Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.
Nuevamente la «justicia» hondureña entregada al «poder» sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.
“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.
Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.
Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.
Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.
Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.
La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.
Ellos y ellas son los nueve indígenas criminalizados por defender su bosque y su territorio ancestral.
Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.
Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.
Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.
Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010.
Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad.
En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos.
Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas de los cargos.
Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.
A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.
Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.
Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.
Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.
En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.
Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.
Organizaciones firmantes:
Alemania Colectivo Cadeho Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar
Bélgica Red Europea de Comités Oscar Romero
Canadá Comité por los Derechos Humanos en América Latina Guatemala Community Network Todos por Guatemala United for Mining Justice
Colombia Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales
Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Estados Unidos Alliance for Global Justice Central American Resource Center (CARECEN) — DC Franciscan Action Network Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Hands Off Honduras – Minnesota Interfaith movement for human integrity Nicaragua Center for Community Action Parlamento Maya USA School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay SOA Watch Witness for Peace Solidarity Collective
El Salvador Asambleas Comunitarias de El Salvador Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
España Anticapitalistas Madrid. Área Internacional Comunidad Centroamérica en España Plataforma por Honduras en Madrid Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)
Guatemala Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA Bufete para Pueblos Indígenas Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos Comité Campesino del Altiplano (CCDA) Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Comité de Unidad Campesina (CUC) Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro Festivales Solidarios H.I.J.O.S. Guatemala Instituto Amaq’ Prensa Comunitaria Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA) Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Honduras APAF-INFOP Asociación LGBT Arcoiris de Honduras ASONOG BAMBÚ Bloque Popular Centro de Derechos de Mujeres (CDM) Centro de Desarrollo Humano (CDH) Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH) Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Conexihon Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) Ecuménicas por el Derecho a Decidir Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras Juventud del Milenio La Insurrecta Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS) Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR) Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan Puras Mujeres Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz Somos Muchas Terco Producciones Unión Estudiantil Morazanista (UEM)
Italia Collettivo Italia Centro America, CICA
México Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Noruega Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)
Venezuela Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)
Regional Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Cruz Morada Hondureña Fads Hablemos de Derechos Humanos Honduras Solidarity Network in North America Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos JOPRODEH La Cadejos, Comunicación Feminista La Voz de los de Abajo, Chicago Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia Protection International Mesoamérica Task Force on the Americas The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil Confederación General del Trabajo Due Process of Law Foundation (DPLF) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza JASS (Just Associates) Migrant Roots Media Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI) Trocaire
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
