¡NO más criminalización por reivindicar nuestros derechos territoriales!

“Han creído que la impunidad es eterna… se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Berta Cáceres

Nosotras y nosotros, pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, ubicadas en distintas zonas del país, ante la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, ante la comunidad nacional e internacional nos pronunciamos:

  1. La tierra constituye para nosotros y nosotras un elemento clave para nuestra supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
  2. Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
  3. A partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de nuestras organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
  4. Denunciamos que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
  5. Condenamos la criminalización contra los líderes y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta
  6. Exigimos a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
  7. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.

19 de noviembre del 2021.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras

Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Las aguas del río Jilamito son para la gente. Fuera ingelsa.

Las comunidades del municipio de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) establecidas en el Campamento Digno por la Defensa del Agua, nos juntamos este día con organizaciones internacionales frente a las oficinas de HERMACASA en Honduras y SIMONDS SAW INTERNATIONAL en Massachusetts, EEUU, ambas empresas son socias de INGELSA y del Grupo IESA propiedad de Emin Abufele Marcos principal accionista del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito (PHJ).

En esta jornada por la defensa de la vida, la soberanía y la dignidad expresamos:

  1. Que el pueblo de Arizona ya decidió, al menos en tres asambleas de cabildo abierto, que las aguas del río Jilamito serán destinadas exclusivamente para el consumo de las presentes y futuras generaciones del municipio y de esta manera superar el desabastecimiento que ya sufren cerca de 30 mil habitantes. Para cumplir los mandatos populares en defensa del río, el pueblo se constituyó en Asamblea Permanente desde 2017, a través del Campamento Digno por el Agua y por la Vida.
  1. Como lo hemos denunciado de manera reiterada, en espacios públicos y en la instituciones nacionales e internacionales, el PHJ es expresión clara de actos de corrupción, de violencias a las comunidades, de ruptura del tejido social, de criminalización de liderazgos comunitarios, de amenazas y de violación al derecho humano al agua, al ambiente, a la participación comunitaria, al acceso a información público, a la soberanía y la dignidad de las personas.
  • Ante la falta de respuesta a nuestras denuncias, impugnaciones y muchas otras acciones, hoy iniciamos una nueva fase de movilizaciones a las sedes de las empresas y viviendas de las personas que, mediante corrupción y violencias, impunemente pretenden imponer el PHJ.
  1. Con nuestras manifestaciones pacíficas y con nuestras propias capacidades, en articulación con nuestros hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, hoy reimpulsamos el proceso para ponerle rostro y plena identidad a los verdugos de nuestras comunidades, estamos dando un paso más para romper con la violencia, la corrupción y la impunidad de grupos perversos como INGELSA-IESA.
  2. Llamamos a actores económicos internacionales como la empresa SIMONDS SAW INTERNATIONAL, al Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier actor del sistema financiero internacional a que se retiren y se abstengan de apoyar al grupo IESA-INGELSA y al PHJ, como ya lo hizo en abril de 2021, la corporación financiera para el desarrollo DFC que ha reconocido las múltiples denuncias del Pueblo de Arizona y tomó la decisión de suspender el financiamiento de 35.7 millones de dólares para la construcción del PHJ. Las empresas y la gente correcta no invierten ni promueve la corrupción y la violación de derechos.
  1. Desde la resistencia pacífica y el legítimo derecho a defender nuestros bienes comunes, reafirmamos que seguiremos defendiendo la soberana y humana decisión de que las aguas del río Jilamito y la riqueza natural del municipio de Arizona, sea para la gente; cueste lo que nos cueste.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

La base del partido Libre y la alianza en SPS: Un voto de esperanza.

Desde mi militancia en el MADJ y en el movimiento de derechos humanos, reconozco mi simpatía por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y siendo parte activa de la oposición al golpe de Estado de 2009 que finalmente parió a LIBRE, me atrevo a reivindicar mi condición de fundador “periférico” de ese instituto político.

También conozco a Omar Menjivar y conozco el surgimiento y parte del desarrollo de su candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula en el actual proceso electoral. La Alternativa Unificada de libre por SPS, espacio que dentro de LIBRE promovió su candidatura, se propuso trabajar y proponer un proyecto unitario para SPS tomando en cuenta a liderazgos honestos de la ciudad para el gobierno local. La alternativa es o era un espacio de gente con pensamiento, propuesta y buenísimas intenciones y logró motivar a muchas personas al juntar el liderazgo de Omar con el de la joven y dinámica Abogada Alexa Solorzano.

La candidatura de Omar Menjivar se aprobó en una asamblea de organizaciones sociales, como el mismo Omar lo destacaba durante la campaña interna. Es decir, Omar no se postuló, fueron varias organizaciones y personas (no todas las deseadas, pero al final fue un colectivo el que lo postuló) las que aprobaron su candidatura a la alcaldía Sampedrana.

En SPS, Libre carga un pesado desprestigio por un grupo de regidores, diputados y dirigentes locales que por sus prácticas parecen auténticos cachurecos. Por eso, el perfil de la candidatura de Omar (persona honesta, inteligente y valiente) y la forma de legitimarse constituyen un salto cualitativo desde la perspectiva moral y ética del quehacer político. Además, fomenta el espíritu democrático-antigolpista de LIBRE.

Actualmente, quien tiene un mínimo de vergüenza y honestidad está claro que es un deber impostergable sacar del gobierno, local y nacional, a la mafia narco-cachureca. En ese propósito, la idea-bulla de alianzas de la oposición suenan desde que pasaron las elecciones internas de marzo 2021. Las negociaciones que sorprendieron a última hora a la gente más noble e ingenua, venían moviéndose hace varios meses.

Más allá de cualquier subjetividad, con certeza Omar era el mejor candidato a la alcaldía de SPS y desde mi perspectiva una de las mejores a nivel nacional. Igual, dicen que, para octubre de 2021, según las encuestas, él no era el candidato de la oposición con mayor simpatía del electorado sampedrano, se afirma que era el señor Roberto Contreras.

Sin embargo, asumido el propósito sustancial de sacar a los narcos y corruptos que tomaron control del gobierno desde el golpe de 2009, las alianzas entre los actores de la oposición política electoral no solo son válidas, son una responsabilidad patria-matria. No es fácil la decisión de votar por un señor como Roberto Contreras, animador del golpista Micheletti en 2009, pero muchos lo haremos confiando en que el nuevo gobierno local derrotará a la mafia que controla la alcaldía más importante del país y en la integración de la nueva gestión municipal estará Omar Menjivar, sus equipos y su programa de gobierno que prioriza a la gente empobrecida y honesta de SPS.

La historia determinará el acierto o error de las actuales alianzas. Pero, ojalá, las futuras convergencias las definan las bases (en este caso de LIBRE) o el pueblo y que la idea de cualquier alianza de actores políticos la defina un programa de gobierno de largo aliento, orientado por el fomento y respeto a la Dignidad Humana. Ojalá, Omar Menjivar, hubiera tenido la oportunidad de renunciar o negociar su candidatura a la alcaldía, así como le fue aprobada en Asamblea Popular de organizaciones y de personas, y no por acuerdo de la élite partidaria que finalmente le impuso el acuerdo. ¡Ojalá!

¡Desde la Dignidad Siempre!

Víctor Fernández

Coordinación política MADJ.

Ante el ataque a la lucha comunitaria; resistencia y soberanía popular.

  1. Este 07 de octubre de 2021, el apátrida y criminal Congreso Nacional, una vez más atacó la dignidad y la soberanía nacional, al reformar el nuevo Código Penal y tipificar como delito de usurpación agravada y desplazamiento forzado, todas las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria que el pueblo hondureño organizado ha venido desarrollando en la última década en contra del saqueo de la riqueza común que ejecutan los agentes del capitalismo extractivista. Su propósito es imponer el terror, a través de la cárcel, el desplazamiento y la desarticulación de las luchas en comunidad popular.
  1. En concreto, la mafia hecha gobierno hondureño, esta vez hace uso de sus diputados y diputadas y determina que los campamentos dignos y las resistencias del Pueblo Tolupán en Locomapa, de Pajuiles, de Jilamito, del Sector Florida (Territorios en lucha desde el MADJ), del pueblo Lenca, de Reitoca, del Aguán, del Sur y de muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades; en lugar de ser espacios de ejercicio legítimo del derecho a la participación política, ahora son hechos criminales que configuran los delitos de USURPACIÓN AGRAVADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO y MANIFESTACIONES ILÍCITAS.
  1. La impunidad de la estructura criminal que subyuga a nuestro país, en esta ocasión se expresa en la decisión de perseguir también a todas las personas que sean afines o apoyen las luchas populares comunitarias, dejando claro que las acciones de protesta pacífica serán delito grave si se realizan en grupo, si son apoyadas por funcionarios.as honestos.as, si se realizan en contra de proyectos de desarrollo empresarial y si son proyectos aprobados por ellos mismos como funcionarios del Estado.
  1. La desesperación e ilegitimidad de la mafia empresarial llega al extremo de ordenar a policías, fiscales y jueces a ejecutar la criminalización del pueblo en 24 o 48 horas, en procesos sumarios. Y les amenaza con sanción si no actúan con prontitud y severidad.
  1. Con esta criminal iniciativa legal, en el MADJ, una vez más, nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también  a toda la estructura política detrás de ellos que desde el ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegitimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza en el territorio nacional.
  1. En el MADJ, además de llamar, una vez más, a la unidad para el pensamiento y lucha estratégica en contra del régimen mafioso, asumimos el desafío de seguir resistiendo y construyendo soberanía comunitaria y popular desde la Dignidad.
  1. Junto al poeta cantor decimos, no es tiempo de recular es justo el tiempo para luchar, con audacia e inteligencia, en todas las trincheras y levantar la bandera de la dignidad.

Los pueblos, la gente, en comunidad sabremos hacer justicia.

                                ¡Hasta la dignidad siempre!      

San Pedro Sula, Cortés, 08 de octubre del 2021

Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.

El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.

La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: «Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.

El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.

Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.

Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.

Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.

Bicentenario de supuesta independencia, nada que celebrar en el pueblo hondureño.

En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.

Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.

En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.

Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.

Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.

Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.

Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.

Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.

Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.

Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.

Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.

Victoria popular: Nueve indígenas Tolupanes triunfan sobre la justicia hondureña.

Casi tres años tuvieron que esperar nueve indígenas Tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que un tribunal hondureño reconociera que los había mantenido criminalizados sin una causa justificada.

El pasado 10 de septiembre de 2021 en una audiencia Ad Hoc, la justicia hondureña a petición de las áreas legales de las organizaciones Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Bufete Estudios para la Dignidad, realizaron la revisión de los supuestos delitos que se les imputaban a las y los indígenas desde el 17 de mayo de 2019 y por los cuales cumplían medidas sustitutivas a la prisión.

Durante la audiencia a la que asistieron todas las partes involucradas, determinaron que no había delitos y finalmente el tribunal resolvió otorgar un sobreseimiento definitivo que ratifica la inocencia de los compañeros y compañeras.

El proceso de criminalización que involucraba a tres mujeres y seis varones indígenas, inició después de una protesta que se desarrolló en la Tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, Honduras, y donde los acusados se manifestaban contra el corte inconsulto e ilegal del bosque que se ubica en territorio tribal.

Después de esa acción fueron citados a los juzgados, los indígenas, Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, además de, José María Pineda, Ramón Matute, Celso y Amado Cabrera, Oscar Vieda y Sergio Ávila para responder por la acusación realizada por el empresario Wilder Domínguez quien los criminalizó argumentando que obstaculizaban ilegalmente un plan de manejo forestal.

“Estamos libres hermanas y hermanos, estamos libres por un delito que no cometimos, más de dos a tres años de venir a firmar acá, le decía al abogado que nos defendió en este caso, que en este proceso no vamos a revivir a mi padre, a mi hermano, a Milgen Soto, que fueron asesinados en este proceso de criminalización que nosotros tuvimos y yo pido a nuestros hermanos tolupanes que están acá, que esta lucha no va a terminar acá, esta lucha la vamos ir a terminar en nuestro territorio Tolupán, y vamos ir a defender esta tierra”. Dijo nuestro compañero Ramón Matute, indígena, secretario del Consejo Preventivo de Tribu e integrante del MADJ que ya ha enfrentado la pérdida de su padre y su hermano producto de las acciones violentas de los empresarios en la zona.

En el grupo de indígenas liberados, hay compañeros y compañeras que enfrentan por tercera ocasión a la justicia hondureña que los ha criminalizado prácticamente por el mismo delito en diferentes ocasiones, además, hay compañeros y compañeras a quienes les han asesinado sus parientes producto de la lucha que han emprendido por defender su territorio, a estos crímenes la justicia hondureña no les ha dado solución y se mantienen en total impunidad.

Solo en la causa Tolupán de San Francisco de Locomapa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Consejo Preventivo de Tribu y el Bufete Estudios para la Dignidad han presentado al menos 46 acciones legales de las cuales muy pocas han obtenido respuestas.

El pueblo Tolupán es uno de los nueve pueblos originarios de Honduras, durante su proceso de lucha ante el despojo y saqueo ha sido uno de los más martirizados, de 1990 a la fecha han sido asesinados aproximadamente 120 de sus integrantes, la mayoría de ellos y ellas ligados a la defensa del territorio.

Saludamos el Día Internacional de la mujer indígena honrando la memoria de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute

Hoy, cinco de septiembre, el Movimiento Amplio, Bufete Estudios para la Dignidad, FUNDAMBIENTE y el Consejo Preventivo Tolupán celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena rememorando el martirio de nuestra compañera Enriqueta Matute, asesinada hace ocho años por oponerse al saqueo de los bienes naturales del pueblo Tolupán en la tribu San Francisco de Locomapa. Desde la lucha y valentía mantenidas hasta el final de su vida visibilizamos los retos que las mujeres indígenas enfrentan en todos los pueblos indígenas de Honduras y valoramos el rol clave que desempeñan como portadoras y emisoras de saberes, conocimientos, prácticas y experiencias de sus pueblos; a la vez que constructoras y defensoras de una nueva sociedad más digna y justa para todos los pueblos  indígenas como para toda nuestra Honduras.

A pesar de afrontar grandes amenazas y ser un grupo en situación de alta vulnerabilidad y desigualdad estructural aun al interior de sus propios pueblos, las mujeres indígenas tolupanas de diferentes tribus se han sumado proactivamente al Movimiento Amplio para actuar denodadamente en la defensa de sus territorios, bienes naturales y comunidades. Son ellas quienes enlazando y uniendo la comunidad custodian y protegen cuanto les pertenece. La solidaridad, la subsidiariedad y la capacidad creativa de resiliencia son las claves desde las cuales las mujeres indígenas tolupanas impregnan de dignidad y justicia todas sus comunidades, volviéndose imprescindibles en la producción y reproducción de valiosos saberes y acciones necesarias para afrontar las consecuencias negativas que los actuales modelos económicos dejan en sus territorios.

El liderazgo activo de la mujer  tolupana puesto al servicio de toda la comunidad constituye una enorme ventaja en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos en general. Y es que la lucha de la mujer tolupana es la lucha por su propia dignidad a la vez que es la lucha por la tierra, por el agua, por la vida, que en definitiva nos favorece a todas y todos en nuestra Honduras necesitada de nuevos valores y nuevos estilos de liderazgos,

Desde 1983 se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara que encabezó en el Alto Perú la rebelión contra los españoles, quienes la asesinaron en 1782. Es así como nos sumamos a esta celebración rindiendo homenaje a Enriqueta Matute, mujer que encabezó la lucha contra los saqueadores de las minas y los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa, siendo asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a dos compañeros tolupanes. Al mismo tiempo, el Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para  solidarizarnos una vez más con las compañeras tolupanas de Locomapa, María Ángela  Murillo, Wendy Pineda y Allison Pineda, criminalizadas por el Estado y sectores corruptos de Yoro y aun de las mismas estructuras ilegales que en nombre del pueblo Tolupán se benefician del saqueo de los bienes naturales que pertenecen a todo el pueblo Tolupán.  Y condenamos enérgicamente el atentado contra la compañera tolupana Norma Ávila, sobreviviente de un intento de asesinato ocurrido el pasado mes de mayo por pistoleros y turbas dirigidas por miembros del Consejo Directivo corrupto y trabajadores de la empresa INMARE

Desde el martirio de nuestra compañera Enriqueta extendemos nuestra solidaridad siempre fraterna a Berta Cáceres y muchas otras mujeres indígenas a quienes también les han sido arrebatadas sus vidas en nombre de un neoliberalismo y un patriarcado tan despóticos como criminales y cobardes cuando se enfrentan al poderío de las mujeres indígenas de nuestros pueblos.

¡ENRIQUETA VIVE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!

San Pedro Sula, 5 de diciembre de 2021.     

A ocho años del asesinato de Enriqueta, Armado y Ricardo; Aquí nadie se rinde.

El 25 de agosto del año 2013, los y las indígenas Tolupanes, María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados en la comunidad de San Francisco Campo, perteneciente a la tribu indígena Tolupana de San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro.

María, Ricardo y Armando, militantes y dirigentes del MADJ en territorio Tolupan, en conjunto con el Consejo Preventivo de Tribu, tras de 12 días de resistencia para la protección de sus recursos naturales, oponiéndose a la tala ilegal de madera, así como, la explotación ilegal de antimonio en las comunidades Tolupanas de Lagunita, Bambú, Las Minas, Las Brisas y El portillo, procurando la conservación de los bienes, recursos e intereses de las y los indígenas Tolupanes, quienes conservan su título ancestral emitido en 1864 por el Estado de Honduras.

Cabe resaltar que la Constitución de Honduras, tiene una sola mención sobre derechos que corresponden a los pueblos indígenas, en su artículo 346, que establece el deber del Estado de “dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.

Seis años tardó el Ministerio Público en condenar a uno de los ejecutores de los asesinatos, Carlos Roberto Luque (asesinado en San Francisco de Locomapa en el año 2018). Dando el Poder Judicial una muestra más de impunidad para el pueblo Tolupan al absolver al otro asesino, Selin Eleazar Fúnez por el asesinato de nuestros compañeros. Cabe destacar que, en esos 6 años de impunidad garantizada por el Estado de Honduras, no se abrieron líneas de investigación ni acciones encaminadas en la búsqueda de las autorías que ordenaron el asesinato.

A pesar de los múltiples intentos de los empresarios, funcionarios públicos vinculados a la criminalidad y la corrupción, instituciones públicas y el Estado en detener la justa lucha por la defensa del pueblo Tolupan, han sido ocho años de permanente resistencia, denuncia y construcción de alternativas por la dignificación, la justicia y la mejoría en la calidad de vida del Pueblo Tolupan.

En esta octava conmemoración del asesinato de nuestras y nuestros compañeros, elevamos y rescatamos su memoria en nuestra identidad orgánica desde el MADJ, como punta angular en el valor de la resistencia y en la búsqueda implacable de la justicia en medio de un sistema judicial enraizado en el crimen organizado, la corrupción y la sistemática impunidad, en beneficio de unos pocos y cuyos beneficios financieros y de influencia en el poder, condenan al empobrecimiento, a la desigualdad profunda y a estadios de violencia a las población Tolupana.

Es de recordarles a aquellas y aquellos que operativizan al modelo extractivo, al crimen organizado, a las y los funcionarios públicos, empresarios y aquellos indígenas que decidieron tomar el lugar del opresor, que aquí estamos y aquí seguiremos, construyendo verdadera participación, dignidad y justicia para que nuestro pueblo indígena Tolupan logre las mejores condiciones de vida, a la justicia y a una distribución integral y equitativa de la riqueza que conforma su territorio.

No permitiremos, por la memoria de María Enriqueta, Armando y Ricardo, así como los otros compañero y compañeras asesinadas por luchar en contra del saqueo de nuestra bienes naturales que se concentra la riqueza en unas pocas manos, por el contrario, trabajaremos y construiremos verdadera participación, inclusión y acceso a condiciones reales y fundamentales de dignidad, libertad, justicia y poder para las y los herederos ancestrales de la tierra, sus recursos y la administración de los mismos.

Porque la tierra es de quien la trabaja,
Porque el derecho es de quien lo exige,
Y porque la memoria es de quien no la olvida,

 María Enriqueta Matute, ¡Vive!
Ricardo Soto Fúnez, ¡Vive!
Armando Fúnez Media, ¡Vive!

¡Hasta la Dignidad Siempre!