Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.
Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.
Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.
El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.
Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.
Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA
Desde el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos
con el pueblo Lenca.
MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:
El
Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas
tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento
de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que
inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La
fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia,
bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal
Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligencias propias
de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los
días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”
Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus
vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al
territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento
de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa
maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron
la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su
personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables
de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo
directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo
vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más
estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.
Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado
24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó
deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa,
organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las
fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría
facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo
de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación
de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura
confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por
siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los
departamentos de Yoro y Francisco Morazán.
Las nueve personas indígenas acusadas, a través
de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos
debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para
acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado
para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido
desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de
su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un
delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los
28 mil de árboles de su territorio.
El
proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el
empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas
realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la
salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que
no pertenece a la tribu.
La
beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios
es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y
los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar
las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la
muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su
territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones
y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del
bosque desde octubre de 2017 a la fecha .
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.
Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.
Es nuestra determinación
continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando
Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la
salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la
población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.
Como Movimiento Amplio, hacemos
nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora
Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales
decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos
nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con
resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha
resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de
mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño
está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones
convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de
conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos
adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos
problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.
Condenamos y reprochamos los
llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y
funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién
pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el
gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose
en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.
Llamamos al pueblo, a los
estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los
estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho
humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa
del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.
La voz de un pueblo unido es voz
soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando
organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos
por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.
Imágen en pintura de los cinco Mártires del Astillero.
En Honduras, al igual que en toda la región, el modelo extractivo que constituye el rostro más despiadado del capitalismo, sigue repitiendo sus métodos criminales para apropiarse de la riqueza natural. El pasado 5 de mayo del 2019, las comunidades de El Astillero del municipio de Arizona en el departamento de Atlántida conmemoraron el 28 aniversario del asesinato de cinco campesinos que defendían el territorio de su comunidad ante el avasallamiento del modelo extractivo que se impulsaba con la reforma agraria que llegaría años después para beneficiar a los empresarios que hacen negocio con el gobierno hondureño. La historia registra a militares asesinando a cinco hombres que lideraban la lucha de las comunidades de El Astillero, la madrugada del 3 de mayo de 1991. Fueron ultimados con ráfagas de disparos.
Mientras las autoridades solicitaban “diálogo” a Felipe Huete, delegado de la palabra, la clásica y repetida forma de traición fueron las balas que salieron de un AK47 que acabó con la vida de Mártir Huete, Ciriaco Huete, Felipe Huete, Cruz Chacón y Carlos Salomón. Este mismo patrón de muerte y violencia aplicado en El Astillero en 1991, sigue siendo la forma de represión empleada por quienes defienden y buscan imponer el modelo extractivo en las comunidades, un claro ejemplo de ello es el asesinato de Berta Cáceres, Margarita Murillo, Ramón Fiallos, Juan Samael y José Salomón Matute, entre otros de las víctimas de la violencia estructural y característica del neoliberalismo.
Templo en homenaje a los Mártires en la comunidad del Astillero
En la comunidad de El Astillero se levantó un templo de cinco bases en su entrada, en los mismos lugares donde quedaron los cuerpos de los campesinos asesinados, para los que nunca se hizo justicia. Todos los años la población de Arizona rinde tributo a sus mártires.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reafirma el compromiso de continuar con la lucha de nuestros compañeros y compañeras asesinados por la defensa de los bienes comunes y naturales.
Era el primer día de enero, como hoy. Hacía
calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año
atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país
entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en
escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos,
llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho
dolor.
El fraude electoral nos heredó un fin de
año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía
mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la
mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de
Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y
desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.
Para quienes recibimos la noticia casi
inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí,
era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre habíamos hecho
miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López, a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a
fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que
intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros
compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales
habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de
militares.
Era el mismo Wilmer que ese 16
de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes,
entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de
seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13,
a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.
Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la
represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y
degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le
obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama,
piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos
con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados
con fusiles.
Como si no fuera suficiente, mientras sucedía
todo eso, les intimidaban con choques eléctricos (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban
palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego
se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos,
cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo
recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto
al resto lo que había pasado.
Luego vinieron también el resto de recuerdos.
El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo
nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el
análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que
Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección
del mecanismo.
No fue suficiente para ella escuchar
relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso
sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él
a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma
permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y
protección. No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero
de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el
Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos
internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación
de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima
acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.
Luego de su asesinato, su velorio y su entierro,
los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la
resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos
de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido
regresar hasta la fecha.
La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo
su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de
Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca,
que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que,
tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos
indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No
escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en
medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.
Familia de Wimer Paredes sostiene su fotografía. Captura: Martín Cálix.
Pero hoy, que ha pasado un año desde que
Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se
paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida,
desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su
nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de
dolor y muerte que dejó.
Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.
Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo
Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en
San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de
quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas.
Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y
oportunas.
Hoy queremos que su nombre y se ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2019 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.
24 de septiembre de 2018. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, frente a los ataques de los cuales ha sido víctima la periodista independiente, Nina Lakhani, del reconocido periódico “The Guardian”, manifiesta su solidaridad y condena de estos ataques que constituyen un patrón incrementado en los últimos meses en el país en contra de todas las personas involucradas en la denuncia de proyectos extractivos ilegales y criminales.
Lakhani, es ciudadana británica, periodista freelance radicada en México que ha informado para el diario británico Guardian durante cinco años. El 17 de septiembre de 2018, mediante un documento de prensa suscrito por la Asociación de Campesinos del Aguán (ACIVA), organización de la cual no existe rastro de existencia real, el cual circuló en varias plataformas de medios sociales, entre ellas Twitter y WhatsApp, acusó a Lakhani de «manipular» a la población de la región del Bajo Aguán, y obligar a los pobladores a dar falsas declaraciones e incitarlos a la violencia, y la declaró «persona non grata» en la región.
Como un guion previsible, el comunicado también exhortó a las autoridades hondureñas a investigar a la periodista Lakhani, debido a que esta “está al servicio de oscuros intereses de grupos internacionales”, entre otras afirmaciones completamente falsas.
Nina Lakhani ha dado seguimiento desde mucho tiempo atrás al curso del primer caso de 8 personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, así como el juicio en contra de David Castillo, ex gerente general de DESA, acusado también, como autor intelectual del crimen en contra de la coordinadora general del COPINH.
El ataque en su contra, a través de la supuesta asociación, plataforma falsa, forma parte de una campaña de odio, promovida por distintos sectores económicos y productores de energía, la cual ha sido denunciada y evidenciada por el MADJ en días recientes y de los cuales, nuestro Coordinador General, Martín Fernández y el encargado de asuntos políticos, Víctor Fernández. han sido víctimas.
Frente a esta ola de ataques, pretendiendo deslegitimar las honestas y necesarias resistencias en defensa de la verdad y la dignidad en Honduras, nos solidarizamos con la periodista Nina Lakhani, reconociendo una vez más su valioso aporte desde el periodismo independiente para el rompimiento del cerco mediático impuesto en el país por el poder económico y su aporte sustancial para la construcción de la verdad respecto del asesinato de Berta Cáceres y el develamiento de las redes criminales que están detrás de los proyectos extractivos en Honduras y en la región.
Demandamos al Estado de Honduras, que con la misma diligencia con la cual sus instituciones judiciales actúan para garantizar “Seguridad jurídica” a las empresas, actúen pronta y oportunamente para garantizar la seguridad de la periodista Lakhani y que esta pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y su labor informativa sin ningún riesgo.
Este día 24 de septiembre de 2018, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hicieron pública la noticia del reintegro de la magistrada Tirza Flores Lanza y el juez Guillermo López Lone, destituidos arbitrariamente durante el golpe de Estado en Honduras como represalias por sus actuaciones en pro del Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco del momento de conflictividad y derrumbe institucional que el país enfrentaba.
Desde el momento de la destitución, los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza iniciaron una intensa búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional lo que provocó que en el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictara sentencia condenando al Estado de Honduras, reconociendo las violaciones a derechos humanos de las cuales las funcionarias habían sido víctimas y ordenando medidas de reparación, así como el reintegro a sus puestos con todas las garantías laborales, gremiales y sociales que esto implicaba.
A pesar de la sentencia, en los años sub siguientes, el poder judicial de Honduras se resistió a ejecutar la sentencia, sin importarle el seguimiento que la Corte IDH mediante audiencias de revisión de cumplimiento de sentencia estaba corroborando la falta de voluntad estatal para garantizar justicia para los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza.
Este día que finalmente ha trascendido la noticia de su reintegro, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, saludamos la victoria obtenida por Guilermo López y Tirza Flores, quienes desde mucho antes del proceso de destitución han sido profesionales comprometidos con la justicia, con la construcción de un Estado democrático y de derecho y que luego de la arbitrariedad de las autoridades hondureñas, continuaron realizando una importante labor desde la Asociación de Jueces por la Democracia para la defensa de la independencia judicial en Honduras.
Reafirmamos que, en un país con la altísima fragilidad institucional que Honduras posee, profesionales como Tirza Flores y Guillermo López, que desde la labor jurisdiccional o desde la lucha gremial han aportado esfuerzos valiosos por sostener las justas y necesarias defensas de derechos humanos, el reintegro ordenado representa un importante precedente que sirve para alimentar la esperanza de que frente a la barbarie, a la ilegalidad y al abuso de poder, la persistencia, la digna resistencia son herramientas valiosas para menguar los abusos.
21 de septiembre de 2018. El bajo nivel del caudal de agua del Río Mezapa, es notorio después de varios meses de trabajo ininterrumpidos en la parte alta de la Sierra Nombre de Dios por parte de empresas extractivas que han generado violencia hacia quienes luchan por proteger el afluente que abastece de agua sus hogares.
En una imagen tomada el 25 de octubre de 2017 a la orilla de la carretera CA 13, se logra observar el caudal de agua que el río mantenía, mientras en la otra gráfica captada el 13 de septiembre de 2018, prácticamente 11 meses después, se observa como el caudal se ha reducido considerablemente. Ambas imágenes fueron tomadas después de varias horas de haber llovido en la zona, lo que quiere decir que en temporada de verano, el nivel o caudal del río desaparecería, dejando sin agua a las comunidades río abajo.
Las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia mantienen, desde el 22 de marzo de 2017, una lucha por defender el río Mezapa de la destrucción de la empresa HIDROCEP, propiedad de Jason Hawit, quien en complicidad con la institucionalidad hondureña pretende imponer su proyecto a como dé lugar en la comunidad.
La lucha de las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, se ha traducido en al menos 15 acciones legales para detener los trabajos de la empresa, pero no han sido escuchados en las fiscalías del departamento de Atlántida, ni en ninguna otra instancia. La última acción que ha sido incumplida por la municipalidad y el Ministerio Público, es la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ordena parar los trabajos de la empresa en la parte alta de la Sierra producto de la contaminación provocada a las aguas del río Mezapa.
El resultado de todo este proceso pacífico de parte de las comunidades ha sido represión contra los líderes de la lucha, represión por parte de la policía y sus diferentes dependencias, campanas de odio y desprestigio impulsadas desde la empresa y otras instancias, entre tanto esto ocurre, la convicción, la valentía y la dignidad nos hacen más fuertes para desterrar a los usurpadores que no han podido comprar nuestra Dignidad.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
