Los testimonios de narcotraficantes rendidos en el juicio contra JOH en Nueva York reafirman la denuncia de que toda la institucionalidad del Estado hondureño ha sido puesta al servicio del narcotráfico y del lavado de activos provenientes de ese negocio criminal. Esta afirmación supera la idea popularizada de que el narcotráfico ha sido solamente un problema del sistema de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La institucionalidad hondureña fue corrompida de forma más profunda, convirtiendo en funcional a un proyecto criminal a instituciones encargadas del control y correcto funcionamiento del sistema financiero, de la sana administración pública e, incluso, la encargada del desarrollo de proyectos sociales.
En este contexto, cabe preguntarnos qué responsabilidad tuvieron el Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Asociación de Municipios de Honduras, las entidades de Justicia y Control Electoral, entre otras, y cuál será la responsabilidad penal y administrativa que será sancionada. Aún con esto anterior, es todavía más importante preguntarnos qué proceso de transformación profunda se están generando actualmente en la institucionalidad hondureña con el propósito de que nunca más el Estado Hondureño sea puesto al servicio del tráfico de drogas y lavado de activos.
Aunque el juicio en Nueva York concluyo con una condena en contra de JOH por sus crímenes relacionados al narcotráfico, es imperativo reconocer que es solamente un personaje el que está siendo juzgado y que eso no significa el desmantelamiento del resto de la estructura criminal que sigue siendo parte de la institucionalidad hondureña. Tampoco una sentencia de culpabilidad daría por disueltas las dinámicas institucionales que favorecen los negocios criminales y el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Conforme a estas reflexiones, si la administración de Xiomara Castro no inicia una transformación radical del funcionamiento de la institucionalidad pública, pesará sobre su gobierno la duda sobre la transparencia de sus decisiones y las de su Gabinete. Es decir, se sospechará si la construcción de carreteras corresponde a favorecer rutas de narcotráfico o a meros proyectos de desarrollo; si los contratos de desarrollo de obras sociales son otorgados en función de la mejor oferta o de alianzas con sectores empresariales-criminales; si el Banco Central o la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vela por un correcto funcionamiento del sistema financiero aun cuando no exista ninguna muestra pública del compromiso para combatir el lavado de activos desde el Estado; entre otros.
Desde las organizaciones del movimiento popular nos corresponde seguir asumiendo la responsabilidad de reflexionar y construir otra Honduras, una que ponga su institucionalidad al servicio de un proyecto político popular y garante de dignidad para todos y todas.