Congresistas norteamericanos piden detener financiamiento a empresas hidroeléctricas generadoras de violencia en Honduras

En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.

La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.

“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.

Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.

“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.

La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.

Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.” 

En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.

La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Lea la carta complete aquí: https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-leads-letter-condemn-trump-administration-s-plan-invest-controversial

Comunidades denuncian presiones del BID en Arizona para el desarrollo de hidroeléctrica

¡FUERA INGELSA, FUERA BID! ¡ARIZONA ES TERRITORIO LIBRE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS!

Nosotras, las comunidades organizadas del municipio de Arizona, Atlántida, Honduras, condenamos la visita de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a nuestro territorio, quien por segunda vez está sirviendo de intermediario de los intereses de empresas extractivas y sus proyectos nocivos para nuestras vidas y nuestros entornos irrespetando nuestra decisión soberana de declararnos libres de extractivismo.

El 20 de noviembre de 2015, a pesar de la pretensión de manipular el cabildo abierto por parte de las autoridades locales en ese momento, decidimos por mayoría declarar nuestro territorio libre de minería e hidroeléctricas frente a la amenaza que constituía el proyecto hidroeléctrico Jilamito propiedad de la empresa INGELSA. Esa decisión la ratificamos el pasado 24 de marzo de 2019. Estamos inamoviblemente claros: ¡Arizona es territorio libre de proyectos extractivos!

Es condenable que a pesar de esa decisión y al mejor estilo de las instituciones nacionales e internacionales coludidas con el capital extractivo y dedicadas a blanquear el rostro de estas empresas criminales, el BID pretenda venir a nuestro territorio a generar influencias y presiones para que el proyecto pueda ser construido sobre nuestra única fuente de agua, nuestro río Jilamito.

Conocemos perfectamente este patrón de comportamiento y dinámica de funcionamiento del gran engranaje trasnacional del extractivismo, en donde desarrollan un papel instancias como el BID. Está clara su intención de pretender legitimar los intereses de INGELSA haciendo uso de maniobras corruptas como solicitar reuniones a nombre de SEMSA y posteriormente a nombre de INGELSA, así como su interés en reunirse siempre con sectores comunitarios coludidos con la empresa, que han traicionado la voluntad soberana producto de la descomposición del tejido social que provocan estas empresas como herramienta para entrar en los territorios que les interesa saquear.

Denunciamos que este día, domingo 15 de marzo de 2020, la consultora Rebecca Reibers de Monkey Forest Consulting sostiene reunión con habitantes de Mezapita a espaldas del conocimiento de toda la comunidad, seleccionando para dicha reunión a personas abierta y reconocidamente afines a la empresa.

Para nosotros SEMSA e INGELSA son lo mismo, sinónimos y prácticas de corrupción, impunidad, ilegalidades, violencia y muerte. No nos interesa su capital, sus supuestos beneficios, su supuesto desarrollo. El desarrollo de nuestras comunidades lo estamos haciendo nosotros mismos mediante el proyecto comunitario que ya está en marcha y con el cual haremos del derecho humano al agua una realidad, con la alegría de no estar engordándole los bolsillos a empresas criminales.

¿De qué “desarrollo sostenible y respetuoso con el clima” habla el BID cuando además de desconocer nuestra voluntad popular expresada en la declaratoria y en la ratificación, pretende seguir impulsando empresas y proyectos con los cuales se pondría en riesgo nuestro esfuerzo de trabajo en el proyecto comunitario de agua que ya está en curso? 

Responsabilizamos al BID y la presencia de sus consultores de cualquier brote de conflictividad en nuestra zona, como parte de la polarización que provocan estas empresas como herramienta para llevarse nuestra riqueza. Reafirmamos que no estamos solas, que somos parte de procesos a lo largo del territorio nacional, de nuestros hermanos y hermanas de Pajuiles, Sector Florida, Guapinol, de las comunidades de la zona Sur, de COPINH, Reitoca, Azacualpa, entre otras. Que los pueblos sabemos hacer justicia y hemos decidido soberanamente vivir libres de extractivismo y así nos mantendremos, luchando por dignidad y justicia para nuestras comunidades y para Honduras.

15 de marzo, 2020. Atlántida, Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia