Tegucigalpa, Honduras. Junio, 2024.
Cancelar de inmediato la personalidad jurídica del Partido Nacional de Honduras (PNH), por la constatación de la participación de su dirigencia en actividades ilícitas que van desde el narcotráfico, actos de corrupción y las múltiples violaciones a derechos humanos en contra de la población, fue la solicitud presentada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El planteo fue hecho por el MADJ en el marco de la conmemoración de su 16 aniversario y en su petición se indica que desde el 2010 que inician las administraciones del Partido Nacional, altos funcionarios estatales y del PNH, incluidos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han estado involucrados en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Este hecho está comprobado con las sentencias de culpabilidad de ambos hermanos por delitos de criminalidad organizada transnacional por los tribunales de Estados Unidos.
También se suma a este listado otros miembros del PNH, como Hilda Hernández, hermana del ex presidente Hernández, quien solicitaba dinero para proyectos por medio del Fondo de Desarrollo Departamental, que posteriormente eran utilizados para financiar las campañas políticas de su hermano. Asimismo, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fue señalado por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico; su esposa, Rosa Elena Bonilla, fue condenada por apropiación indebida de fondos públicos destinados a programas sociales durante la presidencia de su esposo, su hijo Fabio Lobo, fue sentenciado en Nueva York a 24 años de cárcel, por tráfico de drogas, el hermano del ex presidente Lobo, Ramón Lobo, también fue acusado por el delito de fraude y malversación de caudales públicos.
Ricardo Álvarez, ex vicepresidente de la República y Mauricio Oliva, ex presidente del Congreso Nacional también fueron denunciados por el desfalco del IHSS junto con diputados y diputadas del PNH quienes aprobaron los contratos para la adquisición de medicamentos. Nasry Asfura, otro prominente líder del PNH fue acusado por delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos.
El PNH a través de sus liderazgos violentó los artículos 58 y 83 de la Ley Electoral y las Organizaciones Políticas que establecen las obligaciones y deberes de los partidos políticos de respetar y cumplir con el sistema democrático y la legislación vigente, por lo tanto, según la ley, el CNE se puede cancelar la inscripción de un partido político que haya obtenido su registro de manera fraudulenta o que no cumpla con sus obligaciones legales.
El PNH, según los datos presentados por el MADJ ante el CNE, incurrió en acciones que contradicen los principios de justicia, libertad y bienestar, establecidos en los estatutos de ese instituto político y el ordenamiento jurídico nacional. Estas acciones han socavado el Estado de Derecho y la democracia en Honduras. La solicitud argumenta que las prácticas corruptas y las violaciones de derechos humanos por parte del PNH han usurpado la voluntad del pueblo hondureño, manipulando el proceso democrático y representativo. Por esta razón, el CNE debe asumir iniciativa para supervisar, investigar y revisar las acciones de todos los partidos políticos, comportamiento que hasta hoy no ha realizado ese órgano colegiado.
“Los actos del Partido han socavado la soberanía popular al imponer un gobierno basado en la corrupción y la violencia en lugar de la representación legítima del pueblo durante la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, cuando las protestas masivas contra el fraude electoral fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado. Estas acciones violentas, incluyendo asesinatos y detenciones arbitrarias, violaron el derecho al sufragio libre y la participación democrática de los ciudadanos hondureños. La represión estatal impidió que los ciudadanos ejercieran sus derechos democráticos de manera plena y libre”, establece de manera exacta la denuncia.
Concretamente la petición del MADJ al CNE es que se cancele la personalidad jurídica e inscripción del PNH por haber cometido actos contrarios a la Constitución de la República, convenios internacionales y las leyes electorales, que constituyen un atentado en contra de la democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho, para ellos piden que se revisen las pruebas documentales, como las resoluciones judiciales sobre las extradiciones de dirigentes del partido nacional y sentencias judiciales que les condenan en tribunales extranjeros, que el CNE inspeccione los archivos de la secretaría del partido para revisar los procesos sancionatorios en contra de sus integrantes, entre otras diligencias.