Luego de que el 23 de mayo del 2024 la presidenta Xiomara Castro a través de un discurso, junto al Consejo Nacional de Defensa y Soberanía anunciaran el nuevo plan de “Cero Deforestación al 2029”, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos cuestionamos si este nuevo proyecto en verdad favorecerá a la situación ambiental del país. Teniendo en cuenta el deplorable estado de los bosques nacionales y la permanente denuncia de las organizaciones, pueblos indígenas, garífunas y territorios campesinos sin lograr hasta el presente acciones urgentes y contundentes de parte del Estado.
Ahora se ha declarado en emergencia ambiental por la situación alarmante de la deforestación y su impacto sobre las cuencas productoras de agua. Esto a causa de los proyectos de generación de energía que quieren instalarse en territorios sin consultar a las comunidades, ejemplo de ello son, el sector Pajuiles con el proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP que contaminó el río Mezapa, produciendo afectaciones en la salud de las personas y pretendía dejar sin agua a las comunidades del sector. Así mismo, en Jilamito, la empresa INGELSA y su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito, hasta ahora el único no explotado por la empresa privada gracias a la organización de la comunidades, este proyecto además de contaminar las fuentes de agua y dejar sin el derecho al agua a las comunidades, generó una ola de violencia en el territorio y provocó una ruptura en el tejido social.
Es por esto que nos cuestionamos si esta iniciativa va en línea de detener la deforestación y proteger lo que nos queda de boques y las fuentes de agua; es posible que esta sea una medida correcta para combatir la emergencia ambiental, pero solo si sus proyecciones se acompañan de procedimientos técnicos y políticos adecuados, y se abre a la participación activa y proactiva de la ciudadanía. De lo contrario se quedará como en muchas ocasiones, en discurso y en un show mediático.
Contrariamente a lo que se señala en el documento “Cero Deforestación al 2029”, son los grandes empresarios madereros que deforestan, no las familias “campesinas marginales” que expanden la frontera agrícola, tal como lo afirma Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Esas familias campesinas no son responsables ni siquiera de la décima parte de la deforestación nacional. ¿Por qué esconder ante la población el verdadero rostro y nombre de quienes nos dejan sin bosques? ¿Por qué esconder a los responsables de los incendios forestales como los de La Tigra y El Merendón o los que talan un cerro completo para sus proyectos habitacionales? El gobierno no podrá ocultar los grandes depredadores de los bosques y las cuencas de agua porque desde nuestros pueblos nos enfrentamos a ellos casi a diario, aun a costa de ser criminalizados por defender la vida.
Y, por otro lado, el problema de las familias campesinas marginales se solucionaría en cuanto el gobierno recupere los cientos de miles de hectáreas de tierras (ya destinadas constitucionalmente para fines de reforma agraria) y emprenda inmediatamente una política agraria que beneficie a los cientos de miles de familias campesinas sin tierras. ¿Quién detendrá los verdaderos asesinos de los bosques de Honduras si el gobierno de Xiomara Castro ni siquiera se atreve a nombrarlos?
Cabe mencionar que bajo la tutela del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha estructurado una red de representantes de instituciones de gobierno que, por supuesto, deben dar cuenta a los generales, y dispondrán de 19 mil millones de lempiras para hacer reverdecer los bosques de Honduras de ahora al 2029. Nos parece mucho más importante que no sean los militares, sino las mismas comunidades rurales insertas en geografías boscosas quienes sean determinantes y protagónicas en la recuperación de los bosques y cuencas; ya que, al acabarse los fondos dispuestos, los militares volverán a sus barracas, pero las comunidades continuarán aplicando todo lo aprendido en manejo y conservación de bosques aún más allá del 2029. No deja de ser lamentable que el brazo de lucha y construcción de la refundación nacional haya dejado de ser el pueblo y sus organizaciones sociales populares, y en su lugar haya sido entregado por el gobierno actual a los militares.
En el marco del desarrollo del programa de “Cero Deforestación al 2029”, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia designarán 3 fiscales y 3 jueces con carácter de jurisdicción nacional para atender las situaciones que ameriten un tratamiento legal. Consideramos esta medida como buena pero insuficiente. El pueblo hondureño no se merece crear pequeños islotes de justicia, sino que estas instituciones se renueven a nivel nacional para acabar con la impunidad ambiental de los entes devastadores de los bosques, pero también de todos aquellos que violentan los derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana vinculados a los bosques y, sobre todo, que asuman el honor de hacer justicia a todos los pueblos originarios de Honduras y no solamente a los que se mencionan en el documento “Cero Deforestación al 2029”. Los pueblos originarios son los que más tiempo llevan gritando el despojo de sus tierras y la consecuente devastación ambiental provocada por empresarios madereros, terratenientes, mineros y más recientemente los empresarios vinculados a la captura de carbono utilizando los bosques de los pueblos indígenas y garífunas.
En este contexto, nos cuestionamos, que cambiará con esta iniciativa ya que durante años se ha denunciado la deforestación ejecutada por particulares, madereros, empresas en complicidad con los funcionarios de gobierno e instituciones como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y e Instituto de Conservación Forestal (ICF) y su papel omisivo ante el saqueo y la quema del bosque. Por otra parte, los fiscales no investigan, no acusan y el poder judicial no condena. ¿Por qué debería cambiar ahora, con relación a estas fiscalías y juzgados especializados? ¿Por qué deberíamos confiar en que estas fiscalías no seguirán permitiendo la destrucción de los bosques y las cuencas de agua? Ya que han sido estos fiscales los que han permitido la criminalizaron de nuestros compañeros y compañeras por defender el bosque en Locomapa.
Al ICF se le instruye para que (contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) anule jurídicamente cualquier autorización para devastar las zonas Núcleo de las áreas protegidas. Esto que se faculta hacer al ICF en conjunto con las fuerzas del orden en las áreas protegidas (ley secundaria) debe atenderse, con mucha más obligatoriedad, en los territorios de los pueblos originarios amparados en el convenio 169 de la OIT, convertido en ley primaria desde el momento de su ratificación en 1994. Las 75 áreas protegidas a nivel nacional son solo una muestra de la riqueza natural de Honduras que ciertamente deberán perpetuarse como lugares santuario. Sin embargo, es urgente sanear los territorios de los pueblos originarios, acabando con el saqueo mediante deforestación, destrucción de ríos, demolición de montañas, etc. para recuperar la salud geoambiental de las regiones donde están insertos.
Al MADJ, BED y FUNDAMBIENTE nos parece insensato que la Comisión de “Cero Deforestación al 2029” esté integrada únicamente por personal de las secretarías de Estado, autocomprendiéndose de forma autoritariamente omnisciente, donde la toma de decisiones es un asunto exclusivo de funcionarios de Estado. Es por esto por lo que pedimos la mayor transparencia en el uso de los fondos asignados a cada una de las instituciones. La sociedad debe seguir de cerca el manejo y ejecución de los fondos para evitar el desvío o mal uso de estos. Por otro lado, sería idóneo que se presente un plan de distribución de los fondos para que no se conviertan en otro apetito de funcionarios del gobierno, ni que el dinero sirva como moneda de cambio para pagar favores políticos a grupos empresariales que puedan beneficiarse con contratos en el marco de estos fondos.
Es necesario que a esta Comisión se sumen representantes cualificados de las principales universidades y centros de investigación nacionales. Igualmente es importante sumar a representantes de organizaciones sociales y movimientos populares que de antemano han construido aprendizajes significativos (teóricos y prácticos) en asuntos de defensa de la soberanía ambiental de los pueblos y diseño de tecnologías populares de preservación, conservación, y desarrollo sostenible en territorios de vocación forestal integrando acciones sociales y técnicas de carácter agrosilvopastoril eficaces, sostenibles y con alto grado de justicia social.
Respecto del mandato otorgado al Poder Legislativo, de reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales, consideramos importante endurecer algunas penas y reconocer nuevos delitos ambientales. Pero de nada servirán tales reformas si antes no hay compromiso por hacer justicia ambiental a quienes delinquen impunemente y en mayor calado, como lo hace el sector empresarial de Honduras.
Valoramos la iniciativa de combatir la emergencia ambiental del país, pero nos resulta insuficiente que el documento contemple la asignación aislada de algunos incentivos para las personas que voluntariamente colaboren con el programa de la “Cero Deforestación al 2029”. Nos preocupa el nacimiento de estas iniciativas con enfoque militarista y que suceda como con la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, que se esperaba ayudará a solucionar el conflicto agrario pero lo único que ha hecho es ponerse de lados de los empresarios y desalojar a cientos de familias campesinas. Nos preocupa que esta línea militarista sea una política de gobierno, un gobierno que criticó tanto el modelo de mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, y que ahora se puede decir que no hay muchas diferencias entre uno y otro, nos cambiaron las bombas lacrimógenas por tanquetas con chorros de agua para reprimirnos.
Finalmente, el MADJ, BED y FUNDAMBIENTE llamamos a los pueblos originarios, organizaciones populares y pueblos en general a sumarse a la lucha por combatir la emergencia ambiental del país. Se impone hacerlo no como peones, sino como agentes, autores y actores dueños plenos de nuestra propia historia. Frente a los empresarios extractivistas que no denuncia el gobierno de Xiomara Castro en el documento “Cero Deforestación al 2029”, vamos a ejercer soberanía ambiental en todos nuestros territorios. Nadie puede despojarnos y marginarnos de nuestra ciudadanía ambiental. Pero esto implica organizarnos para preservar y conservar nuestros bienes naturales, al mismo tiempo que delatar y someter a la justicia a quienes depredan los entornos ambientales de las comunidades y pueblos, que saquean nuestros bosques y destruyen nuestras cuencas proveedoras del agua que necesitamos y se roban los bienes naturales que pertenecen a todos y todas.
Cuando se lucha con dignidad la victoria está asegurada. No importa cuánto nos cueste. La dignidad y la justicia siempre se imponen.