Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria. Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020