Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos:
¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado?
¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña?
Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país?
Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur.
Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.