del Congreso Nacional: En este momento clave de país, ustedes sólo tienen dos opciones: convertirse en reformadores del sistema de justicia o legitimadores de la injusticia prevaleciente. No hay más espacio divergente entre el discurso oficial y los hechos. Es hora de pruebas.
Tegucigalpa, Julio de 2023. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Bufete Estudios para la Dignidad
CARTA
Tegucigalpa, Honduras – 12 de julio, 2023 Abogado Félix Coca
Candidato a Fiscal General del Estado Asunto: Remisión de propuestas de cambio a la institucionalidad del Ministerio Público
Abogado Coca, Quienes nos dirigimos a usted somos organizaciones que pertenecemos al movimiento popular y social de Honduras, con articulaciones en, al menos, 12 departamentos del país, y que por la importancia de la selección y elección del próximo Fiscal General del Estado y su adjunto, nos hemos dado a la tarea de puntualizar los cambios que deben realizarse en el Ministerio Público para rescatarlo de la pobredumbre y la corrupción en la que se encuentra y avanzar hacia una institución independiente y representativa de los intereses de la sociedad. La propuesta, que adjuntamos a la presente, tiene en esencia dos elementos de cambio: primero, asegurar la independencia del Ministerio Público a nivel institucional y de todos/as sus colaboradores, especialmente del Fiscal General y Adjunto y; segundo, que como lo dice su propia ley se convierta en un legítimo representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad. Puntualmente indicamos que Honduras y su sociedad requieren de un Ministerio Público y de unos fiscales generales que puedan impulsar dos niveles de independencia y autonomía: a. Independencia de los grupos económicos y políticos: Se requiere de un Fiscal General y su adjunto que no se sientan obligados a corresponder con impunidad a quienes, desde un partido político, gobierno o desde el alto empresariado los proponen o negocian su nombramiento en la búsqueda de generar impunidad a sus actuaciones corruptas y abusivas. b. Independencia como decisión personal: Quisiéramos saber si existe, de manera personal, un compromiso, una decisión de actuar de manera independiente del pacto político que seguramente existe para la elección de este cargo y si usted es consciente y acepta el riesgo que conlleva un funcionamiento correcto en este puesto… ¿está usted dispuesto/a a afrontar de manera ética y profesional estos desafíos, pero a la vez asumirlo con la decisión y la bravura que este cargo exige? Sabemos que cualquiera con un mínimo de decisión y trabajo puede mejorar la calidad de las actuaciones de las presentes autoridades del MP, sin embargo, la pregunta clave sigue siendo si usted está a la altura de los retos de una institución tan debilitada como el Ministerio Público y si está dispuesto a asumirlos. Unido al gran reto que es garantizar la independencia y la autonomía, el MP luego de 30 años de existencia y de cara al 90% de impunidad que en promedio registran sus casos , tiene como segundo desafío el de convertirse en una genuina representación de los intereses de la población, labor que se vuelve compleja ante la práctica diaria que tienen muchos ficales a nivel territorial que se han convertido en los tramitadores de los grupo de poder económico y político, en comparsa con jueces, policías y militares igualmente corruptos. Este hecho ha provocado que, en lugar de defensores de los derechos de la población, el MP hoy en día sea un verdugo de los sectores populares y sociales, contra quienes se ensaña y tiene comportamientos racistas y discriminatorios. En el MADJ, el BED y en los 12 territorios que suscribimos esta propuesta tenemos decenas de experiencias que prueban este accionar, por lo cual, en base a estos aprendizajes, como ciudadanía organizada y responsable proponemos algunos elementos básicos para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Estos son: a. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. b. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos y mecanismos legales. De especial interés la fiscalía de Protección a la mujer, la del Medioambiente, Derechos Humanos, Etnias, Protección a la Niñez y Adolescencia, es decir a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados en el país. c. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. d. Auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos. e. Disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad. f. Respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. g. Despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional porque usurpa funciones del Poder Judicial y porque lesiona el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. h. Asegurar que las víctimas sean protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Abogado Coca, Esta es en esencia nuestra propuesta de los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas, la corrupción y la negligencia con la que ha venido actuando, y que, reiteramos, nunca ha existido la voluntad política externa e interna para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato. Sabemos que en el contexto actual tampoco hay condiciones para una elección independiente, especialmente por la variedad de intereses presentes en el Congreso Nacional, pero eso no impide la posibilidad, de que usted comprenda la dimensión de la responsabilidad a la que está aspirando y se decida a impulsar una institución cuyo único compromiso sea con la población y su derecho a la justicia. Insistimos en que la característica fundamental que debería fomentar el próximo Fiscal General es su alianza con el pueblo, no con quien lo elija. El MP que la sociedad espera es la de una institución más cercana a la gente, que tenga un verdadero liderazgo en la política criminal… queremos un Fiscal General que corra riesgos por la defensa de los derechos de la población, un Fiscal General que lidere al resto de los buenos fiscales, que moralice a una institución como el MP que se encuentra de rodillas… que entienda que el centro de su accionar es la defensa de los derechos de todos /as los hondureños/as. Esperamos de resultar usted electo, asuma estos retos, mismos que serán monitoreados de manera permanente por nuestras organizaciones,
Atentamente, Víctor Fernández Martín Fernández Director del BED Coordinación General MADJ Ileana Morales Presidenta JD FUNDAMBIENTE
Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena paradefender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:
Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.
Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.
Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.
Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.
A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.
Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.
El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.
La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.
3. Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas
La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.
4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:
a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.
b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.
c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.
d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.
Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023
Suscriben:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Plataforma Agraria del Aguan.
Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).
Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.
Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.
Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).
Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.
¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.
El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.
Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.
Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.
A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.
Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.
San Pedro Sula. 21 de junio de 2023
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
