La primera semana del juicio contra Juan Orlando Hernández ha capturado la atención de la sociedad hondureña, de los medios de comunicación y de supuestos analistas expertos en la materia que, pese a la cantidad de reflexiones y noticias que se publican, redundan en describir meramente el desarrollo del juicio o intentan reflexionar sobre las posibilidades de sentencia condenatoria o exculpatoria. En todo caso, para el movimiento popular ninguna de estas reflexiones o publicidad resulta útil u oportuna.
El actual momento histórico nos sitúa en la responsabilidad de reflexionar a fondo sobre el significado de este juicio contra JOH en perspectiva de sistema y del futuro político de país, que va más allá del personaje de un narco-expresidente y abarca una forma de hacer política: a la constelación de dinámicas políticas corruptas, de un sistema electoral que se financia del crimen, de la acumulación de poder en el sistema de justicia, de la empresa privada vinculada con estructuras criminales que instrumentalizan el Estado, entre otras, que han quedado descubiertas en esta primera semana de juicio y sobre lo cual no está existiendo atención mediática ni de la institucionalidad pública que pudiera provocar su transformación.
La evacuación de los testimonios y demás pruebas del juicio muestran la forma en que JOH y sus narcos aliados se hacían del poder político para instrumentalizar el Estado en provecho de su negocio criminal, por esto, cabe preguntarnos si las estructuras y dinámicas que posibilitaron esta forma corrupta de hacer política será transformada por la actual administración pública o, por el contrario, será aprovechada para aprender de los “errores de JOH” e identificar las rendijas que posibilitaron su caída para no permitir que les pase lo mismo.
Desde el movimiento popular y desde el MADJ nos convoca la responsabilidad de reflexionar y allanar el camino hacia otras formas en que debe hacerse política en nuestro país, una que tenga horizonte de dignidad, justicia y transparencia, siempre guiada por el proyecto popular y colectivo de país y no inspirada por la mezquindad del individualismo, sectarismo o por intereses criminales.
Apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del movimiento popular latinoamericano, un saludo combativo y revolucionario para ustedes desde el corazón del movimiento popular hondureño.
Hace unas semanas [24-26 de enero] se desarrolló el encuentro nacional del movimiento popular de Honduras, en la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula, también conocida como la capital industrial. Desde este espacio hemos reafirmado nuestro compromiso con Honduras y con todas las fuerzas populares del continente, con ustedes y con quienes estamos en la travesía de la dignidad, la justicia social y la construcción del poder popular.
En el marco de los dos años del triunfo de Xiomara Castro, convencidos de arreciar la lucha, reafirmamos la autonomía del campo popular, nos declaramos en movilización permanente y en proceso para construir nuestro el instrumento político para arrancar de tajo los vicios estructurales que impiden un nuevo pacto social y político en el país.
Este momento fortalece nuestras subjetividades revolucionarias y otorga claridad política al campo popular hondureño, que desde el golpe de 2009 había entrado en un horizonte de monotonía. Estamos profundamente convencidos que avanzamos con firmeza hacia el fortalecimiento de la agenda propia del movimiento popular y que acudimos al nacimiento de una expresión popular cargada de novedad, fuerza y creatividad para responder a los desafíos de este momento histórico.
Junto al buen sentir que nos ha dejado el encuentro hacemos expreso nuestro agradecimiento a ustedes por su cálida presencia que a través de la virtualidad se hizo manifiesta y que reafirmó nuestro sentido de pertenencia al inmenso racimo del movimiento popular latinoamericano y de los distintos proyectos de emancipación de la patria grande.
Agradecemos profundamente sus muestras de cercanía, la solidaridad y su compromiso que trasciende las fronteras. En el ajetreado escenario que nos movemos las organizaciones populares- un breve video de saludo y de motivación-es también un acto de subversión, es fuerza que revitaliza los vínculos, es sinónimo de la polifonía que recorre nuestro continente abriéndose paso para que eso que llamamos la Vida siga aconteciendo.
Les abrazamos fervorosamente y reafirmamos el compromiso y deseo de seguir coincidiendo en la tenacidad y en la alegría que nos otorga la lucha único camino para construir otros mundos posibles.
Organizaciones convocantes del Encuentro: ° Plataforma Agraria del Aguan ° Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ° Bufete Estudios para la Dignidad (BED) ° Plataforma Lenca de la Paz- PALAGUA ° Central Nacional de Trabajadores del campo CNTC-El Progreso
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, El Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente condenan el atentado perpetrado en contra del compañero Franklin Izaguirre Melgar, presidente de la Cooperativa Campesina Camarones, aglutinada en la Plataforma Agraria del Aguan.
El hecho sucedió en el municipio de Tocoa, Colón. El compañero se conducía en su vehículo cuando fue atacado a balazos por personas fuertemente armadas a bordo de dos motocicletas. El compañero Franklin es un líder campesino que ha impulsado la reivindicación del derecho a las tierras de reforma agraria pertenecientes a la Cooperativa Camarones, que fueron despojadas por Corporación Dinant.
El compañero Franklin Izaguirre participó en el reciente encuentro de organizaciones populares, en el que se destacó el reclamo al gobierno por el fracaso en la implementación de políticas eficaces para la protección de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
La cooperativa Campesina Camarones es suscriptora de los acuerdos del 22 de febrero de 2022. Casi dos años después, la Comisión Tripartita no ha sido instalada y la violencia en contra del movimiento campesino persiste. Se ha denunciado la inactividad, desalojos, criminalización y aquiescencia del gobierno ante toda la violencia ejecutada por las bandas criminales que operan en el Aguan, las cuales, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad ya conocen.
Hacemos un llamado al Gobierno para que de una vez por todas implemente las acciones necesarias para desarticular las bandas criminales que operan en la zona en confabulación con las empresas agroindustriales e, incluso, con la policía nacional y los fiscales de la zona. Además qué, en medio del caótico funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, implemente la protección idónea y urgente para garantizar la vida e integridad de las familias campesinas.
Desde el Movimiento Amplio, El Bufete Dignidad y Fundambiente nos sumamos en solidaridad para con el compañero Franklin Melgar y esperamos su pronta recuperación, con su familia, la cooperativa campesina y la Plataforma Agraria, junto a quienes seguiremos trabajando y exigiendo justicia para las familias campesinas.
Nosotras, organizaciones populares representantes de sectores campesinos, de pueblos originarios, mujeres, defensores de bienes naturales y territoriales, no cerramos bien el 2023, y, lamentablemente, el 2024 no presenta un horizonte político diferente, claro y concreto. El año anterior, más de una decena de liderazgos populares de los cuatro puntos cardinales del país fueron asesinados, centenas han sido víctimas de una criminalización que no cesa.
Promesas como la de avanzar en la refundación del país, la reconstrucción comunitaria, o la participación amplia del pueblo en la toma de decisiones son promesas del Partido Libre pero que ya no se mencionan mucho a nivel de gobierno. De parte de las autoridades no hay una definición clara de qué se proponen lograr más allá de lo coyuntural electoral o de qué es lo que se pretende construir a largo plazo. Eso es el centro de nuestra preocupación y de la ocupación en la que coincidimos de manera colectiva.
Es decir, la violencia e intimidación continúan siendo una constante para los sectores populares que mantenemos la independencia de pensamiento y de acción y en contra de quienes hacemos una crítica constructiva al accionar del gobierno, los que nos oponemos a los proyectos extractivistas, los violatorios a derechos humanos que permiten la acumulación de poder político y económico que asolan nuestras comunidades campesinas e indígenas. Tenemos muchas pruebas al respecto porque, aunque el sistema legal y judicial en Honduras y su Mecanismo de Protección, tienen nuevas autoridades, no han logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra los líderes populares.
Es cierto que nuestras manifestaciones ya nos son irrumpidas por policías y militares a punta de toletazos y gases, pero denunciamos que el poderío de la institución armada en Honduras no ha cedido. Persiste el resguardo de esta institución a los intereses privados, como claramente podemos verlo en sectores como el campesino en donde la seguridad sigue estando a favor de los de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.
El saldo de esa contrarreforma, por ejemplo, en el tema de tierra, son miles de familias campesinas desalojadas y desplazadas el año anterior en acciones policiales en todo el país. Fueron operativos despiadados, con tractores arrasando sembradíos y destruyendo viviendas. A ningún funcionario le importó que esas familias quedaran a la intemperie y pasaran hambre.
Es evidente para nosotros que en la política oficial persiste el privilegio del manejo, entrega, concesión de los recursos que nos pertenecen a todos / todas a un pequeño puñado de empresarios, y el gobierno con toda su discurso e institucionalidad se limita a a legitimar estos hechos, con la consecuencia evidente de la expansión de la pobreza y la migración forzada.
Pero el 2023 también nos dejó lecciones de solidaridad, de rebeldía y lucha, de construcción de alianzas y propuestas, de defensa de la vida, la tierra, el agua y la soberanía, de afirmación de nuestra identidad, cultura y autodeterminación. Aunque los hechos digan lo contrario, queremos creer que aún hay posibilidad de una visión presidencial que transforme el país, que devuelva la tierra a los campesinos/as, que respete los bienes naturales de nuestras comunidades, que proteja los derechos de los pueblos originarios y ancestrales y pueda crear condiciones para superar la pobreza y la marginalidad social. Como organizaciones populares queremos contribuir a que esa ansiada refundación nacional ocurra, aportando nuestro esfuerzo a favor de la soberanía alimentaria, la promoción de prácticas de cultivos no reñidos con el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, de bosques y fuentes de agua.
Estamos convencidos que si logramos cambiar el modelo de explotación extractivista, de acumulación, a como de lugar de riquezas por un puñado de familias, si la justicia le gana a la impunidad, no sólo habrá estabilidad y paz en nuestras comunidades Y EN TODO EL TERRITORIO sino que aportaremos significativamente al desarrollo nacional. Ese propósito es el que anima nuestro Plan de Acción 2024, como una guía que nos permita CONSOLIDAR LA LUCHA POPULAR Y SOCIAL ARTICULADA y definir nuestro instrumento político centrado en el respeto de nuestros derechos.
¿Es ese un objetivo que se alcanzará de la noche a la mañana? Evidentemente no, pero tanto el gobierno como la ciudadanía podemos sentar bases firmes para impulsar una transición que nos permita salir de este modelo neoliberal – extractivista a una sociedad más democrática y participativa, donde prevalezcan la justicia en todos sus ámbitos: justicia ambiental, la justicia agraria y la justicia social.
En ese sentido, no podemos, ni debemos cruzarnos de brazos. El compromiso de no desmayar se lo debemos a todos los caídos de esta lucha POPULAR, así que no renunciaremos a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde, a exigir una política pública que nos garantice a nosotros seguridad jurídica, créditos y asistencia técnica, la seguridad de que ningún operativo policial o militar nos matará o destruirá nuestras plantaciones, apoyo para la comercialización justa de nuestros productos, que haya buenas escuelas y centros de salud, que superemos las limosnas convertidas en bonos y votos y terminar con la indefensión de nuestras vidas y bienes. Esas son las aspiraciones que recoge nuestro plan de acción 2004.
Consensos básicos alrededor de nuestro Plan de Acción
Un plan de acción por sí mismo no es una varita mágica; con frecuencia son guías complejas de formular y rápidas de olvidar. El día a día exige tanto que nos anula la mirada larga y recluye a cada una de nuestras organizaciones en su propia inmediatez. Esa es una trampa que queremos evadir, por eso queremos dejar en claro los consensos que nos unen y que son el paraguas de las acciones que nos proponemos realizar:
● Estamos convencidos que en nuestro país se necesitan cambios estructurales y que el camino neoliberal emprendido por anteriores gobiernos no es la salida a la crisis que vivimos.
● Tanto es así que la situación de los sectores populares que representamos no ha ido mejorando, sino que empeora cada vez más. El neoliberalismo extractivista avanza, se profundiza, arrebata derechos y reprime, empujándonos a la disyuntiva de optar por quedarnos para sobrevivir o emigrar, dejando atrás todo a lo que tenemos derecho.
●Respecto al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro tenemos la experiencia de que cada vez es más difícil que nos reciba y que cuando lo hace sus funcionarios aceptan verbalmente nuestras demandas, pero luego toman o mantienen acciones contradictorias y todo queda en el aire, sin seguimiento, sometiéndonos a un desgaste que promueve el desencanto y la desesperanza en nuestras bases.
● Por ello estamos convencidos que la organización, la movilización, la presión y la conciencia colectiva son la única posibilidad real de alcanzar nuestras metas, sin que esa posición signifique que tengamos una visión confrontativa. Nosotros no renunciaremos al diálogo, pero queremos resultados.
● En esa perspectiva, creemos firmemente que será a partir de nuestra autonomía de lucha que podremos alcanzar los cambios que aspiramos. Esos cambios no llegarán por concesiones dictadas desde arriba, sino que los SEGUIREMOS CONQUISTANDO desde abajo.
● Queremos dejar en claro que las acciones que impulsemos las haremos con la voluntad mayoritaria de las bases de nuestras organizaciones, no al margen de ellas o, mucho menos, en contra de ellas. Estamos conscientes que sin su apoyo, no tendríamos éxito.
● Para nosotros el 2024 debe ser un año de resistencia ampliada, articulando nuestra lucha con otras organizaciones y sectores sociales, con demandas que cuestionen no sólo la inacción gubernamental, sino al sistema de dominación extractivista. Queremos que nuestras luchas comunitarias y territoriales trasciendan a nivel nacional.
● Finalmente, ante la perspectiva electoral que se inicia en 2024 y culminará el 2025 ratificamos nuestra voluntad y rechazo al retorno de los grupos conservadores que hundieron al país en una profunda crisis, que vendieron el territorio nacional y entregaron el poder a las bandas criminales, pero con igual claridad enfatizamos que no queremos ser subordinados políticos de ningún partido; acompañamos la gestión del cambio, pero no pediremos permiso para movilizarnos, expresarnos y actuar. No somos neutrales, pero defenderemos siempre nuestra credibilidad y autonomía. EN EL ORDEN ELECTORAL, ANUNCIAMOS NUESTRO ABORDAJE ARTICULADO Y HOY EN ESTE ENCUENTRO, INAUGURAMOS EL DEBATE Y NUESTRO CONSENSO PORQUE COMO CAMPO POPULAR HONDURENO CONTEMOS CON NUESTRO PROPIO INSTRUMENTO POLÍTICO.
Al cumplirse la mitad del mandato, nosotras organizaciones representativas del movimiento popular de Honduras creemos necesario un reencuentro de su gobierno con los ciudadanos y ciudadanas del país que mantenemos nuestra independencia de pensamiento y somos fieles a nuestras luchas al seguir denunciando la depredación territorial de las industrias extractivas, el no acceso a la tierra, la inmovilidad de la impunidad y demandando una transformación democrática que vaya desde las comunidades al Estado. Justo ahora a las puertas de un juicio histórico en Nueva York, es importante recordar que en el banquillo de los acusados no está sentado únicamente el derrotado narcodictador hondureño, sino todo el modelo de poder que representó y que profundizó el atraso, la depredación, la corrupción, el abuso empresarial y la desesperanza, con un grave impacto sobre el medio ambiente y la vida de nuestras poblaciones. No se debe obviar que el resultado de las elecciones de noviembre de 2021 no sólo hizo posible el juicio a un JOH, sino que significó abrir la esperanza en 1.8 millones de hondureños y hondureñas que creímos en un presente y un futuro de Honduras que podía ser distinto, que podía tener semillas de justicia, de equidad y dignidad. No tenemos ninguna duda de que el fraude electoral de 2017 se hubiera repetido, con todo su saldo de dolor y luto, sino es por la movilización masiva del pueblo, de un movimiento popular que dijo “hasta aquí” y que respaldó un programa de gobierno que se comprometió a dar pasos firmes para cambiar el modelo “neoliberal” que ha profundizado nuestras desigualdades internas y que ha llegado al cinismo de considerar que los hondureños/as somos más rentables fuera, como migrantes, que adentro, como ciudadanos/as con plenos derechos. Dos años después pensamos que el gobierno está en deuda en muchos sentidos, y lo decimos pensando en nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados o siguen en peligro por reclamar el derecho colectivo a la tierra, por defender el derecho al agua, al bosque, por violentar los derechos de los pueblos indígenas, por incumplir las recomendaciones de instancias internacionales al Estado, o por seguir denunciando que la justicia huele a componenda, a negociación, a favor político y finalmente a impunidad.
Seguimos viviendo momentos de mucha tensión en los escenarios regionales, Yoro, Colón, el Valle de Sula, La Paz, para mencionar apenas un par de casos. Nuestros líderes campesinos y comunitarios permanecen amenazados por su labor, sin ningún mecanismo oficial de protección que los apoye y sin que sus demandas de justicia sean atendidas, pero lo que es peor es que se evidencia que al gobierno actual, simplemente no le importa. Hay una brecha que se profundiza entre el gobierno y nuestro pueblo porque no nos estamos sintiendo priorizados nosotros/as, ni nuestras luchas. Por ejemplo, existe un comportamiento errático y difuso de la Secretaría del Ambiente o Energía, la presencia invisible de cambios en instituciones como salud, educación o el trabajo caótico de la Secretaría de Derechos Humanos, por mencionar algunos. Estamos profundamente insatisfechos, por ejemplo, con la actuación sesgada y represiva del Instituto Nacional Agrario (INA), y nos entra la duda de si los desalojos de campesinos que ordena —llamándoles “invasores”— son producto del contubernio personal de su director con las élites de poder o si representa la verdadera respuesta oficial del gobierno a los reclamos del sector campesino. Al movimiento popular autónomo en general se le acusa de intolerante y de atentar contra el “desarrollo”, como lo expresa siempre la élite económica, reafirmamos que estamos en favor de una dinámica económica que priorice la humanidad, los derechos humanos y los límites que la propia naturaleza impone y no arrase con el derecho a la vida digna de nuestro pueblo. Para nosotros/as el verdadero desarrollo pasa por entender que la tierra, los bosques, los minerales y el agua son bienes fundamentalmente públicos, que deben propiciar una mayor igualdad de oportunidades sociales, productivas y culturales para toda la sociedad, no sólo de unos cuantos. Hoy, además de la violencia que nos acecha, lo que tenemos es una situación económica y social muy precaria. Si usted Presidenta Castro o sus funcionarios/as visitaran las comunidades sin hacer llegadas aparatosas de corte nuevamente proselitistas confirmaría los niveles de insalubridad, el abandono de la educación y corroboraría cómo la inseguridad alimentaria afecta a miles de familias y motiva que cada día miles de compatriotas se marchen rumbo al “norte”… también coincidiría en que la respuesta de su gobierno se parece mucho, mejor dicho demasiado, a la de todos los gobiernos que la han precedido y que se limitan a la entrega de bonos, que sirven más para la compra de votos, que para encontrar verdaderas rutas de desarrollo. A dos años sabemos que el país es imposible que supere la profunda crisis en la que se encuentra y que es la nefasta herencia de TODOS los políticos tradicionales, pero también de la incapacidad actual para convertir sus promesas electorales en derechos de la ciudadanía. Hablamos de títulos de propiedad, de programas efectivos, de inversión pública en la economía social, de ampliación y fortalecimiento real de los sistemas de educación y salud, de facilitar el acceso a la vivienda digna, de garantizar justicia para los pueblos indígenas, de promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres… Hablamos de dejar de traficar con los favores que otorga la impunidad del sistema judicial, y permitir que la esperanza de reformar al sector judicial y al Ministerio Público muera, de combatir eficazmente la corrupción, dejando el cálculo de si conviene o no una Comisión Internacional de Naciones Unidas, de dar cuentas claras sobre el cobro y uso de los impuestos que paga nuestra gente, de garantizar la soberanía nacional sobre los ríos y bosques y sobre todo el territorio nacional. En noviembre del próximo año se vuelve a las urnas y desde ahora sentimos la preocupación electoral de los funcionarios públicos; podemos entenderlo, pero no queremos escuchar de nuevo las mismas promesas porque eso significaría que no fueron cumplidas. Libre no es que aspire a gobernar; es que ya gobierna. La mejor manera de que la vieja política no retorne es concretando un buen gobierno. Entonces concretamente …. Presidenta Xiomara, si de verdad usted y su gabinete continúan con la aspiración de transformar Honduras, de refundar desde los cimientos a nuestro país tan golpeado por el modelo neoliberal y por todos los anteriores gobiernos, debe renovar y priorizar su compromiso con el pueblo. Muchos de nosotros le votamos por usted y lo hicimos porque creímos que su administración combatiría la inseguridad, provocaría la desmilitarización, reconocer y sanear los territorios indígenas, porque ordenaría no más explotación minera a cielo abierto, la revisión y derogación de contratos de proyectos energéticos y de infraestructura. Acceso a la tierra para familias campesinas e impulso de la reforma agraria, derogación definitiva de las zede´s y, en resumen, la protección de los derechos humanos de la manera más integral; sin cálculos políticos. Honduras necesita de una política ambiental concreta, radical y determinante. Que se distancie de las lógicas mercantiles neoliberales basadas en la sobreexplotación de los bienes naturales. Señora presidenta, rompa de una vez con este paradigma y garantice un desarrollo que respete los límites de la naturaleza y promueva la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, asuma esta tarea y contribuya de esta forma a una Honduras más resiliente y sostenible, real y concreta, más allá de los grandes foros mundiales en donde se dice que internamente avanzamos, pero que en la práctica no se ven resultados. A dos años de su mandato, nos asalta la imperiosa urgencia de tomar la senda de la refundación, que establezca un renovado pacto de gobernanza que abarque a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que históricamente hemos sido subyugados, lo cual pasa de forma ineludible por la asamblea nacional constituyente. Señora presidenta, así como su gobierno y su partido, han asumido liderazgo en el Congreso Nacional y han demostrado determinación para hacerse de las instituciones que entienden prioridad para su administración, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los intereses del campo popular. Demandamos de su bancada decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, porque tener la dirección de las instituciones nos les da un cheque en blanco para hacer y deshacer. Le exhortamos, considere el diálogo con el campo popular, este que se expresa con sinceridad al respaldar las coincidencias que aún tenemos y que asume la responsabilidad de señalar de manera franca las distancias que percibimos, particularmente en acciones como las negociaciones y la preferencia por establecer relaciones con entidades como la embajada estadounidense, sectores empresariales y expresiones antagónicas al campo popular. Señora Presidenta, tiene a su favor dos años más de mandato, pero el tiempo avanza y tenemos un país en donde el 80% vive en pobreza y las opciones siguen siendo el de diariamente buscar cómo sobrevivir o ponerse en la fila de los que migran y siguen siendo la fuerza que sostiene económicamente a Honduras y que hasta ahora lo hacen sin condiciones. Como movimiento popular proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando frente a la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, reafirmamos nuestro compromiso, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y sepa usted, Señora Presidenta, que finalmente llamamos a todas las organizaciones populares a retomar la ruta autónoma y articulada del campo popular que impulse la verdadera refundación de la patria, en alianza con todos los sectores de la sociedad hondureña.
(San Pedro Sula, Cortés 24 de enero, 2024). Más de 40 organizaciones, de doce departamentos del país, pertenecientes al sector del movimiento popular y social independiente de Honduras se están dando cita del 24 al 26 de enero en San Pedro Sula, para dar vida a un nuevo proyecto político y social que sea expresión sentida de la realidad en la que vive el pueblo hondureño.
El Encuentro Nacional del Movimiento Popular desarrollará como parte de su contenido, cuatro grandes bloques de trabajo:
1. Un análisis del contexto mundial, regional – latinoamericano y hondureño que dimensione el trabajo y el rol del movimiento popular y su articulación a estos niveles.
2. Contextualizar la situación actual de Honduras y sus perspectivas de cambio para 2024 – 2025
3. Evaluar, a medio término, la administración de la presidenta Xiomara Castro. Valorar el cumplimiento de su Plan de Gobierno, los compromisos asumidos con el movimiento popular antes de su triunfo y durante el proceso de transición.
4. Analizar el contexto político electoral para el período 2024 – 2025 y establecer las vías de trabajo del movimiento popular en esta coyuntura
Hemos decidido encontrarnos para el debate político más integral del campo popular, es decir, para ver nuestro rol con relación a la sociedad, en relación con el Estado, al funcionamiento del poder y la sociedad en general. Nos encontramos entonces para reivindicar nuestra condición de sujetos de la vida política del país y del mundo, explicó Víctor Fernández, director el Bufete Estudios para la Dignidad una de las organizaciones convocantes a este encuentro.
Durante la primera jornada de trabajo las organizaciones asistentes señalaron, entre otras cosas, que la mayor parte de la población hondureña en sus diversos territorios, son conscientes en que el país no avanzó en estos dos últimos dos años ni en la dirección, ni al ritmo deseado y menos en el prometido y que el 2024 no presenta un horizonte político diferente, sobre todo porque es inicio formal de un nuevo proceso electoral.
Los compañeros y compañeras indicaron que la refundación del país y la reconstrucción comunitaria, promesa del Partido Libre ya no se menciona mucho a nivel de gobierno. De parte de las autoridades no hay una definición de qué se proponen lograr más allá de lo coyuntural electoral o de qué es lo que se pretende construir a largo plazo, lo que representa uno de los principales desafíos de las organizaciones.
Varias de las representaciones del sector campesino y luchadores contra proyectos extractivos explicaron que “Nuestras demandas son objeto de grandes discursos nacionales e internacionales que tienen un avance “formal” pero en la práctica están estancados y en algunos temas hemos retrocedido, por ejemplo los asesinatos, la criminalización, la impunidad continúa inalterable”.
Finalmente, las organizaciones también señalaron que el encuentro también pretende anunciarle a la sociedad hondureña, al mundo, al Movimiento Popular solidario e internacional que estamos en debate permanente, en construcción de ideas y en construcción de nuestro gran proyecto.
Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en nuestra condición de personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] debido al reconocimiento del riesgo en el que nos encontramos a raíz de nuestra labor de defensa de nuestro territorio ancestral, los derechos de toda la tribu, nuestro bosque y todos los bienes naturales, queremos indicar lo siguiente:
Que estas medidas han sido otorgadas por la Comisión luego de un largo proceso de recopilación y facilitación de información, de más de tres años, en donde hemos demostrado a partir de la sangre derramada por varios de nuestros compañeros la gravedad de la situación que afecta al pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa por defender nuestro territorio de los intereses abusivos, corruptos e inconsultos por parte de empresas y empresarios con la complicidad de las autoridades públicas.
Lamentamos que como ciudadanos/as hondureños, orgullosos de la nación en la que vivimos, tengamos que recurrir ante instancias internacionales para exigir el respeto a nuestros derechos humanos, debido a la incapacidad del Estado de Honduras y de toda su institucionalidad pública de garantizar el pleno y efectivo goce de nuestros derechos.
Reiteramos nuestra denuncia ante la incapacidad de las instituciones obligadas a garantizar el respeto de nuestros derechos humanos como la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección, esta última facultada para el manejo e implementación de las medidas cautelares y de protección, quien no ha podido convocar a sesión de comité técnico en la cual se definan las medidas de protección más idóneas para garantizar nuestra integridad y seguridad, mientras tanto, seguimos siendo víctimas de todo tipo de acciones violentas ejercidas en contra nuestra por parte de los actores empresariales que pretenden saquear y despojarnos de nuestros bienes naturales comunes.
Exigimos que se deduzcan las responsabilidades que correspondan puesto que el fracaso en el mandato de brindarnos una diligente y eficaz protección, ha tenido como consecuencia el asesinato de al menos 11 personas pertenecientes al pueblo Tolupán, en los últimos 10 años, quienes exigían el respeto de sus derechos humanos y los de sus tribus. Dos de nuestros compañeros asesinados eran beneficiarios directos de la medida cautelar y su seguridad estaba en manos del Estado. Denunciamos que todos los asesinatos y todas las agresiones en contra del pueblo Tolupán permanecen en total impunidad.
Hacemos el llamado para que el Estado de Honduras aborde el tema de derechos humanos en el país desde una perspectiva integral, en la cual, toda la Institucionalidad asuma su rol dentro del trabajo por garantizar el goce de los derechos humanos de toda la población. También, para que esta y todas las sentencias y resoluciones en favor de quienes defienden derechos no permanezcan en una mera declaración formal escrita en papel, sino que las mismas sean ejecutadas a cabalidad y en el menor tiempo posible.
Finalmente, como Pueblo Tolupán reiteramos nuestro hartazgo en seguir poniendo los muertos, ser agredidos, intimidados y criminalizados por defender nuestro territorio para el beneficio de todo el país. Exigimos que a las Instituciones encargadas del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos, para que de manera conjunta construyamos un modelo de Estado de garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos.
¡Hasta la Dignidad Siempre!
11 personas defensoras del pueblo Tolupán han sido asesinadas desde 2013 y la intimidación y amenazas de muerte, son parte de las repercusiones que siguen sufriendo los y las defensores de los recursos naturales en Honduras, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
San Pedro Sula, Cortés, 23 de enero de 2024.
[1] La medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre de 2023, mediante resolución No. 83/2023
11 personas han sido asesinadas desde 2013 y la intimidación y amenazas de muerte, son parte de las repercusiones que siguen sufriendo los y las defensores de los recursos naturales en Honduras, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
18 de enero de 2024.- Ante la situación de alto riesgo y violencia perpetuada por actores empresariales y estatales en contra de la tribu Tolupán San Francisco Locomapa, Yoro – Honduras, en particular las personas defensoras de la tierra, los bienes naturales y territoriales, aglutinados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares de protección, que había otorgado desde 2013, para salvaguardar la vida e integridad de 61 personas más.
En su resolución, la Comisión Interamericana verificó que, como represalia a su labor de defensa del territorio ante la instalación de proyectos extractivos, la tribu Tolupán enfrenta actos de violentos que van desde el asesinato, la intimidación, la quema de casas y cultivos, el desplazamiento forzado, y amenazas de muerte. Desde el año 2013, 11 personas integrantes del Pueblo Tolupán y del MADJ han sido asesinadas. Los casos más recientes son los de Amílcar Vieda y Naún Chacón, ambos defensores de derechos humanos pertenecientes a la Tribu San Francisco de Locomapa. Asimismo, las mujeres y niñas enfrentan violencia por razón de género, entre ellas, acoso y amenazas de violación.
La Comisión también indicó que la situación de riesgo se ha recrudecido desde el año 2021 frente al incremento de las actividades de explotación maderera en la zona y sostuvo que “existen cuestionamientos en torno a la legalidad de los permisos de explotación de los recursos naturales que habrían sido otorgados en el territorio de la Tribu San Francisco Locomapa”. Al respecto, la Comisión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en otras sentencias para indicar la necesidad de evaluar si es preciso modificar los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia de los pueblos y llamó a continuar el diálogo al respecto en la Mesa Interinstitucional, que integra representantes de las diferentes instituciones del Estado vinculadas a la problemática, como a líderes del pueblo indígena, la cual fue instalada desde 2018 para abordar la situación de la tribu.
No obstante, la Comisión también reconoció que los acuerdos alcanzados en la Mesa Interinstitucional hasta el día de hoy no han sido cumplidos y que, por su parte, el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos presenta importantes retrasos y a la fecha no ha tomado las medidas adecuadas para la protección de las personas beneficiarias.
Ante este panorama, la CIDH amplió las medidas de protección a favor de 61 personas del pueblo Tolupán y que son integrantes del MADJ. Asimismo, ordenó continuar con la implementación de las medidas ya otorgadas y requirió que estas incorporen el enfoque étnico y de género, según sea necesario. La Comisión, en su escrito, también manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a la zona para recabar información y reunirse con las personas beneficiarias y autoridades vinculadas con la implementación de las medidas. Desde el mismo pueblo Tolupán, el MADJ y de CEJIL, instamos a los actores gubernamentales obligados de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a las personas defensoras de la tierra y bienes naturales comunes de la tribu San Francisco de Locomapa, para que, basados en los principios pro persona, de eficacia e idoneidad, garanticen integral y eficazmente la seguridad y vida de las mismas.
A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
