Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en
lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los
territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la
siguiente manera:
Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que
se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y
políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo
históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante,
apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales,
gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía
nacional.
Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo
económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes
comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y
no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la
educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.
Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el
Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular,
por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las
constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre
derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de
corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado
sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el
narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.
La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno
de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares
del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para
un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar
el papel de las transnacionales y empresas extractivas.
Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para
sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan
alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos;
hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el
régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose
si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que
queremos.
Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país
de avanzar y trabajar por la
unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde
los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental,
la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier
otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y
llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para
consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró
obtener ayer Auto de Formal
Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de
Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de
extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una
denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo
realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona
considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura
de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A,
específicamente de extracción y traslado de antimonio.
Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía
de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro,
lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario
Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño,
quien compareció en su condición de gerente general y representante legal,
solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio,
siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y
pagando una suma de dinero por la misma.
En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el
funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral
antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro,
al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes
pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por
ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y
otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.
Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida
delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe
de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de
abuso de autoridad.
El antimonio es un elemento semimetálico que
principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos
para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes,
vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una
creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de
diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta
el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.
Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la
corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la
tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y
la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa
de su territorio.
Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.
Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores
del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus,
CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son
partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las
tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.
José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.
Reunida
en el Centro de Formación Finca
Torogoses, la militancia del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los
núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa
Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita,
Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes al departamento de Atlántida, las Tribus del
pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda
y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San
Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente,
ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional
declaramos y comunicamos que:
El mundo, y de nuestro interés particular Honduras,
sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus
agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones
internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a
costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras,
ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que
también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes
y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la
precarización acelerada de los derechos en general.
Las consecuencias son palpables, estamos ante un
modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo,
explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos
naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr
un control absoluto de los territorios.
Ante
ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el
encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por
liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia
que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan
esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea
nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado
que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.
Así,
reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de
las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio,
social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro
compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la
resistencia a la soberanía con dignidad.
Para
ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la
participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en
general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus
estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo
ha reafirmado su razón de ser, llegando
a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de
pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las
resistencias y desde el país.
Ante
los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria
sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para
confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido
el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio
nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.
Por
esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos
acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la
soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su
fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de
la dignificación de nuestra patria.
Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra
apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la
soberanía con dignidad!
Ellos y ellas son los nueve indígenas criminalizados por defender su bosque y su territorio ancestral.
Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.
Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.
Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.
Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010.
Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad.
En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos.
Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas de los cargos.
Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.
A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.
Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.
Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.
Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.
En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.
Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.
Organizaciones firmantes:
Alemania Colectivo Cadeho Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar
Bélgica Red Europea de Comités Oscar Romero
Canadá Comité por los Derechos Humanos en América Latina Guatemala Community Network Todos por Guatemala United for Mining Justice
Colombia Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales
Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Estados Unidos Alliance for Global Justice Central American Resource Center (CARECEN) — DC Franciscan Action Network Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Hands Off Honduras – Minnesota Interfaith movement for human integrity Nicaragua Center for Community Action Parlamento Maya USA School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay SOA Watch Witness for Peace Solidarity Collective
El Salvador Asambleas Comunitarias de El Salvador Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
España Anticapitalistas Madrid. Área Internacional Comunidad Centroamérica en España Plataforma por Honduras en Madrid Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)
Guatemala Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA Bufete para Pueblos Indígenas Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos Comité Campesino del Altiplano (CCDA) Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Comité de Unidad Campesina (CUC) Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro Festivales Solidarios H.I.J.O.S. Guatemala Instituto Amaq’ Prensa Comunitaria Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA) Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Honduras APAF-INFOP Asociación LGBT Arcoiris de Honduras ASONOG BAMBÚ Bloque Popular Centro de Derechos de Mujeres (CDM) Centro de Desarrollo Humano (CDH) Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH) Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Conexihon Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) Ecuménicas por el Derecho a Decidir Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras Juventud del Milenio La Insurrecta Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS) Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR) Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan Puras Mujeres Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz Somos Muchas Terco Producciones Unión Estudiantil Morazanista (UEM)
Italia Collettivo Italia Centro America, CICA
México Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Noruega Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)
Venezuela Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)
Regional Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Cruz Morada Hondureña Fads Hablemos de Derechos Humanos Honduras Solidarity Network in North America Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos JOPRODEH La Cadejos, Comunicación Feminista La Voz de los de Abajo, Chicago Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia Protection International Mesoamérica Task Force on the Americas The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil Confederación General del Trabajo Due Process of Law Foundation (DPLF) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza JASS (Just Associates) Migrant Roots Media Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI) Trocaire
Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.
Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.
Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.
El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.
Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.
Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA
Desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos
con el pueblo Lenca.
MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:
El
Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas
tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento
de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que
inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La
fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia,
bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal
Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligencias propias
de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los
días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”
Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus
vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al
territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento
de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa
maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron
la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su
personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables
de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo
directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo
vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más
estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.
Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado
24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó
deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa,
organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las
fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría
facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo
de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación
de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura
confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por
siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los
departamentos de Yoro y Francisco Morazán.
Las nueve personas indígenas acusadas, a través
de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos
debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para
acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado
para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido
desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de
su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un
delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los
28 mil de árboles de su territorio.
El
proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el
empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas
realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la
salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que
no pertenece a la tribu.
La
beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios
es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y
los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar
las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la
muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su
territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones
y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del
bosque desde octubre de 2017 a la fecha .
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.
Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.
Es nuestra determinación
continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando
Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la
salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la
población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.
Como Movimiento Amplio, hacemos
nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora
Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales
decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos
nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con
resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha
resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de
mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño
está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones
convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de
conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos
adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos
problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.
Condenamos y reprochamos los
llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y
funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién
pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el
gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose
en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.
Llamamos al pueblo, a los
estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los
estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho
humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa
del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.
La voz de un pueblo unido es voz
soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando
organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos
por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.
Imágen en pintura de los cinco Mártires del Astillero.
En Honduras, al igual que en toda la región, el modelo extractivo que constituye el rostro más despiadado del capitalismo, sigue repitiendo sus métodos criminales para apropiarse de la riqueza natural. El pasado 5 de mayo del 2019, las comunidades de El Astillero del municipio de Arizona en el departamento de Atlántida conmemoraron el 28 aniversario del asesinato de cinco campesinos que defendían el territorio de su comunidad ante el avasallamiento del modelo extractivo que se impulsaba con la reforma agraria que llegaría años después para beneficiar a los empresarios que hacen negocio con el gobierno hondureño. La historia registra a militares asesinando a cinco hombres que lideraban la lucha de las comunidades de El Astillero, la madrugada del 3 de mayo de 1991. Fueron ultimados con ráfagas de disparos.
Mientras las autoridades solicitaban “diálogo” a Felipe Huete, delegado de la palabra, la clásica y repetida forma de traición fueron las balas que salieron de un AK47 que acabó con la vida de Mártir Huete, Ciriaco Huete, Felipe Huete, Cruz Chacón y Carlos Salomón. Este mismo patrón de muerte y violencia aplicado en El Astillero en 1991, sigue siendo la forma de represión empleada por quienes defienden y buscan imponer el modelo extractivo en las comunidades, un claro ejemplo de ello es el asesinato de Berta Cáceres, Margarita Murillo, Ramón Fiallos, Juan Samael y José Salomón Matute, entre otros de las víctimas de la violencia estructural y característica del neoliberalismo.
Templo en homenaje a los Mártires en la comunidad del Astillero
En la comunidad de El Astillero se levantó un templo de cinco bases en su entrada, en los mismos lugares donde quedaron los cuerpos de los campesinos asesinados, para los que nunca se hizo justicia. Todos los años la población de Arizona rinde tributo a sus mártires.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reafirma el compromiso de continuar con la lucha de nuestros compañeros y compañeras asesinados por la defensa de los bienes comunes y naturales.
Era el primer día de enero, como hoy. Hacía
calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año
atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país
entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en
escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos,
llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho
dolor.
El fraude electoral nos heredó un fin de
año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía
mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la
mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de
Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y
desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.
Para quienes recibimos la noticia casi
inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí,
era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre habíamos hecho
miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López, a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a
fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que
intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros
compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales
habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de
militares.
Era el mismo Wilmer que ese 16
de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes,
entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de
seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13,
a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.
Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la
represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y
degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le
obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama,
piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos
con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados
con fusiles.
Como si no fuera suficiente, mientras sucedía
todo eso, les intimidaban con choques eléctricos (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban
palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego
se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos,
cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo
recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto
al resto lo que había pasado.
Luego vinieron también el resto de recuerdos.
El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo
nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el
análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que
Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección
del mecanismo.
No fue suficiente para ella escuchar
relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso
sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él
a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma
permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y
protección. No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero
de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el
Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos
internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación
de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima
acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.
Luego de su asesinato, su velorio y su entierro,
los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la
resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos
de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido
regresar hasta la fecha.
La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo
su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de
Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca,
que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que,
tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos
indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No
escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en
medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.
Familia de Wimer Paredes sostiene su fotografía. Captura: Martín Cálix.
Pero hoy, que ha pasado un año desde que
Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se
paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida,
desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su
nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de
dolor y muerte que dejó.
Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.
Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo
Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en
San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de
quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas.
Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y
oportunas.
Hoy queremos que su nombre y se ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2019 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.
24 de septiembre de 2018. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, frente a los ataques de los cuales ha sido víctima la periodista independiente, Nina Lakhani, del reconocido periódico “The Guardian”, manifiesta su solidaridad y condena de estos ataques que constituyen un patrón incrementado en los últimos meses en el país en contra de todas las personas involucradas en la denuncia de proyectos extractivos ilegales y criminales.
Lakhani, es ciudadana británica, periodista freelance radicada en México que ha informado para el diario británico Guardian durante cinco años. El 17 de septiembre de 2018, mediante un documento de prensa suscrito por la Asociación de Campesinos del Aguán (ACIVA), organización de la cual no existe rastro de existencia real, el cual circuló en varias plataformas de medios sociales, entre ellas Twitter y WhatsApp, acusó a Lakhani de «manipular» a la población de la región del Bajo Aguán, y obligar a los pobladores a dar falsas declaraciones e incitarlos a la violencia, y la declaró «persona non grata» en la región.
Como un guion previsible, el comunicado también exhortó a las autoridades hondureñas a investigar a la periodista Lakhani, debido a que esta “está al servicio de oscuros intereses de grupos internacionales”, entre otras afirmaciones completamente falsas.
Nina Lakhani ha dado seguimiento desde mucho tiempo atrás al curso del primer caso de 8 personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, así como el juicio en contra de David Castillo, ex gerente general de DESA, acusado también, como autor intelectual del crimen en contra de la coordinadora general del COPINH.
El ataque en su contra, a través de la supuesta asociación, plataforma falsa, forma parte de una campaña de odio, promovida por distintos sectores económicos y productores de energía, la cual ha sido denunciada y evidenciada por el MADJ en días recientes y de los cuales, nuestro Coordinador General, Martín Fernández y el encargado de asuntos políticos, Víctor Fernández. han sido víctimas.
Frente a esta ola de ataques, pretendiendo deslegitimar las honestas y necesarias resistencias en defensa de la verdad y la dignidad en Honduras, nos solidarizamos con la periodista Nina Lakhani, reconociendo una vez más su valioso aporte desde el periodismo independiente para el rompimiento del cerco mediático impuesto en el país por el poder económico y su aporte sustancial para la construcción de la verdad respecto del asesinato de Berta Cáceres y el develamiento de las redes criminales que están detrás de los proyectos extractivos en Honduras y en la región.
Demandamos al Estado de Honduras, que con la misma diligencia con la cual sus instituciones judiciales actúan para garantizar “Seguridad jurídica” a las empresas, actúen pronta y oportunamente para garantizar la seguridad de la periodista Lakhani y que esta pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y su labor informativa sin ningún riesgo.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
