Interponen amparo a favor del pueblo Tolupán ante entrega politizada de alimentación

(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.

En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.

En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes.  Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.

Presentan amparo para 15 mil niñas(os) en situación de calle ante riesgo de muerte por COVID-19

(Tegucigalpa, Honduras, 13 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor de alrededor de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en condición de calle fue presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, COIPRODEN, Casa Alianza, FUNDAMBIENTE y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras ha normalizado la violación de todos los derechos de las NNA que sobreviven en calle, ha desobedecido las directrices y recomendaciones que en los últimos 30 años le han hecho organismos como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entre otros y, en consecuencia, hoy de manera adicional, se enfrentan a un altísimo riesgo de contagio y muerte por el covid-19.

Las organizaciones señalan que la Presidencia de la República, el SINAGER y la DINAF, han reincidido en su comportamiento omisivo, escapista y evasivo de sus obligaciones, violando el derecho a la salud, la integridad personal, la dignidad y poniendo en riesgo la vida de los miles de NNA que siguen sobreviviendo en las calles, sin que hasta el momento existan acciones concretas y efectivas que los protejan de manera sostenible.

De manera concreta, los amparistas piden que la SCCSJ ordene 10 medidas cautelares urgentes, orientadas a superar las históricas violaciones de derechos y las que hoy sufren los NNA en condición de calle debido a la amenaza del covid-19, los toques de queda extendidos y el abordaje policiaco, militarista, criminalizador que el Estado asume frente a la inhumana situación de los beneficiarios de la Acción de Amparo.

Algunas de estas medidas son: que se establezcan y pongan a disposición de manera inmediata, en distintas ciudades del país, albergues dignos para los niños y niñas que sobreviven en las calles del territorio nacional y eviten el contagio del virus, aplicación inmediata de pruebas rápidas para descartar o confirmar contagios por COVID-19, constituir un equipo multi y transdisciplinario, entre instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que consensuen y pongan en marcha, en el menor tiempo posible, una política pública integral para la atención de los NNA que sobreviven en la calle; que se destine un presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle.

Los amparistas requieren a la SCCSJ que notifique al Ministerio Público de la violación a los derechos fundamentales que han sido objeto los miles de niños y niñas que sobreviven en las calles, a efecto de investigar y deducir la responsabilidad a los funcionarios y funcionarias que por acción u omisión fueron autores o partícipes de esas violaciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), afirmó en 2017 que en nuestro país existen causas estructurales que conllevan a que un 77% de la niñez viva en condiciones de pobreza.