A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
Milgen Idan Soto Ávila es el último de los indígenas asesinado por defender el bosque y el territorio Tolupán como integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hoy se cumplen tres años de su desaparición forzada que culminó con el asesinato y entierro en una fosa clandestina justamente en el lugar a donde el empresario Wilder Domínguez desarrollaba el corte ilegal del bosque en la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen fue asesinado por oponerse al saqueo del bosque en su tribu ubicada en el departamento de Yoro, Honduras. Unos días antes había asistido a la audiencia contra nueve de sus compañeros y compañeras indígenas al juzgado de su comunidad, donde con pancarta en mano, denunció el crimen ambiental que se estaba cometiendo en una de las comunidades de la tribu.
Su clamor por Justicia hacia sus hermanos y hermanas indígenas no fue escuchado por la parcializada justicia yoreña y mucho menos a su denuncia les prestaron importancia.
Tras cinco días de desaparición Milgen fue encontrado enterrado en una fosa común el 28 de septiembre de 2019, su cuerpo presentaba un disparo que le causó daños en su corazón y pulmones, de sus homicidas no hay paradero, se han presentado diferentes acciones legales solicitando avances en las investigaciones, pero el Ministerio Público y las demás instituciones parece que no tienen el más mínimo interés en resolver el caso.
En memoria de Milgen la lucha continua en la tribu San Francisco Locomapa donde a pesar de la parcialización de los funcionarios públicos, la resistencia indígena no se rinde, ni se detiene, confiando en que la construcción de la verdadera soberanía nacerá del pueblo y para el pueblo.
En este tercer año de impunidad, desde el MADJ exigimos a los funcionarios, respuestas por este y otros crímenes contra luchadores y luchadoras sociales, pero en especial para los luchadores y luchadoras indígenas.
(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero, 2022). La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció, mediante Sentencia de Amparo, la violación de derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia – COVID 19, a más de 15 mil niñas, niños y adolescentes que sobreviven en condición de calle, sin embargo, a pesar del fallo, la sentencia adolece de un mandato explícito a la institucionalidad pública que obligue a un cambio de esta realidad.
La sentencia, que otorga de manera parcial la Acción de Amparo, reconoce que el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, la Dirección de la Niñez y Adolescencia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) omitieron adoptar medidas reales y constatables de protección integral y resguardo para la niñez y adolescentes sobreviviendo en calle en el marco del estado de emergencia y suspensión de derechos decretado por el gobierno en el marco de la pandemia, por lo que demanda de estas instancias que “materialicen de manera constante y permanente” acciones que atiendan de manera eficaz los derechos de este grupo vulnerable.
Víctor Fernández, director del Bufete Estudios para la Dignidad, una de las cinco organizaciones que en abril de 2020 presentaron la Acción de Amparo, señaló que la importancia de este fallo radica en tres elementos: “porque es la primera vez que se reconoce judicialmente que el Estado de Honduras violenta los derechos de los más de 15 mil niños/as y adolescentes que sobreviven en calle, segundo porque se demuestra que el Estado de Honduras ha normalizado e institucionalizado la violación a los derechos de este sector pese a que están obligados a respetar y garantizarlos y tercero por la intervención realizada por el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo demandando que se revierta esta conducta vergonzosa en contra de la niñez”.
Sin embargo, pese al reconocimiento judicial, señala Fernández, la sentencia carece de un mandato expreso al Poder Ejecutivo a partir del cual definir una ruta de cambio que permita establecer una política de atención integral de la niñez que sobrevive en calle. Por esta razón, agrega Fernández, se ha presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Constitucional con el fin de clarificar dos aspectos centrales: a) las formas que por acción u omisión han incurrido las autoridades y que vulneran los derechos de la niñez en calle y, b) que se establezcan las conductas a cumplir por las autoridades para salvaguardar los derechos de la niñez en calle.
Ante la dimensión de la sentencia, los amparistas también exhortaron a la comunidad internacional a revisar el fallo emitido la CSJ con el fin de verificar cómo todo el andamiaje legal internacional suscrito por el Estado de Honduras ha sido incumplido y de la posibilidad que se abre, a partir del fallo, de exigir el respeto y la aplicación de los mismos por parte de la institucionalidad pública.
El Bufete Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), COIPRODEN, Casa Alianza y FUNDAMBIENTE presentaron desde abril de 2020 una Acción de Amparo para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la integridad personal y a la dignidad humana violentados por el Estado de Honduras al omitir su obligación de protección a los niños y niñas sobreviviendo en calle en el marco de la urgencia de la pandemia covid-19. 20 meses después la CSJ se pronunció otorgando un amparo parcial, pero sigue sin instruir acciones concretas que deban ser cumplidas por el Poder Ejecutivo para respetar y garantizar los derechos de estos más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que sobreviven en la calle.
Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca.
Los peces en el río Petacón han dismuido a raíz de la construcción de la cortina del proyecto hidroeléctrico
Empresa Progelsa explotará por 50 años el río pagando cantidades irrisorias a las municipalidades de Lepaterique y Reitoca
Las afectaciones de la hidroeléctrica se suman al impacto negativo del corredor seco y cambio climático
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -Un sofocante calor que se combina entre polvo, ramas secas y faldas rocosas. No hay ruido de pájaros, pero si se escucha el estridente sonido de un motor de una bomba de diez caballos de fuerza que chupa una corriente del río Grande Reitoca, conocido también como río Petacón.
Wilmer Alonzo Herrera extrae varios litros de agua para hacer adobes y venderlos en una ferretería que ha instalado en el casco de Reitoca. Nos comenta que ha sido judicializado por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Ha sido acusado por los delitos de usurpación y daños agravados.
Para Wilmer, quien ronda los 40 años, el río es su vida y sustento. Recuerda que cuando era niño las aguas se llevaban todo a su paso, sin importar si era época seca o lluviosa. Ahora, dice, lo que queda en el cauce cercano al pueblo son dos mangas con pequeñas corrientes, las que aprovecha para producir una de las materias primas básicas para la construcción de viviendas.
Junto a su esposa Gissela y a su hija Andrea llega todos los días al río a realizar su faena la que viene culminando alrededor del mediodía, después de al menos seis horas ininterrumpidas.
Mientras nos relata sus vivencias y el impacto negativo generado por el cambio climático y ahora, según él, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, se escucha entre las ligosas rocas el croar de las ranas.
Wilmer Alonzo juega con su hija Andrea a quien baña con las frescas aguas del río Petacón para apaciguar el enérgico calor, una mañana de verano de este 2020 cuando la temperatura rondaba los 35 grados centígrados.
El proyecto hidroeléctrico se ubica en la frontera entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, hoy confrontados porque las autoridades hondureñas no han sabido manejar los procesos para el concesionamiento de los proyectos de explotación de los recursos naturales.
La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta, en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca. De hecho, el licenciamiento se encuentra en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.
En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.
Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído de manera definitiva, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2018 por la presión de los pobladores de Reitoca, agrupados en el Comité de Protección Reitoca y en el Consejo Indígena Lenca, esta última instancia mediante la cual luchan para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que exige un proceso de consulta libre, previa e informada para las decisiones adoptadas en sus territorios.
El proyecto hidroeléctrico ha confrontado a los pueblos de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán. La resistencia al proyecto se centra en Reitoca por encontrarse aguas abajo. La gente de Lepaterique no muestra mucho interés en el tema a excepción de la Corporación Municipal y de un grupo de personas que ha sido contratado para los trabajos previos y durante la construcción de las primeras obras de ingeniería y que hoy se encuentran paralizadas.
Mientras Wilmer Alonzo Herrera exterioriza su rechazo a la explotación del río, por considerar que es su vida, la de su familia y la de sus vecinos, existe un posicionamiento firme por parte de los trabajadores de Progelsa que viven en la comunidad de Mulhuaca, Lepaterique para que se les permita regresar a trabajar al proyecto.
Empresa SERMACO, encargada de las obras civiles, obtuvo permiso de la secretaría de Defensa para usar dinamitas en los cerros del cauce
Efectos en el medio ambiente
En agosto de 2017 los pobladores de Reitoca denunciaron en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente que la empresa Progelsa había causado daños al agua porque los peces se estaban muriendo y el color del agua se había tornado oscura y con sedimento. A casi tres años de la denuncia, la Fiscalía no ha respondido a la queja.
Producto de las explosiones, que se extendieron por al menos dos kilómetros y en un radio de menos de cien metros, las aguas fueron soterradas, provocando sedimento, la razón que explica la muerte masiva de los peces.
El color del agua oscureció, los peces se murieron, y el nivel de las aguas disminuyó sustancialmente. “Fue alarmante, sentimos que el río de un solo bajó”, dijo Orlando Rodas, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, quien se dedica a la ejecución de proyectos de riego agrícola.
Al iniciar la obra la constructora dinamitó los cerros que están en el cauce del río y la tierra cayó en las aguas, lo que provocó una disminución en el caudal. “Por esa razón es que ahora corre menos agua”, relata Magdaleno Flores, coordinador del Consejo Indígena Lenca.
Para la construcción de la cortina el río fue desviado por un túnel lo que ha provocado disminución del cauce natural. La imagen muestra además parte de las zonas donde la empresa SERMACO utilizó dinamitas.
Las explosiones sirvieron para adecuar las paredes del río y construir la cortina y la sala de máquinas para dos turbinas. Para efectuar estos trabajos SERMACO construyó un túnel para desviar el agua lo que, a juicio del biólogo e investigador, Héctor Portillo, provocó sin duda alguna un impacto negativo en el cauce y en la vida acuática del río.
El túnel, que ha servido para desviar el agua, ha provocado la disminución del caudal del río y con ello la pérdida de las especies acuáticas, especialmente la de los peces.
Históricamente la pesca ha sido una de las actividades de sobrevivencia de la población de Reitoca al igual que la siembra de granos básicos, maíz y frijoles. Sin, embargo, después del incidente de 2017 ya casi no se encuentran peces. “Antes había chacalín, mano carrizo, cacarica, ilama, pega (…) el guapote ya días no lo veo, camarón grande, también había”, manifestó con nostalgia, Andony Ruiz.
Andony, un joven activista social y miembro del Comité de Protección Reitoca y del Consejo Indígena Lenca, echa de menos las manadas de aves que antes se miraban a las orillas del río, entre ellas, golondrinas y zorzales, las que, a su juicio, están desapareciendo.
La percepción de Andony no se aleja de la realidad, pues según el biólogo e investigador, Héctor Portillo, el embalse disminuirá el caudal del río y con ello se afectará el agua para consumo humano y la utilizada para la irrigación. “Va teniendo un efecto negativo en las comunidades cercanas y en la vida acuática, especialmente en los peces”, enfatizó el profesional de la biología al explicar sobre los efectos causados por la represa construida en el río.
Previó a la etapa de construcción del proyecto, en febrero de 2016, Progelsa contrató a especialistas en zoología y botánica para que realizarán un estudio de caracterización de flora y fauna. En la investigación de campo de la flora se encontró 66 especies diseminadas en bosque de galería, matorral y bosque latifoliado. Entre las variedades se encontró siguapate, macuelizo, cortés, piñuela, indio desnudo, guarumo, berberilla, chaparro, barba de jolote, zarza, guama, chaperno, quebracho, toble, chichicastón, laurel, nance, pochote, sirín, caoba, higo, capulín, uva, cera, guayabillo, manzanita, cagalera, cordoncillo, pimientillo, cafecillo, limoncillo, aceituno, pene de chacho, guácimo, capulín, cinco negritos, escoba, chivo, brujo, mango, flor de mayo, suyate, siguapate y zarza.
La flora en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón está dividida, según los especialistas en botánica contratados por Progelsa, de la siguiente manera: 38 % de árboles, 38 % de arbustos, 22 % de hierbas y 2 % de gramíneas.
Como parte de la fauna se encontró varias especies de acuáticos, mamíferos, reptiles, aves, entre estas: lagartija espinosa, lagartija, ranita de charco, garrobo y no se descartó la existencia de serpientes venenosas como cascabel, tamagás y coral.
Se encontró además 19 especies de aves, entre ellas: garza tigre, coa, martín pescador, viudita de río, paloma alas blancas, lechucita, guardabarranco, pájaro carpintero, urraca, cerenqueque, sacude colchón, cucarachero, zorzal, saltador grisáceo, saltador cabeza negra, chorcha, chipe rufo, vireo cabeza azul.
En los mamíferos se encontró: ratón orejón alpinista, mapache, nutria o perrito de agua, murciélago frugívoro, murciélago vampiro y ardilla común y la variedad de peces: guapote, bagre de río, bubucha, congo, mojarra, machaca y podrido.
El estudio estableció que en el área del embalse y en los desfiladeros de la orilla del río, se encontraron esporádicamente sitios utilizados para anidar, así como determinadas rocas para percheo, que al hacer el llenado del embalse quedarán inundados.
El informe hizo alusión a la necesidad de aplicar planes de salvamento para la flora que sería afectada con la construcción del proyecto y advirtió que existía la probabilidad que, durante la construcción de la cortina del embalse, se emitieran residuos que afectarían de forma directa e indirecta el desarrollo de las especies herpetofauna, específicamente anfibios, lo que causaría un impacto negativo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de mitigación.
Rafael Zelaya, un veterano poblador de Reitoca y protector del medio ambiente, lamenta que el proyecto hidroeléctrico haya causado daños a la flora y fauna, especialmente en las comunidades de Agua Caliente, Reitoca Centro, Paso de Lejas, El Rebalse, Agua Blanca y Santa Cruz.
El área del proyecto se caracteriza por tener bosque húmedo subtropical, y según la clasificación de Holdrige, este bioclima se caracteriza porque se extiende desde los 700 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Su cobertura vegetal está constituida principalmente por especies de coníferas y hoja ancha en diferentes etapas de sucesión, siendo el pino la especie que mejor identifica este ecosistema.
Al emitir la resolución sobre la licencia ambiental, la SERNA hizo hincapié en el informe y dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) número 642-2011 del 12 de octubre de 2011, mediante el cual se certificó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra fuera de cualquier área protegida, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Aunque no se encuentre en de área de influencia de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena, el Río Reitoca o Petacón se encuentra en la parte baja y drena al embalse “José Cecilio del Valle” en la región sur del país (Moramulca), con una capacidad de embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua. Esta represa de uso múltiple abastece de agua a 100 mil familias de los cuatro municipios que se encuentran en la cuenca baja del Río Nacaome: San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle.
La microcuenca del Río Petacón limita al norte con la microcuenca del Río El Limón y el Cerro de Hule y Cerro Verde; al oeste con la Montaña El Cimarrón y la Montaña Cimartagua, y al este con las microcuencas de los ríos Saracarán y El Común el Cerro El Cimarrón.
Río Petacón: Una hidroeléctrica en suspenso y una población que no para de migrar
La población de Reitoca y Lepaterique sigue migrando en busca de nuevas oportunidades de vida
Progelsa ofreció empleos, pero la defensa del río es más fuerte que esta promesa
POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN REDACCION@CRITERIO.HN
TEGUCIGALPA. -LA POBLACIÓN DE REITOCA ESTÁ MIGRANDO. LOS HOMBRES SE VAN PARA ESTADOS UNIDOS, UNOS SE HAN IDO EN LAS CARAVANAS Y OTROS HAN PAGADO “COYOTES” Y LAS MUJERES BUSCAN CRUZAR EL ATLÁNTICO VÍA ÁREA PARA LLEGAR A ESPAÑA.
“La gente cuando no haya nada que hacer lo que hace es emigrar para otros países, de aquí las mujeres están emigrando a España, los varones están emigrando a Estados Unidos y a Canadá”, dijo el coordinador del Consejo Indígena lenca de Reitoca, Magdaleno Flores. Flores fue estafado en su intento por emigrar a Canadá. Madaleno, quien se dedica a la albañilería junto a sus hijos, contó que junto a varios de sus coterráneos fue timado por una compañía dirigida por un hombre a quien identificó únicamente como “Don Rubén”, quien cobra 65 mil lempiras ($2.600) para llevar a la gente. “Yo fui uno de los que cayeron en ese negocio, me engañaron. Yo pagué 130 mil lempiras para mi hijo y para que se fuera un hermano mío, y resulta que no hubo viaje y me robaron el dinero”, lamentó.
El coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Magdaleno Flores, dice que el conflicto generado por el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, ha profundizado la migración durante los últimos cuatro años
Magdaleno relató que pese a que ya han pasado cuatro años de la estafa no ha existido castigo para el embaucador quien, dijo, sigue operando en su oficina en las cercanías del hospital San Felipe, en Avenida La Paz de Tegucigalpa. Comentó que nadie interpuso la denuncia por el miedo a perder la vida y porque en Honduras no existe una correcta aplicación de la justicia que sancione a los delincuentes y criminales. Los pobladores de Reitoca lamentan que en su municipio no existan fuentes de empleo permanentes. Existe algunos pequeños comercios dedicados a la venta de abarrotería, mercaditos, pulperías, dos pequeños restaurantes y tres hospedajes, que funcionan como hoteles. La migración ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2017. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.
Por estar ubicado en el corredor seco, Reitoca es severamente afectado por la falta de lluvias, lo que provoca que los campesinos migren ante la pérdida de sus cosechas.
En los últimos años la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica Río Petacón de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha suscitado un conflicto entre pobladores de los municipios de Reitoca y Lepaterique. Los primeros que se oponen al proyecto y los segundos que, en su mayoría, son apáticos al mismo, a excepción de las autoridades municipales y de un grupo de pobladores que han sido beneficiados con empleos por parte de la empresa desarrolladora. La migración en Reitoca siempre ha estado presente, pues se encuentra en una de las zonas con mayor afectación al cambio climático por encontrase en el corredor seco, donde todos los años se registran pérdidas de cosechas y con ello problemas de seguridad alimentaria, y por ende mayor pobreza. En Lepaterique, pese a que su territorio goza de mayor precipitación pluvial, también existen problemas de sequía en época de verano. Esto aunado a la reducción de la explotación del bosque producto de la plaga del gorgojo descortezador, lo que provoca desesperación en la gente que también está migrando.
El Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2013 establece que Reitoca tenía una población de 10,649 habitantes, de los cuales se estima que alrededor de 7,500 son de origen lenca. Lepaterique, por su parte, registraba 23,306 habitantes y el 12 % de estos se autoidentifican como lencas. El censo estableció en aquella oportunidad que el 1.31 % de la población de Reitoca había migrado y en Lepaterique esa cifra era del 1 %.
El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) establece que, en los últimos cinco años, 200 pobladores de Reitoca han sido deportados en su intento por migrar a los Estados Unidos. De los cuales 40 corresponden al año 2016, 32 al 2017, 39 al 2018, 75 al 2019 y en los primeros días de junio de 2020 ya se contabilizan 14. En Lepaterique la deportación en los últimos cinco años ha sido de 278 personas, de las cuales 58 corresponden a 2016, 51 a 2017, 61 a 2018, 90 a 2019 y 18 en lo que va de 2020.
Jorge Montes, se aferra a su terruño, tiene una glorieta en el centro de Reitoca, donde genera empleo para dos jóvenes: Ericka y Alejandra, ellas perciben un poco de dinero para satisfacer parte de lo básico en sus hogares, pero no lo suficiente para vivir dignamente.
Para la defensora de los migrantes, Miroslava Cerpas, lo que está ocurriendo en el corredor seco hondureño es un desplazamiento forzado a causa de la implantación de industrias extractivas, energéticas y turísticas. Cerpas recordó que durante 2018 y 2019 la Red de Organizaciones para la Protección de Personas Desplazadas demandó al Estado de Honduras que reconociera el desplazamiento que se origina en las comunidades de los pueblos originarios producto de la explotación por parte de transnacionales de los territorios ancestrales, cuyas “concesiones han sido obtenidas a través de actos de corrupción, con entes del gobierno y a veces agentes municipales”. Apuntó que la mayoría de los dirigentes comunitarios, que han recibido amenazadas de los desarrolladores de los proyectos, terminan yéndose del país, porque si se quedan, aunque se desplacen a otro departamento son localizados por estos grupos. La defensora lamentó que el gobierno se niegue a hacer la delimitación de los territorios ancestrales y concluyó que no lo hace porque de esa manera ya no existirá la posibilidad de hacer negociaciones ilícitas que se traducen en actos de corrupción. En virtud de los conflictos territoriales generados en las comunidades indígenas por la implementación de proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó en su informe de 2019 al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias a efecto de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas, según corresponda. Cerpas manifestó que debido a que los pueblos indígenas tienen arraigo cultural es muy difícil que cuando se trasladen a otras comunidades puedan vivir y adaptarse a otras costumbres por lo que al final no tienen acceso a la salud, al trabajo, a la educación y otros derechos y eso al final los obliga a migrar e incluso a irse en las caravanas junto al resto de la población.
Estas dos viviendas son el vivo reflejo de las remesas percibidas por la población de Reitoca, la principal fuente de ingresos de esta población.
Hidroeléctrica Petacón y la cacería de los ambientalistas lencas
Gobierno otorgó licencia sin consultar proyecto con comunidades
Funcionarios del gobierno se han confabulado con inversionistas para criminalizar a defensores del río
Estructura militar y policial al servicio de ejecutores del proyecto
POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN REDACCION@CRITERIO.HN
TEGUCIGALPA. –UN PROYECTO QUE PROMETIÓ PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y GENERAR DESARROLLO EN LA POBLACIÓN, HA CONFRONTADO A DOS EMPOBRECIDAS COMUNIDADES, UBICADAS EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS DONDE LA IMPOSICIÓN HA SIDO EL PRINCIPAL INGREDIENTE
La instalación del proyecto hidroeléctrico del Río Petacón en los municipios de Reitoca y Lepaterique, Franciso Morazán, por parte de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha ocasionado una serie de violaciones de derechos humanos las que han tenido la participación directa de funcionarios del Estado y de las fuerzas militares y policiales.
El comportamiento estatal ha dejado al descubierto la protección para con los grupos de poder, en este caso representados por el empresario Jack Arévalo Fuentes, ideólogo de la hidroeléctrica y la criminalización de la defensa de los recursos naturales a manos de las indígenas lencas.
El conflicto ha provocado ataques violentos por parte de la Fuerza Militar, que el 30 de enero de 2018 hirió de bala a dos pobladores de Reitoca. Asimismo, la Policía Nacional y Cobras hirieron de bala a otro poblador el 24 de abril de 2019, y por otro lado la justicia judicializó en octubre de 2019 a dos defensores del medio ambiente.
El principal agravante se registró desde el momento en que el exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, otorgó el 24 de mayo de 2011, la licencia ambiental sin una previa socialización y por ende consulta con las comunidades donde se ubica el proyecto diseñado para la generación de 14.8 MW de energía.
Laínez Ordóñez fue acusado en diciembre de 2018, pero en marzo de 2019 el Juzgado Penal de Francisco Morazán dictó sobreseimiento definitivo a su favor, pese a que el dilema por la violación al proceso ambiental sigue sin resolverse, pues el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.
El río Petacón fue concesionado por 50 años a la empresa Progelsa para la instalación de un proyecto hidroeléctrico con una capacidad instalada de 14.8 MW
De acuerdo con la legislación nacional, antes de emitir la licencia, las autoridades ambientales debieron cerciorarse de que el proponente del proyecto había realizado un cabildo abierto con las alcaldías y la población de Lepaterique y Reitoca y esto se reafirma en el dictamen número 007-2013 emitido por la Comisión Nacional de Energía que refiere que la empresa Progelsa no presentó las certificaciones que avalen la socialización con el municipio de Reitoca e incluso menciona al municipio de Curarán. La única certificación presentada fue la socialización con Lepaterique.
Asimismo, una constancia extendida el 1 de septiembre de 2017 por el alcalde por ley de Reitoca, Modesto Funez Santos, establece que la empresa no socializó ni tampoco realizó la consulta ni efectuó cabildos abiertos para tratar temas relacionados a la construcción del proyecto hidroeléctrico y señala además que la corporación municipal no autorizó el permiso de construcción y operación, ni aperturas de carretera en el municipio.
En virtud de que el proyecto se encuentra en territorio lenca, también se registró la violación al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que establece la consulta libre, previa e informada para las decisiones relacionadas a las prioridades de los pueblos originarios y que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
José Manuel Rodas, un hombre de 80 años, quien es tesorero del grupo lenca “Nueva Esperanza”, asegura ser un auténtico lenca por haber nacido en un territorio de influencia ancestral lenca, descendientes del indio Lempira.
El Consejo Indígena Lenca asegura que Reitoca es territorio Lenca y por lo tanto denuncia violación a su derecho de autodeterminación porque no se les consultó previo a la instalación del proyecto. De su lado la empresa Progelsa asegura que la zona no tiene influencia indígena, porque así lo determinó un grupo de pobladores para lo cual extendieron una nota, misma que ha servido de argumento para alegar que no existe la obligatoriedad para realizar la consulta.
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
