¿Quién salva al pueblo del COVID-19?

Publicada el 24/03/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

En tiempos de crisis cada sector muestra su verdadero espíritu e interés. Queda claro que el COVID 19 está siendo el escenario perfecto para una nueva fase de saqueos por parte de la narcodictadura, la cual en menos de 20 días se ha garantizado casi 500 millones de dólares bajo la excusa de atender la emergencia, los cuales no podrán ser auditados.

No quedan dudas, el virus es una amenaza real que está impactando en niveles severos a países del mundo con sistemas de salud fortalecidos y capacidades estatales reales. Sin embargo, en Honduras, la fórmula corrupción – militarización sigue siendo la única respuesta del narco gobierno, evidenciada en las distintas medidas adoptadas e implementadas a partir del 11 de marzo hasta este momento.

La narrativa de prevención con la cual han trasladado a la población medidas como la aprobación de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, la suspensión de labores tanto en el sector público como en el privado, el cierre de fronteras, terminales aéreas y marítimas para tránsito de personas, el toque de queda absoluto, entre otras, se ha desvanecido por completo con hechos como la compra inadecuada de ventiladores mecánicos, las masacres en la colonia San Francisco en Tegucigalpa, los tres femicidios en Choloma, Cortés y el hallazgo de la narcoavioneta “ambulancia” colombiana que transportaba cocaína la cual fue robada antes de la llegada de las autoridades al lugar, y el reiterado desprecio de las grandes empresas por sus trabajadores al suspender contratos y condenarles al hambre, entre otras.

Todo esto sumado a la adopción de las campañas internacionales de quedarse en casa como medida principal para prevenir el contagio y el llamado a aplaudir al personal médico para agradecer su labor, son una muestra clara del clasismo y la grave incapacidad que la narcodictadura tiene para responder a la crisis en un país donde más del 60% de los más de ocho millones de habitantes vive en condiciones de pobreza según las cifras del Banco Mundial y donde el sistema de salud pública enfrenta el segundo desfalco y saqueo millonario en la historia del país.

Las medidas autoritarias adoptadas son una bomba de tiempo que estallará a la brevedad con la llegada del desabastecimiento de alimentos y la profundización de la pobreza que ya vivimos. Ese es el escenario posterior en el que la narcodictadura empleará los fondos saqueados mediante el clientelismo político y el populismo como herramientas de su campaña electoral.

La población hondureña tiene claro qué puede esperar y no esperar del gobierno en general y particularmente en este contexto, pues ha sido evidente a lo largo de sus mandatos que su compromiso real es con el narcotráfico, las empresas y asociaciones privadas y el capital transnacional extractivo. Por eso lo más urgente y necesario es preguntarnos cómo respondemos a esto desde la solidaridad, la ternura y el cuidado colectivo.

Es urgente preguntarnos y respondernos, ¿qué papel nos toca y debemos asumir las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales y populares para dejar de ser simples observadores? ¿Es posible que la oposición política y social promueva e instale colectivos populares integrados por médicas y profesionales de la salud para enfrentar al coronavirus y a la peste mayor que es el régimen de la narcodictadura?,

¿Podemos conformarnos como colectivos o redes solidarias en cada una de nuestros barrios y colonias para amortiguar el golpe del desabastecimiento de alimentos? ¿Aportar lo que podamos para que sintamos menos la orfandad y asumir la condición de sujetos colectivos del proceso?

Es horroroso ver al régimen, a otros actores políticos y económicos traficando con la dignidad de nuestro pueblo, haciendo proselitismo con la inseguridad y el miedo de nuestra gente, por eso desde el MADJ nos asumimos con la responsabilidad de pensar y proponer y no conformarnos con el encierro individualista.

Hacemos un llamado a la oposición parlamentaria y funcionarias/os al margen de la dictadura, a que sus cargos irrumpan camino en la implementación de propuestas para enfrentar la crisis de esta emergencia. No podemos ser espectadores. Deben usar sus cargos públicos en su mayor o menor medida, para dar las respuestas que la dictadura se niega a brindar. Son quienes en este momento histórico deben asumir el debate sobre la ruta diaria de la crisis, visualizando los alcances y medidas económicas a futuro.

Llamamos a romper el distanciamiento social, a hablar, actuar y responder a ello en conjunto con cuidado colectivo, con la solidaridad y la ternura que son la verdadera y real esperanza de nuestra sociedad ahora y en todo momento.

Fotografía: Delmer Membreño

24 de marzo, 2020

¡Desde la dignidad siempre!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Sobre ser mujer y cumplir sueños: Lucy Lemus

Publicada el 17/03/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Sobre ser mujer y cumplir sueños: Lucy Lemus

Por Heidy Alachán

“… ¿cómo hacés para que triunfe la belleza?
¿qué dignidad hace que esa tu risa estalle?
Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés.«
Guillermo Anderson

– “En 2019 tomé la decisión de sacar mi bachillerato trabajando de lunes a viernes en la municipalidad de Arizona, haciendo trabajo de ama de casa y estudiando los sábados y domingos, viajando hacia el puerto de Tela y lo logré. Ahora mi sueño es seguir en la universidad y poder sacar una licenciatura.”

Lucy tiene 38 años. Es una mujer de piel canela o trigueña, como acostumbramos decir en estas honduras. Usa el cabello a los hombros, siempre de color negro. Sus ojos son café oscuro y un poco achinados, sobre todo cuando sonríe. De pocas palabras, en general, pero con la palabra precisa y la claridad política cuando decide romper el silencio.

Lucy es la encargada política de formación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la responsable de comunicaciones del núcleo de Arizona, en Atlántida, zona donde habita.

Por estos días recientes, nos ha dado una lección grande y hermosa sobre cumplir sueños. Se graduó del bachillerato en Ciencias y Humanidades.

Lo que inició como un sueño, luego se convirtió en una decisión de lograrlo. Lucy cuenta que fue en el año 2014 que tomó la decisión de seguir con sus estudios. “…a mis 33 años comencé de nuevo”, cuenta.

Lucila Yamileth Lemus Cruz o “Lucy” como cariñosamente la llamamos quienes tenemos el privilegio de compartir con ella la militancia y los sueños colectivos, nació en el puerto de Tela, Atlántida, el 26 de febrero de 1982. Hija de doña María Juventina Cruz Gómez y de Don Francisco Lemus Marques, conocido popularmente como “Don Chico” quien trabaja en la ebanistería, proviene de una familia conformada por 6 hermanos en total, 5 mujeres y 1 varón. Lucy cuenta que a dos de sus hermanas les ha tocado emigrar del país por la falta de posibilidad de un trabajo.

Recuerda que su niñez la vivió muy feliz en el municipio de Arizona, Atlántida y que estudió en la escuela Carlota Márquez de Paz García. Para 1994 Lucy ya tenía su título de sexto grado, pero la realidad la golpeó desde entonces, ya que a pesar de ser una buena estudiante, por cuestiones económicas y la situación de su familia no pudo seguir estudiando y tuvo que empezar a trabajar.

-“Lo que más recuerdo de mi infancia”, me dice, “es la seguridad con la que jugábamos con nuestros vecinos en la calle hasta altas horas de la noche y no pasaba nada. Las veces que mi madre nos llevaba en aquel entonces al río Arizona.” En la actualidad el río Arizona se ha convertido en un riachuelo del cual, como dice Lucy “solo los buenos recuerdos quedan de lo caudaloso que era.”

Lucy se casó a temprana edad, a los 14. A los 15 tuvo a su primera hija que ahora tiene 23 años. A esa edad también le tocó posponer sus sueños de estudio, esta vez ya no por la precariedad económica de su familia, sino por su hija, su trabajo, su esposo, su casa.

Pero la vida es sabia y nos cruza siempre en el camino con otros seres, con otras mujeres que nos sostienen pero que también nos empujan a comernos el mundo que también es para nosotras. En 2008 Lucy inició a trabajar con Doña Elena Gaitán, compartió con ella hasta el 2018.

Doña Elena obtuvo su título de Bachiller a los 45 años, por eso fue clave para que Lucy despertara en sí misma sus sueños, aspiraciones y metas que parecían dormidas entre la normalidad de maternar y trabajar para la sobrevivencia. Le insistía en que no hay edad para superarse.

Fue así que en el año 2014, Lucy tomó la decisión de seguir estudiando, se matriculó en el Instituto de Educación por Radio IER. En 2017, producto de su esfuerzo y dedicación, en medio del cuidado de sus 4 hijos, dos mujeres y dos varones, de su trabajo y el trabajo de la vida en pareja, culminó su ciclo común.

En 2015 Lucy ya había escalado un peldaño más, se había demostrado a sí misma que su fuerza, entrega y dedicación tenía recompensas y que sus sueños estaban tan cerca como ella lo deseara. Pero ese año llegó no solo con un título, sino también con la inquietud y la necesidad de pensarse de manera más activa su entorno, su municipio, el departamento y el país. En esto también fue clave doña Elena. Ambas fueron coincidiendo en el reconocimiento de la necesidad de organizarse, de plantearse la lucha por la dignidad.

Esa misma Lucy que le plantó cara al sistema patriarcal que nos quiere de madres jóvenes, en las casas y en lo privado, no solo se atrevió a hacer realidad su derecho a ser mujer profesional, sino también a ser mujer que decide sobre lo público. Empezó siendo miembra del patronato de su barrio, luego del patronato central de su zona y así sucesivamente. Conoció del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia por Wilmer Ramos, un joven militante activo del MADJ en el sector, a quien Lucy recuerda con cariño.

Todo eso fueron los inicios de un camino para Lucy que se sigue confeccionando con su día a día. Una Lucy con claridad política, afianzada en un proyecto político por la dignidad y la justicia para su departamento y para Honduras.

Actualmente sigue siendo miembra del patronato, miembra de la Junta de Agua y como ella misma lo manifiesta: “orgullosamente militante del MADJ.”

Ha desempeñado y sigue desempeñando un papel muy importante en la organización y en la formación dentro del MADJ. Es uno de los pilares fundamentales de la lucha que se sostiene desde el Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito, plantándole cara y ejerciendo soberanía frente a una empresa extractiva depredadora que pretende aprovecharse de su río, la única fuente de agua que les queda para su consumo a 26 comunidades.

Trabaja en la Oficina Municipal de la Mujer de Arizona. Con compromiso militante en vela por sus derechos y por los de las demás mujeres de su zona, por la igualdad de género e interviene también en el área de Niñez, Juventud y Adulto Mayor.

Lucy la tiene clara desde su propia experiencia, ella afirma que se trata de “luchar contra el capitalismo y el patriarcado al mismo tiempo. Luchar contra las múltiples opresiones que nos afectan a nosotras, las mujeres”.

Reflexionando en los retos que le ha tocado enfrentar, Lucy enfatiza en que el mayor de todos es ser mujer y vivir en un país como el nuestro. Ser ama de casa, luchadora social, estudiante, trabajadora, madre, esposa. Todo al mismo tiempo. Ese es un verdadero reto.

Ella sabe que sus sueños de seguirse educando ha sido un reto que le ha tocado afrontar desde sus 33 años, desde el mismo momento en el que decidió empezar de nuevo. Pero Lucy es optimista y afirma que “con la ayuda de Dios seguiré adelante, pues sabemos que leyendo y estudiando hacemos la diferencia.”

Sus aspiraciones, cuenta, es demostrarle a sus hijos e hijas con hechos que no se dejen vencer por los tropiezos, por los obstáculos que cruzamos en la vida. Que siempre hay un camino que seguir, siempre hay una meta que alcanzar.

Lucy sueña, sueña y trabaja día a día por hacer de esos sueños realidad, por eso, para alcanzar su aspiración más próxima que continuar estudiando en la universidad y cursar una licenciatura, ya es aspirante a hacer el examen de admisión universitario. En unos años, veremos a una Lucy convertida en Técnica en Desarrollo Local para poder “trabajar por las mujeres y los jóvenes de nuestro municipio de Arizona”, como ella misma afirma.

Lucy y sus logros son una luz que iluminan estos días oscuros para el país y para el mundo. Son esperanza en medio de un mundo y una sociedad altamente machista y empecinada con nosotras, con nuestras vidas y nuestros cuerpos, con nuestra capacidad de decidir y de hacer nuestros propios caminos. Ella y su esfuerzo, su poder plantar cara a los obstáculos nos recuerdan la fuerza que solo nosotras sabemos guardar y mostrar.

Y no se trata de romantizar el sacrificio, de esconder la responsabilidad de los valores patriarcales que dirigen nuestras sociedades, de esconder el dolor y las marcas que nos deja el luchar día a día porque nuestra existencia se note e importe. Se trata de decir en voz alta, al patriarcado, a la sociedad misma que aún medio de esas cenizas nosotras resurgimos, que no hay fuerza mayor que la nuestra, que la voluntad de abrir caminos y de sobre ponernos a los destinos que nosotras no elegimos. Que aún con todo lo que no está bien nosotras seguimos andando, convencidas de que queremos y vamos a cambiarlo todo.

Que como bien ha escrito nuestra poeta Clementina Suárez “No he venido al mundo para llora (…) no importa que pretendan negar la luz de mi destino… Más lo que así pretendan que por mí no teman que haría falta para ello desconocer que yo aprendí a cantar con las palabras justas. Ignoran acaso que en el recinto de mi pecho he dejado entrar el universo y que tengo como cumplido deber gozoso amar la justicia, la lucha, la esperanza y afianzare a ellas con mi corazón, mi canto y la vida misma.”

Justicia hondureña absuelve a autor material de triple crimen tolupán

Publicada el 04/03/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, en el departamento de Yoro, dictó fallo absolutorio en favor de Selin Eleazar Fúnez, señalado como autor material del triple asesinato en contra de los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina. Hechos ocurridos el 25 de agosto de 2013 en San Francisco Campo, perteneciente a San Francisco Locomapa, Yoro.

El Tribunal absolvió de toda responsabilidad penal al imputado también conocido como Selvin Matute por los habitantes de San Francisco Campo. Manifestó tener duda razonable de la participación del señor Selin Eleazar Fúnez, a pesar de que los testigos protegidos lo reconocieron completamente como partícipe y coautor del hecho junto a Carlos Luque Varela, quien fue condenado en un proceso abreviado en el 12 de febrero de 2018 luego de aceptar su responsabilidad en los tres crímenes y de haber mencionado en reiteradas ocasiones en sus declaraciones que realizó los hechos junto a Selin Fúnez.

En el desarrollo del proceso distintos documentos aportados como prueba fueron contundentes en señalar la participación del imputado y de establecer la relación que existe entre su nombre y el seudónimo “Selvin Matute” asegurando que se trataba de la misma persona. A pesar de todo lo dilucidado en el juicio el tribunal decidió absolverlo y dejar en impunidad los crímenes sufridos por los 3 tolupanes integrantes del MADJ y sus familiares.

De acuerdo a Ariel Madrid, quien junto a la abogada Heidy Alachán fungieron como equipo de acusación privada en el juicio, y quienes forman parte del equipo legal del MADJ, el proceso continúa abierto debido a que interpondrán recurso de casación ya que en el juicio se logró comprobar mediante pruebas testificales y científicas que el acusado participó junto a otra persona en el crimen.

“Nosotros consideramos que ha habido un mal criterio, una mala aplicación del juzgado al valorar los medios de prueba y al arribar a esta conclusión, porque no corresponde con lo evacuado y con lo probado en el proceso judicial, con lo cual se estableció plenamente con prueba testifical, con prueba científica pericial que ocurrieron las muertes de los ciudadanos indígenas y que indiscutiblemente quienes participaron en la ejecución del asesinato de estos tres líderes tolupanes fue Selin Eleazar Fúnez Bonilla y una segunda persona de nombre Carlos Luque Varela”. Manifestó el abogado Madrid.

Por su parte, la abogada Alachán manifiesta que “es indispensable evaluar este fallo en el marco del papel que el sistema de justicia tiene en el contexto de violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas y del modelo de saqueo en general en el país en el cual se inscriben estos crímenes. Ya que como se estableció en el juicio, estos crímenes responden a un problema estructural provocado por el modelo extractivo y su avance significativo como parte del modelo económico mismo del país y la violencia extrema que impacta el tejido comunitario de los pueblos y comunidades derivado de la intromisión de empresas y empresarios en sus formas de vida pacífica. Por supuesto, es imposible dejar de ver el papel que el racismo juega en la concepción de justicia occidental y discriminatoria desde la cual está configurado el poder judicial hondureño.”

La abogada Alachán también afirmó que este fallo es alarmante ya que se trata del primer juicio por 3 de los 10 asesinatos de indígenas tolupanes, integrantes del MADJ, líderes sociales de sus tribus que han ocurrido en el pueblo tolupán a partir del 2013 y por estos asesinatos, la CIDH otorgó medidas cautelares integrantes del MADJ del pueblo tolupán.

Esta cifra altamente preocupante que inició con el triple asesinato del cual participó Selin Eleazar quien ahora ha sido absuelto por la justicia hondureña. Alachán afirma que es grave el mensaje de impunidad garantizada que este precedente establece para el juzgamiento de los otros 7 crímenes y de los ataques y crímenes en contra de liderazgos sociales en el país en el general.

En Honduras es difícil encontrar justicia para los pueblos originarios desde la óptica de quienes luchan en favor de los pueblos indígenas. “Entendemos que ejercer el litigio en procesos de este tipo implican poner en la discusión obligada a tribunal y las demás partes de los derechos de pueblos indígenas, insistir en que implican derecho a la verdad. Que implica incluso defenderlo ante tribunales, juzgados y operadores de justicia, que tienen una tendencia a la discriminación, al racismo, que todavía tiene vestigios de los que fue en la norma un proceso penal inquisitivo y que materialmente se manifiesta en este tipo de casos, en la negación de justicia y verdad para todo un pueblo Tolupán, para toda una etnia, y finalmente para la sociedad hondureña en general, que lamenta una resolución de este tipo, que es en sí mismo la denegación de justicia y que se da incluso en el marco de los cuatro años del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres”.

La lectura de sentencia está programada para el próximo 10 de marzo a las 3:00PM en los juzgados de Yoro. Desde el MADJ hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, a la población hondureña en general a estar expectante, solidaria y vigilante del acontecer en el pueblo tolupán, para recordarle a la justicia hondureña, a las empresas madereras, mineras y demás formas de saqueo que sufre la población tolupana que sin importar el comportamiento cómplice e injusto de la institucionalidad, somos muchos y muchas los que seguiremos exigiendo y trabajando por justicia y dignidad para el pueblo tolupán.

A juicio autor material del triple asesinato tolupán

Publicada el 01/03/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.

Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.

Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.

Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.

Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.

Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.

Opinión| De República Bananera a Narcoestado

Publicada el 19/02/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Por Diego Aguilar:

Una de las acciones prioritarias de la reforma liberal de 1876 fue la inversión de capital extranjero, al igual que la dictadura de Carías, los gobiernos militares, la modernización agraria y el reajuste estructural neoliberal de 1982 hasta el golpe de Estado en 2009 y los gobiernos golpistas posteriores, todos se han caracterizados bajo criterios nacionalistas y fundamentalistas religiosos como única salida a la crisis política y socio económica (migración, combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de la pobreza, entre otros), sin resultados hasta la fecha y con una profundización paulatina.

Si bien es cierto que las y los hondureños comparten una diversidad cultural, también es compartida la desintegración territorial, la supresión de libertad de ejercicio de derechos, la ausencia de un mercado interno consolidado y planificado, así como clases sin sentido plural, intercultural, democrático y popular.

Desde 1824 hasta 1876 se desarrollan en el país alrededor de 150 rebeliones armadas y hasta 1933 gobernaron más de 100 administraciones, después de los gobierno de Marco Aurelio Soto y Luis Bográn entre 1877 y 1886, la facción liberal se dividirá en ortodoxos y disidentes siendo una pugna entre la nueva pequeña burguesía y los herederos coloniales. En este sentido, ¿Quiénes son los herederos de los gobiernos militares entre 1963 y 1980, del reajuste neoliberal de 1990 – 2009 y del Narco Estado 2010 – actualidad?

La narcodictadura militar y del capitalismo, al igual que los gobiernos producto de la ruptura del orden constitucional predecesores, son una necesidad histórica de las clases dominantes, y en el actual periodo histórico, de las vinculadas al crimen organizado y lavado de activo, para pagar los créditos otorgados producto del colapso económico de la crisis financiera de la bolsa de EEUU en 2008, el saqueo al Estado luego del golpe en 2009 y el detente del avance del MERCOSUR, ALBAPETROLEO y del Socialismo del Siglo XXI mediante gobiernos progresistas en Suramérica.

Carías y Hernández ¿Continuismo al servicio de quién?

En 1932 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras, Tiburcio Carías en su tercer intento llegara a la presidencia, siendo este el actor escogido desde inicios de su carrera política por la United Fruit Company donde Hillyer V. Rolston era su vicepresidente.[1]

En su mandato, más de 900 millas de ferrocarril se construyeron en el Cariato, pero ninguna para función del Estado y de la sociedad, al contrario, se encontraban en manos de los gigantes transnacionales; Standart Fruit Co., United Fruit Co., y Cuyamel Fruit Co y de la Embajada de Estados Unidos[2]. Este hecho histórico se repite y recrudece desde el golpe de Estado en 2009 y en la narcodictadura de Hernández, con concesiones para la producción de energía, de extracción de minerales, de monocultivo de palma africana, complejos turísticos, instalación de Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo, corredores carreteros, peajes, puertos y aeropuertos, armamento de guerra y tasas de seguridad, todo al servicio del narcotráfico, lavado de activos, bancos financieros, cárceles de máxima seguridad, medios de comunicación e iglesias.

El principio básico de Carias en 1933 en su primera administración al igual que en el periodo post golpe de estado en 2009, era la necesidad de atraer capital extranjero. Posterior a la comisión de la verdad en 2010, para 2011 se lleva a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, el Honduras Open for Bussisnes bajo la cancillería de Mario Canahuati Larach, participe del golpe de Estado y empresario de maquilas.

Para el 28 de febrero de 1942 Carías autoriza junto al Congreso Nacional que las empresas desmantelaran toda su infraestructura con el decreto 61[3], el gobierno de Carías profundizo el empobrecimiento y marginación de las/os trabajadoras/es, las/os campesinas/os, indígenas y afrohondureñas/os, principalmente en aquellos departamentos donde se concentraban las empresas bananeras, siendo este hecho, además de vergonzoso, un escalón más a la impunidad de las empresas transnacionales. La administración Hernández por su cuenta y bajo la militarización de las instituciones y la sociedad, ha incrementado los impuestos para la clase trabajadora, campesina e indígena, beneficiando a los grandes consorcios públicos privados entre la banca nacional e internacional y El Estado a través del lavado de activos, despojando de toda responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del Golpe de Estado, el desfalco al IHSS, SAG, BANADESA, concentrando el poder económico y político en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Es con Carías que nace la frase “encierro, destierro o entierro” en su período dictatorial de 1933 a 1949, esta premisa que tomara fuerza durante el periodo Cariísta para que en sus primeros 3 años de administración “acuda al llamado de los representantes del pueblo” en el Congreso Nacional, aprobando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente aprobada por 52 votos a favor y 2 dos en contra, haciendo el llamado a la misma el 7 de enero de 1936 bajo decreto no. 26.

¿Acaso este hecho histórico no se remonta a nuestros días? la migración, los procesos judiciales y las masacres y/o asesinatos selectivos a trabajadoras/es, campesinas/os, indígenas, afrohondureñas/os, mujeres, estudiantes y luchadoras/es sociales son las políticas de terror de Estado adoptadas por la administración de Hernández Alvarado.

Otro de los componentes de la narco dictadura es la imposición y la fuerza. Los elementos legales, legislativos y constitucionales no son más que un montaje ante la ausencia de democracia y poder para la sociedad hondureña, con vallas militares en el Congreso Nacional, Poder Judicial y Casa Presidencial, así como en la institucionalidad pública (escuelas, hospitales, ministerios, entre otros), fortaleciendo la impunidad, la narco actividad y el lavado de activos.

Carias bajo la política de estado de la Reconstrucción Nacional, al igual que en 1936, en 1939 surge nuevamente “la necesidad popular” del capital transnacional de hacer el llamado a través de las comandancias de armas, comités de defensa civil y militantes del partido nacional para el periodo continuista reformando el artículo 202 de la constitución de 1936, y prolongar el mandato del dictador hasta el 1 de enero de 1949. Hernández, que implementa el programa Vida Mejor en 2013 hasta la fecha, reformo el artículo 239 de la constitución de 1982, de la mano del fiscal general Oscar Chinchilla, el presidente de la Corte Rolando Argueta entre otros actores intelectuales del narcoestado, en un proceso inusualmente acelerado fallando a favor el 24 de abril de 2015 a través de la Sala de lo Constitucional, dando luz verdad al proceso de reelección presidencial.

Hernández y la narco dictadura, han reducido que ante la crisis capitalista global en 2008 y post golpe de Estado 2009 – actualidad, son responsabilidad de las administraciones anteriores, sobre todo de la administración Zelaya Rosales, separando las deudas históricas de impunidad, terror de estado y corrupción, producto del bipartidismo, el capital transnacional, las intervenciones militares y económicas de EEUU.

Aproximaciones.

Hoy quienes sostienen a las dictaduras pretenden, una vez más, procurar sostener el establishment del lavado de activos, haciendo llamados prematuros a contiendas electorales internas y acelerando el proceso de impunidad con la no renovación de la MACCIH-UFECIC, creando unidades de investigación fiscalizadas por el Ministerio Público a través de la UFERCO y con manifestaciones propias del narcotráfico.

Ejemplo de ello, el 13 de febrero del 2020 en la ciudad de El Progreso, donde dos unidades de las fuerzas armadas, la policía militar y la fuerza nacional anti maras y pandillas; ambas financiadas por la tasa de seguridad, se enfrentaron con armas de grueso calibre en el palacio de justicia, asesinando a 5 miembros de las fuerzas armadas debido a una operación militar para el rescate de Alexander Mendoza alias “El Porky”, quedando en evidencia la disputa entre carteles y la eliminación sistemática de sus actores, como fue el asesinado de Magdaleno Meza el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, luego de declarar culpable a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente, en la corte del distrito sur de Nueva York.

Luego de 11 años de dictadura, dos fraudes electorales 2013 y 2017 y miles de desplazados, encarcelados y asesinado; la esperanza de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de la conformación del Partido Libertad y Refundación y del Espacio Refundacional, es de carácter obligatorio para aquellos que aún sienten vergüenza por que las y los hondureños padecen hambre, salud, seguridad, vivienda, dignidad y justicia.

El unificar criterios en un programa político amplio, coherente, plural y principalmente que trastoque las estructuras criminales del poder, sin medias tintas y afrontando la historia como los pueblos de Honduras lo han hecho hasta ahora, con resistencia, dignidad, poder y soberanía popular.

[1] Diego Aguilar es historiador, encargado político de las Áreas de Formación y Educación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[1] Zuniga Huete, Angel. Un cacicazgo centroamericano. México 1938. Pp 73.

[2] Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, enclave y dictadura 1933-1949. Tegucigalpa, 1985. Pp. 27

[3] Este incluía “remover, levantar desmantelar, disponer y sacar libremente como ella quisiera, los rieles de las vías principales, ramales, subramales, espuelas, espolones y desvíos, así como todo material rodante y todos los puentes de hierro , a vender instalaciones a otras empresas, y que finalmente el gobierno decretara que la compañía quedaba eximida, relevada y descargada por siempre de cualesquier reclamo, demanda, acciones o derechos que el gobierno tuviera contra ella, y declarara además que la compañía había dado hasta la fecha, debido cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las contrata, Ibidem.

Bibliografía consultada

Díaz Arrivillaga, Efraín. Robleda Castro, Roberto. Salomón, Leticia. Honduras, Hacia una Política Económica Alternativa. CEDOH, Tegucigalpa 1995.

Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, Enclave y Dictadura 1933-1949. Tegucigalpa 1985.

Zuniga Huete, Angel. Un Cacicazgo Centroamericano. México 1938.

Brignoli Pérez, Héctor. Historia General de Centro América. De la posguerra a la crisis. Tomo V. Madrid, 1993.

Dignidad Mixta Limitada: Una apuesta política desde el cooperativismo comunitario

Publicada el 17/02/2020 | por comunicaciones | 1 comentario

El departamento de Atlántida fue el escenario del nacimiento de una importante apuesta de organización política económica comunitaria, creada formalmente el 15 de febrero con el nombre de Cooperativa Dignidad Limitada en San Juan Pueblo, territorio perteneciente al municipio de La Másica.

La creación de una cooperativa formó parte por muchos años de las aspiraciones y sueños del MADJ, ahora es una realidad impulsada por diversos actores vinculados a la organización de distintas formas, pero con la claridad de la finalidad política del proyecto.

Para su impulso ha sido fundamental el papel de Radio Dignidad, la radio comunitaria del Movimiento Amplio con influencia en ascenso cada vez mayor sobre la población de Atlántida desde donde se asume y desarrolla la tarea de crear consciencia respecto de la realidad local y nacional, así como trasladar contenidos políticos.

Ahora que es una realidad, se trata de una cooperativa mixta conformada por dos estructuras, una Junta Directiva encargada de su existencia y vida política y administrativa, la cual se debe por supuesto al máximo órgano de decisión que es la asamblea de cooperativa y una Junta de Vigilancia que juega el papel de ente fiscal de la Junta Directiva y de la cooperativa misma en su totalidad.

Un aspecto relevante de la creación y consolidación de la cooperativa es que si bien la Ley señala como obligatoria una cuota de participación de 30% de mujeres en las distintas instancias que conforman la cooperativa, su asamblea en su momento fundante determinó un 50/50 de representación.

Para el MADJ y el equipo de trabajo de la cooperativa, esta es parte de una propuesta de vida de las comunidades, en términos económicos y políticos, encaminada a humanizar el sistema financiero, quien hasta el momento promueve la desigualdad y por su estrecha vinculación con el modelo político que hoy por hoy tiene en agonía el planeta, la cooperativa está encaminada a ser una propuesta de vida de quienes nos pensamos en rescatar los principios de igualdad, equidad, solidaridad.

Para su consolidación está siendo trascendental el apoyo de la Central de Cooperativas Cafetaleras quien desde su experiencia acumulada está siendo guía de los aspectos formales y legales de la conformación y funcionamiento de la estructura.

Más allá de la utilidad meramente económica, de ahorro y crédito de la cooperativa, desde su creación esta apuesta se concibe con una esfera política más amplia e integradora, por ello hasta el momento sus afiliados y afiliadas son habitantes del municipio que tienen claridad de la necesidad de construir proyectos alternativos para el país, que tienen empatía con las lucha y apuestas de transformación de la realidad local y nacional y que comprenden que la integración de la asamblea de la cooperativa le traslada la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad de pensar en colectivo cómo impulsar otras formas de hacer vida en comunidad.

Por ello, su vida orgánica implica también procesos de formación y discusión permanente, esto se marca desde los requisitos básicos para la afiliación entre los cuales se encuentra cursar un módulo sobre cooperativismo desde una visión crítica de su lógica más tradicional, para posteriormente continuar con el análisis de otros temas relacionados con la actividad de la cooperativa y su papel en el escenario inmediato, así como en el municipal y departamental, como ser el tema crediticio y de producción.

Dentro de las proyecciones a futuro de la Cooperativa Dignidad Limitada está sumar a la mayor cantidad de las personas, que se comprenda el sentido mismo del nacimiento de la cooperativa y ser que esta pase a formar parte de estructuras, de otros espacios que forman la plataforma del sistema cooperativo nacional para incidir políticamente en la transformación de un sistema económico más justo y más digno.

Editorial: MACCIH, una pieza menos en el ajedrez de la narcodictadura

Publicada el 20/01/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El tiro de gracia dado a la MACCIH el pasado viernes 17 de enero confirmó el mensaje instaurado por sus ideólogos desde su fundación; “que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto y vinculado al narcotráfico y al crimen organizado”[1].

LA MACCIH generó desconfianzas con su llegada ya que suplantó la demanda popular de una instancia similar a la CICIG en Guatemala y a que su dependencia de la cuestionada OEA, tolerante y cómplice de golpes de Estado, fraudes electorales y violaciones masivas de derechos humanos en Honduras, era un indicador claro de los alcances reales que esa concesión podía tener.

Sin embargo, la aparición y puesta en marcha de la UFECIC y las instancias del circuito anti corrupción constituyeron una pequeña esperanza para la población hondureña en que la lucha contra la desbordada corrupción e impunidad podría avanzar. Y así sucedió. La gestión de la UFECIC a cargo del fiscal ex huelguista Luis Javier Santos demostró que es posible señalar nombres y apellidos, que es posible retratar cómo funcionan las redes y estructuras criminales que operan desde el Estado mismo y sus instituciones y sobre todo que, estas redes existen con la complacencia y participación directa del ejecutivo.

Así, prontamente la inofensiva Misión aceptada por las cúpulas empezó a convertirse en una amenaza real para su acostumbrada y garantizada impunidad por lo que iniciaron los ataques. La no renovación de su mandato en el país es la culminación de una serie de ataques estratégicos y consecutivos cuya finalidad mucho más allá de conseguir la salida de la misión, es asegurar la destrucción total de los avances y pasos dados en la lucha contra la corrupción.

Previo a ello, no fue casual el traspaso de funciones del Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas, el invento de una autoevaluación, La Ley de Inmunidad, la Ley de Fondo Departamental, el informe del Congreso y el informe de la PGR. Posteriormente, el invento de una Comisión de Negociación y el fracaso de esa negociación, que culminó con el cierre de la MACCIH. Se trató de un plan que de la mano con acabar con la misión y su salida, aseguró minuciosamente las condiciones para que en Honduras la corrupción continúe como dinámica de los grupos de poder y esta vez con libertades más absolutas.

Este comportamiento no es exclusivo del escenario hondureño, es similar a lo ocurrido en Guatemala, se trata de las derechas conservadoras y fundamentalistas defendiendo de manera contundente su control hegemónico de los Estados en la región latinoamericana. Una derecha que es justamente eso, corrupta, criminal, vinculada al crimen organizado y al narcotráfico y que funciona desde el Estado mismo y sus instituciones como parte de sus estructuras criminales o como bien lo señaló la CICIG en 2015, como redes político-económicas ilícitas (RPEI).

Una derecha que ha confeccionado un discurso bajo la idea de defensa de la soberanía y no injerencia, pero que es servil y sumisa frente a la descarada y determinante injerencia del imperio en toda la región. Una derecha hipócrita y descarada a niveles cada vez más sorprendentes. Es justamente de ese patrón que pueden advertirse ataques futuros y no tan futuros que empleará la narcodictadura para consumar sus objetivos hasta asegurar la revisión y abolición de las actuaciones de la Misión y sus instancias, tal y como sucede con lo actuado por la CICIG en Guatemala.

En el MADJ hemos sido claras desde el inicio con nuestra posición frente a la Misión, la hemos visto siempre como un medio, y no como un fin en la lucha contra la corrupción, tenemos claro que no es el remedio al mal mayor que representa la impunidad y la corrupción institucionalizada en Honduras, pero entendemos claramente también que el mensaje detrás de este ajedrez que ahora está en juego es el blindaje absoluto del gobierno narco de JOH, las cúpulas políticas, empresariales, religiosas, etc., y las negociaciones con actores como la OEA. En concreto, un pacto entre estructuras criminales nacionales y transnacionales.

Reconocemos el trabajo realizado mediante la gestión de Luis Javier Santos, que marca un parámetro de avance en la lucha contra la corrupción contraria al normalizado comportamiento complaciente y cómplice de los funcionarios públicos en el país. Sabemos que aún continúa siendo una deuda histórica llegar a los criminales mayores, a los autores intelectuales de las múltiples crisis de Honduras, las/los verdaderos impulsores de la corrupción en el país, empezando por el propio Juan Orlando Hernández, las instituciones partidarias, el crimen organizados y la banca como parte de sus más cercanos colaboradores, deben caer.

Por ello desde el MADJ, retomamos nuestra palabra fundadora convocando a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en contra de la corrupción, lo convocamos a proseguir en lucha organizada […] desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.

Proclamamos nuestro repudio a la clase política para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.

20 de enero, 2020

!Hasta la dignidad siempre!

[1] “Carta abierta del MADJ a la MACCIH”, 23 de febrero de 2016. Puede ser consultada en https://movimientos.org/es/content/honduras-carta-abierta-la-maccih%E2%80%8F%E2%80%8F

Brigada por la dignidad del pueblo tolupán: la solidaridad como acción política

Publicada el 08/01/2020 | por comunicaciones | 1 comentario

Por Heidy Alachán

Luego de cruzar el río Locomapa, esta vez a la altura de la comunidad San Francisco Campo nos dimos cuenta que estábamos en el sitio donde sería la brigada. Un espacio más o menos grande, con piso de tierra y una galera dividida en tres partes decoradas con mantas de tela y una bandera de Honduras. En la parte frontal escrita en el suelo la leyenda “Bienvenidos hermanos”. No había dudas, estábamos en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán, en San Francisco Locomapa, Yoro.

Era la tarde del diecisiete de diciembre del recién finalizado dos mil diecinueve. Todo estaba en marcha, una cadena humana trasladaba los medicamentos, ropa, carpas, zapatos, etc., al mismo tiempo que iban y venían colgando mantas, instalando sillas, mesas, escritorios, improvisando camillas y adecuando los espacios donde se atendería a las distintas tribus durante día y medio del 18 y 19 de diciembre. Mientras avanzaba la tarde el trabajo colectivo continuaba junto al cafecito que por turnos se tomaba en la casita del compa Amado Cabrera.

Finalmente todo estaba listo, niños y niñas jugaban contentas en el Campamento y las últimas luces del día impactaban sobre la manta colgada al frente con la leyenda “convocamos a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad…”. Palabras quede inmediato nos trasladaban a los días de huelga de fiscales, al inicio de todo. Varias cosas habían cambiado, pero otras seguían intactas. Seguíamos en resistencia permanente, en lucha colectiva desde la claridad y la ternura, en la determinación de convertir en herramienta y acción política cada uno de nuestros pasos por la dignidad y la justicia.

Durante las horas de la noche el Campamento se convirtió en el punto de encuentro de la comunidad, de la conversación y la risa, del baile y la competencia jugando a la rayuela. Hace más de 6 años atrás, el 25 de agosto de 2013, exactamente en ese mismo lugar sicarios pagados por empresarios saqueadores de minerales del pueblo tolupán asesinaron a sangre fría a Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute, madre de Celso y Amado Cabrera cuyas casas siguen ubicadas dentro del predio que comprende el sitio.

Después del frío de la noche, a las 6 en punto de la mañana siguiente todo estaba listo. La fila de espera empezó a hacerse cada vez más larga. Un equipo de médicos, 4 mujeres y un hombre, 2 paramédicos y al menos 20 personas de los núcleos organizados en el MADJ estaban ya en funciones. La Brigada Preventiva por la Dignidad del Pueblo Tolupán, organizada y ejecutada por el MADJ y el Consejo Preventivo de Tribu estaba en marcha.

Las filas estaban mayoritariamente compuestas por mujeres de todas las edades. Había una cosa común entre todas, estaban acompañadas de niños y niñas, por regla general, casi siempre más de 3. Se trataba de sus hijos e hijas. En la realidad cotidiana de las tribus tolupanas la maternidad es una tarea que inicia a una edad muy temprana.

En las filas, esperaban alegres, mientras conversaban entre ellas en medio de la pena que las caracteriza. Hablando bajito, más de alguna comentó que habían solo mujeres porque los hombres estaban en el campo trabajando y podrían llegar pasadas las 4 de la tarde.

Las precarias condiciones de vida y la carencia de acceso a servicios básicos como energía eléctrica y teléfonos celulares no fueron obstáculo para que la noticia de la brigada se propagara por todas las tribus aledañas. Llegaron desde El Palmar, Piedra Gorda, Agua Fría, El Firay, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, San Blas, Mezcales, Las Brisas, Cabeza de Vaca No. 2, para la mayoría de estas implicó llegar caminando por más de dos horas. “No importa la caminada” decían entre risas. “Nunca se había visto una cosa así aquí en la tribu. Es la primera vez que los medicamentos que traen no están vencidos y no nos cobran.”

A más de una hora de distancia del Campamento, en la última comunidad habitada por ladinos se encuentra ubicado el Centro de Salud que permanece cerrado aún en días de semana y desabastecido de medicamentos. A pesar de ser un servicio público implica cobros arbitrarios por parte del personal asignado. La salud es también un privilegio al que las tribus tolupanas no pueden acceder.

Contrario a eso, en el Campamento al menos 900 personas fueron atendidas. Tras su llegada, cada persona se identificaba, sus signos vitales eran tomados por los paramédicos para luego en grupos de 10 pasar a la primera estación. Bajo la carpa en la que en sus costados se leía “Milgen Soto Ávila, presente” y “Fuera Narcodictadura” los grupos se involucraban en una conversación colectiva.

Al mencionar y rememorar el saqueo histórico, la lucha sostenida desde hace muchos años, el conflicto permanente por sus tierras ancestrales, los estragos de la presencia de empresarios y ladinos, el papel del Consejo Directivo de Tribu y de la FETRIXI, como piezas útiles para el empobrecimiento de las tribus, el gesto en los rostros era común.

Volvía la rabia y el rechazo, el dolor colectivo por los asesinatos de quienes defendieron de los abusos a sus tribus incluso con sus vidas. El dolor de un año que se llevaba consigo la vida de tres integrantes de la tribu, militantes del MADJ, asesinados por defender sus bosques y creer como verdad que la dignificación de su pueblo es posible.

Al finalizar, con espíritu de lucha renovado pasaban al espacio de consulta. El equipo médico estaba listo para atenderles. Con diagnóstico y receta en mano pasaban a “farmacia”. Una zona aledaña con medicamentos clasificados, en buenas condiciones y adecuados para cada padecimiento. Ya con sus medicamentos, la siguiente estación les aseguraba una provisión de comida mínima, pero sustancial, para finalmente compartir la ropa y zapatos que mucha gente, de las universidades, de iglesias, organizaciones amigas como CARITAS y particulares con mucha dedicación prepararon para enviarles.

La brigada permitió que dos niños con cuadros graves pudieran continuar con vida al ser atendidos de inmediato y remitidos al hospital más cercano. Permitió que el acceso a la salud fuera al menos por un día una realidad para las tribus tolupanas, que la memoria histórica les salvara del olvido y la indiferencia a la que la avaricia y el capitalismo devorador les ha condenado.

Pero sobre todo, sirvió para entender y recordar que no se trataba de una jornada asistencialista, sino de una brigada política, humana. Del encuentro de los distintos actores del proceso por la dignidad del pueblo tolupán. Del encuentro entre el pueblo, tribus, y profesionales, que finalmente siempre hemos sido y somos pueblo. Del aprendizaje recíproco.

De reafirmar el rechazo al asistencialismo humillante y útil para perpetuar la desigualdad. De recordar que el empobrecimiento y el padecimiento de las tribus tolupanas tiene responsables con rostro, nombres y apellidos. Y que para acabar con eso toca seguir luchando desde la organización popular, la formación política y la claridad de que otra forma de vida, más humana y más digna es posible para el pueblo tolupán y para Honduras.

Que parte de hacerlo realidad es como bien lo expresa Ángela Murillo, líder indígena tolupán, no solo soñar sino trabajar “porque todas las tribus sean Movimiento Amplio, porque que el Consejo Preventivo tome el control, porque que no haya desigualdad para nadie y que no sigan dañando el bosque.”

Y que debe andarse ese camino con la esperanza de lo que entre sonrisas y el asomo del llanto por lo que conmueve ella afirma, “tal vez uno piensa que ya no hay cambio, pero sí hay una solución, la solución somos nosotros. Nos hemos dado cuenta que somos capaces de darle esa transformación a nuestra tribu y también al país entero.”

Wilmer Paredes, 2 años de su legado

Publicada el 02/01/2020 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Por Heidy Alachán

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras.

Era el primer día de enero, como hoy. Hacía calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos, llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho dolor.

El fraude electoral de noviembre de 2017 nos heredó un fin de año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.

Para quienes recibimos la noticia casi inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí, era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre de 2017 habíamos hecho miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López, a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de militares.

Era el mismo Wilmer que ese 16 de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes, entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.

Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama, piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados con fusiles.

Como si no fuera suficiente, mientras sucedía todo eso, les intimidaban con choques eléctricos (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos, cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto al resto lo que había pasado.

Luego vinieron también el resto de recuerdos. El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección del mecanismo.

No fue suficiente para ella escuchar relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y protección.

No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.

Luego de su asesinato, su velorio y su entierro, los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido regresar hasta la fecha.

La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca, que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que, tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.

Pero hoy, que han pasado dos años desde que Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida, desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de dolor y muerte que dejó.

Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.

Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas. Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y oportunas.

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.

«La Patria sigue viva y con memoria.»
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Editorial: Año nuevo desde el MADJ

Publicada el 30/12/2019 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Año nuevo desde el MADJ: A los pueblos y comunidades en lucha

Estamos a las puertas de un nuevo año y desde el movimiento Amplio saludamos de manera muy especial a los pueblos y comunidades que luchan permanentemente y de forma inclaudicable por instaurar la dignidad y la justicia como normas básicas e insustituibles en nuestra sociedad.

En el 2020 arribamos a nuestros 12 años de existencia construyendo poder y autoridad ciudadana ahí donde los pueblos se organizan para gestionar su libertad, justicia y autonomía como ejercicios plenamente soberanos en sus territorios a nivel de caseríos, aldeas, municipios y departamentos.

El mayor aprendizaje que nos queda de la década que nos precede consiste en saber que organizadas como Movimiento Amplio ejercemos nuestra condición de mujeres y hombres con dignidad en la Honduras que amamos y llevamos en nuestros corazones y nuestras manos. Nos satisface lo que vamos haciendo y logrando, y estamos en la disponibilidad de continuar desafiando en unidad y organización los retos que tenemos por delante.

Aquí cabemos todas y todos. De ahí nuestro llamado permanente a toda persona y comunidad que quiera unirse a nuestro gran movimiento político social, con el deseo expreso de hacer prevalecer nuestra condición soberana en un país que por ser rico en bienes naturales y culturales ha sido condenado a la pobreza y la miseria por aquellos pocos que se han apropiado de lo que nos pertenece.

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Cabildo Abierto en Arizona Atlántida, marzo 2019.

La agenda de trabajo del Movimiento Amplio en el 2020 para el rescate de la dignidad y la construcción del desarrollo con justicia social y coherencia ambiental de nuestros pueblos contempla las siguientes determinaciones:

No más impunidad de funcionarios apátridas y traidores que desde cualquiera de los poderes de Estado nos despojan, criminalizan y asesinan por defender el presente y futuro de nuestras comunidades.
Palabras certeras y acciones enérgicas contra la clase empresarial corrupta que ha convertido las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en sus propios escuadrones amaestrados para resguardar a sangre y fuego lo que roban a los pueblos.
Murallas humanas de solidaridad contra el colonizador opresor -nacional y transnacional- que pretenda despojarnos de nuestros bienes naturales y culturales.
Solidaridad con nuestras hermanas y hermanos que han sido golpeados, criminalizados y asesinados por defender la casa común de las hondureñas y hondureños.
Compromiso y acción para luchar en contra del capitalismo al mismo tiempo que del patriarcado, a fin de desmontar en todos los espacios colectivos e individuales las opresiones en contra de las mujeres que luchan con alta entrega desde el MADJ y las mujeres de todo el país.
Pasar de la tradicional resistencia a ejercicio de soberanía concreta que dignifiquen la vida de quienes integran el MADJ y las comunidades que asumen la lucha desde nuestro espacio.
Nos comprometemos a seguir nuestro proceso de manera autocrítica, abandonando las perezas, adormecimientos, justificaciones y todo cuanto implique derrotismos, espíritu acomodaticio, alineación con tendencias inaplicables a nuestro contexto, victimizaciones y cualquier comportamiento que conduzca a la negligencia, frustraciones y pérdida de la perspectiva popular de nuestro proceso de lucha.

Vamos pues, con alegría y entusiasmo, con diálogo inclusivo y firmeza total en nuestras determinaciones, a caminar juntas el 2020 para hacer realidad nuestros mayores propósitos políticos y sociales. Todas y todos somos importantes en esta gran lucha en resistencia social y comunitaria -digna y justa- que debe librarse desde ya, enlazando cada una de nuestras comunidades, municipios, departamentos y regiones hasta convertirse en una Gran Lucha de los Pueblos contra el poder opresor, corrupto y sanguinario y en lo inmediato en contra de la narco dictadura que pretende acabar con nuestra patria.

Pajuiles, Atlántida. 30 de diciembre de 2019

Conducción Política Nacional

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA