El 10 de septiembre se conmemora el día del niño y la niña en Honduras. Cada año la realidad de desprotección y vulnerabilidad de un alto porcentaje de la niñez en Honduras opaca esta celebración.
En los territorios en lucha por defender su soberanía con dignidad y en resistencia al extractivismo hay otros males que también los niños y niñas deben enfrentar. En poblaciones como Pajuiles, Arizona y distintas tribus del pueblo Tolupán el día del niño hoy se conmemora en medio de procesos de criminalización en contra de hombres y mujeres valiosas y comprometidas, en medio de su incertidumbre sobre el curso de las acusaciones y del impacto en la vida de sus hijos e hijas.
Pero la criminalización no termina en la figura de las personas adultas acusadas. Sus consecuencias e impacto alcanzan la vida de cada niño y cada niña que forma parte de estas familias y repercute en su salud emocional, aunque esto sea quizá un abordaje y tema de conversación pendiente.
En el Sector Pajuiles, 12 integrantes del MADJ enfrentan procesos ante los tribunales hondureños, acusados por la empresa HIDROCEP propiedad del señor Jasón Hawit, causante de daños ambientales al río Mezapa, fuente de agua de al menos 16 comunidades de la zona. Estos hombres y mujeres fueron detenidos en agosto de 2017, luego de una brutal represión policial en dos fechas distintas. Tras su captura sus hijos e hijas salieron a las calles portando carteles pidiendo tener libres y de regreso en casa a sus padres.
Mientras sus padres estaban encarcelados injustamente varios de ellos tuvieron que permanecer bajo el cuidado de vecinos y personas cercanas. Pero aún ahora, luego de transcurridos dos años, el miedo por la posibilidad de que sus padres y madres vayan a prisión sigue latente.
Otro caso similar se da en Arizona, en el departamento de Atlántida a donde el señor Emin Abufele pretende construir una represa hidroeléctrica en el único rio que ha quedado disponible para uso y consumo humano, ahí esta empresa y el Estado de Honduras mantienen criminalizados a cinco luchadores sociales que han asumido junto a la comunidad la defensa del rio Jilamito.
Situación similar o peor viven las niñas y niños del pueblo Tolupán a donde el modelo extractivo no le basta con intentar despojar, criminalizar o agredir a las y los indígenas, aquí la situación llega al punto de asesinar a los padres y madres de los infantes que se oponen a la extracción inconsulta de los bienes comunes y naturales, mientras esto ocurre los niños y niñas deben crecer sin uno de los dos progenitores, todos estos crímenes siguen en total impunidad debido a que es el mismo Estado a través de sus instituciones que sigue poniendo en riesgo y vulnerando los derechos de la población.
Ante todo, este panorama sombrío y oscuro en Honduras el Estado ha vuelto muy normal ver a niños y niñas, hijos e hijas de los luchadores sociales en las afueras de los juzgados, esperando a que un juez o una jueza dicte la sentencia condenatoria o absolutoria hacia sus padres y madres.
Es por ese y otros motivos que en Honduras muchos niños y niñas desde muy pequeños caminan junto a sus padres y madres en jornadas de protestas intentando cambiar y buscar tener un mejor futuro.
