Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.

9 crímenes sin respuesta para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

En el marco de los 12 años del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cumplidos el pasado mes de mayo queremos recordar a esos hombres y mujeres que han sido asesinados por la defensa de su territorio, por exigir respeto y Dignidad para sus comunidades, en 12 años de lucha queremos rescatar el legado de 9 personas luchadores y luchadoras sociales que fueron asesinadas y a las que el Estado hondureño no les ha hecho justicia a pesar que los crímenes fueron cometidos hace varios años.

Iniciamos el recuento de esta serie “No se ha hecho Justicia” recordando el triple crimen ocurrido en suelo Tolupán el 25 de agosto de 2013 cuando fueron ultimados Ricardo Soto Fúnez, Armando Funes Medina y la compañera María Enriqueta Matute, tres indígenas Tolupanes que murieron en medio de la explotación irracional de los bienes comunes y naturales de su tribu, en el mes de febrero del año 2020 los juzgados de Yoro decidieron absolver al único implicado en el caso, #NoSeHaHechoJusticia.

Para dar seguimiento a este recuento de crímenes sin respuesta, nos remontamos a al 1 de enero 2018, en esa fecha fue asesinado el compañero Wilmer Paredes, joven originario de Esparta en el departamento de Atlántida que luchó junto a más personas contra el fraude electoral, por su crimen las autoridades no detuvieron a nadie y en su caso #NoSeHaHechoJusticia.

Ese mismo año, pero el 22 de enero fue ultimado durante una violenta represión militar el compañero Ramón Gabriel Fiallos Siria, luchador social del municipio de Arizona que participaba en las protestas contra el fraude electoral de 2017 que dejó como presidente reelecto ilegalmente a Juan Orlando Hernández, por su crimen ningún militar de los que participaron en el operativo ha sido acusado por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Para el mes de mayo de 2018 se daba otro crimen contra un luchador social integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta vez la víctima fue el compañero Santos Suazo quien fue ultimado en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, su crimen se dio a la mañana siguiente de haber dejado su turno de vigilancia en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, por este asesinato #NoSeHaHechoJusticia.

La impunidad floreciente en los crímenes contra luchadores sociales continuo su camino campante por el país, el 25 de febrero de 2019 los indígenas, luchadores sociales, defensores de su territorio, Juan Samael Matute y José Salomón Matute, padre e hijo, fueron asesinados por defender su territorio en la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, ambos pertenecían al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, el Estado de Honduras fue incapaz de protegerlos a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde el año 2013, sus parientes tuvieron que abandonar la tribu ante el temor de ser asesinados pues las autoridades no les garantizan la protección debida. Sus asesinos siguen en libertad y por su crimen #NoSeHaHechoJusticia.

Los crímenes contra el pueblo Tolupán no se detienen y el temor de la familia Matute a que otro pariente fuera asesinado se consumó en el mes de septiembre de 2019, otro indígena caía producto de las balas asesinas de quienes son serviles y afines a los empresarios que saquean los bienes comunes y naturales de la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, esta vez fue el joven indígena Milgen Idan Soto Avila quien fuera asesinado y su cuerpo enterrado en el mismo sitio a donde la empresa Inmare extraía madera de forma inconsulta, a casi un año del crimen las autoridades policiales no han brindado una respuesta al incidente por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Los altos niveles de impunidad en los crímenes contra luchadores y luchadoras sociales integrantes del MADJ solo refleja la complicidad, inoperancia e incapacidad de las autoridades para dar respuesta y protección a integral a quienes piensan diferente, que no se alinean con el sistema y que luchan por tener mejores condiciones de vida en un país altamente corrupto, convertido en narco Estado y con instituciones que ya perdieron su razón de ser.

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Municipalidad de Yoro incumple ordenanza de Juzgados a favor del pueblo Tolupán.

A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.

La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.

Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.

Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.

Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.

Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.

El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.

Abastecer de alimentos en 24 horas a tribu tolupana ordena juzgado por amparo

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.

El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.

Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.

Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.

También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.

El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.

Interponen amparo a favor del pueblo Tolupán ante entrega politizada de alimentación

(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.

En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.

En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes.  Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.

Pueblo Tolupán en Honduras a punto de morir de hambre

En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.

Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.

Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.

En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.

Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.

En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”

La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.

Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.

Justicia hondureña absuelve a autor material de triple crimen tolupán

El 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, en el departamento de Yoro, dictó fallo absolutorio en favor de Selin Eleazar Fúnez, señalado como autor material del triple asesinato en contra de los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina. Hechos ocurridos el 25 de agosto de 2013 en San Francisco Campo, perteneciente a San Francisco Locomapa, Yoro.

El Tribunal absolvió de toda responsabilidad penal al imputado también conocido como Selvin Matute por los habitantes de San Francisco Campo. Manifestó tener duda razonable de la participación del señor Selin Eleazar Fúnez, a pesar de que los testigos protegidos lo reconocieron completamente como partícipe y coautor del hecho junto a Carlos Luque Varela, quien fue condenado en un proceso abreviado en el 12 de febrero de 2018 luego de aceptar su responsabilidad en los tres crímenes y de haber mencionado en reiteradas ocasiones en sus declaraciones que realizó los hechos junto a Selin Fúnez.

En el desarrollo del proceso distintos documentos aportados como prueba fueron contundentes en señalar la participación del imputado y de establecer la relación que existe entre su nombre y el seudónimo “Selvin Matute” asegurando que se trataba de la misma persona.  A pesar de todo lo dilucidado en el juicio el tribunal decidió absolverlo y dejar en impunidad los crímenes sufridos por los 3 tolupanes integrantes del MADJ y sus familiares.

De acuerdo a Ariel Madrid, quien junto a la abogada Heidy Alachán fungieron como equipo de acusación privada en el juicio, y quienes forman parte del equipo legal del MADJ, el proceso continúa abierto debido a que interpondrán recurso de casación ya que en el juicio se logró comprobar mediante pruebas testificales y científicas que el acusado participó junto a otra persona en el crimen.

“Nosotros consideramos que ha habido un mal criterio, una mala aplicación del juzgado al valorar los medios de prueba y al arribar a esta conclusión, porque no corresponde con lo evacuado y con lo probado en el proceso judicial, con lo cual se estableció plenamente con prueba testifical, con prueba científica pericial que ocurrieron las muertes de los ciudadanos indígenas y que indiscutiblemente quienes participaron en la ejecución del asesinato de estos tres líderes tolupanes fue Selin Eleazar Fúnez Bonilla y una segunda persona de nombre Carlos Luque Varela”. Manifestó el abogado Madrid.

Por su parte, la abogada Alachán manifiesta que “es indispensable evaluar este fallo en el marco del papel que el sistema de justicia tiene en el contexto de violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas y del modelo de saqueo en general en el país en el cual se inscriben estos crímenes. Ya que como se estableció en el juicio, estos crímenes responden a un problema estructural provocado por el modelo extractivo y su avance significativo como parte del modelo económico mismo del país y la violencia extrema que impacta el tejido comunitario de los pueblos y comunidades derivado de la intromisión de empresas y empresarios en sus formas de vida pacífica. Por supuesto, es imposible dejar de ver el papel que el racismo juega en la concepción de justicia occidental y discriminatoria desde la cual está configurado el poder judicial hondureño.”

La abogada Alachán también afirmó que este fallo es alarmante ya que se trata del primer juicio por 3 de los 10 asesinatos de indígenas tolupanes, integrantes del MADJ, líderes sociales de sus tribus que han ocurrido en el pueblo tolupán a partir del 2013 y por estos asesinatos, la CIDH otorgó medidas cautelares integrantes del MADJ del pueblo tolupán.

Esta cifra altamente preocupante que inició con el triple asesinato del cual participó Selin Eleazar quien ahora ha sido absuelto por la justicia hondureña. Alachán afirma que es grave el mensaje de impunidad garantizada que este precedente establece para el juzgamiento de los otros 7 crímenes y de los ataques y crímenes en contra de liderazgos sociales en el país en el general.

En Honduras es difícil encontrar justicia para los pueblos originarios desde la óptica de quienes luchan en favor de los pueblos indígenas. “Entendemos que ejercer el litigio en procesos de este tipo implican poner en la discusión obligada a tribunal y las demás partes de los derechos de pueblos indígenas, insistir en que implican derecho a la verdad. Que implica incluso defenderlo ante tribunales, juzgados y operadores de justicia, que tienen una tendencia a la discriminación, al racismo, que todavía tiene vestigios de los que fue en la norma un proceso penal inquisitivo y que materialmente se manifiesta en este tipo de casos, en la negación de justicia y verdad para todo un pueblo Tolupán, para toda una etnia, y finalmente para la sociedad hondureña en general, que lamenta una resolución de este tipo, que es en sí mismo la denegación de justicia y que se da incluso en el marco de los cuatro años del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres”.

La lectura de sentencia está programada para el próximo 10 de marzo a las 3:00PM en los juzgados de Yoro. Desde el MADJ hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, a la población hondureña en general a estar expectante, solidaria y vigilante del acontecer en el pueblo tolupán, para recordarle a la justicia hondureña, a las empresas madereras, mineras y demás formas de saqueo que sufre la población tolupana que sin importar el comportamiento cómplice e injusto de la institucionalidad, somos muchos y muchas los que seguiremos exigiendo y trabajando por justicia y dignidad para el pueblo tolupán.

A juicio autor material del triple asesinato tolupán

Ramón Matute, indígena tolupán, integrante de la Conducción Política del MADJ exigiendo justicia por los asesinatos contra su pueblo, entre ellos el de su padre y su hermano.

Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.

Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.

Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.

Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.

Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.

Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.

Brigada por la dignidad del pueblo tolupán: la solidaridad como acción política

Por Heidy Alachán

Luego de cruzar el río Locomapa, esta vez a la altura de la comunidad San Francisco Campo nos dimos cuenta que estábamos en el sitio donde sería la brigada. Un espacio más o menos grande, con piso de tierra y una galera dividida en tres partes decoradas con mantas de tela y una bandera de Honduras. En la parte frontal escrita en el suelo la leyenda “Bienvenidos hermanos”. No había dudas, estábamos en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán, en San Francisco Locomapa, Yoro.

Era la tarde del diecisiete de diciembre del recién finalizado dos mil diecinueve. Todo estaba en marcha, una cadena humana trasladaba los medicamentos, ropa, carpas, zapatos, etc., al mismo tiempo que iban y venían colgando mantas, instalando sillas, mesas, escritorios, improvisando camillas y adecuando los espacios donde se atendería a las distintas tribus durante día y medio del 18 y 19 de diciembre. Mientras avanzaba la tarde el trabajo colectivo continuaba junto al cafecito que por turnos se tomaba en la casita del compa Amado Cabrera.

Finalmente todo estaba listo, niños y niñas jugaban contentas en el Campamento y las últimas luces del día impactaban sobre la manta colgada al frente con la leyenda convocamos a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad…”. Palabras quede inmediato nos trasladaban a los días de huelga de fiscales, al inicio de todo. Varias cosas habían cambiado, pero otras seguían intactas. Seguíamos en resistencia permanente, en lucha colectiva desde la claridad y la ternura, en la determinación de convertir en herramienta y acción política cada uno de nuestros pasos por la dignidad y la justicia.

Durante las horas de la noche el Campamento se convirtió en el punto de encuentro de la comunidad, de la conversación y la risa, del baile y la competencia jugando a la rayuela. Hace más de 6 años atrás, el 25 de agosto de 2013,  exactamente en ese mismo lugar sicarios pagados por empresarios saqueadores de minerales del pueblo tolupán asesinaron a sangre fría a Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute, madre de Celso y Amado Cabrera cuyas casas siguen ubicadas dentro del predio que comprende el sitio.

Después del frío de la noche, a las 6 en punto de la mañana siguiente todo estaba listo. La fila de espera empezó a hacerse cada vez más larga. Un equipo de médicos, 4 mujeres y un hombre, 2 paramédicos y al menos 20 personas de los núcleos organizados en el MADJ estaban ya en funciones. La Brigada Preventiva por la Dignidad del Pueblo Tolupán, organizada y ejecutada por el MADJ y el Consejo Preventivo de Tribu estaba en marcha.

Las filas estaban mayoritariamente compuestas por mujeres de todas las edades. Había una cosa común entre todas, estaban acompañadas de niños y niñas, por regla general, casi siempre más de 3. Se trataba de sus hijos e hijas. En la realidad cotidiana de las tribus tolupanas la maternidad es una tarea que inicia a una edad muy temprana.

En las filas, esperaban alegres, mientras conversaban entre ellas en medio de la pena que las caracteriza. Hablando bajito, más de alguna comentó que habían solo mujeres porque los hombres estaban en el campo trabajando y podrían llegar pasadas las 4 de la tarde.

Las precarias condiciones de vida y la carencia de acceso a servicios básicos como energía eléctrica y teléfonos celulares no fueron obstáculo para que la noticia de la brigada se propagara por todas las tribus aledañas. Llegaron desde El Palmar, Piedra Gorda, Agua Fría, El Firay, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, San Blas, Mezcales, Las Brisas, Cabeza de Vaca No. 2, para la mayoría de estas implicó llegar caminando por más de dos horas. “No importa la caminada” decían entre risas. “Nunca se había visto una cosa así aquí en la tribu. Es la primera vez que los medicamentos que traen no están vencidos y no nos cobran.”

A más de una hora de distancia del Campamento, en la última comunidad habitada por ladinos se encuentra ubicado el Centro de Salud que permanece cerrado aún en días de semana y desabastecido de medicamentos. A pesar de ser un servicio público implica cobros arbitrarios por parte del personal asignado. La salud es también un privilegio al que las tribus tolupanas no pueden acceder.

Contrario a eso, en el Campamento al menos 900 personas fueron atendidas. Tras su llegada, cada persona se identificaba, sus signos vitales eran tomados por los paramédicos para luego en grupos de 10 pasar a la primera estación. Bajo la carpa en la que en sus costados se leía “Milgen Soto Ávila, presente” y “Fuera Narcodictadura” los grupos se involucraban en una conversación colectiva.

Al mencionar y rememorar el saqueo histórico, la lucha sostenida desde hace muchos años, el conflicto permanente por sus tierras ancestrales, los estragos de la presencia de empresarios y ladinos, el papel del Consejo Directivo de Tribu y de la FETRIXI, como piezas útiles para el empobrecimiento de las tribus, el gesto en los rostros era común.

Estación de formación política.

Volvía la rabia y el rechazo, el dolor colectivo por los asesinatos de quienes defendieron de los abusos a sus tribus incluso con sus vidas. El dolor de un año que se llevaba consigo la vida de tres integrantes de la tribu, militantes del MADJ, asesinados por defender sus bosques y creer como verdad que la dignificación de su pueblo es posible.

Al finalizar, con espíritu de lucha renovado pasaban al espacio de consulta. El equipo médico estaba listo para atenderles. Con diagnóstico y receta en mano pasaban a “farmacia”. Una zona aledaña con medicamentos clasificados, en buenas condiciones y adecuados para cada padecimiento. Ya con sus medicamentos, la siguiente estación les aseguraba una provisión de comida mínima, pero sustancial, para finalmente compartir la ropa y zapatos que mucha gente, de las universidades, de iglesias, organizaciones amigas como CARITAS y particulares con mucha dedicación prepararon para enviarles.

La brigada permitió que dos niños con cuadros graves pudieran continuar con vida al ser atendidos de inmediato y remitidos al hospital más cercano. Permitió que el acceso a la salud fuera al menos por un día una realidad para las tribus tolupanas, que la memoria histórica les salvara del olvido y la indiferencia a la que la avaricia y el capitalismo devorador les ha condenado.

Pero sobre todo, sirvió para entender y recordar que no se trataba de una jornada asistencialista, sino de una brigada política, humana. Del encuentro de los distintos actores del proceso por la dignidad del pueblo tolupán. Del encuentro entre el pueblo, tribus, y profesionales, que finalmente siempre hemos sido y somos pueblo. Del aprendizaje recíproco.

De reafirmar el rechazo al asistencialismo humillante y útil para perpetuar la desigualdad. De recordar que el empobrecimiento y el padecimiento de las tribus tolupanas tiene responsables con rostro, nombres y apellidos. Y que para acabar con eso toca seguir luchando desde la organización popular, la formación política y la claridad de que otra forma de vida, más humana y más digna es posible para el pueblo tolupán y para Honduras.

Que parte de hacerlo realidad es como bien lo expresa Ángela Murillo, líder indígena tolupán, no solo soñar sino trabajar “porque todas las tribus sean Movimiento Amplio, porque que el Consejo Preventivo tome el control, porque que no haya desigualdad para nadie y que no sigan dañando el bosque.”

Y que debe andarse ese camino con la esperanza de lo que entre sonrisas y el asomo del llanto por lo que conmueve ella afirma, “tal vez uno piensa que ya no hay cambio, pero sí hay una solución, la solución somos nosotros. Nos hemos dado cuenta que somos capaces de darle esa transformación a nuestra tribu y también al país entero.”

Familia MADJ