A 1 año de dictadura: insurrección permanente

A un año de auto imponerse la narco dictadura, desde el Movimiento Amplio reivindicamos con mayor poderío el “FUERA JOH”, pero reiteramos que lo queremos fuera y preso, por ser uno de los principales dirigentes de una clase     política-económica criminal y corrupta que han asaltado a todos los poderes e instituciones constitucionales del Estado para adueñarse de los bienes y recursos que deben ser públicos y de beneficio colectivo. JOH y sus funcionarios -socios en lugar de construir y garantizar una gobernabilidad justa, equitativa, inclusiva y transparente- se han encargado de entronizar el crimen, el abuso, el narcotráfico, la impunidad y la corrupción como práctica de una dictadura cruel e injusta.

No perdonamos que el descontento social que siguió al fraude electoral haya sido sofocado a sangre y fuego. Son al menos 38 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Mártires de la democracia -entre los cuales se cuentan nuestros compañeros Ramón Fiallos, Wilmer Paredes y Geovany Cárcamo- que no merecieron la muerte como castigo por amar y defender la patria y exigir respeto de la voluntad ciudadana de todos y todas. El Movimiento Amplio no los olvidará jamás.

Como Movimiento Amplio condenamos el cinismo imperial y abominable de los Estados Unidos de América, que a finales de 2017 facultó a la narco dictadura hondureña para burlar la voluntad ciudadana y mantenerse en el poder de la manera más grotesca y criminal, y que ha continuado durante todo el 2018 y ahora en 2019, solapando y a la vez alentando el manejo abusivo de JOH y su pandilla de criminales.

Estados Unidos se ha encargado de dar vida a una narco dictadura en Honduras, como lo hace en otros países latinoamericanos, para crearse al mismo tiempo la justificación de la lucha anti drogas y así mantener en ocupación militar permanente a los pueblos con democracias endebles como el nuestro. Igualmente deploramos la doble moral del Secretario General de la OEA y de la Unión Europea, que posterior al proceso electoral de 2017 generaron conclusiones objetivas y justas en un primer momento, pero siniestras y complacientes con el imperio norteamericano tan pronto como se pronunciara el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Deploramos la actitud apátrida y criminal de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional Civil, porque, en lugar de hacer prevalecer lo que manda la Constitución, se degradaron a ser meros “elementos” asesinos de su mismo pueblo y empresas de seguridad privada para los grandes carteles del narcotráfico. No hay perdón para el soldado que dispara contra su mismo pueblo. No descansaremos hasta verlos sometidos a la justicia de una Honduras liderada por gobernantes justos y honestos. No pararemos de denunciar criminales y exigir justicia.

Desde el Movimiento Amplio nos declaramos en sublevación permanente e indefinida hasta que la democracia sea paz para el pueblo y justicia para todas y todos. Llamamos a la población a luchar, a no desmayar en el reclamo diario y permanente de la justicia que nunca llega, pero que terminará por imponerse. Esta sublevación permanente e indefinida se vive desde ya en los territorios donde las comunidades defienden soberanamente sus bienes naturales y exigen que las instituciones del Estado funcionen correctamente; desde escuelas y centros de salud hasta aquellas encargadas de velar por la paz social y la aplicación de justicia.

Saludamos especialmente a los jóvenes y mujeres por el papel rebeldemente justo que han jugado en la historia más reciente de Honduras, particularmente desde el golpe de Estado en 2009 y el fraude electoral de 2017. Se les invita a no desmayar, a no acomodarse y ajustarse a las miserias que provee la narco dictadura que nos somete, sino a continuar recuperando y reconstruyendo la patria que anhelamos, esa patria-amor cargada de solidaridad y entrega que nada tiene que ver con patriotismos fascistas importados e inculcados en nuestros pueblos. Igualmente saludamos a los pueblos originarios y afrodescendientes y en general a todas las comunidades campesinas que defienden lo suyo y no se dejan someter ante quienes intentan despojarlos de sus bienes naturales.

La narco dictadura debe y tiene que tener final. Estamos llamados y llamadas a construir este final y a deducirle responsabilidades por el enorme daño que le ha hecho al país. Llamamos a construir la unidad nacional sin barricadas entre los mismos movimientos sociales, sin intereses mezquinos entre líderes y lideresas; a dejar el acomodo y el cálculo, a formarnos, y generar un nuevo pensamiento y formas de hacer las cosas que esté a la altura del país y de las demandas de cambio real de la población; a luchar por nuestra independencia orgánica e ideológica, a proponer más y reaccionar menos, a comprender que nuestro trabajo inmediato es derrocar y encarcelar a la banda de políticos y empresarios criminales que actualmente están en las estructuras de poder. Pero debemos estar claros que nuestra responsabilidad mayor es elaborar, construir y dirigir un nuevo horizonte para Honduras basado en dignidad y justicia.   


“Lo que se empieza se termina; si no, no sirve” Ramón Fiallos

Arizona, Atlántida. 25 de enero de 2019

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

El legado de Wilmer Paredes: La digna resistencia

Fotografía: Martín Cálix

El legado de Wilmer Paredes: Digna resistencia

Por Heidy Alachán

Era el primer día de enero, como hoy. Hacía calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos, llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho dolor.

El fraude electoral nos heredó un fin de año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.

Para quienes recibimos la noticia casi inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí, era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre habíamos hecho miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López,  a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de militares.

Era el mismo Wilmer que ese 16 de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes, entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.

Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama, piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados con fusiles.

Como si no fuera suficiente, mientras sucedía todo eso, les intimidaban con choques eléctricos  (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos, cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto al resto lo que había pasado.

Luego vinieron también el resto de recuerdos. El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección del mecanismo.

No fue suficiente para ella escuchar relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y protección. No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.

Luego de su asesinato, su velorio y su entierro, los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido regresar hasta la fecha.

La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca, que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que, tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.

Familia de Wimer Paredes sostiene su fotografía. Captura: Martín Cálix.

Pero hoy, que ha pasado un año desde que Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida, desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de dolor y muerte que dejó.

Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.

Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas. Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y oportunas.

Hoy queremos que su nombre y se ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2019 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.

La Patria sigue viva y con memoria.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Solidaridad con la periodista Nina Lakhani

24 de septiembre de 2018. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, frente a los ataques de los cuales ha sido víctima la periodista independiente, Nina Lakhani, del reconocido periódico “The Guardian”, manifiesta su solidaridad y condena de estos ataques que constituyen un patrón incrementado en los últimos meses en el país en contra de todas las personas involucradas en la denuncia de proyectos extractivos ilegales y criminales.

Lakhani, es ciudadana británica, periodista freelance radicada en México que ha informado para el diario británico Guardian durante cinco años. El 17 de septiembre de 2018, mediante un documento de prensa suscrito por la Asociación de Campesinos del Aguán (ACIVA), organización de la cual no existe rastro de existencia real,  el cual circuló en varias plataformas de medios sociales, entre ellas Twitter y WhatsApp, acusó a Lakhani de “manipular” a la población de la región del Bajo Aguán, y obligar a los pobladores a dar falsas declaraciones e incitarlos a la violencia, y la declaró “persona non grata” en la región.

Como un guion previsible, el comunicado también exhortó a las autoridades hondureñas a investigar a la periodista Lakhani, debido a que esta “está al servicio de oscuros intereses de grupos internacionales”, entre otras afirmaciones completamente falsas.

Nina Lakhani ha dado seguimiento desde mucho tiempo atrás al curso del primer caso de 8 personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, así como el juicio en contra de David Castillo, ex gerente general de DESA, acusado también, como autor intelectual del crimen en contra de la coordinadora general del COPINH.

El ataque en su contra, a través de la supuesta asociación, plataforma falsa, forma parte de una campaña de odio, promovida por distintos sectores económicos y productores de energía, la cual ha sido denunciada y evidenciada por el MADJ en días recientes y de los cuales, nuestro Coordinador General, Martín Fernández y el encargado de asuntos políticos, Víctor Fernández. han sido víctimas.

Frente a esta ola de ataques, pretendiendo deslegitimar las honestas y necesarias resistencias en defensa de la verdad y la dignidad en Honduras, nos solidarizamos con la periodista Nina Lakhani, reconociendo una vez más su valioso aporte desde el periodismo independiente para el rompimiento del cerco mediático impuesto en el país por el poder económico y su aporte sustancial para la construcción de la verdad respecto del asesinato de Berta Cáceres y el develamiento de las redes criminales que están detrás de los proyectos extractivos en Honduras y en la región.

Demandamos al Estado de Honduras, que con la misma diligencia con la cual sus instituciones judiciales actúan para garantizar “Seguridad jurídica” a las empresas, actúen pronta y oportunamente para garantizar la seguridad de la periodista Lakhani y que esta pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y su labor informativa sin ningún riesgo.

Saludamos el reintegro de Magistrada y juez destituidos durante golpe de Estado

Este día 24 de septiembre de 2018, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hicieron pública la noticia del reintegro de la magistrada Tirza Flores Lanza y el juez Guillermo López Lone, destituidos arbitrariamente durante el golpe de Estado en Honduras como represalias por sus actuaciones en pro del Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco del momento de conflictividad y derrumbe institucional que el país enfrentaba.

Desde el momento de la destitución, los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza iniciaron una intensa búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional lo que provocó que en el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictara sentencia condenando al Estado de Honduras, reconociendo las violaciones a derechos humanos de las cuales las funcionarias habían sido víctimas y ordenando medidas de reparación, así como el reintegro a sus puestos con todas las garantías laborales, gremiales y sociales que esto implicaba.

A pesar de la sentencia, en los años sub siguientes, el poder judicial de Honduras se resistió a ejecutar la sentencia, sin importarle el seguimiento que la Corte IDH mediante audiencias de revisión de cumplimiento de sentencia estaba corroborando la falta de voluntad estatal para garantizar justicia para los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza.

Este día que finalmente ha trascendido la noticia de su reintegro, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, saludamos la victoria obtenida por Guilermo López y Tirza Flores, quienes desde mucho antes del proceso de destitución han sido profesionales comprometidos con la justicia, con la construcción de un Estado democrático y de derecho y que luego de la arbitrariedad de las autoridades hondureñas, continuaron realizando una importante labor desde la Asociación de Jueces por la Democracia para la defensa de la independencia judicial en Honduras.

Reafirmamos que, en un país con la altísima fragilidad institucional que Honduras posee, profesionales como Tirza Flores y Guillermo López, que desde la labor jurisdiccional o desde la lucha gremial han aportado esfuerzos valiosos por sostener las justas y necesarias defensas de derechos humanos, el reintegro ordenado representa un importante precedente que sirve para alimentar la esperanza de que frente a la barbarie, a la ilegalidad y al abuso de poder, la persistencia, la digna resistencia son herramientas valiosas para menguar los abusos.

24 de septiembre de 2018

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Reducido el caudal del río Mezapa en Pajuiles, Tela

21 de septiembre de 2018. El bajo nivel del caudal de agua del Río Mezapa, es notorio después de varios meses de trabajo ininterrumpidos en la parte alta de la Sierra Nombre de Dios por parte de empresas extractivas que han generado violencia hacia quienes luchan por proteger el afluente que abastece de agua sus hogares.

En una imagen tomada el 25 de octubre de 2017 a la orilla de la carretera CA 13, se logra observar el caudal de agua que el río mantenía, mientras en la otra gráfica captada el 13 de septiembre de 2018, prácticamente 11 meses después, se observa como el caudal se ha reducido considerablemente. Ambas imágenes fueron tomadas después de varias horas de haber llovido en la zona, lo que quiere decir que en temporada de verano, el nivel o caudal del río desaparecería, dejando sin agua a las comunidades río abajo.

Las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia mantienen, desde el 22 de marzo de 2017, una lucha por defender el río Mezapa de la destrucción de la empresa HIDROCEP, propiedad de Jason Hawit, quien en complicidad con la institucionalidad hondureña pretende imponer su proyecto a como dé lugar en la comunidad.

La lucha de las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, se ha traducido en al menos 15 acciones legales para detener los trabajos de la empresa, pero no han sido escuchados en las fiscalías del departamento de Atlántida, ni en ninguna otra instancia. La última acción que ha sido incumplida por la municipalidad y el Ministerio Público, es la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ordena parar los trabajos de la empresa en la parte alta de la Sierra producto de la contaminación provocada a las aguas del río Mezapa.

El resultado de todo este proceso pacífico de parte de las comunidades ha sido represión contra los líderes de la lucha, represión por parte de la policía y sus diferentes dependencias, campanas de odio y desprestigio impulsadas desde la empresa y otras instancias, entre tanto esto ocurre, la convicción, la valentía y la dignidad nos hacen más fuertes para desterrar a los usurpadores que no han podido comprar nuestra Dignidad.

Solidaridad ante ataque en Guapinol

SOLIDARIDAD Y CONDENA POR ATENTADO CONTRA MIEMBROS DEL CAMPAMENTO GUAPINOL EN TOCOA, COLÓNDesde el Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia, ratificamos nuestra permanente solidaridad con la población del Sector Guapinol en el municipio de Tocoa, Colon, quienes han sido víctimas este día de ataque a disparos por parte de sicarios como parte del hostigamiento sistemático de parte de la empresa minera Inversiones Los Pinares, durante los 38 días de resistencia desde el Campamento en Defensa.

La digna resistencia de Pajuiles triunfó

La digna resistencia de Pajuiles triunfó sobre la hidroeléctrica HIDROCEPLo solicitado desde hace más de dos años por la población de Pajuiles ha sido ratificado y reconocido a través de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula y la municipalidad de Tela, la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso debe PARAR la destrucción del rio Mezapa y la cordillera Nombre de Dios.Más de 11 denuncias sin respuestas que fueron interpuestas por parte de las

Continúa amenaza para los bosques del pueblo tolupán

Ingresan maquinaria y equipo para cortar madera en tribu San Francisco Locomapa del pueblo tolupánMaquinaria y equipo propiedad del empresario Wilder Domínguez ha ingresado desde el viernes 10 de agosto de 2018 a los territorios de la tribu indígena tolupan San Francisco Locomapa en las montañas de Yoro.Con esta maquinaria en la zona se pretende iniciar el proceso de corte de madera que después es extraída para su comercialización sin el aval de las comunidades y las personas que luchan a favor

En 5 puntos: La complicidad e inoperancia de la Municipalidad de Tela

La complicidad e inoperancia de la Municipalidad de Tela en 5 puntosCinco días exigiendo el cumplimiento de sentencia que obliga a la municipalidad ordenar parar las labores de la empresa hidroeléctrica HIDROCEP llevan los pobladores en un campamento frente a las instalaciones de la comuna en el parque central de Tela, sin obtener respuesta alguna por parte del gobierno local.El martes 6 de agosto de 2018, como una medida de presión, la población de Pajuiles organizada en el Movimiento Amplio

Con campamento le exigen a la municipalidad cumplir sentencia y parar obras de HIDROCEP

Población de Pajuiles exige a la municipalidad de Tela cumplir fallo que ordena parar las labores de HIDROCEPPajuiles ha resistido por más de 500 días a los embates violentos de la institucionalidad y de la empresa HIDROCEP la cual ha causado graves daños ambientales desde 2016 sobre el río Mezapa, por lo cual la CIDH otorgó medidas cautelares a 5 de las comunidades del Sector, consumidoras de las aguas del río. Recientemente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ordenó mediante sentencia